El documento habla sobre el derecho procesal civil internacional. Explica que este derecho determina la jurisdicción y competencia de los tribunales en casos con elementos extranjeros, así como el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. También discute conceptos como jurisdicción directa e indirecta, y cómo la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela regula estas áreas.

1. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL
Integrante:
HENRYAGUILERA. C.I, 6.518.884
Barquisimeto, junio del 2015

2. DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL
El derecho internacional privado utiliza normas internas de los derechos
de los estados y reglas jurídicas internacionales que con forman lo que, se
conoce como derecho procesal internacional, que comprende la jurisdicción y
competencia, las formas de proceder o actividad procesal y el
reconocimiento y ejecución de sentencias extrajeras.
DETERMINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN O COMPETENCIA PROCESAL
INTERNACIONAL.
En su acepción de facultas jurisdictionis, la jurisdicción es una potestad
estatal resultante de su soberanía, que consiste en componer conflictos
intersubjetivos con fuerza de cosa juzgada. Desde esta óptica, la jurisdicción es
una función del Estado, una función exclusivamente suya.
Tal potestad se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo
el territorio, en la forma establecida por la Constitución y las leyes. De esta
manera, la función jurisdiccional se dirige a ordenar y corregir las relaciones
privadas de acuerdo con los principios y normas del Derecho objetivo.
La jurisdicción tiene dos límites. Un límite interno, que consiste en la
distribución entre distintos órganos de un Estado de esa potestad, es decir la
jurisdicción ejercida por los órganos judiciales debe respetar lo que es propio
de otras ramas del Poder Público, en especial de la Administración Pública. Y
un límite externo o internacional, el cual se relaciona con el ámbito general que
abarca o comprende a esa jurisdicción, esto es, la jurisdicción de los órganos
judiciales de un Estado no va más allá de su territorio, llega hasta donde
alcanza la soberanía estatal.
Desde una óptica internacional privatista, la noción de jurisdicción debe
estructurarse tomando en cuenta dos elementos: el límite externo y un tipo
específico de litigios, los del tráfico jurídico internacional. Esto es, la jurisdicción
es la potestad de un Estado para conocer y decidir con fuerza de cosa juzgada
un caso con elementos de extranjería relevantes.
La jurisdicción, al igual que la competencia territorial interna, permite
determinar cuál es el juez territorialmente competente, pero existe una
diferencia sustancial entre ambas nociones: en los supuestos de jurisdicción
nos encontramos ante diversidad de órganos jurisdiccionales según el número

3. de Estados soberanos involucrados y, en los de competencia territorial interna
con pluralidad de circunscripciones dentro de un mismo Estado.
En el sistema venezolano las nociones de jurisdicción y competencia
territorial interna están plenamente diferenciadas. La primera es presupuesto
lógico necesario para el ejercicio de la segunda, de manera que ambas se
encuentran en una relación de lo preliminar a lo sucesivo. El examen sobre la
jurisdicción se realiza en abstracto, es decir, por referencia al orden jurídico
tomado en su conjunto, el problema sobre la competencia interna sólo se
abordará después de haber dado una respuesta afirmativa a la pregunta sobre
jurisdicción. Esto es, el funcionamiento de las normas de competencia territorial
interna se supedita a la resolución afirmativa del problema sobre jurisdicción,
de tal manera que, la primera complementa a la segunda. La competencia por
sí sola no determina la jurisdicción, salvo que el legislador nacional disponga
otra cosa.
También, desde el punto de vista normativo podemos establecer diferencias
entre ambas nociones. Las reglas sobre jurisdicción se dirigen a delimitar el
poder de juzgar de los órganos judiciales de un Estado, considerados en su
conjunto; mientras que las de competencia territorial interna determinan el
tribunal específico, dentro de la distribución del poder público, encargado de la
administración de justicia.
En la Ley de Derecho Internacional Privado se optó por incluir regulaciones
sobre jurisdicción y sobre competencia territorial interna, con el fin de evitar
incompatibilidades o incongruencias entre ambas. Así, una vez atribuida la
jurisdicción conforme a este instrumento legal, no es posible que, en la
práctica, no exista un tribunal competente en la esfera interna. Justamente, fue
éste el problema que se presentó en un caso de divorcio del cual conoció la
entonces Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, con
ocasión de un recurso de regulación de jurisdicción, en el cual se resolvió que,
vista la dificultad para determinar el tribunal competente por el territorio una vez
atribuida la jurisdicción a los tribunales venezolanos “basta la existencia de un
elemento de conexión entre el asunto que se discute y la jurisdicción de los
tribunales de algún determinado país, para que estos mantengan su
competencia territorial para conocer y rechacen toda pretensión de declinatoria
que se les plantearerti).
Partiendo de un concepto amplio de jurisdicción, podemos afirmar que no
sólo comprende la potestad de los tribunales de un Estado para conocer y
decidir de un litigio, sino también la que tienen los jueces de un Estado
extranjero para dictar fallos cuyo reconocimiento y ejecución deba asegurarse
fuera de su territorio, esto es, abarca tanto la jurisdicción directa como la
indirecta. Diferenciando ambas nociones encontramos que la jurisdicción es
directa cuando el juzgador de un Estado determinado examina su propia

