PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL VINCULADAS AL TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA: LA GESTIÓN COMUNAL. MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DE GALICIA

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL VINCULADAS AL
TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA: LA GESTIÓN COMUNAL.
MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DE GALICIA
Sergio Fernández Alonso1
Laboratorio do Territorio, Escola Politécnica Superior de Lugo
Dpto. Enxeñería Agroforestal, Universidade de Santiago de Compostela
RESUMEN: La gestión comunal de los recursos tiene una gran importancia en
muchos lugares de todo el mundo. Dentro de las distintas formas este tipo de
gestión, los Montes Vecinales en Mano Común (MVMC) constituyen un tipo de
propiedad privada colectiva existente en Galicia (España), conformando un tipo
característico del régimen de tenencia de la tierra en esta comunidad. En el 2001
existían en esta región un total de 2.887 comunidades de montes que disponían de
una superficie de 661.183 ha, representando la tercera parte de la superficie
forestal y el 15 % del terreno arbolado de Galicia (y esta superficie sigue creciendo).
En el presente trabajo se revisan las tendencias de gestión comunal en el mundo en
los últimos años, para luego centrarse en los Montes Vecinales en Mano Común y
encuadrarlos dentro de esas tendencias mundiales. Se resume su evolución
histórica, se compara con otras figuras de propiedad individual y colectiva y se pone
de manifiesto la contribución de los MVMC al desarrollo rural. La propuesta y
fomento de modelos integrales de gestión (no solo de tipo técnico, sino también
administrativo, financiero y social) para este tipo de tierras de propiedad colectiva
configura una de las principales estrategias que permitirán el desarrollo de
numerosas comunidades rurales y la promoción del medio rural de la región gallega.
Palabras clave: Community forestry, communal property, communal land
management, collective private property, forest community, Monte Vecinal en Mano
Común, Monte Veciñal en Man Común, multiobjective land management
1
Department of Agroforestry Engineering - University of Santiago de Compostela, Spain
Campus Universitario s/n, 27002, Lugo- Spain
Telephone: + 34 982 252303, ext. 23292
e-mail: serferal@lugo.usc.es

Planificación y gestión territorial vinculadas al tipo de tenencia de la tierra: la gestión comunal. Montes
Vecinales en Mano Común de Galicia
1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo de iniciación a la investigación es fruto de dos años
en el Departamento de Enxeñería Agroforestal de la Universidade de
Santiago de Compostela. Durante el primer año se ha cursado
asignaturas del programa de doctorado, y en este segundo año se
realiza el presente trabajo, con dos objetivos definidos. Por un lado, la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados y, por otro, servir de
base para la investigación de la propiedad y gestión territorial
comunal en áreas de propiedad privada colectiva, perfilando en este
campo líneas de investigación que den como resultado mi tesis
doctoral.
2. OBJETIVO
Identificar las principales características y tendencias que
presenta la gestión comunal en la actualidad, y situar en esas
tendencias las que se dan en los Montes Vecinales en Mano Común
en Galicia con sus características peculiares y en su coyuntura actual.
3. MATERIAL Y MÉTODOS
Se inicia el trabajo como continuación de la línea de
investigación en tenencia de tierra abierta con la Tesis Doctoral
“Tenencia de la Tierra en Galicia: Modelo para la Caracterización de
los Propietarios Forestales”, de Manuel Francisco Marey Pérez,
realizada en esta misma Universidad.
Se procedió a una revisión bibliográfica y documental de
distintos estudios relativos a la propiedad y gestión comunal,
independientemente de la localización geográfica tratada en la
publicación.
Se inicia la revisión bibliográfica mediante búsquedas temáticas
en distintas bases de datos. En ellas se identificaron como claves los
términos communal property, communal forestry, communal forest
property, collective private property, commons, neighboring
2

communities, forest community, multiobjective land management y
en el buscador Google además de los términos anteriores también
Monte Vecinal en Mano Común, Monte Veciñal en Mano Común.
Estos términos permitieron profundizar en diversos aspectos
personalizados en los artículos, así como la identificación de aquellas
revistas relacionadas con la gestión territorial comunal (Biodiversity
and Conservation, Ecological Economics, Enviromental Management,
Environmental Science & Policy, Forest Ecology and Management,
Forest Policy and Economics, Forest Trees and People, Human
Ecology, Journal of Environmental Management, Journal of Forestry,
Land Use Policy, Landscape and Urban Planning, Mountain Research
and Development, Rural Development Forestry Network, Rural
Sociology, Society & Natural Resources, Unasylva, World
Development, World Rainforest Movement Bulletin) procediéndose, a
continuación, a una búsqueda en dichas revistas. Al mismo tiempo se
llevó a cabo la identificación de los libros de interés disponibles en las
bibliotecas de la Universidad de Santiago de Compostela, así como de
trabajos de investigación realizados en distintas universidades.
Al mismo tiempo, otra fuente de información la constituyeron
los resultados parciales de un trabajo que se está desarrollando para
el conjunto de las comunidades de montes vecinales de Galicia. En él
se realiza una entrevista personal a los miembros de la Junta Rectora
de la comunidad (formada normalmente por cinco miembros:
Presidente, secretario, tesorero y dos vocales) con un total de 59
preguntas, distribuidas en tres apartados: historial del monte,
organización y gestión del monte y, por último, economía del monte.
A su vez se realiza una entrevista personal al 10% de los comuneros,
en este caso se trata de 36 preguntas pertenecientes a 4 grupos, los
tres antes comentados, más un cuarto denominado características de
los comuneros.
3

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. ESTRUCTURA DE LA REVISIÓN
Para responder al objetivo de esta investigación, se han
consultado un total de 69 referencias bibliográficas, de las cuales 2
son tesis doctorales y 10 textos legales.
La búsqueda de información disponible ha permitido estructurar
los resultados obtenidos en 4 grandes áreas temáticas, que facilitan
la comprensión del presente trabajo.
Estos campos de investigación se definen en los siguientes
apartados:
Gestión del territorio para un uso múltiple: Se documentan las
nuevas demandas de la sociedad en el aprovechamiento múltiple de
los bosques y las tendencias de gestión para tenerlas en cuenta.
Antecedentes de la gestión comunal. Características
diferenciales de la gestión comunal del territorio frente a otros tipos
de régimen de gestión. Ventajas y condicionantes para el desarrollo
territorial bajo este régimen.
Tendencias actuales en la gestión de territorios comunales en el
mundo. Se agrupan esas tendencias generales en 5 grandes grupos,
con algunos ejemplos de países donde se dan esas tendencias.
Los Montes Vecinales en Mano Común de Galicia. Se comenta
brevemente su evolución histórica, su gestión pasada y actual, así
como sus características diferenciales frente a otros tipos de
propiedad en su entorno geográfico.
4

