El documento discute las políticas lingüísticas en Cataluña, Euskadi y Galicia que promueven el uso del catalán, euskera y gallego, respectivamente. Algunos argumentan que estas políticas perjudican el aprendizaje y uso del castellano. Los defensores de las políticas dicen que el objetivo es proteger las lenguas minoritarias frente a la dominancia del castellano, sin amenazar este idioma, que no corre peligro. El debate gira en torno a los derechos individuales de educación frente al interés de promover las