Este documento presenta el programa de la asignatura Historia Constitucional Argentina dividido en 14 unidades que abarcan desde la época hispánica hasta la época constitucional. La primera unidad introduce conceptos básicos de metodología histórica y las instituciones precolombinas. Las siguientes unidades cubren temas como la organización política e instituciones jurídicas durante la colonia, el proceso de emancipación y las primeras constituciones argentinas.

1. 1
HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA
MÓDULO ÚNICO
CARRERA: ABOGACÍA
Curso: 1º AÑO
PROFESOR: FERNANDO SARAVIA TOLEDO
SALTA - 2011

2. 4

3. 5
IndiceGeneral
I. Programa de la asignatura .....................9
II. Bibliografía ..........................................14
III. Evaluación y condición
para regularizar la materia ..................15
IV. Característica de la
asignatura ...........................................16
V. Guía de Estudios.................................21
UNIDAD I ............................................ 21
UNIDAD II........................................... 25
UNIDAD III.......................................... 27
UNIDADIV.......................................... 29
SISTEMA JUDICIAL INDIANO ...............29
UNIDADV........................................... 31
Anexodelecturascomplementarias
ANEXO Nº 1 ...........................................37
LOS TEOLOGOS Y JURISTAS
ESPAÑOLES DE LOS
SIGLOS XVI Y XVII .............................37
Francisco de Vitoria ................................38
Domingo de Soto (1495-1560) ................43
Francisco Fernando Vázquez de
Menchaca (1512-1579)
Domingo Bañez (1528-1604) ..............43
LOS JURISTAS ......................................44
Juan López de Palacios Rubio ...............44
Gregorio López........................................45
LOS HUMANISTAS ................................47
Juan Ginés de Sepúlveda .......................47
sistema politico administrativo indiano ....48
ANEXO Nº 2 ...........................................49
EL DERECHO CANONICO ....................49
IMPORTANCIA DEL DERECHO DE
GRACIANO.........................................50
NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL
DECRETO ..........................................51
CONCLUSIÓN ........................................52
UNIDADVI
ÉPOCA PATRIA .....................................55
La Revolución de Mayo...........................55
Las Corrientes Ideológicas en el Río
de la Plata ...........................................55
La Revolución de Mayo ........................64
UNIDADVII
La Iglesia y la Revolución de Mayo ...77
Origen del Patronato Nacional ................80
Propuestas Políticas y Jurídicas
hasta 1815 .........................................83
La Asamblea General Constituyente
del Año xiii ..........................................86
El Pronunciamiento Federal ..................87
UNIDADVIII
La Emancipación Política ......................93
El Congreso Nacional 1824-1827 ......102
UNIDADIX
La Convención Nacional de Santa
Fe (1828-1829) .................................109
El Pacto Federal del 4 de Enero
de 1.831 ............................................113
La Economía ........................................118
UNIDADX
ÉPOCA CONSTITUCIONAL.................123
La Organización Nacional .....................123
La Misión Irigoyen. Protocolo de
Palermo.............................................124
El Acuerdo de San Nicolás ...................126
Las Jornadas de Junio ..........................126
El Congreso Constituyente de 1853......127
Fuentes de la Constitución Nacional ....130

4. 6
UNIDAD XI, XII y XIII
Época constitucional (cont.) ..................135
La Confederación y el Estado de
Buenos Aires ....................................135
Los Tratados de Convivencia................135
Pacto de San José de Flores ................137
Hacia la Organización Definitiva ...........138
Convenio del 6 de junio de 1860 ..........138
Convención Nacional Reformadora
de 1860 .............................................139
El Período entre Cepeda y Pavón .........139
Pavón ....................................................140
Mitre y la unidad nacional .....................141
El Problema de la Capital .....................141
La Reforma Electoral.............................143
La Ley Sáenz Peña ...............................143
Análisis de la Ley 8871 .........................143
Presidencia de Hipólito Irigoyen ...........144
Nuevas fuerzas sociales.
La legislación obrera.........................145
Las Ultimas Reformas Constitucionales 146
La Reforma Constitucional de 1949 ......146
Las Constituciones Provinciales ...........146
La Reforma Constitucional de 1957 ......146
UNIDADXIV
ÉPOCA constitucional (cont.) ...............151
Anexo
HISTORIA CONSTITUCIONAL
ARGENTINA.....................................153
LOS INCAS ..........................................155
El Imperio de los Incas ..........................156
Las instituciones sociales y políticas.....157
Sociedad ...............................................158
La economía estatista de los Incas........159
Religión .................................................161
Bases de la Cultura Incaica...................162
LOS MAYAS.........................................163
Gobierno ...............................................164
Justicia ..................................................164
Sociedad ...............................................164
Economía ..............................................165
Creencias religiosas..............................165
La más avanzada cultura
prehispánica .....................................166
LOS AZTECAS ....................................166
Los Calpullis o distritos .........................167
El gobierno central de la
Confederación Azteca.......................168
Tribus sometidas ...................................168
Clases sociales .....................................169
Religión .................................................170
El sacerdocio ........................................170
La organización económica ..................170
La tierra .................................................170
La industria............................................171
Ejército ..................................................172
Arte........................................................172
Apéndice Documental ........................173

5. 7
CURRICULUM VITAE
PROFESOR DR. FERNANDO SARAVIA TOLEDO
1.Recibido de Abogado, con Diploma de Honor, en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. (Bs.As.,
1972).
2.Diplomado en Seguridad Social en la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social. (Madrid-España; 1976).
3.Seminario “Life And Institution in the Unitet States”; Universidad de
Denver. (Colorado - USA, 1972).
4.Organización y Métodos de Trabajo; Escuela Nacional de Administra-
ción Local. (Madrid-España; 1976).
5.Profesor Ayudante de Derecho Romano e Historia. Constitucional Ar-
gentina; Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de
Salta (Salta; 1972/73).
6.Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional; Facultad de Eco-
nomía y Administración de la Universidad Católica de Salta (Salta,
1973/74).
7.ProfesorTitular de Derecho Romano y de Historia Constitucional Argenti-
na; Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta
(Salta, 1974 a la fecha)
8.Profesor de Trabajo y Seguridad Social; Facultad de Ciencias Jurídi-
cas; Universidad Católica de Salta (Salta, 1977/78).
9.Profesor Adjunto de Derecho Constitucional de la Universidad Católi-
ca de Salta desde 1994.
10. MiembroTitular del Directorio de la Universidad Católica de Salta (Salta,
1989/90).
11. Miembro de la Asociación de Derecho Romano de la República Ar-
gentina.

