Este documento discute los problemas de la delincuencia juvenil y el pandillaje en el Perú. Señala que la pobreza, la marginalización, la desintegración familiar y la mala calidad de la educación contribuyen al crecimiento de las pandillas. También analiza el papel del consumo de drogas y la naturalización de la violencia. Propone políticas de prevención integrales que aborden las necesidades de los jóvenes de alto riesgo y mejoren la educación y oportunidades comunitarias.

1. IEP “INDEPENDENCIA” ÁREA: FORMACIÓN CÍVICA Y
LAMBAYEQUE
CIUDADANA
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y CULTURA DE PAZ
Problemas de convivencia en el Perú
La Delincuencia Juvenil:
La delincuencia juvenil, cuya principal expresión es la pandilla, ha devenido en
un nivel de violencia insostenible para la sociedad .A nivel de Lima metropolitana y el
Callao estos grupos de jóvenes se han multiplicado en los últimos quince años. Según
cifras no oficiales, actualmente serían casi quinientos los grupos de pandilleros. Lo que
es más preocupante aún, muchos de ellos han perfeccionando su "modus operandi" al
punto de convertirse en verdaderas bandas del crimen organizado. Con este panorama
resulta lógico plantearse interrogantes a la grave crisis de seguridad por la que
atravesamos. ¿Existen soluciones viables al problema? es probable que sí, pero se
requiere un plan integral y multisectorial.
El pandillaje:
Este fenómeno se da principalmente en los conos y las zonas tugurizadas de
Lima Metropolitana, lo cual refleja en gran medida los factores socioeconómicos que lo
motivan: la pobreza, la marginalidad y la desintegración familiar. No sólo el bajo
nivel de ingresos es importante para explicar este fenómeno. Además de ello, la
población en riesgo tiene la percepción de que no es posible alcanzar lo que otros
tienen, que hay una brecha insalvable. Esto genera un sentimiento de exclusión.
Adicionalmente, estos niños y jóvenes no tienen el refugio de la familia. La
sensación de pertenencia, identidad y autoestima que un hogar naturalmente
proporciona no se da en estos casos. Ellos vienen de hogares donde la ausencia de los
padres es frecuente y donde la violencia familiar no es inusual.
Los colegios son un elemento importante en este escenario. La calidad de la
educación pública a la que los niños y jóvenes de estas zonas pueden acceder es de muy
bajo nivel. No sólo la educación es mala, sino que el contexto en la que se brinda
tampoco favorece su desarrollo como individuos. Los profesores, usualmente mal
pagados, obligados a tener más de un trabajo, llegan a estas escuelas frustrados e
indiferentes frente a sus estudiantes. Esto se ve reflejado en el trato que estos últimos
reciben.
Uno de los miembros del Task Force (Grupo de Trabajo de APOYO) citó
estudios que revelan que porcentajes tan altos como un 23% de los alumnos recibe
gritos y amenazas de sus profesores, un 20% es golpeado en su entorno educativo y un
43% es víctima de insultos y humillaciones. Los niveles de deserción escolar son
bastante elevados: bordean el 50%. Este grupo que no asiste se convierte en un grupo de
alto riesgo para sufrir o ejercer violencia.
Frente a los sentimientos de frustración de estos niños y jóvenes aparecen las
pandillas como una alternativa. Éstas proporcionan esa sensación de pertenencia e
identidad que no encontrarían de otra manera.
Usualmente los niños se inician en las pandillas entre los 12 y 13 años y
normalmente se mantienen en ellas hasta los 22 años o más. Las edades predominantes
son entre 14 y 17 años de edad.
Un factor adicional a tomar en cuenta es la naturalización de la violencia en la
sociedad, a lo que contribuyó principalmente el fenómeno del terrorismo. Sin embargo,
es posible que los medios de comunicación estén contribuyendo a este fenómeno
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2. actualmente. Si bien se puede argumentar que, por ejemplo, los programas de televisión
no hacen más que reflejar la realidad, lo cierto es que muestran a los televidentes una
realidad en la que la violencia es algo casi natural.
El consumo de alcohol y drogas es otro elemento importante (seguidamente se
discute esto en más detalle). Este factor junto al sentimiento de frustración y la
percepción de una violencia naturalizada explican que se genere en los miembros de
estas pandillas conductas desadaptadas y violentas. En paralelo, existe una cohesión y
lealtad muy fuerte al interior del grupo.
Los robos a este nivel no son todavía un modo de vida. Básicamente estos
jóvenes roban para acceder a bienes de consumo fuera de su alcance. Por ejemplo, roban
las zapatillas de marca a las que nunca tendrían acceso de otra manera.
Existen esfuerzos aislados de algunas municipalidades y de ONG que generan
programas que puedan cubrir, de alguna manera, las carencias que conducen a estos
jóvenes a las pandillas.
La droga:
Estudios de la Universidad de Washington muestran que aquellos que abusan del
alcohol y las drogas ilegales tienen 16.6% más probabilidades de cometer suicidio y 12
veces más probabilidades de verse involucrado en un homicidio. Aquellas personas que
residen en zonas donde se microcomercializa drogas ilegales también tienen mayores
probabilidades de experimentar actos violentos. En una familia donde se abusa del
alcohol y las drogas ilegales existe 28% de mayor riesgo de abuso sexual y de violencia.
