Este decreto establece un régimen general y especial para simplificar trámites y procedimientos administrativos ante entidades públicas. Busca proteger los derechos de ciudadanos y empresas al interactuar con la administración, eliminando requisitos innecesarios y promoviendo la buena fe, simplicidad, celeridad y economía procesal. También regula aspectos específicos en áreas como servicios públicos, hacienda, justicia, defensa y salud.