El documento argumenta que el alto desempleo en España es un problema estructural y no se debe a las reformas laborales recientes. El desempleo ha sido crónicamente alto en España durante décadas y se debe principalmente al modelo productivo basado en la construcción que colapsó. Para resolver el problema del desempleo se necesitan políticas a largo plazo para mejorar la educación, la productividad y la competitividad de la economía española.

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OTRA SOLUCION ES NECESARIA.
Manfred Nolte
El paso del tiempo da y quita razones. Axiomas esculpidos en granito se
deshacen como castillos de arena abatidos por las olas. O leyes improbables y
aparcadas en el cuarto oscuro del descrédito salen a la luz demostrando ser
irrefutables, asombrando a sus detractores. El mito combina luces y sombras y
en su debido momento la evidencia golpea a la falacia con su brazo
insobornable.
Todas estas mareas y sus ingredientes cíclicos surgen y desaparecen una y otra
vez al enfrentarnos al mayor drama que atenaza en estos momentos a la
sociedad española: la lacra del paro, la historia del desempleo. Una historia que
se asemeja muy poco a lo que se suele contar en cantinas, mítines y telebasuras.
Comencemos con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y con los datos
recogidos en el recién publicado Barómetro de Febrero. A la pregunta de ¿cuál
es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? los
españoles han situado en primer lugar ‘ el paro’ con un 78% de los votos. A ello
hay que agregar en lugares inferiores ‘los problemas relacionados con la calidad
del empleo’ y ‘los problemas de índole económico’ que razonablemente
refuerzan o se relacionan con el problema del desempleo. Queda, por tanto,
fuera de toda duda la primacía del desempleo en el rango de problemas de los
españoles.
El desaire vivido en sus carnes por quien está sometido al trance de la falta de
trabajo tiene hondas secuelas personales y también sociales y políticas. Veamos
estas últimas. Los libros de texto de las Facultades de Económicas recogen las
modernas aportaciones del ‘voto económico’, una decisión reactiva y emocional
que despoja del poder al partido que ha convivido con la fase depresiva del ciclo,
la recesión, y ha desarrollado sus políticas económicas con poco o nulo éxito en

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lo que se refiere – entre otros puntos- a la creación de puestos de trabajo o
simplemente a evitar su destrucción sostenida. Fue el voto económico, en gran
medida, el que desalojó de la Moncloa a Zapatero en 2011 y puede ser el voto
económico –al margen de la corrupción- quien desahucie presuntamente a
Rajoy al término de las tediosas cábalas y contubernios que los partidos tejen de
cara a la formación del próximo gobierno de España.
El voto económico es legítimo pero no siempre es justo y en muchas ocasiones
tampoco es racional. No lo fue con Zapatero que inició los recortes y reformas
estructurales que el Banco Central Europeo y Bruselas le imponían en un
atolladero sin opción ni salida y es posible que se aplique con igual infortunio al
partido del actual ejecutivo en funciones.
Y no es absolutamente justo ni plenamente racional ya que el castigo de las
urnas se asienta en buena medida en un doble postulado que no resiste el
veredicto de las cifras ni el filtro de las razones. Según se recoge en amplísimos
círculos de opinión, desde las tertulias cochambre hasta el argumentario de
algunos programas de gobierno, las políticas estructurales, en particular las dos
reformas laborales de 2010 y 2012, y otras acciones congruentes de
ralentización de los estímulos necesarios, son los culpables directos no solo de la
destrucción masiva de puestos de trabajo sino de la insufrible precariedad que
revisten los nuevos puestos de trabajo creados al calor de una recuperación
incipiente, desigual y de dudosa consolidación final.
Ambas afirmaciones son sencillamente inexactas.
Comenzando por el segundo de los postulados, que asimila la precariedad a la
temporalidad, la tasa de temporalidad media en España entre 1998 y 2011 fue
del 31% habiendo bajado desde el 34,6% en 2006 al 24% actual, lo que hace del
nuestro el país europeo que más ha reducido la temporalidad. Otros de nuestro
entorno registran ciertamente porcentajes inferiores, pero no por ello cabe
afirmar que las reformas laborales hayan ahondado la tasa de precariedad
laboral.
En cuanto a la causalidad de las reformas laborales o de otra índole sobre el
crecimiento desmesurado de la tasa de paro hasta alcanzar el 26,1% de la
población activa española, solo puede atribuirse a fuentes mal informadas o
deliberadamente tóxicas. Un informe de FEDEA viene a unirse en fecha reciente
a la importante lista de opiniones razonadas y autorizadas (Banco de

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España(2012), Fedea (2012), Funcas (2013 y 2015), Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (2013), BBVA (2013 y 2015), (OCDE, 2014), y García Pérez y
Osuna, (2014 y 2015)) que confieren a las citadas reformas efectos benéficos
determinantes sobre la creación de empleo, con los resultados de un millón de
puestos entre 2013 y 2015, 678.200 desempleados menos solamente en 2015.
El descalabro de nuestro mercado laboral va de la mano del modelo productivo
reinante en España en la primera década del euro y el posterior estallido de la
burbuja inmobiliaria. No cabe engañarse: los 1,7 millones de parados
registrados en 2007 equivalentes a una tasa de paro del 7,95% son un señuelo y
un espejismo de lo que fue el estándar productivo español en torno al ladrillo
que no podía durar: un marco que daba cabida y consagraba una nula o baja
productividad del sistema anestesiada por un
escenario de tipos bajos y liquidez generosa. La dura realidad es que España es
un país con un paro crónico y endémico que algunas voces solitarias lanzan a los
foros desertizados del país que no oyen, o no saben, o no quieren oír. La serie
estadística del paro en España desde 1980 a nuestros días no baja del 10% mas
que en un par de años, precisamente en el prologo de la gran crisis, ha
registrado un porcentaje medio en dicho periodo del 18% y se ha mantenido
habitualmente por encima del 15%.
Porque España tiene, y no se pone en ello el suficiente énfasis divulgativo, un
paro estructural que un reciente informe del Banco de España cifra en el 19%, a
un punto de nuestra actual tasa insoportable. Un paro que no se enjugará con el
crecimiento vegetativo de la economía y que exige políticas educativas y de
inversión profundamente estructurales.
Nuestro paro congénito no se arregla derogando reformas laborales ni
demonizando políticas congruentes con la creación de empleo, aunque estas si
pueden empeorarlo. España está a falta de un plan de emergencia nacional para

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capitalizar su capital humano, incrementar drásticamente la productividad
laboral, elevar la competitividad, crecer sosteniblemente y crear empleo de
calidad. Falta la gran revolución del conocimiento que está ausente del patio de
corral que escenifican las distintas formaciones políticas mientras la economía
del país comienza a recibir inputs contradictorios. Educación infantil,
secundaria, profesional y universitaria junto a un esfuerzo decidido de las
inversiones en I+D+i que acerquen nuestro país a parámetros europeos e
internacionales. Un grandísimo pacto de Estado –de todas las fuerzas y
partidos- para la educación en el más amplio de los sentidos.