A continuación presentamos nuestro diagnóstico en torno al estado de la transparencia y de la lucha contra la corrupción en el país, durante el período comprendido entre marzo y agosto de 2016. El objetivo del mismo es ejercer la contraloría ciudadana mediante el seguimiento al trabajo efectuado por diversas instituciones, y promover las buenas prácticas en materia de transparencia para contribuir a la transformación del Estado.

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DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE LA TRANSPARENCIA Y DE
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
A continuación presentamos nuestro diagnóstico en torno al estado de la transparencia y de la lucha contra la
corrupción en el país, durante el período comprendido entre marzo y agosto de 2016. El objetivo del mismo es ejercer
la contraloría ciudadana mediante el seguimiento al trabajo efectuado por diversas instituciones, y promover las
buenas prácticas en materia de transparencia para contribuir a la transformación del Estado.
En los últimos meses, a pesar de los señalamientos que se han venido haciendo desde hace varios años, se ha visto
que persiste el abuso y la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. En el ejercicio de las facultades
discrecionales a cargo de funcionarios de instituciones y empresas estatales, se continúan evidenciando
arbitrariedades al aprobarse gastos destinados a fines que no están justificados, ni por la naturaleza de las
instituciones y mucho menos en la ley.
Se ha conocido sobre la compra de alimentos y bebidas alcohólicas en fines de semana, uso de vehículos oficiales
para viajes privados durante períodos vacacionales y otros gastos que suelen resumirse en el rubro de “atenciones a
visitas oficiales”. Esta clase de abusos ponen en evidencia a funcionarios que consideran el ejercicio del cargo público,
más que un servicio, un disipado medio de vida costeado con los recursos que provienen de los contribuyentes. Los
más recientes casos involucran a miembros de la Asamblea Legislativa, CEPA y ANDA, pero no son los únicos; todos
comparten el denominador común de infringir principios de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), como el de
“Eficacia” y “Supremacía del Interés Público”. Mientras varios funcionarios disfrutan de tales excesos, las entidades
contraloras se encuentran sumidas en la acefalía o la ineficacia, lo que obstaculiza la vigilancia efectiva del
desempeño de aquellos en la administración de los bienes públicos. A esta fecha, la Corte de Cuentas de la República
carece de titulares, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, aplaude la devolución
de una fracción de lo derrochado por funcionarios de CEPA, sin tomar alguna otra medida correctiva al respecto y el
Tribunal de Ética Gubernamental apenas logra un primer caso de alto perfil luego de diez años de letargo.
Para el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos a favor de la transparencia, se cuenta con importantes
instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención
Interamericana contra la Corrupción y la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Por tanto, es importante aprovechar
la quinta ronda de análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción (MESICIC), cuyo informe de país fue presentado en marzo. De igual manera, debe aprovecharse
la oportunidad que se abre con la elaboración del nuevo Plan de Acción del AGA (2016-2018), incluyendo
compromisos concretos y de impacto real en el país para luchar contra la corrupción y promover un gobierno abierto,
eficaz y responsable, procurando espacios para la participación ciudadana y una gobernanza abierta y colaborativa.

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En consonancia con lo anterior, deben fortalecerse los mecanismos que garanticen la libertad de expresión, pues el
derecho de difundir y expresar libremente las ideas y pensamientos constituye un derecho fundamental, y es vital
en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. En nuestro caso, la organización global
“Reporteros sin Fronteras”, en su más reciente informe sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo,
identifica a El Salvador como el país que presenta el mayor descenso en lo que al respeto a dicha garantía se refiere,
retrocediendo 13 posiciones con relación al 2015 y ocupando la posición 58 de 180 países evaluados (informe
disponible en http://www.rsf-es.org/news/clasificacion-mundial-2016-analisis-america/).
Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la situación de violencia que
enfrentan los periodistas en El Salvador. A tales riesgos, se deben agregar los obstáculos que constantemente se
imponen al ejercicio del periodismo: la realización de conferencias de prensa sin derecho a preguntas, las
restricciones al ejercicio del periodismo dentro de instalaciones oficiales y las demandas penales contra los autores
de reportajes de investigación, por solo mencionar algunas.
