Este documento resume la actuación ejemplar de las Fuerzas Armadas españolas durante la crisis de los controladores aéreos. A pesar de que las Fuerzas Armadas no son el órgano constitucional encargado de garantizar la Constitución, el artículo 8 les otorga la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender la integridad territorial y el orden constitucional. Las Fuerzas Armadas han demostrado su compromiso y sacrificio en la defensa de los intereses de España y la seguridad de los ciudadan

1. DE CONTROLADOR A CABO
Restablecida la normalidad aérea a lo largo y ancho del Estado, prorrogado el Estado de alarma por
el congreso de los diputados y digeridas las festividades navideñas, es el momento apropiado para
hacer un balance de lo acontecido en los aeropuertos españoles, si bien desde una perspectiva
distinta con la que se ha venido analizando la situación creada en las últimas semanas.
El desarrollo de lo sucedido estos días atrás es ya algo sobradamente conocido por todos los
ciudadanos, por lo que no es mi intención hacer una retrospectiva de lo acaecido ni hacer una
valoración política de lo acertado o desacertado de las decisiones y declaraciones del gobierno y del
principal partido de la oposición, sino el momento de destacar la ejemplar actuación de un colectivo
de ciudadanos en defensa de los derechos y libertades de los españoles.
Este colectivo uniformado, es aquel que el pasado 4 de diciembre, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto 1673/2010, reinstauró un servicio esencial para la comunidad y los intereses de
España a todos cercenado por un grupo de privilegiados. Demostrando que, lejos de lo que en los
dos últimos siglos se conocía como el problema militar; es decir, el de la interferencia del ejército
en la vida política, en la actualidad y ya desde hace varias décadas, siempre han estado ahí cuando
más se les necesita. Al servicio de la Constitución y del bien común.
Al servicio de la Constitución, porque a pesar de que el órgano jurídicamente competente para
garantizar, en su caso, la Carta Magna, no son las Fuerzas Armadas sino el Tribunal Constitucional,
el artículo 8 de la misma atribuye a éstas la misión de "garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".
En defensa del bien común, dado que no debemos pasar por alto el compromiso y sacrificio que
hacen para la defensa de los intereses de España y de la seguridad de los españoles en todas sus
vertientes. Vertientes que van desde la pacificación de zonas conflictivas como la de Afganistán al
reparto de ayuda humanitaria en Haití, pasando por actuaciones encomiables como las realizadas
semanas atrás ante las terribles inundaciones que azotaron la localidad sevillana de Écija. Esto es
algo que nos debe a todos hacer sentir admiración y orgullo por el trabajo que realizan.
Porque a pesar de que lo que mueve a estos compatriotas no son sus honorarios sino el amor que
sienten por la bandera que simboliza la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria
así como los valores supremos expresados en la Constitución, sería conveniente recordar que un
número elevado de éstos han estado desarrollando diligentemente la misma labor cobrando 30 veces
menos de lo que se “embolsa” un controlador civil.
Como ya habrá apreciado el ávido lector, la institución a la que hago expresa referencia, no es otra
que las Fuerzas Armadas. Entidad que permitió al portavoz de la Unión Sindical de Controladores
Aéreos (USCA), César Cabo, conocer en sus propias ambiciones la dimensión de su apellido
cuando el ejército garantizó la libertad de circulación y residencia de sus compatriotas recogida en
el artículo 19 de la norma jurídica suprema.
Y es que a pesar de lo expresado por el susodicho portavoz, sus palabras no han infundido miedo a
los españoles sino todo lo contrario, ya que desde hace bastante tiempo para todos los ciudadanos, y
en especial para la generación que estamos en la veintena, el Ejército es sinónimo de libertad.

2. Tomás Guerrero Blanco
Estudiante de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid.