Más de 4,000 inmigrantes viven en centros de internamiento en España (CIE), donde se les priva de libertad y se vulneran sus derechos humanos básicos mientras esperan ser deportados, a pesar de no haber cometido ningún delito. Varios organizaciones denuncian condiciones deficientes como falta de ropa limpia, comunicación limitada, atención médica insuficiente que han causado muertes, y malos tratos por parte de la policía. La campaña "CIE NO" exige el cierre de estos centros alegando que

1. Conflictos MAYO 2013 1
Imagen de una redada racista en el barrio madrileño de Lavapiés, el pasado 16 de mayo.Mikel Oibar, Revolución Real Ya.
Encerrados sin
cometer ningún delito
Más de 4.000 inmigrantes malviven en España en los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros, donde les son vulnerados los Derechos Hu-
manos más básicos, mientras esperan ser expulsados del país. No han
cometido ningún delito, tan sólo están en situación irregular, lo que se
considera falta administrativa, al igual que una multa de tráfico
Sin ropa limpia. Sin dinero. Sin poder
comunicarse con sus seres queridos.
Sin una atención sanitaria completa. Sin
entender nada de lo que se les dice. Sin
poder ir al servicio cuando les venga en
gana. Sin derecho a tener ni siquiera un
bolígrafo, y con una alimentación pre-
caria que puede que no respete alguno
de sus principios. Más de 4.000 inmi-
grantes en España viven esto a diario,
al encontrarse recluidos en un Centro
de Internamiento para Extranjeros,
más conocidos comúnmente como CIE.
Según la Orden Ministerial del 1 de julio
de 1985, un CIE es un espacio “no peni-
tenciario” dependiente del Ministerio
del Interior en el que se detiene durante
un máximo de 60 días a personas ex-
tranjeras, sometidas a un expediente de
expulsión, retorno o devolución. Así
pues, un inmigrante en situación irre-
gular es detenido, y llevado a un CIE,
donde se le priva de libertad hasta que
es deportado a su país. Si no se ha po-
dido gestionar la vuelta al país una vez
pasados los 60 días, los migrantes
deben quedar en libertad nuevamente.
La legislación que permite la existencia
de estos centros son la Orden ministe-
rial del 1 de julio de 1985 y la del 22 de
febrero de 1999 que regula el régimen
interno. La primera norma afirma que
existe “la posibilidad de acordar judi-
cialmente, con carácter preventivo o
cautelar, el ingreso en centros que no
tengan carácter penitenciario de ex-
tranjeros incursos en determinadas
causas de expulsión mientras se sus-
tancia el expediente”. Pero no fue hasta
1999, catorce años después, cuando se
Miriam Bouiali Brines

2. puso en marcha la norma que regula
estos centros, reconociendo que los
Centros de Internamiento de Extranje-
ros “adolecían de una falta de regulación
que venía originando innumerables pro-
blemas jurídicos y materiales”, y añade:
“la precaria situación que hasta ahora
venían presentando los Centros de In-
ternamiento de Extranjeros, carentes de
una normativa que desarrollara las pre-
visiones legales, ha sido puesta de ma-
nifiesto en distintas ocasiones por el
Defensor del Pueblo”.
Y es que, según esta regulación, los in-
migrantes solamente son privados de li-
bertad de movimiento en los CIE y estas
instalaciones no son penitenciarias.
Pero la realidad es bien distinta de lo es-
crito. Así lo denuncian varias organiza-
ciones de defensa de los derechos
humanos, de lucha contra el racismo y
la xenofobia, colectivos sociales y aso-
ciaciones vecinales que están llevando a
cabo la campaña por el cierre de los
Centros de Internamiento para Extran-
jeros “CIE NO” en todo el Estado espa-
ñol, también en Valencia, con el objetivo
de lograr el cierre definitivo de todos los
centros, mediante la denuncia de las in-
justicias que se cometen en su interior.
La campaña se estructura en tres comi-
siones: la de acompañamiento, la de de-
fensa, compuesta por abogados, y la de
sensibilización, que da a conocer al
resto de la ciudadanía la situación de las
personas en los CIE.
