1. PREOCUPANTE FRAGILIDAD EN LA TRANSPARENCIA
El 5 de diciembre de 2012, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró
la inconstitucionalidad de disposiciones del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información
Pública, RELAIP, sentando un importante precedente sobre este derecho fundamental.
El Presidente de la República debió nombrar a los comisionados del Instituto de Acceso a la
Información Pública, IAIP en marzo de 2012, y en lugar de esto, rechazó todas las ternas
propuestas por la sociedad civil en base a una disposición reglamentaria declarada
inconstitucional. Tras conocer dicha sentencia, el Presidente manifestó que, si bien no
compartía el criterio de la Sala, estaba en la disposición de acatar la sentencia, pero indicó que
será hasta que se haya adecuado el RELAIP que procederá con los nombramientos.
Esta actitud es percibida con profunda preocupación ya que se estaría recurriendo
nuevamente a tácticas dilatorias que atentan contra la creación del ente rector y supervisor en
materia de acceso a la información, el cual es de igual importancia que la misma Ley de Acceso
a la Información Pública, LAIP, y sin este, la transparencia no puede ser un eje prioritario y
horizontal dentro del Estado.
Asimismo, hemos presenciado la separación de sus funciones de al menos tres oficiales de
información: ISSS, MINTRAB y CSJ. Estas decisiones evidencian la necesidad de promover
reformas orientadas a darles mayor estabilidad laboral a los oficiales de información, con miras
a garantizar la continuidad y el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la LAIP.
Por lo tanto, rechazamos todas y cada una de las acciones que actualmente están siendo
llevadas a cabo para minar los avances positivos en materia de transparencia en el país.
Manifestamos nuestro apoyo a todas las instituciones, funcionarios y empleados públicos
comprometidos con el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a la LAIP. Exigimos el
inmediato nombramiento de los comisionados del IAIP a partir de las ternas ya elegidas.
Exhortamos a la ciudadanía a estar atentos y denunciar las omisiones y abusos en contra de la
garantía efectiva de este derecho fundamental que trae innumerables beneficios a la sociedad.
San Salvador, 26 de diciembre de 2012.