Complementario al ejercicio de la libertad de expresión, el acceso a la información pública constituye una
herramienta valiosa para combatir la corrupción y garantizar la transparencia; en este sentido se destaca que el
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha continuado ejerciendo sus atribuciones principales de
“garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública”. Sin embargo, en el ejercicio de dichas
atribuciones no ha estado exento de señalamientos, ejemplo de ello es la demanda de amparo presentada a finales
del año pasado contra el IAIP, ante la resolución que confirmó la negativa de la Presidencia de la República de
entregar datos sobre viajes presidenciales, la cual refleja la aplicación por parte del mismo de un criterio más laxo
cuando se trata de ordenar el acceso a información pública que puede considerarse políticamente sensible, o que
involucre a las más altas esferas del poder Ejecutivo o que este último considere unilateralmente como materias
propias de inteligencia o seguridad nacional.
Un signo positivo es que el uso de la LAIP por parte de los ciudadanos ha ido en aumento cada año, en el 2015 la cifra
fue de 392 y hasta el mes de julio del presente año el Instituto ha conocido 268 casos. A los datos cuantitativos se
suma la construcción de más información cualitativa con la presentación a mediados del presente año del diagnóstico
de fiscalización de instituciones que abarca a 45 instituciones oficiales que pertenecen a todos los órganos del Estado,
ministerios, alcaldías municipales y autónomas. Lo anterior constituyen acciones concretas ejecutadas por el IAIP a
partir de un presupuesto limitado -que debería fortalecerse para 2017-, demostrando voluntad para responder a la
creciente demanda ciudadana de acceder a información y contar con mayor transparencia en las instituciones
estatales y municipales.
Cabe mencionar que, para el buen funcionamiento del sistema de acceso a la información, se requiere de un IAIP
independiente. El perfil de los comisionados, quienes deben ser personas con comprobada capacidad, probidad e
independencia de afiliaciones partidarias, cobra mayor importancia cuando en febrero del próximo año culminan su
cargo dos de ellos, debiendo el Presidente Sánchez Cerén nombrar nuevos comisionados a partir de las ternas que
propongan los sectores de la empresa privada y las universidades.

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El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) fue creado hace 10 años con el objeto de “normar y promover el
desempeño ético en la función pública, salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la
corrupción de los servidores públicos, que utilicen los cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente o cometer
otros actos de corrupción”. A lo largo de esta década, el trabajo del TEG ha sido cuestionado, debido a que no se han
visto resultados significativos a partir de la labor que tiene asignada, basada en velar por que los servidores públicos
actúen conforme los principios de la ética pública: probidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia
y eficacia, entre otros. Si bien es cierto que entre sus funciones está capacitar a los servidores públicos y difundir los
principios establecidos en la ley, también es la entidad responsable de imponer sanciones por infracciones a la ética,
además de definir mecanismos para garantizar la transparencia y de fomentar el uso racional de los recursos
públicos.
A mediados del presente año, el TEG exoneró al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, de cuatro
denuncias presentadas en su contra. Días después de esta resolución y como respuesta a la crítica recibida por la
misma, el TEG publicó un informe en el que dio a conocer los funcionados públicos sancionados por violaciones a la
LEG, indicando que se ha sancionado a 133 personas con multa o amonestación escrita; estas sanciones son resultado
del trabajo efectuado en 10 años. De la misma forma, en julio de 2016 se dio a conocer que el TEG sancionó por
unanimidad al exfiscal Luis Martínez, por recibir beneficios indebidos de un empresario que estaba siendo
investigado por la FGR en el período en que Martínez fungía como Fiscal General. Este probablemente constituye el
caso más destacado desde la creación del TEG.
Con respecto a la Corte de Cuentas de la República (CCR), a pesar de ser la institución que tiene la función
fiscalizadora de los fondos públicos, su efectividad ha sido minada por su histórica y notoria falta de independencia.
Esto se debe, en alguna medida, a que para la elección de los magistrados de la CCR solo se requiere una mayoría
simple, a diferencia del resto de funcionarios de segundo grado. En junio de 2016, por cuarta vez, la Sala de lo
Constitucional ha declarado que la elección de la CCR incumple con los criterios de la Constitución, puesto que la
Asamblea Legislativa no ha motivado la idoneidad y por existir vinculación partidaria de las personas electas.