6. 8
12. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
13. Convencional Constituyente (PRS), (Salta, 1983).
14. Diputado Provincial (PRS), (Salta, 1987/93).
15. Convencional Nacional Constituyente (Santa Fe, 1994).
16. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos, tales como Ase-
sor letrado, Director General y Secretario de Estado en el Gobierno
de la Provincia de Salta, desde 1972 a 1983.

7. 9
Carrera: Abogacía
Curso: 1º Año
Materia: Historia Constitucional Argentina
Profesor: Dr. Fernando Saravia Toledo
Año Académico: 2011
I. Programa de la asignatura
UNIDAD I - A) ÉPOCA HISPÁNICA
1)Concepto de la Historia. Contenido. Importancia y utilidad de esta
disciplina. Metodología histórica: La Heurística, La crítica, El ordenamien-
to y La exposición. Las Instituciones: concepto, elementos y crisis.
2)América Precolombina: caracterización política, religiosa, social y eco-
nómica de los Incas, Mayas y Aztecas.
3)España a fines del siglo XV. Organización Política. Ordenamiento Le-
gal. Los Fueros. Clases. Fuero Real. La Recepción del Derecho Romano.
Las Partidas. El Ordenamiento de Alcalá.
4)El Derecho Castellano en la Edad Moderna. Los Teólogos y juristas
españoles de los siglos XVI y XVII: Sus doctrinas e influencias. Las Leyes
de Toro. La Nueva Recopilación de 1567. La novísima recopilación de
1805.
5)El Derecho Canónico. Sus principales características e importancia.
El Real Patronato: concepto, origen y atribuciones.
UNIDAD II - A) ÉPOCA HISPÁNICA (Continuación)
1) La Conquista de América. Títulos. Fines. Caracteres de la Coloniza-
ción Española en América. Condición Jurídico-política de las Indias: Posi-
ciones y fundamentos de las mismas.
2) Las clases sociales en Indias. Los Españoles y los Criollos. Los In-
dios: su condición jurídica. Las encomiendas. El mestizaje. La esclavitud.
Situación de los extranjeros.
3) La Iglesia. Organización eclesiástica. La predicación religiosa. La in-
fluencia social del clero.

8. 10
UNIDAD III - A) ÉPOCA HISPÁNICA (Continuación)
1) La Organización Política Indiana hasta fines del siglo XVII. Las Fun-
ciones del Estado. Autoridades residentes en España: El Rey. Origen del
Poder Político. La Casa de la Contratación. El Concejo Real y Supremo de
las Indias. Sus atribuciones. El Gobierno Local de las Indias. Caracteres.
Las Capitulaciones. Partes: a) La Licencia; b) Las Obligaciones y c) Las
Mercedes. Los Adelantados. División Territorial. Los Virreinatos. Goberna-
ciones. Corregimientos y Alcaldías Mayores. Otros Funcionarios. Los Ca-
bildos. Los Cónsules. La Visita. La Pesquisa. El Juicio de Residencia. Los
Derechos Personales.
2) El Derecho Indiano. Sus características y contenido. La Recopilación
de Leyes de Indias de 1680: su elaboración y contenido. Fuentes Legisla-
tivas y Orden de Prelación.
UNIDAD IV - A) ÉPOCA HISPÁNICA (Continuación)
1) La Organización Judicial: Caracteres. Clases de Jueces: a) Capitula-
res; b) Reales; c) Eclesiásticos. Sus competencias. El Santo Oficio de la
Inquisición. Las Audiencias: Caracteres. Clases y Facultades. Jueces
Mercantiles. El Protomedicato. El Fuero Universitario.
2) La Real Hacienda: concepto y caracteres. Rentas Fiscales: Las rega-
lías, los monopolios o estancos y los impuestos. Clases. La Recaudación:
su caracterización. El Mercantilismo. El Comercio. El Contrabando.
UNIDAD V - A) ÉPOCA HISPÁNICA (Continuación)
1) El Despotismo Ilustrado: Origen y sus manifestaciones en: a) Lo Po-
lítico. Exaltación del Poder Real. El Centralismo. Reformas en la Organiza-
ción territorial americana. La Real Ordenanza de intendente de 1782, b)
Lo religioso. El Regalismo, c) Lo Militar y d) Lo económico-social.
2) El Libre Comercio. La Situación Económica en el Río de la Plata
durante el siglo XVIII. El “auto de libre internación” de 1777. El reglamento
y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias del 12/10/
1778. El Consulado de Buenos Aires. Belgrano. La Representación de los
Hacendados. “El Reglamento del 6-11-1809”. (libre comercio)

