El documento identifica varias necesidades educativas como el ausentismo de los representantes legales, la deserción escolar, bajos estándares de calidad educativa y poca participación estudiantil. También menciona la falta de motivación estudiantil, familias autoritarias, escasez de recursos pedagógicos y la necesidad de priorizar la educación sobre el trabajo. Propone implementar procesos de acompañamiento a los representantes legales y docentes para mejorar la práctica educativa y la inclusión.