4.2. LA GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA UN USO MÚLTIPLE
Durante las últimas dos décadas y sobre todo a partir de la
Cumbre de Río (1992), se ha producido un importante cambio en
cuanto a los beneficios y servicios que la sociedad demanda de los
bosques. De un concepto de “rendimiento sostenible”’ que se refería
esencialmente a la producción de madera, se tiende al concepto de
“manejo sostenible” (o manejo forestal sostenible, Hall J.E., 1996),
donde aspectos ambientales, sociales y culturales interactúan en la
misma importancia que la producción de bienes cuantificables
económicamente. Estas nuevas demandas están enfocada sobre todo
(aunque no exclusivamente) a terrenos forestales, a causa que el uso
menos intensivo y a más largo plazo que de ellos se realiza (no
considerándose en este caso terrenos forestales las plantaciones
intensivas y superespecializadas de especies forestales como pueden
ser las choperas) les confiere mayor potencialidad para conjugar
distintos usos. En esta nueva situación, los factores ambientales y
socioeconómicos han de ser considerados en la gestión forestal en el
mismo grado que la producción de madera y de otros productos
(Gluck, 2000), (Kangas and Store, 2003).
En Europa Oriental, esta tendencia no ha sido tan evidente,
puesto que en algunos países el deterioro de los bosques, como
resultado de cambios políticos, económicos y ambientales, ha
impedido una evolución similar con Occidente. La conjunción de estos
factores se ha traducido en un empobrecimiento de los bosques de
esta región, con la consecuente pérdida de diversidad y productividad
a través de la deforestación (White, 2002). Esto ha ocurrido también
en muchos de los antiguos países coloniales, como los africanos. En la
mayoría de los países africanos, las leyes forestales vigentes en el
período post-colonial comprometieron los derechos comunitarios
locales a la propiedad forestal. Se impusieron licencias y otras formas
de impuestos, desconocidos hasta entonces por las poblaciones
locales, para controlar la explotación de productos forestales a los
5

cuales los habitantes locales tenían antes libre acceso, para su
consumo interno o su comercialización (Ogou S., 1999). Esta situación
de crispación causó también un deterioro de los bosques y de las
condiciones de vida de las comunidades. De todas formas, algunas de
las más importantes iniciativas apuntando a la “nueva selvicultura”
comenzaron en los bosques tropicales de estos antiguos países
coloniales (los procesos de certificación forestal por ejemplo, Bass S.,
1998)
La obtención de beneficios económicos ha orientado
habitualmente las actividades forestales hacia la corta de madera y
mejora de infraestructuras asociadas al monte. Es necesario, por
tanto, identificar las preferencias de gestión de los propietarios (en el
caso que nos ocupa serían las comunidades, aun en los casos en los
que no sean propietarias legales y sólo quienes aprovechan los
recursos) resp ecto a sus bosques, para, mediante una planificación
multi-objetivo, identificar herramientas de evaluación de objetivos no
cuantificables económicamente (Saastamoinen O., 2001).
Pero también la fragmentación del paisaje se asocia a las
propias cortas de madera, factor clave en la gestión y planificación
forestal. Un plan de gestión que permite estructurar el bosque en
unidades de gestión sostenibles, permite mejorar las condiciones
económicas y ecológicas del bosque, y mantiene una composición de
usos adecuada (Borges J. G., 1999).
En este contexto de gestión para un uso múltiple del territorio
las técnicas de análisis multicriterio adquieren una gran importancia,
tanto por facilitar la elección de alternativas de gestión más acordes
con los objetivos buscados, como por presentar esas alternativas a
los que tienen que tomar decisiones. Existen herramientas que
facilitan estos análisis multicriterio, y que incluso los relacionan con
metodologías de diagnóstico más “tradicionales” como los análisis
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades), como la
que combina el Análisis de Aceptabilidad Estocástica Multicriterio con
la metodología DAFO, conocida como S-O-S (Kangas et al., 2003).
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4.3. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN COMUNAL
En muchas ocasiones, se ha tendido a confundir lo comunal con
lo público. Existen varios intentos de explicar las diferencias de forma
sistematizada (Merino L., 1999), (McKean M.A., 1995). Las unidades
de los recursos son susceptibles de ser apropiadas por distintos
usuarios en un determinado periodo, pero su disponibilidad es
limitada. Cuando un usuario se apropia de un determinado número de
unidades, dejan de estar disponibles para otros usuarios potenciales.
Esto se conoce como sustractabilidad. El artículo de Hardin G. (1968)
sobre la tragedia de los bienes comunes destaca los riesgos del
sistema de libre acceso, pero no especifica con claridad que el
problema no residía en el uso compartido, sino en el acceso sin
restricciones. En un trabajo más reciente, Hardin G. (1994) distingue
entre bienes comunes que carecen de gestión y bienes comunes que
sí la tienen. La mayoría de los análisis orientados por perspectivas
similares a la de la “Tragedia de los Comunes” no distinguen entre
ambos atributos, contemplando el alto grado de sustractabilidad de
las unidades de los recursos comunes como propias de estos sistema
de recursos (Merino L., 1999).
La dificultad de exclusión es otra de las características de los
bienes comunes. El nivel de exclusión es resultado tanto de las
características físicas del recurso, como de la tecnología disponible y
de las condiciones sociales presentes en un contexto determinado, ya
que aún cuando sea posible restringir físicamente el acceso a un bien
determinado, es necesario contar con las condiciones sociales y
legales que permitan hacerlo.
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Exclusión fácil
Exclusión
difícil
Alta
substractibilidad
Bienes privados
Bienes
comunes
Baja sustractabilidad
Bienes
instrumentales
Bienes
públicos
Según las características de sustractabilidad y exclusión, es
posible distinguir cuatro categorías generales de bienes o recursos
(ver cuadro anterior, McKean M.A., 1995): Bienes públicos como
pueden ser la calidad del aire, la protección que los árboles generan
contra el viento o contra la erosión del agua, la seguridad y el
alumbrado públicos, bienes comunes, bienes instrumentales, como
son los parques naturales cuya entrada debe pagarse o la membresía
a sociedades profesionales y bienes privados como leña o madera
cortada y almacenada, las parcelas agrícolas, las viviendas, los
productos forestales medicinales, los árboles en huertos, etc. Estas
categorías deben entenderse como tipos ideales, relacionados a
manera de un continuo, ya que la mayoría de los bienes no caen por
completo en uno u otro tipo.
Además, la gestión de bienes comunales o comunes debe
cumplir ciertas condiciones para ser efectiva (McKean M., 1995),
(McKean M., Ostrom E., 1995), (Brown D., 1999) :
- Los beneficiarios necesitan tener derechos, o al menos
no tener interferencias, para organizarse.
- Los límites del recurso deben estar claros
- Los criterios para ser beneficiario deben estar también
claros.
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- Los beneficiarios deben tener el derecho a modificar las
reglas de uso a lo largo del tiempo para adaptarse a los
cambios sociales.
- Las reglas de uso deben estar adaptadas a lo que el
sistema puede tolerar, con una cierta tendencia a la
conservación para que haya margen de error.
- Las reglas de uso deberían ser claras y totalmente
aplicables.
- Las infracciones deberían ser penalizadas sin
excepciones.
- Sería conveniente articular métodos rápidos y baratos
para resorver los conflictos (El Tribunal de las Aguas en
Valencia, de origen árabe, es un ejemplo que ha
pervivido hasta hoy y que reune las características de
ser rápido, concentrado, económico y oral).
- Los derechos de uso de los copropietarios deben estar
distribuidos de forma que se considere justa por la
comunidad según la inversión realizada en el recurso
comunal. Lo ideal sería que los derechos(y los deberes)
fueran igualitarios para dar lugar a una participación
igualitaria en la toma de decisiones. Si no es así el
régimen de propiedad comunal es susceptible de ser
ineficaz.
Existen además una serie de ventajas en la explotación de
recursos en terrenos de gestión comunal mencionadas por distintos
autores (McKean M., Ostrom E. 1995), (Alden L., 2002), (Nhira C.,
2003),(Tucker C., 1999a) algunas de las cuales se enumeran a
continuación:
- Indivisibilidad del recurso, lo que en zonas con acusada
fragmentación del territorio conlleva que los terrenos
comunales sean parcelas de tamaño sensiblemente
superior a la media, con lo que se facilita la explotación
9