9. 11
3) La crisis del régimen indiano. La conducción gubernativa.Tensiones,
ideas e intentos de independencia.
UNIDAD VI - B) ÉPOCA PATRIA
1) La Revolución de Mayo. Sus antecedentes: Acontecimientos ocurri-
dos en el orden externo e interno. Las revoluciones Liberales y las rebelio-
nes en América. Las relaciones entre Inglaterra, Francia, Portugal y Espa-
ña y sus repercusiones en el Río de la Plata. Las Invasiones Inglesas y la
rebelión popular en Buenos Aires. Las corrientes doctrinarias francesas,
españolas y anglosajonas que influyen en los revolucionarios de mayo. La
Semana de Mayo - Cabildo Abierto del 22-V-1810. Primer Gobierno Patrio.
2) Los Principios Políticos de la gesta revolucionaria: La Comuna; La
Soberanía; La Representación; La República: elección popular, división de
poderes, periodicidad de las funciones y publicidad de los actos de gobier-
no; y El Régimen Federal.
3) Consolidación de la revolución. Circular del 27 de Mayo de 1810.
Reglamento de la Junta. Decreto de Supresión de honores. Mariano Mo-
reno: su pensamiento político y económico.
UNIDAD VII - B) ÉPOCA PATRIA (Continuación)
1)Proceso de emancipación Iberoamericana: Venezuela, Colombia,
Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, México, Brasil, Uruguay y Paraguay.
2) La Iglesia y la Revolución de Mayo. El Patronato Nacional: orígenes y
evolución hasta 1994.
3) Propuestas políticas y jurídicas hasta 1815. Las Juntas Provinciales.
Reglamento del 22 de octubre de 1811. Conflicto entre la Junta Conserva-
dora y el Triunvirato. Estatuto Provisional de 1811. Reglamento y Decreto
sobre la Libertad de Imprenta. Decreto sobre la Seguridad Individual.
Revolución de 1812. Asamblea de 1813: motivos de su convocatoria y su
labor en lo político y jurídico.
4) El Régimen Directorial. El Estatuto Provisional de 1815.Su contenido.

10. 12
UNIDAD VIII - B) ÉPOCA PATRIA (Continuación)
1) La Emancipación Política: El Congreso de Tucumán y la Declaración
de la Independencia. La Forma de Gobierno: Debates y propuestas.
2) El Reglamento Provisorio de 1817. Su contenido.
3) Las Primeras Constituciones. La Constitución de 1819 y el proyecto
de gobierno monárquico. Congreso Constituyente de 1824: La llamada
“Ley Fundamental”; “La Ley de Presidencia” y “La Ley de Capitalización”.
Unitarismo y Federalismo. La Constitución de 1826. Contenido y caracte-
rización.
UNIDAD IX - B) ÉPOCA PATRIA (Continuación)
1) Los Pactos y Los Tratados Interprovinciales. Cuadrilátero. Cañuelas.
Barracas y Federal: Origen, contenido e importancia institucional.
2) Rosas y la cuestión constitucional. Primero y segundo gobierno. Las
facultades Extraordinarias y la Suma del Poder público
3) La Generación del ’37. La Asociación de Mayo. Sus principales repre-
sentantes. Contenido y trascendencia institucional de su obra.
4) Caracterización de la situación económica en las Provincias Unidas
del Río de la Plata desde 1810 a 1853.
UNIDAD X - C) ÉPOCA CONSTITUCIONAL
1) Acuerdo de San Nicolás. Antecedentes: Circular del 5-4-1951, Pro-
nunciamiento de Urquiza, Caseros, Protocolos de Palermo y Misión
Yrigoyen. Contenido del Acuerdo. Consideración y análisis por Buenos
Aires.
2) La Constitución de 1853. Génesis, Fuentes e Influencias Ideológicas
de la Constitución: Enumeración y análisis de las mismas. Congreso Cons-
tituyente de Santa Fe. Debate del Proyecto de Constitución. Análisis.
Promulgación y Jura de la Constitución. Rechazo de la Constitución por
Buenos Aires.

11. 13
UNIDAD XI - C) ÉPOCA CONSTITUCIONAL (Continuación)
1) Época de Secesión. La ruptura y las relaciones entre Buenos Aires y
la Confederación. Pacto de Unión Nacional: antecedentes y análisis de su
contenido. Convención porteña de 1860. Debates y propuestas de en-
miendas a la Constitución de 1853.
2) La Convención Nacional Reformadora. Contenido de la Reforma.
Constitucional de 1860.
3) La Unión Nacional. Los Grupos y los partidos políticos. La Política de
Derqui. Mitre presidente: Gobierno y Política. Reforma constitucional de
1866. Sarmiento: su gobierno y políticas. Muerte de Urquiza. La política
educativa. Elecciones de 1874. Presidencia de Avellaneda. Aspectos. Po-
lítica exterior. Federalización de Buenos Aires. Sanción de los Códigos
Nacionales.
UNIDAD XII - C) ÉPOCA CONSTITUCIONAL (Continuación)
1) La época del 80. Las nuevas corrientes de opinión política. La gene-
ración del ’80. La Presidencia de Roca. Aspectos de su gobierno. Presi-
dencia de Juárez Celman. La Política del Unicato. Los problemas econó-
micos y morales de la época. La Ley de matrimonio civil. Las relaciones
entre la Iglesia y el Estado.
2) Crisis de 1889.La revolución de 1890.Presidencia de Carlos Pellegrini.
Actuación de su gobierno. Presidencia de Luis Sáenz Peña. Presidencia
de Uriburu. Segunda Presidencia de Roca. Los Partidos Políticos. El Ejér-
cito Nacional y la Marina de Guerra.
UNIDAD XIII - C) ÉPOCA CONSTITUCIONAL (Continuación)
1) La elección presidencial de 1904. Presidencia de Quintana. Las cues-
tiones Obreras. El desarrollo económico. Las Finanzas. La situación polí-
tica. La Presidencia de Roque Sáenz Peña. La Legislación electoral. Sus
pautas. El gobierno de Victorino de la Plaza.
2) Hipólito Irigoyen: su primera presidencia. La actuación política. Refor-
ma Universitaria. La Problemática Social. Política Exterior. La Presidencia
de Alvear. Su análisis. Segunda Presidencia de Hipólito Irigoyen. Aspec-
tos. Prolegómenos de la insurrección.

