El documento analiza el Artículo 471 A del Código Penal Venezolano, que tipificaba el delito de invasión. Explica que la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad de este artículo a través de un control difuso de constitucionalidad, dejando sin protección legal a la propiedad privada frente a la perturbación e invasión.