sin tener que dar el primer paso de agrupación o
cooperativismo.
- Aminoración del efecto de la incertidumbre en zonas
productivas.
- Facilita la incorporación de externalidades positivas o
negativas en los usos (por ejemplo protección de
biodiversidad o espacios naturales)
- En ocasiones es la única forma de administración
eficiente. Cuando las normas sobre gestión del recurso
pueden simplemente insertarse en una organización
comunitaria preexistente resulta aun más interesante.
Esto sirve además para promover estrategias
participativas de gestión territorial (como los programas
de Manejo Participativo de Bosques en Africa).
- Debido a su importancia en superficie en algunas zonas
(ya sea por propiedad o simplemente por gestión), las
comunidades tienen gran poder de presionar tanto a los
gobiernos como incluso a las industrias o empresas (de
un modo similar a las grandes cooperativas).
- La propiedad comunal, además, contrarresta procesos de
diferenciación socioeconómica permitiendo a los
comuneros usar los recursos proporcionalmente a sus
necesidades en vez de a su riqueza.
De esta manera, en muchas ocasiones, la gestión comunal del
monte puede generar instituciones que gestionen los recursos con
igual éxito (o mayor) que los propietarios privados, sin que en muchos
casos sea relevante el que el sistema de reglas de gestión sea legal
(de jure), ya que lo importante es que se lleve a cabo de facto
(Gibson et al., 2002), y que esté en relación tanto con su contexto
local como con el nacional (Tucker C., 1999b).
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4.4. TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE TERRENOS COMUNALES EN EL
MUNDO
Comenzar por decir que la ya mencionada Declaración de Río
(1992), en su principio 22, afirma que:
“Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus
conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían
reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e
intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro
del desarrollo sostenible.”
Esto puede servir para delimitar a qué nos referimos cuando se
habla de comunidades en el ámbito de aprovechamiento de los
recursos del territorio.
A continuación se presentan las tendencias de gestión de la
propiedad comunal actual observadas en los últimos años con
algunos ejemplos de lugares donde han sido aplicadas.
4.4.1. Centralización
Las recomendaciones de centralización del control de los
recursos en la Administración Pública competente (ya sea estatal o
regional) han sido asumidas en muchos de los antiguos países
coloniales de las distintas regiones del mundo. Estas
recomendaciones estaban basadas en varios supuestos:
- que los estados cuentan siempre con la capacidad de conocer
lo que es el manejo sustentable de los recursos aún en circunstancias
particulares,
- que los gobiernos tienen capacidad suficiente de supervisar el
que este manejo se cumpla,
11

- que los costos de mantener las agencias gubernamentales que
se encargan de estas funciones son nulos o mínimos.
Estos supuestos en una gran mayoría de los casos no se
cumplen (ni siquiera en muchos de los países supuestamente más
desarrollados). Además para las comunidades usuarias los incentivos
para cumplir con regulaciones burocráticas son realmente escasos;
siendo a menudo estas regulaciones vistas como ineficientes e
injustas. Al desconocer los sistemas comunitarios se imponen
medidas que a menudo resultan inviables (ya sea ecológica, social y/o
económicamente). De este modo no resulta extraño que al establecer
controles burocráticos sobre recursos antes manejados por
comunidades locales, se hayan creado situaciones de acceso abierto
a los recursos (Merino L., 1999), incluso allí donde existían
regulaciones locales para su acceso (y ahí es donde surge la tragedia
de los comunes pronosticada por Hardin G. (1968)).
En los países coloniales este proceso se generalizó. Los variados
ecosistemas africanos ricos en diversidad biológica, en especial los
bosques tropicales de las regiones central y occidental, fueron
perturbados cuando las potencias europeas desembarcaron en esos
territorios y los invadieron. La alteración que sufrieron los
ecosistemas se extendió a las estructuras sociales tradicionales que
quedaron subordinadas a una estructura de poder centralizada en lo
referente a la reglamentación y el manejo de la explotación de los
recursos naturales. Posteriormente, los procesos de independencia
de numerosos países africanos no modificaron ese modelo
centralizado impuesto por los europeos (Egan B., 2001) con algunas
excepciones (si bien en los últimos años se observa un cierto
aperturismo, devolviéndoles al menos la capacidad de gestión a las
comunidades, si no la propiedad).
En Papúa (White A., 2002) e Indonesia (Moniaga S., 1999) se
han dado fallos de gestión por parte de la Administración, no teniendo
en cuenta a las comunidades en las decisiones.
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En Eritrea, se ha dado prioridad por parte del gobierno a la
irrigación de las zonas bajas del país sin tener en cuenta los usos
tradicionales de los habitantes de esas zonas (Connelly S., 2001).
En Kenia, si bien se observa un cierto aperturismo a la
integración de las comunidades en la toma de decisiones, estas
deben presentar planes de gestión al gobierno con complicados
trámites burocráticos y técnicos que dificultan mucho la participación
real (Ochieng M., 2003) y Malí (Welsh M.O., 2001), donde aunque hay
intentos tímidos de devolver el poder de gestión a las comunidades
(que lo habían ejercido mediante distintas instituciones locales hasta
la independencia en 1960), no se han tenido en cuenta a las
comunidades en las decisiones importantes de gestión de las tierras
que explotaron tradicionalmente.
En USA la mayor parte de los terrenos forestales son de
propiedad pública y, aunque suele revertir un porcentaje de lo
extraído a la comunidad donde está el bosque, las comunidades
apenas participan en la gestión (Danks C., 1996), ni siquiera las de
indios americanos, con una aún mayor tradición de uso de las tierras
(Bengston D.N., 2004).
4.4.2. Privatizacion
Inspirados en modelos similares otros autores apuestan a la
capacidad regulatoria de los mercados y contemplan la privatización
de los bienes comunes como la única alternativa de acceso a los
recursos naturales, viable en términos ambientales. Bajo este
esquema se percibe a la propiedad comunal como ausencia de
propiedad, de ahí que sus partidarios aboguen por la creación de
"derechos plenos de propiedad". La privatización implica la división
de los bienes colectivos en unidades mas pequeñas, suponiendo que
a la par de esta división se genera racionalidad ecológica de las
acciones de los usuarios, y se evitan futuros desastres ambientales.
Sin embargo, en términos económicos resulta más racional agotar los
recursos que utilizarlos en una perspectiva de largo plazo, puesto que
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los derechos de propiedad privada permiten al propietario maximizar
el valor presente del recurso, aún cuando el recurso no esté protegido
de la extinción (Merino L., 1999).
En la nueva ley forestal de Portugal se observa una cierta
tendencia a privatización o incluso que los llamados baldíos pasen a
manos de gobiernos locales (Brouwer R., 1995).
En los antiguos países comunistas esta tendencia es bastante
acusada (Welsh M.O., 2001), sin que se esté acompañando de una
gestión adecuada.
En España históricamente hubo esa tendencia por ocupación de
los vecinos, como defensa ante intentos de apropiación o cambio de
propiedad a favor de los Ayuntamientos de los montes comunales
(Aizpurua J., 2000), aunque en zonas como Navarra este proceso no
fue tan acusado.
4.4.3. Cesion del gobierno a las comunidades
Se da sobre todo en los antiguos países coloniales, o con
comunidades indígenas históricas. En los últimos 15-20 años varios
gobiernos comienzan a ceder tierras para las comunidades indígenas.
Son sistemas que se conocen como administración conjunta y
coadministración, y en general no alteran la propiedad estatal (con lo
que los derechos de las comunidades no están tan protegidos como si
se tratara de propiedad privada comunitaria). Este sistema se ha
hecho cada vez más común en situaciones en las que el gobierno
asume su limitada capacidad para administrar eficazmente las tierras
forestales públicas (White A., 2002). La mayoría de los Bosques
Comunitarios comienzan a existir sólo a través de la aprobación
formal del Estado, y en los términos fijados mayoritariamente por el
propio Estado. Sin embargo, se plantean varios problemas a ese nivel:
la gestión financiera actual de los ingresos generados por los bosques
comunitarios no es sustentable. No se basa en ningún sistema
científico de gestión. Muchas de las actuaciones llevadas a cabo con
14