12. 14
UNIDAD XIV - C) ÉPOCA CONSTITUCIONAL (Continuación)
1) La ruptura institucional. Crisis del año ’30. Presidencia de J.F Uriburu.
Acordada de la Suprema Corte de Justicia del 11/09/1930. Análisis de su
contenido y sus consecuencias institucionales. Presidencia de Agustín P.
Justo. Presidencia de Roberto M. Ortiz. Presidencia de Ramón S. Castillo.
Revolución de 1943. El 17 de Octubre de 1945. Primera Presidencia de
Juan D. Perón. Segunda Presidencia de Juan D. Perón. Su Gobierno. La
Constitución de 1949.
2) La Revolución de 1955. La Reforma constitucional de 1957. Los años
de transición: Presidencia de A. Frondizi. El gobierno de Arturo Illia. La
revolución Argentina. Sus aspectos. Gobiernos Justicialistas. El Proceso
de Reorganización Nacional.
3)La vuelta a la democracia. Presidencia de Raúl Alfonsín. Aspectos.
Las Provincias y sus reformas constitucionales. Primer Gobierno de Car-
los S. Menem. Aspectos. La reelección presidencial. La Reforma Constitu-
cional de 1994. Sus antecedentes y caracterización de su contenido.
II. Bibliografía
BÁSICA:
- TAU ANZOATEGUI V. - MARTIRE E.; "Historia de las Instituciones
Argentinas". Ediciones Librería Histórica, Buenos Aires, julio de 2005.
- LOPEZ ROSAS, José Rafael; "Historia Constitucional Argentina". Edi-
torial Astrea, Buenos Aires.
- ZARINI, Helio Juan: "Historia e Instituciones en la Argentina". Editorial
Astrea. Buenos Aires, 1981.
- SARAVIA TOLEDO, F.; DE LA SERNA H. M.; y VON FISCHER M.;
"Apéndice Documental de Historia Constitucional Argentina". Ed. Centro
Informático U.C.S.. Salta, 1991.
- SAPSAY FERNANDO: “Los Presidentes Argentinos”. Editorial El Ate-
neo, Buenos Aires, 2003.
- CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA.

13. 15
COMPLEMENTARIA:
- M. L SAN MARTINO DE DROMI: "Formación Constitucional Argenti-
na". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1995.
- M. L SAN MARTINO DE DROMI: "Documentos Constitucionales Ar-
gentinos". Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1994.
- FLORIA, Carlos Alberto y GARCIA BELSUNCE, César A.: "Historia
de los Argentinos". Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1971.
- LUNA FELIX: "Historia Integral de la Argentina". Editorial Planeta,
Buenos Aires, 2001.
- AVILA RICCI, F. M. “Nueva Constitución Nacional”. Edición COBAS.
Salta, 1997
- ROMERO CARRANZA, RODRIGUEZVARELAYVENTURA, “Manual
de Historia Política y Constitucional Argentina”. AZ Editora S.A.. Bue-
nos Aires, 1977.
- LUNA FELIX, “Breve historia de los argentinos”. Editorial Planeta.Bue-
nos Aires. 1999.
- MILLER ASTRADA LUISA, “Salta Hispánica”. Ediciones Ciudad.Bue-
nos Aires, 1997.
- LUNA FELIX: “Momentos claves de la Historia Argentina”. Edición
especial para S.A. La Nación. Buenos Aires, 2003-2004.
- LUNA FELIX: “Grandes protagonistas de la Historia Argentina”. Edi-
ción especial para S.A. La Nación. Buenos Aires, 2004.
III. Evaluación y condición para regularizar la materia
IMPORTANTE!!
Los requisitos para regularizar la materia serán informados por el
docente a través de los canales pertinentes de comunicación
(tanto para alumnos regulares como libres):
• Tablón de anuncios
• Foro de la materia
• Cuadros de regularización publicados en la página web
Manténgase atento!!!

14. 16
IV. Característica de la Asignatura
Regularidad: Se obtiene con la aprobación del parcial o su recupe-
ratorio.
La cátedra de esta asignatura ha elaborado una guía de aprendizaje
para orientar al alumno en la lectura y estudio de la bibliografía básica, que
estimamos lo suficientemente clara como para eximirnos del desarrollo de
cualquier otra temática.
Además de la guía y la bibliografía, el alumno cuenta con un apéndice
documental que contiene una recopilación del material más importante de
nuestra Historia Constitucional. Dicha documentación va expuesta tal cual
la original, sin hacer comentario alguno, con el objeto de que el alumno
elabore su propio juicio crítico.
La asignatura ha sido estructurada considerando tres épocas, a saber:
a) Época Hispánica;
b) Época Patria
c) Época Constitucional.
Ellos son períodos que sucesivamente han configurado la historia ar-
gentina.
Cada una de las épocas es desarrollada en cinco unidades temáticas
(con excepción de la Época Patria, la que consta de sólo cuatro).
La Unidad I desarrolla, en el primer apartado, una introducción al con-
cepto de Historia, a los efectos de proporcionar el marco conceptual de la
ciencia dentro de la cual se inscribe la asignatura.
Las unidades temáticas que componen la que hemos denominado EPOCA
HISPANICA, parte de la consideración de la España de fines del siglo XV,
es decir, del momento en que se produce el Descubrimiento de América,
hasta los prolegómenos de la Revolución de Mayo.
Para el estudio de los temas de este Módulo 2, la cátedra ha propuesto
el libro de Tau Anzoátegui-Martiré y así se lo puntualiza en el Punto Nº 5
de este material de autoinstrucción.

15. 17
El Módulo 2 desarrolla la Época Patria, la que abarca desde la Revolu-
ción de Mayo hasta la situación político-económica anterior al pronuncia-
miento de Urquiza.
El Módulo 3 corresponde a la Época Constitucional, abarcando desde
Caseros hasta nuestros días.
Como bibliografía básica de estos dos Módulos se proponen la reco-
mendada en el punto Nº 2. Para la consideración de la Época Constitucio-
nal se recomienda la lectura y consulta de la Constitución Nacional.
Como podrá apreciarse, el espectro de la materia es muy amplio, pero
sumamente interesante. Además, el conocimiento de la Historia Argentina
significa, al mismo tiempo, un derecho y un deber de todo ciudadano.
Luego de esta presentación general de la asignatura, le proponemos
una orientación, que esperamos, pueda serle útil para sistematizar el es-
tudio de la historia.
1) En primer término resulta conveniente efectuar una primera lectura
del Módulo y de la bibliografía correspondiente. El objeto de ésta es rea-
lizar un acercamiento de la fuente de información, tratando de obtener una
visión global del tema.
En esta instancia resulta interesante usar el programa de la asignatura
para encontrar la correspondencia con la bibliografía básica sugerida y las
orientaciones del módulo. El subrayar títulos y subtítulos es una manera
de ir “armando”, la estructura de la materia.
2) Una segunda lectura es conveniente para profundizar aquellos ejes
temáticos identificados en la primera.
En un primer momento le aconsejamos una lectura global, ahora, lo
importante es avanzar despacio, “párrafo por párrafo”. Lea “pequeñas
dosis de información” pausadamente, busque en el diccionario las pala-
bras que no entienda, reflexione acerca de lo que ha leído, subraye los
conceptos principales; también puede escribirlos a manera de resumen de
lo más importante.¿Cómo saber que estamos ante una idea principal?.La
cuestión es identificar aquello que resulta clave para la comprensión del
conjunto, esas ideas, conceptos, explicaciones, clasificaciones, etc., sin lo
cual no se podría entender el texto.