4. potestad para resolver la controversia que le es sometida para su resolución.
En cambio, la jurisdicción es indirecta cuando la autoridad competente del foro
verifica la actividad jurisdiccional de los tribunales de un Estado extranjero con
ocasión de una de las siguientes situaciones:
• Cuando le es solicitada su cooperación judicial internacional para el desarrollo
de actos relacionados con un proceso que se ventila en el extranjero;
• Cuando se le presenta una sentencia extranjera con la finalidad de asegurar
su eficacia extraterritorial; o
• Cuando se analiza la procedencia de las excepciones de litispendencia,
conexidad o cosa juzgada internacional para evitar la multiplicidad de litigios y,
con esto, la posibilidad de sentencias contradictorias dictadas por tribunales
pertenecientes a Estados distintos.
En el sistema venezolano, en principio, los problemas de jurisdicción y Derecho
aplicable son independientes. Constituye una regla el hecho de que la cuestión
sobre jurisdicción sea previa al conflicto de leyes. Esto es, cuando en la
relación jurídica controvertida exista uno o varios elementos extranjeros el juez
tendrá que determinar si posee jurisdicción y, en ejercicio de ella resolverá el
fondo del litigio aplicando según proceda, en virtud de sus reglas de conflicto, el
Derecho material del foro o uno extranjero.
APLICACIONES DE LA LEY EXTRANJERA
La disciplina del Derecho Procesal Civil Internacional está regulada en los
capítulos IX, X y XI, artículos 39 a 52, 53 a 55 y 56 a 62, respectivamente, de la
Ley de Derecho Internacional Privado ("LDIP"). Allí se consagran reglas sobre
la jurisdicción, la competencia, la eficacia de las sentencias extranjeras, la
forma de los actos procesales, la cooperación judicial internacional, la
aplicación del derecho extranjero y los recursos procesales. La LDIP
igualmente regula la prueba de los actos en su artículo 38. Se extiende, por lo
tanto, a todas las áreas del Derecho Procesal Civil Internacional. Acoge así la
LDIP una concepción amplia del Derecho Internacional Privado (1). Esta
exposición sin embargo, se limita a discutir lo relativo a la jurisdicción, la
competencia interna -que no es propiamente tema del Derecho Procesal Civil
Internacional, pero sí íntimamente relacionado-, la regulación de jurisdicción, la
litís pendencia internacional y la eficacia de las sentencias extranjeras.
La jurisdicción en el derecho internacional privado tiene como fin crear
derecho con valor internacional concentrados en la competencia legislativa,

5. en la judicial y en la competencia ejecutiva de un estado cuando un tribunal
debe resolver un proceso que pertenece al ámbito del derecho internacional.
La jurisdicción se encuentra delimitada por la legislación a que
pertenece, la cual determina su alcance y la legislación puede prohibir el
conocimiento de los litigios que nazcan en el extranjero, produciendo lo que
se denomina conflicto de competencia negativa, cuando en un problema
interno se plantea un conflicto de competencia o de jurisdicción siempre
habrá un tribunal superior que dirimirá la controversia; pero cuando el tribunal
declara competente al otro país, y este a su vez declara competente al
primero, no habiendo un tribunal superior, puede aparecer la negación de
justicia. Algunos autores aconsejan el aumento de o la extensión de la
competencia judicial por fuera de las limitaciones que la ley impone, con base a
la equidad.
INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN
Es la cual aparece cuando existe una controversia de derecho privado entre
dos Estado, pues ninguno de ellos podrá pretender que otro se someta a la
decisión de sus tribunales. La doctrina ha tratado de establecer la diferencia del
“jus imperii” del estado en ejercicio de su poder y autoridad, y el “jus gestione”
donde actua como ente privado
También existe la inmunidad de jurisdicción para ciertos extranjeros
privilegiados que gozan de inviolabilidad personal y de domicilio, tales son los
jefes de estado y de gobierno y los agentes diplomáticos.
LOS CONVENIOS DE LAS PARTES
La voluntad de las partes también es admitida para la determinación de
la competencia, pero con las limitaciones contempladas, en las
consideraciones del orden territorial y de orden público de cada estado.
EL ARBITRAJE
El arbitraje tanto desde el punto de vista nacional como internacional
privado ha tenido buena acogida por el recelo, gastos, y demoras que producen
los procesos judiciales