ingresos financieros generados por la explotación de los bosques
comunitarios no responden a una planificación de gestión de ingresos
elaborada con anterioridad a la llegada de los fondos a las
comunidades (Bigombe P., 2002).
Países con el proceso de cesión más avanzado y con más apoyo
institucional a las comunidades son: Gambia (donde se cede incluso
la propiedad y se crean los Comites del Bosque en las comunidades,
con participación de ambos sexos, y donde no se dan incentivos a las
comunidades, de forma que se fortalece el sentimiento de gestión de
“sus” bosques (Bojang F., 1994) que son involucradas por los líderes
tradicionales), Ecuador (con cesiones también de propiedad de la
tierra a algunas comunidades) (Cuasaluzán H., 2002), Camerún (White
A., 2002) y (Bigombe P., 2002), Ghana, a pesar de estar vinculado al
establecimiento de reservas en “bosques sagrados” sin a veces
contar con las comunidades (Baffoe A., 2002), (Brown D., 1999),
Canadá, que a través de los “bosques modelo” dan capacidad de
decisión a las comunidades indígenas, (Hall J.E., 1996), así como
algunas zonas de Oceanía (Mohamed N., 1996) y Mozambique (Issufo,
2003). Un caso particularmente ejemplar es Tanzania (Egan B., 2001).
En la década de los 70, durante el período posterior a la
independencia, el gobierno comenzó a devolver el poder y el control
sobre los recursos naturales a las autoridades locales para promover
un desarrollo comunitario. A través de ese proceso, el poder
administrativo fue conferido a los gobiernos locales de los poblados,
elegidos por la comunidad. La ley de Poblados Ujamaa de 1975, con
el posterior apoyo de la Ley de Gobierno Local de 1982, reglamentó el
sistema de los poblados para el manejo comunitario de los recursos
naturales, promoviendo la propiedad comunitaria como una forma
legal de propiedad.
La nueva ley del 2000 establece tres tipos de manejo
comunitario de bosques:
- Reservas de Bosque de los Poblados: la propiedad del bosque
reside
15

en toda la comunidad del poblado,
- Reservas de Bosque Comunitarias: la propiedad y el manejo
de los
bosques está a cargo de un subgrupo de la comunidad del
poblado, y
- Zonas de Manejo de Bosques de los Poblados: zonas de
reservas
estatales en las cuales se aplica manejo comunitario, pero sin
derecho
de propiedad.
Hay países donde el apoyo a las comunidades de ONGs que
presionan al gobierno, hacen que se observe cierta predisposición de
la Administración forestal a reconocer derechos y ceder poder de
gestión a las comunidades: Benin (Ogou S., 1999) y Chile (Catalán R.,
2002).
En otros lugares, aun habiéndose cedido zonas para gestión de
las comunidades, se han observado reticencias y pasos atrás por
parte de la Administración Pública, como gestión predominante de
arriba abajo en Filipinas (Colchester M., 2004) o simplemente
indiferencia o mal enfoque de la cesión, como en la India (Lahiri S.,
2004), Nepal (White A., 2002) o Thailandia (Rajesh N., 2002).
4.4.4. Cesion de las comunidades propietarias al gobierno
Se dan en algunas zonas donde las comunidades no quieren o
no pueden hacerse cargo de la gestión directa de los terrenos
comunales, pero desean que tengan una gestión, o se ven hasta
cierto punto obligadas por la legislación. En los Alpes suizos debido al
abandono de algunas comunidades y su pequeño potencial
demográfico se da en algunas zonas (Kissling-Naf et al., 2002). En
Portugal y España ocurrió hace años (y aún hoy se mantienen muchas
cesiones de gestión, como los convenios y los consorcios de los MVMC
de Galicia, en el noroeste de España).
16