16. 18
¿Comprende la información?, ¿la puede explicar con sus propias pala-
bras?, ¿ha logrado analizar las causas y consecuencias de los aconteci-
mientos?, ¿puede relacionar este tema con los anteriores?. Si contesta sí
a todos estos interrogantes, Ud. ha logrado un aprendizaje significativo. Si
no es así, vuelva a estudiar y aplique los pasos que le proponemos.
3)Tercera lectura: identificada en la primera lectura la estructura gene-
ral de la temática del Módulo, y a través de la segunda, lograda su com-
prensión, se debe poder llegar en esta tercera, a elaborar el esquema
conceptual del tema estudiado.
Para explicar la finalidad de esta lectura, podemos hacer referencia a
una metáfora, que puede “graficar” la idea que queremos transmitirle.
La estructura de cualquier tema puede compararse con un árbol. En él,
se pueden identificar una raíz, un tronco y varias ramas principales, uni-
das directamente al tronco; además, están las flores y el follaje, los que al
caer dejan al descubierto la sólida madera.
Las ideas principales, la esencia, que debe formar parte de nuestras
estructuras fundamentales de conocimiento, son como la raíz, el tronco y
las ramas principales. En conjunto, están unidas por estrechos lazos de
relaciones significativas, lo cual nos demuestra, que las ideas no deben
interpretarse en forma aislada, sino en un contexto que les otorgue sentido.
Las flores y el follaje pueden variar, y de hecho que dependen de las
características de cada uno. Lo importante es que lo esencial no se pierda
en lo accesorio.
El último aspecto que debemos considerar se refiere especialmente a
las características de esta asignatura. La Historia tiene sus bases en la
relación de dos variables fundamentales: tiempo y espacio. Esto significa,
que cualquier acontecimiento del pasado que sea objeto de nuestra re-
flexión, debe situarse en la intersección de estas dos dimensiones.
El pasado no puede ser objeto de estudio “al vacío”, su ubicación en un
tiempo y en un espacio específicos, le otorgan el sentido al análisis e
interpretación de ese acontecimiento.
Por último, queremos que Ud. logre una verdadera comprensión de la
historia. Este es uno de los pasos fundamentales para tratar de reflexionar
sobre nuestro presente y “predecir” nuestro futuro.

17. 19
Estimado alumno:
A fin de colaborar con su proceso de aprendizaje,
estimamos conveniente implementar la obligatoriedad
en la presentación de la última actividad introducida
en el módulo.
Las restantes actividades representan la oportuni-
dad de comprobar, mediante una evaluación formati-
va, si Ud. puede desarrollar los puntos esenciales de
una temática y compartir con su Profesor Tutor las
dudas y problemas que puedan planteársele en el
transcurso de su proceso de aprendizaje.
La revisión efectuada por su tutor no incide en la
promoción de la asignatura, pero sí es de carácter
obligatorio la presentación del último trabajo, como re-
quisito para rendir los exámenes parciales.

18. 20

19. 21
V. Guía de Estudios
Punto 1: Este tema está plenamente desarrollado en la bibliografía bá-
sica, TAU ANZOATEGUI-MARTIRE, pág. 9 a 25. Ella contiene los concep-
tos fundamentales sobre lo que es la Historia y qué son las Instituciones,
aspectos que, en el caso de nuestra materia, determinan no sólo el perfil
sino su razón de ser. Por ello es que conocer la metodología de la ciencia
histórica y cuáles son los elementos que dan vida a las instituciones polí-
ticas, resulta imprescindible para el análisis retrospectivo: saber cómo
nacieron dichas instituciones y por qué en algunos casos aún subsisten
vigentes, es de gran importancia para su comprensión.
Los puntos dos y tres de esta unidad reflejan la estructura normativa -
legal y política- de España al momento de su vinculación con América.
Conocer la evolución que sufrieron en virtud del pensamiento e ideas de
teólogos y juristas que influyeron en la conformación de aquella realidad
Hispanoamericana, es de suma importancia, por cuanto desde los mis-
mos orígenes de nuestra nacionalidad se evidencia la fuerte influencia de
ellos, que subsiste en el presente. Estos temas están debidamente trata-
dos en la bibliografía referida, pág. 29 a 37 y en el anexo preparado por la
cátedra referido a los teólogos y juristas españoles de los siglos XVI y XVII
(Anexo Nº 1).
El punto cuatro de esta unidad analiza la influencia de la iglesia en
nuestras instituciones. Son dos los aspectos más importantes: el Derecho
Canónico y el Real Patronato. En cuanto al primero debemos conocer su
contenido e influencia como un factor de perfeccionamiento del Sistema
Jurídico y Etico que se plasmó en América. A tal efecto hemos efectuado
una síntesis que, como Apéndice Nº 2, integra este módulo. En cuanto al
Real Patronato, origen de la cristianización americana, su nacimiento y
desarrollo están perfectamente sintetizados en la bibliografía básica refe-
rida, pág. 256 a 261.
UNIDAD I

20. 22

21. 23
Actividad Nº 1
1)Explique el concepto de Historia y sintetice la importancia de su estu-
dio.
2)Exponga en un cuadro sinóptico la metodología de la ciencia histórica.
3)Sintetice la importancia de las ideas de los teólogos y juristas españo-
les de los siglos XVI y XVII.
4)¿Qué es el derecho canónico? Exponga sus características e influen-
cias.

