El documento describe la reforma del sistema procesal penal en Chile, pasando de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Las principales características del nuevo sistema incluyen la separación de funciones entre investigación y juzgamiento, la realización de juicios orales y públicos, y la creación de la Defensoría Penal Pública para proveer representación legal a los acusados. El documento también explica los principios de imparcialidad, publicidad, concentración e inmediación que rigen el nuevo sistema.