4.4.5. Zonas donde existe como tal la gestión comunal históricamente y ha
seguido funcionando
Son comunidades que han tenido que irse adaptando con más o
menos fortuna a los cambios socioeconómicos: Italia (Morandini R.,
1996), (Forni N., 1998), Mexico (Klooster, 2003), que a pesar de las
reformas pro-privatizadoras neoliberales a partir de 1992 y que la
nueva Ley Agraria, aún reconociendo y promoviendo los derechos de
las comunidades, realza los derechos individuales de los comuneros
(Leigh Taylor P., 2000), es un ejemplo de gestión sostenible vinculada
al manejo comunitario del territorio (Barton D., 2003); Francia con los
bosques de montaña (Zingari P.-C., 1998), Noruega, donde se pueden
distinguir montes estatales de uso comunal, montes parroquiales de
uso comunal y explotaciones comunales (Sevatdal H., 2003), o
Escocia (Wightman A., 2003), donde está resurgiendo. Existen
algunos lugares donde las comunidades son de estilo más capitalista,
actuando prácticamente como empresas: Suecia (Carlsson, 1999) o
algunas comunidades en Suiza (Kissling-Naf et al., 2002).
4.5. LOS MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DE GALICIA
La superficie forestal en Galicia entendida tal como aparece en
la Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes (todo terreno en el
que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o
herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o
plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales,
protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas)
representa casi dos tercios de la superficie total gallega, con lo que su
importancia en el desarrollo de políticas agrarias y de ordenación
territorial en esta zona es muy grande.
A lo largo del último siglo fue cambiando el tipo de propiedad,
de forma que en la actualidad la mayor parte del monte gallego, un
63,7 %, es de propiedad privada particular. Pero hay otro tipo de
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propiedad muy significativa por su importancia y representatividad en
el territorio gallego e incluso nacional y europeo (con leyes nacionales
específicas para ella): la propiedad privada colectiva, y dentro de ella
los Montes Vecinales en Mano Común de Galicia.
Este tipo de propiedad representa un tercio de la superficie
total del monte gallego, y posee una fuerte componente tradicional,
ya que se utilizaron para el pastoreo, la recogida de leña, piñas,
abono, plantas para cama de ganado, etc. En 2001 en Galicia existían
un total de 661.183 ha pertenecientes a un total de 2.887 de
comunidades de montes vecinales, lo que representa la tercera parte
de la superficie forestal y el 15 % del terreno arbolado de Galicia. Sin
embargo según datos del ICONA, en 1981 el número de M.V.M.C.
investigados en todo el territorio de la comunidad autónoma
ascendieron a 3.803 con una superficie equivalente a 913.283 ha. De
esta manera, encontramos que el avance de la clasificación ascendía
al 76 % número y el 72 % de la superficie investigada; lo que equivale
a decir que aún existen 925 montes con una superficie equivalente de
252.100 ha que podrían ser clasificadas como M.V.M.C. (Barriga M.L.,
2001).
Se sitúan sobre todo en Ourense, Pontevedra y el Sureste de
Lugo, teniendo menos importancia su presencia en A Coruña y norte
de Lugo.
En lo relativo a la superficie media de los montes vecinales
gallegos, ésta es relativamente grande en el conjunto de la
Comunidad (230 ha), siendo la provincia de Ourense la que presenta
una superficie media superior, con 267 ha., situándose las provincias
de Pontevedra y A Coruña con una media ligeramente inferior a la
regional. La gran diferencia se centra al comparar los montes
vecinales con los montes de propiedad particular, ya que aunque,
como se ha comentado, son los más numerosos de Galicia, su
superficie media suele estar entre 1,5 y 2 ha. repartidas en un alto
número de parcelas y con características muy similares en las cuatro
provincias gallegas. Así, y en contraposición a lo comentado para los
18

montes particulares, se destaca el enorme potencial que tienen los
montes vecinales gallegos, dado que debido a su amplia extensión
media presentan unas características idóneas para su
aprovechamiento forestal y una gran capacidad económica (Grupo de
Estudios dos Montes Veciñais en Man Común do IDEGA, 2001b).
4.5.1. Especificidad jurídica y evolución histórica
Independientemente de su origen los Montes Vecinales en Mano
Común constituyen un rasgo característico del régimen de tenencia
de la tierra en Galicia. Tal como Barriga M.L., (2001) expone en su
trabajo, existen diferentes teorías sobre el origen de dichos montes,
teniendo para algunos autores un origen único y basado en la
posesión que de ellos hicieron las comunidades. Para otros autores
presentan un origen foral, mientras que para otros presentarían un
carácter mixto.
A lo largo de la historia su propiedad ha pasado por diferentes
propietarios, algunos de los cuales eran totalmente ajenos a las
comunidades propietarias originarias, aunque en realidad éstas no
dejaran de gestionarlos realmente.
Solo con la Ley de Patrimonio Forestal del Estado del 10 de
marzo de 1941 y su Reglamento (donde se crea la figura de
Consorcios y se apuesta por la forestación masiva en los terrenos de
gestión pública) y la posterior Ley Hipotecaria de 1946 por la que se
permite la inscripción de los montes por los ayuntamientos con solo
certificación del Secretario Municipal, hubo peligro real para las
comunidades de ser despojadas de la gestión de las áreas comunales,
lo cual se continuó con la Ley General de Montes del año 1957 (última
de las leyes que pretendía la pérdida de la posesión de los montes
por parte de la comunidades vecinales).
Este proceso de usurpación del monte provocó en los vecinos
una enorme resistencia (Rico Boquete E., 1995). Los campesinos
presentaron recursos legales ante los tribunales de justicia, los cuales
daban en la mayoría de los casos la razón a las comunidades. En
19

otros casos se utilizaron métodos más violentos, como eran arrancar
los árboles plantados y los incendios. Surge en este momento el
mayor problema para la actividad forestal en Galicia, el rechazo al
arbolado y las repoblaciones forestales, así como la desconfianza
general hacia la Administración Forestal, problema que todavía hoy
persiste en numerosas parroquias.
El proceso de reconocimiento de los MVMC como verdadera
propiedad comunal comienza en el año 1968, con la promulgación de
la Ley de Montes Vecinales en Mano Común, quedando además
declarados "indivisibles, inalienables, imprescriptibles y libres de
tributación alguna”. Se consideran como tales los que, aún habiendo
sido incluidos en catálogos o registros públicos con diferente
titularidad, no hubieran sufrido cambio real y efectivo en la posesión.
Posteriormente, y ya en período democrático, con la Ley 5/1977
de Fomento de la Producción Forestal y su reglamento se empezaron
a promover los cambios de consorcio a convenio. En lo referente a las
condiciones económicas del convenio, todo indica que era más
favorable para la comunidad vecinal por cuanto contrariamente a lo
que sucede en el consorcio, el 70 % es para las comunidades de
vecinos y el 30 % para la Administración.
Más tarde se promulga la Ley 55/1980 de 11 de Noviembre de
Montes Vecinales en Mano Común. Según su art.1
“...se regirán por esta ley los montes de naturaleza especial
que, con independencia de su origen, pertenezcan a
agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no
como entidades administrativas y vengan aprovechándose
consuetudinariamente en mano común por los miembros de
aquéllas en su condición de vecinos”.
Como último paso se transfieren las competencias en materia
forestal a las Comunidades Autónomas, quedando reflejada esa
transferencia en el ámbito de la propiedad comunal gallega en la Ley
20

