La reforma procesal penal en Chile fue el cambio más grande en la estructura de justicia penal en el país. Iniciada en 2000, reemplazó el antiguo sistema inquisitivo por uno acusatorio donde se separan las funciones de investigación, acusación y sentencia entre nuevos organismos como el Ministerio Público y tribunales orales. También creó leyes para tratar a adolescentes infractores bajo un enfoque de justicia restaurativa con sanciones diferenciadas y programas de reinserción.