La Constitución española de 1978 se aprobó tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y el proceso de transición a la democracia. Define los poderes del estado como legislativo, ejecutivo y judicial, y garantiza derechos y libertades a los ciudadanos. Su preámbulo expresa la voluntad de establecer la justicia, libertad y seguridad, promover el bienestar de los españoles y consolidar un estado de derecho democrático.