La rendición de cuentas es esencial para la gobernabilidad, obligando a los funcionarios a informar y justificar sus acciones a la ciudadanía, lo que también fortalece la confianza social. La Declaración de Asunción establece principios rectores para mejorar esta práctica a través de mecanismos sólidos y efectivos, destacando la participación activa de la sociedad civil y la importancia de la transparencia y el marco legal adecuado. Las entidades de fiscalización superior juegan un papel crucial al promover estos principios y asegurar su aplicación continua en pro del buen gobierno.