6. Cuando el contrato que contenga el compromiso de arbitraje no este
conectado con el elemento de extranjería, no hay la menor duda que el
derecho que regulara las condiciones por las cuales ha de regirse el
compromiso o clausula arbitral y las normas imperativas de procedimiento a
que los árbitros deben sujetarse, será aquel con el cual esté conectado y
podríamos hablar de un arbitraje interno.
Pero la situación es diferente si el arbitraje aparece conectado con
diferentes legislaciones, existirá el conflicto de leyes respecto a la posibilidad
del compromiso o clausula compromisoria, en cuanto al procedimiento
propiamente dicho y a la ejecución del laudo en un país distinto a aquel en cual
se dicto.
La capacidad para comprometerse en arbitraje se determina por el
estatuto personal, ley de ,la nacionalidad o del domicilio según el caso, de
cada una de las partes.
La forma regirá el principio “locus regit actun”, ley del lugar del otorgamiento
del compromiso y el fondo por el principio de la autonomía de la voluntad.
EL TRATAMIENTO DEL EXTRANJERO EN EL PROCESO
El nombramiento de los árbitros, su aceptación, los poderes acordados y el
procedimiento arbitral será acordado por las y en su defecto a la ley del Apis
donde se ha de efectuar, teniendo como limitante el respeto de los derechos de
la defensa y al orden publico del país en el que posteriormente se pida el
reconocimiento y ejecución de la sentencia o laudo.
Ya anotado que el procedimiento ha de ajustarse a lo acordado por las
partes, entre ellos, el lugar del arbitraje y el derecho de país lo ha de regular,
pero si ambas designaciones recaen en distintos estados, pudiera ocurrir que
la incoincidencia produjera la ineficacia, por ellos algunas convecciones
estipulan que en ausencia de la voluntad de las partes, el procedimiento debe
ajustarse a lo que la misma convención establece y no a la ley del lugar
donde se lleva a efecto el arbitraje.
El arbitraje puede ser administrado por reconocidas instituciones de arbitraje
internacional, tales como la Cámara de Comercio Internacional, el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi), o la
Corte de Arbitraje Internacional de Londres, o puede realizarse de manera ad
hoc, conforme a los procedimientos especificados por las partes o establecidos
por el tribunal arbitral.

7. EL RÉGIMEN DE LA PRUEBA EN LOS CONFLICTOS PROCESALES DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
La prueba, presenta aspectos cuyo examen interesa al Derecho
Internacional Privado, ya que el periodo probatorio en los procesos
internacionales tiene problemas que le son propios y que corresponde resolver
al Derecho Procesal Internacional. En efecto, intentada la acción, traída a juicio
la parte demandada por medio de la citación, esta alega a su defensa la cual
puede estar constituida por excepciones, llamadas vigentes, llamadas en el
Código de Procedimiento Civil, Los problemas que se le plantean al Derecho
Internacional Privado, son los que se refieren al onus probandi, o sea a quien
incumbe la prueba, la admisión de los diversos medios de prueba, la manera
de rendirla y su apreciación. El Derecho Internacional trata de dilucidar qué ley
debe regir la carga por la prueba, o tratándose de una relación o acto jurídico o
un hecho que haya ocurrido en el extranjero. Es la ley del Juez que conoce del
asunto o debe ser la ley que rige la relación jurídica litigiosa. La solución
depende del concepto que se tenga de las pruebas.

8. BIBLIOGRAFÍA:
Ley de Derecho internacional privado. Libro Homenaje a Gonzalo Parra
Aranguren. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje
Nº 1, 2001, T. I-III.
Temas de Derecho internacional privado. Libro Homenaje a Juan María
Rouvier. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje Nº
12, 2009.
Ley de Derecho internacional privado comentada. Caracas, FCJP, UCV,
2005.
Internet.