Sara Verdú, miembro de CIE NO en Va-
lencia, afirma que los CIE son “peor que
un centro penitenciario”. Pese a que la
Orden del 22 de febrero de 1999 afirma
que en los centros habrá dormitorios in-
dependientes, no hay ni dormitorios, ni
son individuales. Las habitaciones son
celdas con barrotes, compartidas con
más personas. Duermen en literas, y sin
servicio. Los inmigrantes suelen ser re-
tenidos en la calle, por tanto, durante su
estancia en los centros están “con lo
puesto”: no tienen ropa limpia para
poder cambiarse, ni dinero con el que
costear las caras llamadas telefónicas. Y
es que, las más de 60 asociaciones que
forman parte de la campaña denuncian
que en los centros las personas están
prácticamente aisladas: se les vulnera
su derecho a la comunicación, ya que las
visitas son muy limitadas, y cuando las
hay, no se permite el contacto físico. Asi-
mismo, el trato es muy complicado, ya
que no suelen tener a su disposición tra-
ductores ni intérpretes, y la comunica-
ción con sus abogados puede ser muy
difícil, sobre todo si se encuentran en
comunidades autónomas distintas.
La alimentación es precaria y no respeta
la creencia de algunos de los internos,
afirma Verdú. El derecho a la higiene
también se ve vulnerado debido a las
condiciones en las que se ven obligados
a estar, y Médicos del Mundo y el resto
de asociaciones denuncian que la aten-
ción sanitaria es deficiente y generali-
zada en los CIE, situación que llegó al
extremo en 2012, cuando Idrissa Diallo
y Samba Martien murieron mientras
permanecían recluidos en los CIE de
Barcelona y Madrid, respectivamente.
Según Médicos del Mundo, varios testi-
gos afirman que la noche en la que falle-
ció, Idrissa Diallo se quejó varias veces
de fuertes dolores y problemas respira-
torios, pero no se le atendió, y cuando
llegaron los servicios médicos, sólo pu-
dieron certificar su muerte. Samba Mar-
tien no contó con la ayuda de un servicio
de traducción. Acudió hasta diez veces a
los servicios sanitarios, pero falleció sin
diagnóstico y con tratamiento sintomá-
tico, por un VIH no detectado en este
centro, pero que sí se sabía en el otro
centro del que procedía. Por tanto,
ambas muertes se produjeron en un
contexto de atención médica insufi-
ciente. Como recuerda la ONG, cuando el
Estado priva de libertad a una persona,
“adquiere respecto de ella una posición
de garante, que le obliga a velar por sus
derechos fundamentales y muy espe-
cialmente por su vida y salud”, tal y
como se puede leer en la ya mencionada
Orden Ministerial que regula los cen-
tros, que afirma que la autoridad judi-
cial responsable del centro “velará por
el respeto de los derechos fundamenta-
les de los extranjeros ingresados”.
Además de las deficiencias sanitarias
que pueden ocasionar el peor de los fi-
nales, como en los casos anteriores,
según el documento “¿Cuál es el delito?”,
elaborado por “CIE NO” Valencia, y pre-
sentado en Madrid el pasado 9 de mayo,
26 personas que fueron detenidas y en-
cerradas en el CIE de Zapadores mani-
festaron haber sufrido violencia, como
castigos colectivos, malos tratos, veja-
ciones, amenazas e insultos, por parte
de algunos policías. Sara Verdú cuenta
como algunas personas se atreven a de-
nunciar, pero llevar a cabo un proceso
judicial en estas circunstancias es muy
difícil, ya que las persones suelen ser ex-
pulsadas –como en este caso– y dar con
su paradero posterior es casi imposible.
Por otro lado, también explica que en
los CIE las autoridades juntan a inmi-
grantes que están ahí por carecer de do-
cumentación (lo que es únicamente
considerado una falta administrativa,
equivalente a una multa de tráfico) con
Conflictos MAYO 2013 2
SegúnSaraVerdú,abogadaymiembro
delaLasdetencionesserealizanenre-
dadas racistas, asegura, ya que se ba-
sanenelfenotipoyelaspectofísicode
las personas, lo que provoca, por un
lado, un impacto social negativo por-
que afecta al imaginario colectivo ha-
ciendoqueelracismoarraigue,yaque
normalmente se asocia detención al
haber cometido un delito, y no es el
caso. Por otro lado, esto provoca te-
rror entre la población migrante, ya
queutilizareltransportepúblicoolle-
var a los hijos al colegio puede ser
arriesgado. Efecto rebote.
Además, no tener “papeles”, como se
denomina comúnmente no es un de-
lito,esunafaltaadministrativa,loque
en otros casos se traduce como una
simplemultadetráfico,ejemplohabi-
tual que suele utilizar Verdú para que
la gente entienda el hecho.
Verdúseindignaalexplicarcómoesla
ley de extranjería española actual, ya
queunodelosrequisitosdeéstaesha-
ber estado en España entre dos o tres
años para poder acceder a un permi-
soderesidenciaoestado,loquenofa-
cilitaalmigrantearegularizarsusitua-
ción.“Cometenfaltaporqueelestado
no les deja”, asevera, lo que demues-
tra para la abogada, “la hipocresía de
los estados”. Su explicación es que de
estamanera“sereclutamanodeobra
barata, servil y sin derechos”, ya que
los migrantes están obligados a acep-
tar trabajos a cualquier precio.
Cómo y cuándo tienen
lugar las detenciones
En el Estado español hay siete centros, ubicados en
Madrid (Aluche), Barcelona (Zona Franca), Valencia
(Zapadores), Murcia (Sangonera la Verde), Algeciras
(La Piñera), Fuerteventura (El Matorral) y Tenerife
(Hoya Fría). Recientemente se han cerrado dos, uno
en Málaga (Capuchinos) y otro en Gran Canaria (Ba-
rrando Seco).
Asimismo, también hay otros centros de naturaleza
extraña, que no son reconocidos como tal, pero que
funcionan de la misma manera y se les da el mismo
uso.Éstosestánubicadosen:Tarifa,Almería,Algeci-
ras,ElHierro,LaGomera,SantaCruzdeTenerife,Gran
Canaria,entreotros.FueelmismoministrodelInte-
rior,JorgeFernándezDíazquiendiolavozdealarma
sobreestoscentros,refiriéndoseal“CIEdeTarifa”en
una sesión parlamentaria, cuando en esta localidad
no hay un CIE reconocido como tal.
Ubicación de los CIE
Varias organizaciones
están llevando a cabo la
campaña “CIE NO”, por el
cierre de los Centros de
Internamiento para Ex-
tranjeros

3. otros que han cometido delitos, lo que
complica aún más la situación.
La respuesta oficial
Las autoridades policiales, de quien de-
penden los CIE (cada uno, indepen-
diente) y los distintos gobiernos que ha
habido en España durante los últimos
años no admiten que se trata de esta-
blecimientos penitenciarios ilegales ni
que en ellos se vulneran Derechos Hu-
manos. El Gobierno responde a los nu-
merosos informes que denuncian la
situación de los reclusos con descalifi-
caciones que ponen en entredicho el
contenido de los informes, así como la
honradez de sus autores. Se ha llegado
incluso a acusar a la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR), y las
otras organizaciones colaboradoras, de
deslealtad institucional. Además, los ac-
tivistas han recibido denuncias por ca-
lumnias de parte de algún director de
centro, y médicos voluntarios también
han tenido problemas, así como otra in-
tegrante de la campaña, que tiene la en-
trada prohibida a un centro, cuando eso
sólo tiene potestad para hacerlo un juez,
y no un policía como ha sido el caso.
Todo esto se enmarca en una serie de
actuaciones para amedrantar a los com-
pañeros de la campaña y hacerles cesar
en su lucha, asegura Verdú, además de
ser criminalizados.
Por otro lado, si como afirma el Go-
bierno, en los CIE no hay ninguno pro-
blema y todo transcurre con
normalidad, ¿por qué la prensa tiene
prohibida la entrada? ¿Por qué los acto-
res sociales sólo tienen permiso para
entrar en los centros de Madrid y Va-
lencia, pero no pueden moverse libre-
mente en ellos? ¿Por qué el Ministerio
del Interior denegó la entrada de 24 jue-
ces y cinco fiscales a un centro canario,
el pasado 19 de mayo? Esta opacidad no
es digna de un estado verdaderamente
democrático.
Tirón de orejas al Gobierno
A todo lo anterior, hay que añadir que
diversas instituciones, tanto nacionales
como internacionales respaldan la ver-
sión de los integrantes de la Campaña
por el cierre de los CIE. El Defensor del
Pueblo y la Fiscalía de Estado han criti-
cado el funcionamiento de los centros.
De la misma manera, el Relator especial
de la ONU sobre racismo, discrimina-
ción racial y xenofobia, Mutuma Rute-
ree, ya denunció a España por indicios
de malos tratos, y en su última visita, en
enero de 2013, pidió al Gobierno espa-
ñol que respete “la dignidad de los in-
migrantes irregulares”, y animó a no
retroceder en la lucha contra la xenofo-
bia y racismo con la excusa de la crisis.
