Este documento argumenta en contra de un beneficio tributario propuesto en Chile que permitiría a los contribuyentes con ingresos entre $560.000 y $1,5 millones descontar hasta $200.000 anuales por hijo en gastos educativos. El documento sostiene que (1) esta política es socialmente regresiva al beneficiar a familias de ingresos medios-altos, (2) en lugar de fortalecer el financiamiento compartido de la educación debería reducirse para mejorar la equidad, y (3) reforzaría la educación