13/1989 de Régimen de los Montes Vecinales en Mano Común de
Galicia, que en su art. 1 dice:
“Son montes vecinales en mano común y se regirán por esta
Ley los que, con independencia de su origen, sus posibilidades
productivas, su aprovechamiento actual y su vocación agraria,
pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos
sociales y no como entidades administrativas y se vengan
aprovechando consuetudinariamente en régimen de comunidad
sin asignación de cuotas por los miembros de aquellas en su
condición de vecinos.
La principal característica de los montes vecinales, pues, es que
la titularidad y su aprovechamiento están ligados a la pertenencia a la
vecindad, el hecho de residir en un lugar otorga la condición de
cotitular del monte (o comunero). No se trata, por tanto, de propiedad
pública, sino de propiedad privada colectiva (frente a la privada
particular). Esto se recoge también en el art. 3 de la Ley 13/1989:
“La propiedad de los montes vecinales en mano común, con
independencia de su origen, es de naturaleza privada y
colectiva, su titularidad dominical y aprovechamiento le
corresponde, sin asignación de cuotas, al conjunto de los
vecinos titulares de unidades económicas, con casa abierta y
residencia habitual en las entidades de población a las que
tradicionalmente estuviese adscrito su aprovechamiento, y que
vengan ejerciendo, según los usos y costumbres de la
Comunidad, alguna actividad relacionada con aquellos.”
La no asignación de cuotas indica que finalmente se asumió el
origen germánico de este tipo de propiedad (Raposo Arceo J.J., 1995),
aunque hay tesis que defienden su origen románico. De hecho,
existen montes que son copropiedad de una comunidad campesina
que reconoce cuotas diferenciales en el acceso al monte para la
realización de estivadas, en función de la pertenencia a una casa,
21

parentela o linaje, y permaneciendo proindiviso para el
apacentamiento de ganados y la obtención de esquilmes. Son los
conocidos como montes de varas o voces. En ellos, los derechos son
transmitidos por herencia, lo que restringe su acceso, a no ser que se
adquiera por medio de compra a un reconocido copartícipe.
Mayoritariamente estos montes se distribuían por la mitad Norte de
Galicia y como consecuencia del proceso privatizador de éstos,
quedan actúalmente reducidos a zonas del Norte y Nordeste de
Galicia (Marey M.F., 2003).
Queda definitivamente asentada, pues, la propiedad a favor de
las comunidades vecinales.
De todas formas la primera de las condiciones - no exenta de
ambigüedad en su formulación legal, lo que da lugar a gran variedad
de soluciones prácticas- requiere tener la residencia habitual en las
entidades de población a las que el monte está adscrito y contar con
“casa abierta” en esas entidades. Es la vecindad de hecho, la
residencia como hecho físico - y no la vecinanza como hecho formal,
con registro administrativo- el elemento constitutivo de la relación
entre el vecino y el aprovechamiento y la propiedad del monte.
En lo que se refiere a la segunda de las condiciones - venir
ejerciendo, como titular de una unidad económica, alguna actividad
relacionada con el monte conforme a los usos y costumbres del
grupo- delega en la propia comunidad, a través de sus propias
normas o por acuerdo de sus órganos de representación y/o gobierno,
la competencia para, en último término, definir, ya sea en un sentido
mas amplio o en un sentido mas estricto, la condición requerida:
puede implicar o nó la profesionalidad agraria del vecino; el tipo de
aprovechamiento exigible a cada vecino es indeterminado ,no
necesariamente ha de ser directo ni conforme a los usos
tradicionales; quedando abierta a la regulación de cada comunidad y
a la decisión de cada familia quién habrá de ejercer la representación
de la misma salvaguardando, en todo caso, la condición de un único
representante por familia.
22

En síntesis, la delimitación legal de los requisitos para acceder a
la condición de comunero es vaga e imprecisa. Las causas de esa
relativa indefinición hay que buscarlas en la necesidad de reconocer
un sistema de propiedad de origen histórico – pequeñas
comunidades agrarias que poseían conjuntamente y utilizaban
comunalmente el monte, rigiéndose por normas consuetudinarias- y
devolver esa propiedad a unas colectividades que, mientras tanto,
han cambiado mucho.
Reconociendo que los montes gallegos piden un tratamiento
especial, la ley de 1968 disponía que en un plazo de un año, la
Administración Forestal elabore una relación de Montes Vecinales en
Mano Común (previa investigación correspondiente) y se constituyan
los Jurados Provinciales para la calificación de los montes. La
investigación y calificación del monte se hará por el Jurado Provincial
a petición de los vecinos, aunque figuren en los inventarios
municipales, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, estén
consorciados o repoblados. A pesar de esta premura impuesta por la
Ley de 1968 y la ratificación que supuso la Ley autonómica, el
proceso de catalogación de los MVMC no se ejecutó con la rapidez
que estaba prevista. Es a mediados de los años 70 (sobre todo en la
provincia de Ourense) cuando se llevan a cabo la mayor cantidad de
declaraciones de Montes Vecinales en Mano Común y la consecuente
mayor superficie de monte. El resto de las provincias experimentan
unos procesos clasificatorios un poco más tardíos. Será a partir de
comienzos de los años 80 cuando el proceso se relentiza, continuando
hasta nuestros días, en que se siguen declarando MVMC.
4.5.2. Problemas y tendencias de gestión actuales
4.5.2.1. Tendencias
Marey M.F., 2003 muestra en su trabajo como en aquellos
municipios con mayor superficie forestal privada colectiva, la
23

superficie dedicada a usos agroganaderos disminuye, existiendo pues
una correlación negativa.
El mismo trabajo muestra que aquellos municipios de mayor
porcentaje de uso comunal se corresponden con los que presentan
mayores superficies dedicadas a monte desarbolado frente a aquéllos
de propiedad claramente particular. Se pone de manifiesto como la
pérdida de continuidad generacional en la gestión comunal de los
MVMC ha supuesto que en los últimos 30 años, el despoblamiento
rural origine fuertes caídas en la inversión en los terrenos comunales
ante la imposibilidad de disfrutar de las rentas forestales obtenidas.
Esto desemboca en que la superficie desarbolada se incremente en
aquellos municipios donde la representación superficial de MVMC es
también mayor por abandono de actividades agroganaderas propias
de estos terrenos. Se verifica de nuevo la correlación existente,
donde el incremento del terreno comunal supone un menor
porcentaje de terreno arbolado sobre el total forestal municipal.
Además, se puede observar como en los municipios con menor
proporción de MVMC, la representación superficial de las masas
arboladas productivas (Pinus pinaster Ait., Pinus radiata (D.) Don.,
Eucalyptus globulus Labill. y especies del género Populus sp) son
mayores.
Exceptuando la provincia de A Coruña, es la forma de gestión
directa por parte de la comunidad propietaria del monte la fórmula
más utilizada, destacando de forma importante las provincias del sur
de Galicia sobre las del norte (Grupo de Estudios dos Montes Veciñais
en Man Común do IDEGA, 2001c). El 45 % de la superficie vecinal
gallega está gestionada de forma indirecta a través de convenios (la
fórmula más ampliamente extendida) o de consorcios.
Los resultados obtenidos de la encuesta a presidentes y
secretarios de las Juntas Rectoras de las comunidades de montes, en
relación a los principales ítems de cada uno de los diferentes
apartados, se presentan a continuación.
24