Por su parte, la Asociación Española
para el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos (AEDIDH), afirma en
su dictamen sobre los Centros de Inter-
namiento de Extranjeros, incluido en su
examen periódico de 2011, que “el in-
ternamiento generalizado de las perso-
nas extranjeras indocumentadas en los
CIE es una medida legislativa discrimi-
natoria, contraria al derecho a la liber-
tad y a la seguridad jurídica de esas
personas, contemplado en Art. 5 de la
Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discri-
minación Racial, ya que es
absolutamente desproporcionada al
logro del objetivo del Estado de regular
las migraciones. También es contrario al
principio general de no discriminación
que inspira a todo el Derecho interna-
cional de los derechos humanos. Por lo
mismo, es contraria a la Convención
tanto la legislación de extranjería espa-
ñola como la de la Unión Europea”. Por
tanto, queda clara la vulneración de
todo tipo de derechos en los CIE.
Para la abogada Sara Verdú, los centros
de internamiento se enmarcan en una
serie de políticas represivas y de control
y represión de flujos migratorios que el
Gobierno lleva a cabo, dejando de lado
la cooperación al desarrollo. En su opi-
nión, “España es pionera en reprimir
flujos migratorios en Europa”.
Cada inmigrante deportado, puede ser a
su país de origen o a un país por el que
haya transitado antes de llegar al Estado
español, cuesta de media unos 1804€.
Además, el Gobierno firmó acuerdos con
Air Europa y Swiftair por valor de 11,8
millones de euros al año para trasladar
a los inmigrantes. En la misma línea,
este año el Estado invertirá 85 millones
de euros en Frontex, el dispositivo de
fronteras exteriores. Asimismo el Go-
bierno español tiene acuerdos con algu-
nos países de origen, donde también
hay centros de internamiento, o con los
que se organizan patrulleros conjuntas
por el mar para detectar pateras. San-
grantes son los casos de Marruecos y
Mauritania,delosquemásdeunaocasiónla
prensasehahechoecodeviolacionesdede-
rechos humanos, como el abandono de
personas en medio del desierto. Así
pues, la represión tiene lugar en los dos
lados del Mediterráneo.
Es descorazonador observar imágenes
de subsaharianos llorando al pisar Meli-
lla exclamando “Fini la misère! [¡Se
acabó la miseria]” (EFE, 26/04/2013),
poniendo fin a un viaje que en algunos
casos puede llegar a durar hasta dos
años, y en los que familias enteras depo-
sitaron sus esperanzas. No ven futuro si
no es en Europa, una Europa sumida en
una profunda crisis, económica y de va-
lores, que les cierra el paso al mismo
tiempo que explota los recursos natura-
les del Sur Global y perpetúan las des-
igualdades en sus países de origen, lo
que motiva su salida de cualquier modo,
jugándose incluso la vida. Según la Aso-
ciación Pro Derechos Humanos de Anda-
lucía (Apdha), el pasado 2012 aumentó
a 225 el número de inmigrantes muertos
y desaparecidos en el mar Mediterráneo,
mientras intentaban llegar a las costas
del Sur de Europa. Varios organismos in-
ternacionales cifran entre 5.000 y 6.000
las personas fallecidas desde 1994 en
estas circunstancias.
Cada último martes de mes, “CIE NO” se
concentra en la puerta del centro valen-
cino de Zapadores a las 19 horas para
denunciar las injusticias que se cometen
en los muros que quedan a sus espaldas
y reclamando un trato humano para per-
sonas que no han cometido ningún de-
lito. Los inmigrantes tan sólo quieren
conseguir un futuro digno, igual que los
miles de jóvenes españoles que se están
viendo obligados a emigrar por la mala
situación económica actual. Si para mu-
chos es un drama que la llamada genera-
ción más preparada de la historia tenga
que hacer las maletas y coger un avión
¿Qué pasaría si fueran encerrados en
cárceles en los países a los que se diri-
gen?¿Ysi tuvieran que ir en pateras?
26 personas que fueron
detenidas y encerradas
en el CIE de Zapadores
manifestaron haber
sufrido violencia
En 2012 aumentó a 225
el número de inmigran-
tes muertos o desapare-
cidos en el Mediterráneo
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