La Fiscalía se encuentra investigando irregularidades en la tramitación de juicios de cuentas, en los cuales jueces de
primera instancia de la CCR dejaron caducar hasta 48 juicios, cuyo monto de reparos ascendía a US$2.2 millones. La
CCR también presenta anomalías en la contratación de personal y en gastos excesivos e injustificados. A pesar de
que la Asamblea Legislativa ha ordenado auditorías a la CCR, las cuales contienen varias observaciones, estas no han
tenido repercusiones que permitan corregir los señalamientos.
En cuanto a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, se conoce que está realizando exámenes de las
declaraciones patrimoniales de más de 40 funcionarios y exfuncionarios. Sin embargo, desde que en febrero del
presente año la Corte Plena ordenara el inicio del juicio civil por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Elías
Antonio Saca, no se han conocido mayores avances. En mayo de 2016, a partir de una solicitud de información, la
Corte Plena aprobó los criterios para investigar los casos en la Sección de Probidad, estos son: la antigüedad, la
relevancia del cargo, el acceso a fondos públicos y los casos que los ciudadanos hayan denunciado.

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Por su parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, continúa conociendo el caso de la
inconstitucionalidad de la Ley de Probidad, aprobada en diciembre de 2015; mientras tanto la Sección de Probidad
debe continuar aplicando la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, dada la
medida cautelar que impidió la entrada en vigencia de la nueva ley, y fue por ello que se iniciaron los casos contra
los expresidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca. Sin embargo, urge que pronto se pueda conocer un fallo, y
que se proceda por parte de la Asamblea Legislativa a acatar dicha sentencia.
La lucha contra la corrupción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ha tenido hitos sin precedentes
este año. En febrero de 2016, se iniciaron los primeros juicios civiles por enriquecimiento ilícito contra dos
expresidentes de la República -Antonio Saca y Mauricio Funes- por orden del Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
los cuales con posterioridad han sido impulsados por la FGR. En abril de este año, la FGR detuvo a 17 personas
acusadas de ser parte de redes de corrupción municipal, entre las que se encontraban los actuales alcaldes de los
municipios de Monte San Juan, El Congo y San Rafael Cedros.
Los casos con mayor impacto han sido los revelados al público en el mes de agosto de 2016. El primero se trata de
una investigación contra el expresidente Mauricio Funes por cinco delitos de corrupción, en relación a la cual se
allanaron propiedades del empresario y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El
Salvador (CIFCO), José Miguel Antonio Menéndez Avelar. En otro caso, la FGR imputó al exfiscal general Luis Martínez
delitos relacionados con el abuso de su cargo para beneficiar al empresario Enrique Rais; el caso se ha judicializado
y ha pasado a fase de instrucción, habiéndose imputado ocho personas, entre las que se encuentran el exfiscal,
abogados defensores, personeros de la fiscalía y el empresario antes mencionado.
El Fiscal General ha denunciado presiones que intentan minar su independencia, así como filtraciones de información
e irregularidades en la tramitación de casos, y ha solicitado un mayor apoyo, para que la FGR funcione
adecuadamente. Combatir la corrupción es una función intrínseca que debe realizar la FGR para defender los
intereses del Estado y de la sociedad, por lo que es importante que se le dote de mayores recursos a esta institución
tan importante en nuestro Estado de derecho. La FGR tiene la obligación de presentar casos debidamente
sustentados con pruebas robustas para que existan sanciones penales por los supuestos actos de corrupción, y por
su parte los jueces que intervendrán en las distintas fases de los procesos penales deben actuar con rectitud y con
estricto apego a la ley.
En los últimos meses se han conocido más casos de corrupción que han sido judicializados, lo cual debe ser tomado
como un signo de avance y que las instituciones están cumpliendo con sus atribuciones para combatir el flagelo de
la corrupción y para garantizar la ética en los servidores públicos, así como la eficiencia y la transparencia en el uso
de los recursos del Estado. Esto es motivo de esperanza en la ciudadanía e invita a comprometernos a mantener una
participación activa en los asuntos públicos, vigilando el cumplimiento de los principios del Estado de derecho,
alentando la práctica de valores éticos y exigiendo que en el país se den los pasos necesarios para avanzar hacia la
instauración de una cultura de transparencia y cero tolerancia a la corrupción.
San Salvador, septiembre de 2016.