La ley de amparo tuvo su origen en el siglo XIX en México como un medio de control constitucional contra actos del gobierno. Se incorporó en las constituciones de 1857 y 1917 para proteger las garantías individuales de los ciudadanos. La nueva ley de amparo de 2016 amplía la protección a todos los derechos humanos reconocidos en la constitución y tratados internacionales, permite que las sentencias tengan alcance general para proteger grupos, y faculta a personas morales a interponer recursos de amparo de manera colectiva.