22. 24

23. 25
Los puntos uno, dos y tres de la presente unidad describen progresiva-
mente, desde las bases de legitimidad de la conquista española en Amé-
rica, -sus fines y caracteres- hasta la condición jurídica que América, en
las normas y en la realidad, mereció por parte de España.
Su conocimiento permite dimensionar adecuadamente la realidad polí-
tica y social de la América Hispana, la condición jurídica y el trato, como
así también el régimen laboral, de los nativos de América.Y dentro de esta
realidad, nuevamente se presenta el importante rol de la iglesia Católica,
no sólo como un factor de evangelización, sino también de desarrollo so-
cial y de control político. En esta unidad la bibliografía recomendada es,
como en el caso anterior, el libro de Tau Anzoátegui y Martire, pág. 40 a 58
(Punto 1), pág. 215 a 245 (Punto 2) y pág. 247 a 256 (Punto 3).
UNIDAD II

24. 26
Actividad Nº 2
1)Describa la condición jurídica de América a partir de la conquista
española.
2)Explique el rol de la Iglesia como:
- factor de evangelización
- factor de desarrollo social
- factor de control político

25. 27
En esta unidad se describen los caracteres sustanciales de la organiza-
ción política de hispanoamérica hasta la época de nuestra emancipación.
Desde el rey has-
ta los cabildos son
analizados en
cuanto a su orga-
nización, compe-
tencia y función.
Como caracterís-
tica peculiar de
este sistema de
gobierno se anali-
zan también los
mecanismos de
control político,
tales como la visi-
ta, la pesquisa y el
juicio de residen-
cia, los que en-
cuentran paran-
gón con los meca-
nismos constitu-
cionales vigentes
de nuestro siste-
ma político.
El Derecho In-
diano, cuyas nor-
mas específicas
para América
muestran una no-
table evolución en
el desarrollo del
derecho, es caracterizado sintéticamente, puesto que él rigió aún mucho
tiempo después de la emancipación, sirviendo como base y fundamento a
varios aspectos de nuestra organización definitiva.
Los temas de esta unidad están desarrollados perfectamente en la
bibliografía básica referida, pág. 59 a 103.
UNIDAD III

26. 28
Actividad Nº 3
1) Represente gráficamente la organización política de hispanoamérica.
2) Describa los siguientes mecanismos de control político:
- visita
- pesquisa
- juicio de residencia
3) ¿Qué es el derecho indiano?

27. 29
Con idéntico fundamento al de la unidad anterior, en ésta se analiza la
organización judicial americana cuyas características son peculiares, fun-
damentalmente en razón de la diversidad de jurisdicciones y fueros. Se
desarrolla de pág. 103 a 115 de la bibliografía básica premencionada.
El sistema de gastos y recursos del período hispanoamericano, como
así también las políticas económicas imperantes, la actividad comercial
de América y su aspecto informal del contrabando, no sólo determina la
realidad futura de América sino también su desarrollo integral. Este aspec-
to de la unidad está puntualmente desarrollado de pág. 117 a 147 de la
bibliografía básica.
AUDIENCIAS
(En Primera Instancia)
GOBERNADORES
CORREGIDORES
CABILDOS
TRIBUNALES
ECLESIASTICOS
TRIBUNALES ESPECIALES
(Consulado,
Tribunal de Cuentas y
Organismos menores)
JUZGADOS
DE INDIOS
RESIDENCIAS
AUDIENCIAS
Regentes
Oidores
Alcaldes del crimen
Fiscales
Oficiales menores
CONSEJO
DE INDIAS
Apelaciones
(Recurso de fuerza)
SISTEMA JUDICIAL INDIANO
UNIDAD IV

28. 30
Actividad Nº 4
1) Represente gráficamente la organización judicial americana.

29. 31
El Siglo XVIII implica, en la evolución histórica de América, por un lado,
un cambio profundo en las definiciones políticas, y por el otro, el origen del
proceso de emancipación americana. La asunción de la Dinastía de los
Borbones es la causa directa de ello, por eso debemos conocer su pensa-
miento y acción
en los distintos
aspectos de la
realidad política
hispanoamerica-
na, págs. 161 a
171 de la biblio-
grafía básica.
Las nuevas
ideas económi-
cas irrumpen
también en Amé-
rica, modificando
un esquema se-
cular que hasta
esa fecha se ha-
bía mantenido.
Es acá y por es-
tas razones que
comienza a perfilarse la nueva estructura económica comercial del Río de
la Plata, la que se afianzará y profundizará durante la emancipación y
organización nacional. El conocimiento de su principal característica es
imprescindible para comprender el devenir histórico argentino.En las págs.
172 a 214 de la bibliografía básica se consignan detalladamente los prin-
cipales aspectos.
El punto tres de esta unidad describe la fractura del régimen Indiano, las
causas que la motivan y las ideas y pensamientos que la sustentan. Es
acá, donde se sintetizan los antecedentes y fundamentos de la Revolución
de Mayo y de todo el proceso emancipador. En págs. 305 a 319 de la
bibliografía básica está desarrollado este último tema del Módulo I, Época
Hispánica.
UNIDAD V

30. 32
Actividad Nº 5
1)Enumere los efectos de la asunción de los Borbones.
2)Ubique en un mapa la constitución del Virreynato del Río de la Plata,
identificando su actividad comercial.
3)Exponga la importancia del Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1.810:
convocatoria, debate y resolución.

31. 33
Actividad Nº 6
1)¿Cuál fue la influencia sobre el sistema institucional americano de:
a) Los teólogos y juristas españoles de los siglos XVI y XVII.
b) Los Juristas
c) Los Humanistas
d) El Derecho canónico
e) El Derecho de Graciano
NOTA: Es importante la lectura de los Anexos complementarios para
realizar esta Actividad.

