La Constitución de 1886 rigió Colombia desde finales del siglo XIX hasta 1991. Estableció un Estado unitario que abolía el federalismo y consideraba a la iglesia católica como religión oficial. Tuvo varias reformas en años posteriores. La Constitución de 1991 buscó descentralizar el poder y fortalecer la democracia. Si bien esto descentralizó el gasto público, también llevó a problemas de dependencia fiscal de regiones y corrupción en algunas de ellas.

1. Contexto socio político Constitución de Colombia de 1886
La Constitución Política de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que
rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del
siglo XX cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Nació en el marco de
la llamada Regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y Miguel Antonio
Caro, de quienes se dice fueron los principales autores de la Constitución.
Esta a su vez derogó la Constitución de 1863. Tuvo dos reformas importantes: la
de 1910 después del gobierno progresista del presidente Rafael Reyes y la
reforma de 1936 liderada por el presidente Alfonso López Pumarejo que se
destacó por su progresismo y políticas favorables para la clase obrera. Otras
reformas significativas se dieron en los años 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y
1984. La Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886; abolió el
federalismo, creó un Estado unitario, administrador en lo social y económico,
sumamente confesional al considerar como religión oficial la Católica, dividió el
poder en tres ramas (legislativa, ejecutiva y judicial), estableció el periodo
presidencial en seis años y creó los departamentos como forma administrativa
territorial nacional
Colombia tuvo muchos años de guerra y disputa entre los 5 partidos
predominantes: el liberal y el conservador, esto sumado a una constitución de
Rionegro que promulgaba estados independientes que llegaban a tener más poder
que el gobierno central de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia como se
llamaba el país en aquella época, en 25 años de estar promulgada vio pasar más
de 50 guerras civiles.En 1991 fue reemplazada por una nueva constitución política
con el propósito fundamental de ampliar la participación ciudadana y fortalecer la
democracia.Rafael Núñez, la Lucha Conservadora y Miguel Antonio Caro

2. Luego de subir por segunda vez al poder y aunque en un conflicto muy fuerte
entre los dos partidos, se logra poder instaurar las bases de lo que sería la
constitución que más tiempo ha durado vigente en Colombia.
Núñez fue claro promotor de la constitución y con la ayuda del escritor y político
conservador Miguel Antonio Caro, hijo de José Eusebio Caro, fundador del partido
conservador, llegan a instaurar las bases con las cuales se le devolverían los
derechos a la Iglesia Católica en el país, y a su vez se trataría de disipar el
conflicto entre los dos partidos.
Principales puntos
 Se le devolvió el poder a la iglesia, otorgándole un régimen especial fiscal
(exención de impuestos) y el control de la educación en Colombia. La
iglesia delineaba el currículum académico y elegía el colegio de profesores.
 Desinstaló el aparato administrativo Federal que funcionaba hasta el
momento a favor de una política de mando central.
 Unificó las fuerzas armadas de cada departamento en un gran ejército
nacional.
 Prohibió el divorcio.
 Impuso el himno que se conserva hasta el día de hoy.
Contexto socio político de la constitución de 1991
La ambiciosa descentralización de funciones del Estado consagrada en la Carta
de 1991 ha tenido también efectos profundos sobre la vida nacional. Debe
recordarse que este fue uno de los objetivos principales de la convocatoria a la
asamblea constituyente, como lo había sido del intento fallido de
reforma constitucional bajo la administración López Michelsen. Había un amplio
acuerdo en el país en cuanto a la necesidad de superar el centralismo asfixiante
establecido por la Constitución de 1886, que si bien pudo ser conveniente para

3. consolidar nuestro Estado nacional a fines del siglo diecinueve, había acabado por
convertirse en un “corsé” artificial impuesto sobre la vigorosa realidad
descentralizada de nuestro acontecer económico, cultural y político.
De hecho, la descentralización del Estado se había iniciado ya, aunque
tímidamente, desde 1968, con la disposición constitucional del situado fiscal para
educación y salud, y posteriormente con el establecimiento por ley de la cesión
parcial del impuesto a las ventas a favor de los municipios, en 1971, y la elección
popular de alcaldes en 1986. Estos antecedentes contribuyen a explicar el
ambicioso alcance del mandato descentralista de la carta de 1991, que convirtió al
colombiano en uno de los Estados unitarios más descentralizados en el mundo, en
el cual las entidades subnacionales son hoy responsables de ejecutar más del
50% del gasto público primario, cifra apenas comparable con la de algunos de los
Estados Federales más descentralizados, como el Brasil y la
Argentina, superando a varios otros estados federales como los de Venezuela y
México.
Al mismo tiempo esos antecedentes también contribuyen a explicar las cuatro
debilidades que aquejan al nuevo régimen según diversos analistas: (1) la
excesiva dependencia de las finanzas subnacionales con respecto a las
transferencias de la Nación y las regalías (en oposición a una descentralización
más basada en esfuerzos propios de tributación local y regional), (2) la excesiva
velocidad en el aumento de estas transferencias, (3) la asimetría entre la masiva y
rápida transferencia de recursos y la apenas parcial descentralización de las
responsabilidades y (4) la virtual ausencia de mecanismos de rendición de cuentas
de los gobernadores y alcaldes por el uso de estos recursos.
Las consecuencias nocivas de estos excesos y defectos resultaron evidentes en el
curso de los años siguientes. De una parte, resulta innegable su contribución a la
crisis fiscal que se gestó a lo largo de la década de los noventa y que exploto
durante la crisis económica de 1999. De otra, se produjo una enorme diversidad
de resultados en materia de prestación de servicios básicos. Así, mientras que la

4. descentralización permitió que unos Departamentos y Municipios mejoraran en
forma notable la cobertura y calidad de los servicios, estas se deterioraron o no
avanzaron lo suficiente en muchos otros e incluso ha habido una proliferación de
escándalos de corrupción y mal uso de los recursos públicos. La influencia
corruptora del narcotráfico, el para militarismo y la guerrilla, que llegaron a niveles
insospechados en buena parte del territorio nacional, imposibles de predecir en
1991, agravaron en medida considerable los defectos de diseño constitucional y
legal de nuestro proceso de descentralización estatal. Tampoco era predecible en
1991 el aumento exponencial que han tenido los ingresos por regalías de la
actividad minera y de hidrocarburos y que han conducido a una desigualdad
excesiva en la capacidad financiera entre Departamentos y Municipios receptores
y el resto del país y a un grado de desperdicio y corrupción notable en varios de
los principales entes su nacionales receptores de regalías.
La constatación de estos hechos motivo la reforma constitucional de los años 2001
y 2007 al régimen de transferencias. La reforma del 2001 busco limitar su
crecimiento excesivo y, al mismo tiempo, reducir la volatilidad de los ingresos de
los Departamentos y Municipios, objetivos que se han logrado plenamente. Busco
también mejorar la eficiencia en el uso de estos recursos asignándolos con
criterios más razonables (introduciendo el criterio de población atendida), lo cual
se ha conseguido apenas muy parcialmente. Las mismas razones explican la
Reforma constitucional reciente al régimen de Regalías. La aprobación de esta
reforma corregirá en algo las inequidades e ineficiencias actuales, pero tendrá que
complementarse con mecanismos de rendición de cuentas más efectivos.