Este documento proporciona criterios para identificar buenas prácticas territoriales relacionadas con la gestión de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Define una buena práctica como una experiencia exitosa e innovadora que puede servir de guía para otras regiones. Establece 22 criterios técnicos agrupados en cinco categorías: generales, implementación y seguimiento, gasto público, arquitectura institucional y participación. Para ser considerada una buena práctica, una iniciativa debe cumplir al menos