32. 34

33. 35
ANEXO DE
LECTURAS
COMPLEMENTARIAS

34. 36

35. 37
ANEXO Nº 1
LOS TEOLOGOS Y JURISTAS ESPAÑOLES
DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
En el siglo XVI la Teología era una ciencia universal, que comprendía
todas las expresiones de la cultura, desde el derecho hasta la poesía.
Menéndez Pelayo estima la teología del siglo XVI a modo de ciencia uni-
versal que abarcaba desde los atributos divinos hasta las últimas ramifica-
ciones del Derecho Público y Privado. En este momento, emerge una
escuela de filósofos que elaboró los propios (dícese del accidente que es
inseparable de la ciencia y naturaleza de las cosas, en este caso del nuevo
derecho) generales y fundamentales de un nuevo derecho.
Hay que tener en cuenta que España no arrancaba de una Edad Media
feudal -como otros países europeos-, sino de una lucha emancipadora en
cuyo largo proceso sus habitantes habían vivido y practicado la libertad.
Los publicistas hispánicos estudiaron todos los problemas planteados por
el Descubrimiento, afirmando los principios del Derecho Natural de los
indios y negros, combatiendo la esclavitud humana.
Sus doctrinas y las leyes de Indias implican una revolución en
la historia de las ideas ya que, aunque sea como declaración
de principios, se anticiparon casi trescientos años a lo procla-
mado por la Revolución Francesa.
Veamos las elaboracio-
nes realizadas por estos
juristas en dos puntos
principales que se
interrelacionan: 1) Títulos
de la conquista. 2) Trato
de los indios. Para poder
ejercer su dominio sobre
el nuevo territorio, Espa-
ña tuvo que acreditar su
derecho sobre América en
base a ciertos títulos, jus-
tos y legítimos que le au-
torizaran a conquistar las
Indias.

36. 38
Los españoles del siglo XVI trataron de amoldar el desarrollo de la con-
quista y la organización de las Indias a sus propios ideales religiosos y
jurídicos. Sin embargo, no lo consiguieron tan fácilmente. Así, el derecho
Indiano fue adquiriendo su contenido final en medio de importantes discu-
siones doctrinarias, hasta que triunfaron las soluciones inspiradas en la
filosofía cristiana.
El problema se presenta con respecto a la donación pontificia realizada
a través de las 2 bulas “Inter Caetera” y otras.
Conforme a la corriente teocrática (por oposición a la cesarista), el Papa
ejercía una superintendencia sobre los estados cristianos. Se consideraba
Señor Universal del Mundo (autoridad en el ámbito temporal y espiritual),
y ya existían antecedentes de otras donaciones efectuadas por el Pontífi-
ce a otros principados cristianos, aunque ninguno con la insospechada
trascendencia de las Bulas de 1493. De allí que se consideraba a éstas
como el mejor título que poseía España.
Pero éstos teólogos juristas españoles abrieron una trascendente dis-
cusión sobre el valor y carácter de estas donaciones papales. ¿Podía el
Papa donar territorios? ¿Era un derecho perpetuo e incondicional o sólo
implicaba un derecho para la predicación evangélica?. Este debate, a la
vez, manifiesta una verdadera actitud de introversión del Estado conquis-
tador, lo cual es poco común. Este problema teológico jurídico aparece en
1511 con el célebre Sermón del religioso dominico Antonio de Montesinos
ante los excesos cometidos contra los indígenas por los encomenderos.
Analizaremos las opiniones desde el punto de vista Teológico, expresa-
das principalmente por la tesis de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto
y Juan Ginés de Sepúlveda, los que nos darán la opinión de los humanis-
tas, y de Juan López de Palacios Rubio y Gregorio López, quienes expre-
sarán el punto de vista de los juristas.
Francisco de Vitoria
Nace en 1483. Ingresa a la orden Dominica y viaja a la Universidad de
París donde permanece 18 años.En esa época París mantiene el cetro de
la enseñanza universitaria europea.Vuelve a España, después de obtener
sus grados en la Sorbona y gana por concurso de oposición la cátedra de

37. 39
Teología de la
Universidad de
S a l a m a n c a .
Esta cátedra
era una de las
más importan-
tes, ya que a la
luz de la Teolo-
gía se juzgaban
todos los pro-
blemas de la
época, y las te-
sis políticas, so-
ciales y mora-
les eran problematizadas permanentemente. Su advenimiento a la cáte-
dra determina una profunda renovación. Durante esos años, España vivía
grandes transformaciones. La Península se organizaba como el primer
Estado renacentista moderno y, por otra parte, se proyectaba en su fabu-
losa campaña colonizadora de América.
Vitoria era un hombre abierto a su época y trató de incorporar a los
permanentes principios enseñados por Santo Tomás, las nuevas tesis y
problemas que su tiempo planteaba. Fue, en alguna medida, Eramista.
Obras principales; podemos distinguir dos aspectos:
1)Las Lecturas, consistían en el dictado de las clases.
2)Las Relaciones eran conferencias que los catedráticos de la Univer-
sidad de Salamanca tenían obligación de desarrollar durante el curso lec-
tivo. Así, por ejemplo, en la Relación de la Potestad Civil da los fundamen-
tos de la organización política de la comunidad, sostiene que la “Potestas”
o Soberanía reside en la comunidad (de especial importancia para noso-
tros, en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo).
Es de mucha importancia también la relación referida a la organización
del Estado y la Iglesia, donde esboza las formulaciones jurídicas de los
dos órdenes: el eclesiástico y el civil o temporal, estableciendo la distinción
entre ambos. Cada uno de estos órdenes tiene fines propios y específi-
cos, en sus respectivas jurisdicciones.Por un lado reconoce la facultad del
Pontífice (para entender en vía directa u ordinaria) en asuntos espiritua-

