El documento analiza cómo los Acuerdos de La Habana buscan lograr una apertura democrática en Colombia al reconocer a las FARC-EP como un partido político y no como un enemigo absoluto. Esto permitiría superar la exclusión política que ha caracterizado históricamente al país y que ha sido una de las causas del conflicto armado. Los acuerdos representan una oportunidad para reconfigurar el sistema político e institucional colombiano e integrar sectores históricamente excluidos, pero se necesitará esfuerzos del Estado y la sociedad

1. Acuerdos de la Habana: Una apertura democrática.
Por: Oscar Mesa
Estudiante de Maestría en Ciencia Política - Universidad de Antioquia.
(En: Revista Debates. v.74. 2016, p.70 – 72)
Uno de los objetivos y logros del actual proceso de paz, y que celebra a partir de hoy el
Cese al Fuego Bilateral y Definitivo entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, es “la
apertura democrática para construir la paz” (Borrador Conjunto, 2013). Por lo menos así lo
plantea el Acuerdo sobre el punto dos sobre Participación Política: lo que está en juego es
la apertura del sistema político. Sobre todo de uno que, como lo señala el Informe de
Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015), se ha caracterizado históricamente
por perpetuar la exclusión política, incluso desde mucho antes del Frente Nacional.
Este proceso resalta porque allí se le da un lugar especial, digamos que se le da un
reconocimiento y valor político del opositor (Orozco, 1989), que ha dejado de ser el
enemigo absoluto, para ser reconocido como adversario. Y es que una de las
características de nuestro conflicto armado ha sido no sólo la enemistad entre actores,
sino además, su absoluto, lo que ha desencadenado una “victimización horizontal” y una
apoteosis de odios (Orozco, 1989).
Leía que el máximo logro de la política es hacer amigos a los enemigos. Con el enemigo se
hace la guerra, pero también la paz. Para ambas salidas se necesita la existencia de
enemigos. De allí que las guerras se superan sólo desde lo político, sea porque se logra
vencer al enemigo, o bien por medio de una negociación política (Martínez (2014).
Negociación en la que, a pesar de las relaciones asimétricas entre ambos actores, no
existen ni vencedores ni vencidos. Punto este que se debe aclarar: los diálogos se realizan
en términos del reconocimiento del otro como opositor político y no un como enemigo
absoluto, contra el cual la única solución es la guerra.
Estudiosos de la Ciencia política han indagado sobre las transformaciones históricas de los
partidos políticos para ajustarse a los cambios sociales y las metamorfosis de los partidos
en las maneras de relacionarse con el Estado y los ciudadanos (Mair, 1997. Citado en
Bedoya, Marulanda 2016). Planteamientos que resultan útiles, sobre todo a la hora de
comprender que las FARC-EP no son una banda criminal o una simple estructura armada,
sino que son fundamentalmente un Partido Político en armas, y que las transformaciones
venideras también los incluye. Por lo menos la X Conferencia Nacional Guerrillera decidirá
sobre su transformación a partido político legal y, en general, sobre las nuevas maneras
como se relacionarán, después de la firma del acuerdo final, con un Estado al que ha
combatido por más de 50 años.
La guerra en este país ha tenido que ver con la exclusión política. Ella fue la que se expresó
en el Frente Nacional y la que se ha mantenido hasta la actualidad, a pesar de los avances
que pudieron significar reformas “en ampliación de la participación” como la Constitución

2. de 1991, de la que muchos dicen “es contradictoria”, porque se dice Social y Derecho,
pero al mismo tiempo abre las puertas al capital neoliberal. A lo que habría que anotar
que esa es precisamente su naturaleza y la de la Democracia, cuya característica central es
la posibilidad de las Contradicción, la del discenso, y en donde las diferencias no se
resuelven a bala sino a través del diálogo. Aquí pensar distinto no puede continuar siendo
castigado con la muerte, pero también nadie debería tener que recurrir a las armas para
expresar su opinión o reclamar sus derechos. En democracia la política se negocia, no se
impone por la violencia. Por eso la Constitución del 91, al igual que los Acuerdos de La
Habana, son esencialmente la sangre seca de las batallas (Uribe, 2002).
Qué retos tienen los acuerdos? Muchos. El principal es que estos no se queden en el
papel, para lo cual es necesario, fundamentalmente, que el Estado avance en la
integración social y política de sectores excluidos históricamente del sistema político. Pero
también que la sociedad y el conjunto de los movimientos sociales y populares, impulse
las transformaciones estructurales que está sociedad necesita.
Nuestra guerra tiene que ver no sólo con la pobreza. Nuestra guerra tiene que ver,
fundamentalmente, con la forma en que el Estado se ha construido históricamente; de allí
que el logro de la paz dependa, en buena medida, por las necesarias transformaciones
que debe realizar el Estado Colombiano. Señala Fernán González (2009) que “la violencia
política no es sino el síntoma más protuberante de un problema más de fondo: la manera
como se construyó el Estado en Colombia”. Sobre todo en uno en el que han pervivido
estados de guerra (Uribe, 2001). Aquí el Estado no sólo ha sido precario, sino que su
presencia ha sido diferenciada, es decir, que su presencia no ha sido homogénea,
precisamente porque el Estado no es esa entidad homogénea y monolítica que muchos
consideran.
Si la guerra ha incidido en la configuración del orden político, es de esperar que la firma
del acuerdo final permita avanzar la reconfiguración de la democracia y del Estado. Lo
que debería seguir es la apertura del sistema político y el fortalecimiento institucional
para el ejercicio participativo. Por lo menos así lo señala el acuerdo sobre participación.
Otra cosa es que se haga realidad.

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