1. ESPAÑA, SUSPENSA EN CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Escrito por LUZMELIA TORRES y extraído de la publicación El Economista – Inmobiliaria el 6 de julio de 2016
A nivel mundial y europeo los edificios consumen el 40 por ciento de la energía global, el
25 por ciento del agua y el 40 por ciento de los recursos naturales. Se puede ahorrar hasta
un 30 por
ciento en los costes de suministros con edificios verdes.
TENDENCIA
El pasado 1 de junio se cumplieron tres años desde la llegada del certificado de eficiencia
energética para los edificios. Este documento es obligatorio para las nuevas construcciones y
para vender o alquilar un inmueble. Con este certificado lo que tenemos es catalogado el
inmueble en función de la energía que consume y de las emisiones que emite. Para ello se les
asigna a cada inmueble una letra que va de la A, siendo la mayor calificación para los edificios
más eficientes, hasta la letra G que es la peor calificación. Sin embargo, durante estos tres años
poco hemos conseguido y se puede decir que España está suspensa en esta asignatura, ya que
más del 80 por ciento de los inmuebles cuentan con la letra E y G según los últimos datos del
Ministerio de Industria.
A nivel mundial y europeo los edificios consumen el 40 por ciento de la energía global, según
datos que recoge el Libro Verde que la Asociación de Consultoría Inmobiliaria (ACI) acaba de
publicar. Para mejorar la calificación, el edificio deberá disminuir su demanda energética, sobre
todo la calefacción y refrigeración que supone el 50 por ciento de la demanda y el agua caliente,
el 25 por ciento.
¿Sabe cuánto se puede ahorrar si compra una vivienda con calificación A frente a otra de
calificación menor?
2. “Nosotros hemos creado la calculadora energética porque en Vía Célere llevamos dos años
haciendo nuestros edificios con calificación energética A, y nos costaba trasladar a nuestros
clientes la situación de ahorro y confort que iban a tener comprando una vivienda con la máxima
calificación, por eso creamos esta herramienta. Así, si pasamos de una vivienda de 125 metros
con calificación energética F a una con calificación A, el ahorro sería de 800 euros al año”, afirma
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la inmobiliaria Vía Célere y presidente de la
Asociación de Promotores de Madrid (Asprima).
Pero no solamente nos ahorraremos en electricidad y gas; además, tendremos bonificaciones
en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por haber adquirido una vivienda eficiente desde el
punto de vista energético. “Tenemos un enorme trabajo frente a nosotros. Lamentablemente,
entre el 80 y 90 por ciento de nuestros edificios tienen una baja calificación con letra E o G
porque la sociedad no está concienciada de la
importancia del ahorro energético. Hay que tomar medidas en dos terrenos: conseguir la
concienciación de la sociedad para tener una ciudad sostenible y eficiente cuidando el medio
ambiente y, por otra parte, tener ayudas públicas para que la gente se vaya animando en este
tema”, apunta Ricardo Martí Fluxa, presidente de ACI.
La concienciación es fundamental pero Marta García, directora de Consultoría Técnica y
Energética de Tinsa, piensa que hay que dar un paso más. “Creo que nos falta un paso más para
que la sociedad tome conciencia y es trasladar este ahorro anual al valor de la vivienda. Todos
tenemos que ser conscientes de que una vivienda más eficiente tiene un mayor valor a la hora
de la venta frente a una vivienda normal. Pienso que estamos como sociedad enfrentándonos a
la obsolescencia de nuestro parque de viviendas y eso no lo tenemos que permitir”.
Según Iván Rodríguez, consejero delegado de la promotora iKasa, “la sostenibilidad no sólo tiene
el concepto de eficiencia energética que se traduce en ahorros en los consumos, lo que venimos
viendo como la hipoteca energética, ya que desde la subida de precios de consumo de
suministros tenemos casi otra hipoteca con la factura de la luz y la calefacción. También tiene la
3. vertiente del confort en el uso, que beneficia a nuestra salud y comodidad, y la parte ecológica
en la edificación: qué materiales utilizamos, los procesos de edificación que se siguen…; en
definitiva, que la eficiencia energética puede ser la variante que en estos momentos tenga un
mayor atractivo para el comprador”.
Para Marta García ha habido una mejora que va a ayudar mucho a que la población empiece a
entender la sostenibilidad: “A partir de enero de este año los certificados energéticos tienen
que incluir de forma obligatoria medidas de mejora rentables y pienso que esta orientación de
este certificado puede ser
un paso para que no se vea como un simple papel o una imposición, sino como algo útil porque
ahí va reflejada una foto fija de la certificación energética de tu vivienda y tienes las claves para
poder mejorarla”.
Rehabilitación
Las nuevas construcciones se suman todas a la certificación energética pero, ¿qué pasa con el
parque inmobiliario antiguo? La única solución es la rehabilitación que, aunque la inversión
inicial es costosa, luego compensa y se puede ahorrar hasta un 30 por ciento en los costes
operativos de los servicios de energía, agua y gas de los edificios. “Estoy totalmente de acuerdo
en que hay que conseguir dos cosas: concienciar a la sociedad y ayudas públicas. Si conseguimos
algún tipo de sistema por el cual hubiera una rebaja cuando hacemos una rehabilitación
eficiente habría más demanda. En una edificación rehabilitada se puede incrementar el valor de
la venta de la propiedad hasta un 18 por ciento, cifra que se eleva al 35 por ciento si hablamos
del precio de alquiler”, explica Ricardo Martí.
Los poderes públicos son la clave para que el país pueda cumplir con la normativa europea que
exige que a partir de 2019 todos los edificios públicos de obra nueva tendrán que ser edificios
4. de consumo de energía casi nulo y, a partir de 2020, esta exigencia será extensible a los edificios
privados de obra nueva. “La inversión inicial en hacer un edificio sostenible es bastante grande
y si el beneficiario de esa inversión va a ser el mismo usuario del inmueble está más justificado,
pero si el inversor es el promotor que es quien hace el desembolso inicial y el beneficio va a los
usuarios se produce una descompensación que sólo se puede solucionar con los poderes
públicos repartiendo esos costes. En rehabilitación, con ayudas públicas y con procesos jurídicos
y administrativos más ágiles y eficientes. En obra nueva, dando incentivos a los promotores
desde el inicio del proceso para hacer edificios sostenibles”, apunta Iván Rodríguez.