El documento analiza la composición del empleo formal en la Argentina y los efectos de las políticas laborales centralizadas. Más de la mitad del empleo formal es generado por pequeñas empresas con menos de 100 empleados, mientras que solo el 26% proviene de grandes empresas. Fijar reglas laborales de forma centralizada, como aumentos salariales obligatorios, perjudica desproporcionadamente a las pequeñas empresas al imponerles mayores aumentos de costos. Políticas diferenciadas según el tamaño de la empresa serían más apropiadas para el merc

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16 de Octubre de 2016 – Número 674
GRANDES EMPRESAS GENERAN SOLO
1 DE CADA 4 EMPLEOS FORMALES
La administración centralizada de la política laboral toma como referencia a las
grandes empresas y es poco sensible con las limitaciones de las empresas más
pequeñas y menos productivas. La respuesta a esta discriminación es la alta
informalidad, que llega a ser masiva en las regiones más postergadas. Se deben
repensar las instituciones laborales incorporando criterios más descentralizados
que incluyan la necesidad de la mayoría y no sólo la de la elite más productiva.
El gobierno nacional anunció un bono de $1.000 para los jubilados con el haber mínimo y los
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Además, para apaciguar las amenazas de
huelga de las centrales gremiales, se eximió del impuesto a las ganancias al medio
aguinaldo. Procurando atenuar la regresividad de la medida (por eximir de impuesto a los
trabajadores de mayores salarios), se estipuló un límite a la exención en $55 mil de salario.
Los sindicatos insisten con la demanda de que se imponga a los empleadores de todo el
país el pago de un bono de fin de año. Una primera limitación es que este bono alcanzará
sólo a la mitad de los ocupados, que son los asalariados formales. Una segunda
consideración es que implica aplicar igual regla a situaciones muy diferentes.
Para observar las diferencias en el aparato productivo se puede apelar a datos de la AFIP
proyectados al año 2016. Con esta fuente se estima que las empresas del sector privado
generan unos 6,5 millones de empleos asalariados registrados a un salario promedio de
$20 mil mensuales. Desagregando por tamaño de empresa aparece que:
• Las empresas con más de 500 trabajadores generan el 26% del total del empleo
asalariado registrado y pagan un salario promedio de $30 mil mensuales.
• Las empresas entre 100 y 500 trabadores explican un 23% del empleo asalariado
formal total con una remuneraciones promedio de $21 mil.
• Las empresas con menos de 100 trabajadores representan el 51% del total del
empleo privado y la remuneración promedio es de $15 mil.
Estos datos muestran que más de la mitad del empleo asalariado privado formal es
generado por empresas con menos de 100 empleados. En contrapartida, apenas 1 de cada

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4 asalariados privados registrados está en una empresa grande. Considerar esta
composición del empleo es relevante porque las capacidades productivas son muy
diferentes. En este sentido resulta muy sugerente que el salario promedio de las grandes
empresas duplique la media de remuneraciones en las empresas más pequeñas.
Fijar reglas de manera centralizada lleva a ignorar estas profundas brechas de
productividad. Representantes empresariales, sindicales y funcionarios nacionales
toman decisiones basados en la realidad de las grandes empresas, lo que fatalmente
implica discriminar a las PYME. A modo ilustrativo, un bono de $3.000, monto que estarían
demandando los sindicatos, representa un 10% de aumento de costo laboral para una
empresa grande, pero llega al 14% entre las medianas y al 20% para las pequeñas. En la
perspectiva regional, en las provincias del norte argentino el aumento de costo laboral sería
superior al 20%, al estar conformadas masivamente por micro y pequeñas empresas.
Eximir del impuesto a las ganancias e imponer aumentos centralizados de salarios es
regresivo. Primero, porque alcanzan sólo a los asalariados formales excluyendo a los
empleados informales y a los cuentapropistas (que son la mitad de los ocupados y perciben
ingresos más bajos). Segundo, porque perjudica a las PYME al imponerles aumentos de
costo laboral que duplican al de las grandes empresas. Tercero, porque las exenciones del
impuesto a las ganancias benefician mayoritariamente a los trabajadores de las empresas
más grandes. Así, los más beneficiados son las grandes empresas, porque sufren menos
aumento de costo laboral que las PYME, y sus trabajadores, porque complementan el bono
con menos pago del impuesto a las ganancias.
Es de alta hipocresía declarar la defensa de las PYME y el compromiso con los pobres
e insistir con políticas laborales centralizadas y renegar del impuesto a las ganancias.
Los aumentos coercitivos y centralizados de salarios pueden ser instrumentos apropiados en
países donde prevalecen las grandes empresas, como en EEUU, Europa o Asia. Pero en
mercados laborales tan segmentados, como el argentino, donde la mitad trabaja en la
informalidad y de los formales sólo un cuarto se desempeña en grandes empresas, la
centralización genera desigualdad y exclusión.
Diferencia de salarios por tamaño de empresa de los
asalariados privados registrados
Las fuentes y los
datos en formato
Excel utilizados en
este informe pueden
ser solicitados a
info@idesa.org