Con relación al historial del MVMC, la primera pregunta está
referida a la utilización del monte vecinal a mediados del siglo XX. Se
observa como el uso mayoritario era el pastoreo, con un 38,31% de la
superficie dedicada a este uso. En segundo lugar se situaba con un
25% el arbolado, principalmente para el aprovechamiento de leñas.
En este punto señalar como a pesar de que el suelo era del conjunto
de vecinos, los árboles eran en la mayoría de los casos propiedad
individual. Como usos importantes, aunque ya minoritarios, se
situaban el cereal, principalmente centeno, con un 19% de la
superficie y, por último, la superficie destinada a la producción de
vegetación para cama del ganado con un 11%.
Relacionado con la gestión y organización del monte, la primera
pregunta analizada en este apartado, dirigida a conocer la visión que
los cuadros directivos de la Junta Rectora tienen del MVMC y en la que
se les permite seleccionar entre 4 respuestas alternativas o aportar
ellos otra respuesta, hay que señalar que para más de un 50% de los
encuestados la frase que mejor se acomoda a la visión que ellos
tienen de su monte vecinal es la de “Una explotación conjunta de
todos los vecinos”. Para algo más del 25% la frase sería la de “Una
actividad complementaria y poco explotada”. Como respuestas
minoritarias se sitúan la consideración del monte como un legado de
sus antepasados, con la consideración de otra finca más de su
propiedad, que solamente comparten un 11% de los encuestados,
siendo la opción menos compartida la que considera al monte vecinal
como una carga para los vecinos, que no se podrá explotar
correctamente si previamente no es dividida entre ellos, opinión
compartida por poco más del 2% de los encuestados.
La segunda pregunta relacionada con la gestión del monte está
orientada a conocer la participación de los comuneros en la
organización del Monte Vecinal en Mano Común. El resultado más
significativo es que en un 54% de las comunidades más del 50% de
los comuneros asisten habitualmente a las asambleas que se realizan.
En un 43% de las comunidades entre un 25% y un 50% de los
25

comuneros participan en las asambleas y tan sólo en el 3% de las
comunidades el porcentaje de comuneros que asiste es menor del
25%.
La tercera pregunta relacionada con la gestión de este tipo de
propiedad vecinal, está relacionada con la elaboración de planes de
actividades anuales. La respuesta de los gestores son desalentadoras,
ya que en un 68,5% de los casos no se elabora ningún tipo de plan de
gestión para el monte y tan sólo es realizado en un 25,7% de los
casos.
En la misma línea de la gestión y para aquellas comunidades en
las que existe total o parcialmente un acuerdo de consorcio o
convenio con la Administración Forestal, se observa como esta
presenta a la Junta Rectora un informe de las actuaciones previstas
en el monte de forma anual en el 62,5% de los casos y no lo hace en
el restante número de montes.
Una de las cuestiones más importantes que se plantea en la
actualidad en los MVMC es la posible evolución futura de la figura de
propiedad. Los resultados obtenidos indican que más del 82% de los
presidentes y secretarios de comunidades son favorables a que los
MVMC permanezcan en la misma figura y con la misma categoría y la
misma titularidad que en la actualidad, frente a un 17% que
consideran que su estatus actual no es el adecuado y que debe de ser
cambiado.
A la pregunta de cual debería de ser el nuevo estatus para el
monte vecinal, para el 100% de los que sostienen la necesidad de un
cambio, este pasaría por dividir el monte entre los actuales
comuneros, esto es, continuar con las actividades de partición de
MVMC desarrolladas desde comienzos hasta mediados del siglo XX.
Los dirigentes de la Junta Rectora aportan información sobre lo que
en su opinión piensan los comuneros. En su opinión las dos terceras
partes de los comuneros están de acuerdo en mantener la titularidad
del monte vecinal en mano común, mientras que un 20%, consideran
26

que los comuneros actuales serían más favorables a dividir el monte y
un 15% no saben cual es la opinión mayoritaria de los comuneros.
Entrando ya en el apartado relativo a la economía del monte, se
establece una división entre aquellas comunidades que reciben
rentas del monte en el último periodo de 5 años y aquellas otras que
no lo han hecho. En el primer grupo se encuentran el 73% de las
comunidades, mientras que en el segundo grupo se sitúa el restante
27%. El recibir dinero del monte vecinal de forma continua en el
tiempo es uno de los aspectos que más incide en el estado de
satisfacción de las comunidades. Los ingresos han procedido
mayoritariamente en un 68% de las corta de madera y tan sólo en un
32% de rentas por el alquiler de terrenos para compañías de telefonía
o minería (y más recientemente parques eólicos).
Con las sucesivas leyes de ordenación territorial y del suelo se
ha venido coartando en los últimos años la vocación tradicional de
uso múltiple de los MVMC, dando más importancia al uso forestal para
madera. La Ley 9/2002 de ordenación urbanística y de protección del
medio rural de Galicia, en vigor actualmente, en su artículo 32 integra
a los MVMC en la categoría de suelo rural de protección forestal, con
las limitaciones de usos que eso conlleva (artículo 37). Sin embargo
en las modificaciones a esta ley que se están preparando se
contempla ya la posibilidad de al elaborar los Planes Generales de
Ordenación Municipal incluir estos montes en otras categorías de
suelo rústico especialmente protegido que se consideren más
adecuadas (incluso podría incluirse una nueva si es aceptada en la
aprobación del Plan), lo que puede facilitar una gestión para uso
múltiple y, sobre todo, más acorde con las necesidades de cada zona.
4.5.2.2. Problemas
-No existe una delimitación clara de los montes (Valcárcel E.,
2003), con el problema añadido de la no coincidencia de los datos del
Catastro y los de los Jurado Provinciales de MVMC. Esta delimitación
27

