El principio de territorialidad establece que la ley penal de un estado se aplica a delitos cometidos dentro de su territorio, siendo fundamental para la soberanía estatal. En la República Dominicana, la extradición es un procedimiento judicial regulado por la ley, donde el poder ejecutivo tiene la autoridad para solicitar y conceder extradiciones bajo ciertos criterios y condiciones. Además, existen excepciones específicas en las que no se concede la extradición, como delitos políticos o infracciones no sancionadas por la ley penal dominicana.