En el Perú no se dispone de información similar, pero sí de datos sobre el
porcentaje de personas que consumen drogas. De acuerdo a encuestas realizadas por
Cedro entre la población urbana de 12 a 50 años, el uso de drogas ilegales va en
aumento.
En el caso de la marihuana, la cifra de 5.3% que consumió drogas alguna vez en
1988 subió a 6.4% en 1995, y llegó a 8.0% en 1997. En el caso de la PBC, la cifra de
2.8% (1988) subió a 3.1% (1995), y llegó a 4.7% (1997). Finalmente, en el caso de la
cocaína, la cifra de 1.3% (1988) subió a 1.9% (1995), y llegó hasta 3.2% (1997).
Los esfuerzos del Estado en materia de prevención del consumo de drogas y
sobre todo en la lucha activa contra la microcomercialización han sido escasos y
dispersos en las dos últimas décadas. Sus esfuerzos se han concentrado en la
interdicción, sustitución de cultivos y otras acciones vinculadas con la represión del
delito de narcotráfico.
El Perú es un país productor de materia prima para la elaboración de drogas
(51,000 hectáreas de hoja de coca a agosto de 1999) y es hoy día también considerado
un país consumidor de sustancias psicoactivas.
La labor de interdicción ha logrado un mayor control en la exportación de la
droga, pero ello ha ocasionado una mayor disponibilidad interna, lo que, sumado a los
bajos precios de las sustancias, representa un serio peligro para las tendencias del
consumo. Así, las drogas han dejado de ser un fenómeno exclusivo de los marginales,
pues se ha instalado en todos los sectores socioeconómicos.
Por ello, la labor preventiva debe intensificarse a través de una sinergia entre sector
público y privado.
Cabe destacar que mediante Decreto Legislativo 824 el gobierno creó la
Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas, (Contradrogas), institución
encargada de orientar las acciones de prevención y rehabilitación del consumo de
drogas desde la educación e información, así como promover la sustitución del cultivo
de la hoja de coca. Esta institución, presidida por un ministro de Estado designado por
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3. el Presidente e integrado por otros cuatro ministros, agrupa a autoridades y expertos de
los sectores público y privado y tiene como objetivo constituirse en el ente rector
encargado de diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de
prevención contra el consumo de drogas. Contradrogas actualmente lleva a cabo “mesas
de trabajo” con diversos profesionales del gobierno y de las ONG, así como con
empresarios en las diversas áreas mencionadas.
Propuestas:
Teniendo en cuenta que la población juvenil en el Perú es de más del 50%, el Task
Force consideró fundamental dirigir las acciones de prevención hacia los jóvenes, sobre
todo hacia los grupos de alto riesgo. Estos grupos incluyen:
 Adolescentes de familias disfuncionales.
 Grupos de pobreza crítica.
 Hijos/hijas de consumidores y microcomercializadores de drogas.
 Niños/niñas y adolescentes de la calle (en estado de absoluto abandono).
 Hijos/hijas de padres/madres en prisión.
 Población carcelaria o que deja la cárcel.
 Niños/niñas y adolescentes maltratados o abusados sexualmente.
 Niños/adolescentes /jóvenes agrupados en pandillas/barras bravas.
 Niños/niñas y adolescentes de hogares cerrados sustitutos (albergues y otros).
Las políticas de prevención deberían enmarcarse dentro de las siguientes orientaciones:
 Las políticas deben ser planificadas tomando en consideración el conjunto de
instituciones involucradas en esta área, donde los municipios pueden jugar un
rol central.
 Los esfuerzos de algunas municipalidades y ONG que hoy son aislados deberían
servir de punto de partida para la definición de una política integral.
 Las acciones de prevención podrían realizarse directamente a través de los
programas educativos y del desarrollo de actividades alternativas (deportivas,
culturales, ocupacionales, etcétera).
 Se necesita mejorar de manera decidida la calidad de la educación pública de tal
manera que se produzca una percepción real de la igualdad de oportunidades,
con lo cual se eleve la autoestima de los jóvenes.
 Se debe tender “puentes” entre oportunidades y poblaciones en cuanto a
generación de puestos de trabajo, de actividades recreacionales y deportivas,
acceso a manifestaciones culturales, etcétera.
 Se requiere prevenir el maltrato mediante la búsqueda de una mayor
coordinación con las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescentes
(Demuna).
 Es importante la multiplicación de redes de soporte comunitarias. Asimismo, es
necesario el trabajo con maestros y padres para lograr una disciplina sin
autoritarismo.
 Se necesita realizar una difusión masiva de mensajes éticos. El sistema
educativo puede servir para entrenar a los menores en discernimiento moral.
 Se recomienda potenciar la infraestructura comunitaria (podría ser con el trabajo
comunitario de los propios jóvenes): centros de encuentro, bibliotecas
comunitarias, centros deportivos, etcétera.
 Fomentar la sinergia y los programas conjuntos entre las diversas entidades del
Estado y las organizaciones de la sociedad civil para ampliar coberturas.
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