El documento describe la reforma del sistema de justicia penal de Chile, introduciendo un nuevo sistema acusatorio con nuevas instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. El objetivo es separar las funciones de investigación y sentencia, hacer el proceso más eficiente, transparente y con respeto a los derechos de los imputados. La reforma se implementará gradualmente en todas las regiones del país entre 2000 y 2004.