sería interesante para evitar litigios por la propiedad e incluso en
algunos casos invasiones y ocupaciones de las que se dan
habitualmente (a veces permitidas por la comunidad), y facilitaría el
ordenamiento territorial en general (uno de los problemas
importantes detectados en la ordenación de las zonas rústicas es esta
ambigüedad en la delimitación de los MVMC).
- Se ha detectado falta de gestión y abandono en muchas zonas
donde las superficies vecinales, con grandes potencialidades, no
suscitan la autoorganización de las comunidades o son
infraexplotadas (Grupo de Estudios dos Montes Veciñais en Man
Común do IDEGA, 2001b).
- Ambigüedad en los estatutos de las comunidades (derivada de
la existente en la normativa) de algunos aspectos acerca de
vecindad, uso del monte, etc., debido a que en muchos casos han
sido redactados sin criterios concretos para cada monte.
- La ley no delimita claramente indicadores para determinar el
estado de grave abandono o degradación, que según el art.28 de la
Ley 13/89 deberían establecerse periódicamente. La declaración de
un MVMC en estado de grave abandono o degradación haría que la
Administración tuviera potestad para aplicar en él un Plan de Mejora y
Aprovechamiento, de forma que sería prácticamente como un
convenio forzoso. Además todavía existe poca información por parte
de la Administración sobre actuaciones y rendimientos esperados en
montes conveniados o consorciados, de los que la comunidad sería
copartícipe y se vería más motivada para conseguirlos (como se
comentó de los resultados de la encuesta).
- Las propuestas de uso a largo plazo en los MVMC (por ejemplo
el forestal) en ocasiones pueden ser complicadas de defender si el
reemplazo generacional de la comunidad no está asegurado, debido a
que el aprovechamiento posterior no será para los herederos, sino
para los que para entonces estén reconocidos como comuneros, a
diferencia de lo que ocurre en la propiedad privada particular.
28

Estos problemas han provocado en muchas ocasiones que se
incumplan las condiciones para buen funcionamiento de la gestión
comunal mencionadas anteriormente, lo que origina una “tragedia de
los comunes gallega”, cristalizada en el dicho popular de “cousas do
común, cousas de ningún”, y que han hecho y hacen que en muchas
zonas los montes vecinales estén claramente infrautilizados (Grupo
de Estudios dos Montes Veciñais en Man Común do IDEGA, 2001a),
(Marey M.F., 2003).
5. CONCLUSIONES
- La gestión comunal del territorio posee un alto potencial para
contribuir al uso múltiple y gestión sostenible del mismo.
- El tema del manejo comunitario de bosques esté en debate y
se hacen esfuerzos para llevar a buen término muchas iniciativas al
respecto en todo el mundo. Sin embargo, todavía es necesario
superar los obstáculos político institucionales y financieros que
existen. En este sentido, el Estado desempeña siempre un papel
clave, principalmente en lo que concierne a la revisión de las
exigencias legales para la aprobación de planes de gestión
promovidos por las comunidades.
- El asunto de la legalización de la propiedad con documentos y
deslindes llega tras un primer paso de reconocimiento de la
capacidad de gestión a las comunidades, aunque algunos problemas
estén agravados por inseguridad en tenencia (De Soto H., 2000).
- No se detectan diferencias respecto a metodologías generales
de gestión entre comunidades indígena y comuneros no
pertenecientes a minorías étnicas. Las diferencias son específicas
entre las distintas zonas y no están tanto vinculadas al hecho étnico
como al de los derechos de gestión tradicional, por ejemplo en la
regulación de usos por la comunidad, ya sea por reparto,
indivisibilidad, vínculo por vecindad y no simplemente por herencia,
etc., o las distintas opciones de uso (que no son las mismas en los
29

países en vías de desarrollo que en los occidentales, pero que no
están vinculadas a la existencia de grupos indígenas).
-Para el buen funcionamiento de la gestión comunal es básico
definir muy bien algunos aspectos (quien tiene derecho a explotar,
cuanto, como, donde, etc.) y quién debe decidir la gestión. A esto
puede ayudar una buena delimitación y cartografía de los terrenos. Es
necesario además tener cuidado de que no se creen expectativas
falsas en las comunidades, acerca del tiempo y esfuerzo que se
requiere para sacar adelante un buen plan de manejo forestal, y los
beneficios que este conllevará.
- Gran implantación histórica de los MVMC como ejemplos de
gestión comunal en Galicia, incluyéndose en el grupo de los
existentes como propiedad comunal históricamente que sigue
funcionando (si bien algunos de ellos entrarían, como se ha dicho, en
el grupo de gestión cedida por las comunidades a la Administración
Pública, o incluso a empresas privadas).
- Los MVMC cuentan con un gran potencial para fijar población
(al contrario que otros tipos de tierras de gestión comunal) por sus
particularidades de estar reconocida legalmente como propiedad
privada colectiva vinculada a la vecindad. Posiblemente sea menos
complicado fijar la población joven de las propias comunidades
mediante políticas apropiadas de ayudas y dinamización de los
MVMC, que la llegada de nuevos comuneros, lo que puede ocasionar
litigios por entender la comunidad que no cumplirían las condiciones
para el aprovechamiento aprobadas en los estatutos debido a su
ambigüedad.
-Potencial de MVMC para aplicar modelos de gestión
multiobjetivo por la componente social que representan, su tamaño
respecto a las parcelas particulares en el entorno gallego, así como
por el uso múltiple tradicional en ellos se daba que debe ser
recuperado y adaptado a las necesidades actuales (como Lugares de
Interés Comunitario, turismo, ocio a través de montes periurbanos,
canteras, parques eólicos e incluso usos urbanísticos). Podrían llegar
30

a convertirse en áreas que facilitaran la consecución de equilibrio
territorial.
- Los MVMC presentan también un alto potencial para la
implantación de estrategias participativas de gestión territorial. De la
encuesta se desprende que la gente participa en las asambleas y
abogan mayoritariamente por la continuidad en el régimen actual de
estos montes. A diferencia de lo realizado en el pasado, los gobiernos
deben comenzar a involucrar a la población y las comunidades en la
toma de decisiones, en el diseño y en la implementación de los
programas. La mejor herramienta para el manejo sustentable de los
bosques es el enfoque de 'abajo a arriba'. En términos simples, debe
encomendarse a la gente a que elabore sus propias preferencias en el
manejo de recursos (preferiblemente a través de instituciones
tradicionales ya establecidas, como la Asamblea de Comuneros y la
Junta Rectora elegida por la misma de los MVMC), con asesoría
técnica de la Administración Forestal o empresas contratadas para
ello.
- Como líneas de investigación futuras se podría crear una red
de montes modelo para estudiar por medio de encuestas y trabajo de
campo, que ayuden a definir grupos de MVMC de problemática
similar, para después realizar simulaciones de gestión multicriterio y
multiobjetivo según grupos de montes con problemática y
características similares, que sirvan además para mejorar el marco
legal que los regula. Otra línea importante sería implementar un
sistema mejorado de información cartográfica para este tipo de
montes.
6. AGRADECIMIENTOS
A Manolo y a Rafa, mis tutores, por todo. A la gente del
Laboratorio do Territorio de la USC (somos tantos...). A todos los míos,
por el apoyo (ellos saben quienes son).
31

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