Este documento critica las declaraciones del presidente Santos que descalifican una sentencia judicial sobre desapariciones forzadas durante la toma del Palacio de Justicia en 1985. El documento pide que se respeten las decisiones judiciales, que el presidente rectifique sus declaraciones, y que se garanticen la seguridad e independencia de los funcionarios judiciales al juzgar graves violaciones a los derechos humanos.