38. 40
les, reconociéndole una intervención indirecta en asuntos temporales cuan-
do esté en juego un problema de orden espiritual.
Separa las dos comunidades y las conserva independientes, cada una
con un orden propio, pero a la vez relacionadas, aceptando que la potes-
tad espiritual podía tener ingerencia en lo temporal cuando estaba en
juego algún prin-
cipio de orden es-
piritual (posición
intermedia entre
la cesarista y la
teocrática).
Estudia los
grandes proble-
mas que nacen
del Descubri-
miento de Améri-
ca, de su ocupa-
ción y de la predi-
cación de la doc-
trina cristiana. Analiza la cuestión de las facultades del Pontífice para do-
nar tierras, como así también para delegar en los Reyes Españoles la
organización y predicación de la doctrina; plantea además la cuestión de
cómo convertir a los indios al cristianismo y, al mismo tiempo, estudia la
capacidad racional del indio para recibir el bautismo, y la posibilidad de que
los nativos se incorporen a las formas, hábitos y usos civilizados.
Divide su argumentación en títulos ilegítimos y títulos legítimos:
Ilegítimos
1)Niega que el Emperador pueda ser el Dueño del Mundo.
2)Niega que el Papa pueda ser “Dominis Orbi”, ya que el Pontífice no ha
recibido de Jesucristo, que es el fundador de la Iglesia, facultad alguna en
esa materia.
3)También es ilegítimo aquel título que funda la propiedad en el descu-
brimiento. El hecho del Descubrimiento no era suficiente para gobernar
tierras que podían ser gobernadas legítimamente por otras autoridades.
Asume esta tesis en contra de los juristas romanistas de la época, que

39. 41
sostenían que el descu-
brimiento, por sí, daba
derechos a la Corona
para ocupar y gobernar
tierras.
4) Considera también
ilegítimo como título de
conquista la resistencia
de los indios a admitir la
fe, con lo que sienta un
principio muy importan-
te que es el de la liber-
tad religiosa o de con-
ciencia. El hombre es li-
bre para admitir la fe o re-
chazarla en un acto racio-
nal.
5)El hecho de que los
indios cometían pecados
contra naturales, esgri-
mido como sólo argu-
mento para justificar el
sometimiento, es recha-
zado porVitoria diciendo
que las mismas aberra-
ciones se daban en Es-
paña.
6)Rechaza el argumento de la donación de Dios, ya que este hecho no
constaba en ninguna parte.
Legítimos
1)“Ius Peregrinandi”. Así como los hombres conviven, las naciones tam-
bién deben convivir. Hay un derecho natural de intercambio de los pue-
blos, ya que los países no pueden vivir en un estado de aislamiento como
el de Indias. Los españoles tenían el derecho de comunicarse con los
habitantes de Indias y si estos impedían el trato natural, había justa causa
de violencia o de guerra.

40. 42
2)“Ius Predicandi”.Acepta la facultad del Papa para delegar en la corona
de Castilla la organización de la predicación del Evangelio.Si el ejercicio de
esa facultad era molestado por hechos de fuerza, determinaba también
una justa causa de violencia o guerra, porque se estaba obstaculizando
la preparación pacífica.
3)Otro título legítimo era la necesidad -como derecho y como deber- de
amparar a los convertidos, si sus principios naturales los molestaban en el
ejercicio del Cristianismo.
4)Sostiene que una Nación puede intervenir en otra cuando se violan
los principios del Derecho Natural. Por ejemplo: las leyes tiránicas o injus-
tas o injuriantes que permitían los sacrificios humanos. Este aspecto era
uno de los más sólidos argumentos que teólogos y juristas esgrimían para
dar fundamentación a la Conquista. Como es sabido, los dos más grandes
imperios indígenas americanos -Los Incas y los Aztecas-, sacrificaban a
los dioses criaturas humanas, violando los principios del derecho natural.
Así también muchas tribus eran antropófogas.
5)Otro título válido se formulaba así: Por conquista legítima, actuando
como aliado de otros pueblos que pidieron ayuda para defenderse del
enemigo vecino.
6)La libre elección de los pueblos con suficiente instrucción.
7)Otro título dudoso era si los indios eran capaces de gobernarse por sí
mismos.
Vitoria da nacimiento a una escuela denominada “Escuela teológica de
Salamanca” que formará discípulos de gran vigor, como Cano y Domingo
de Soto. Ha pasado a la historia como el creador del derecho internacional
moderno, que sentó por primera vez los principios que debían regir la
comunidad de naciones.
Sostuvo que la incapacidad mental de los indios proviene de su mala y
bárbara educación. En realidad, no es que Aristóteles quería decir que
debían ser privados de sus bienes y su libertad por ser irracionales, sino
que hay quienes por su naturaleza se hallan en la necesidad de ser gober-
nados y regidos por otros. Este gobierno debía organizarse para el bien y
utilidad de los bárbaros y no para provecho de los españoles.

41. 43
Domingo de Soto (1495-1560)
Fue un continuador de la teoría aristotélica, sosteniendo que la servi-
dumbre natural que permite gobernar a personas rudas e ignorantes con-
forme a la razón, no priva a éstas de su libertad ni de sus bienes ni puede
utilizarse en beneficio del Señor, sino que debe servir para el bien de los
incapaces y para enseñarles buenas costumbres.
Francisco Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1579)
Domingo Bañez (1528-1604)
Su posición fue similar a la doctrina sostenida por Vitoria, ya que la única
diferencia con respecto al resto de los filósofos escolásticos, radica en que
fundamentan el respeto y la protección por la persona del indio en el
propio evangélico de “la protección a los humildes e incapaces”.
También se ocupó de estos temas, dándoles importante desarrollo, el
más famoso de estos escolásticos españoles llamado FRANCISCO SUAREZ
(1548-1627) quien sostuvo que los infieles no podían ser obligados a cam-
biar de religión porque la Iglesia no tenía jurisdicción sobre ellos, negando
además que hubiera pueblo tan bárbaro, al cual hubieran de aplicarse las
teorías aristotélicas sobre la esclavitud natural.

42. 44
Todos estos teólogos luchaban a favor del indio por considerarlo perfec-
tible y poseedor de alma, y sostenían la igualdad de razas.
LOS JURISTAS
Juan López de Palacios Rubio y Gregorio López son los dos más gran-
des juristas españoles del siglo XVI y también aportaron sus tesis en las
controversias de Indias. Recordemos que la modalidad del gobierno de la
península en esta época era el buscar el asesoramiento de hombres de
ciencia.
Juan López de Palacios Rubio
Catedrático de la Universidad de Salamanca y Valladolid ocupó impor-
tantes cargos en el orden judicial y administrativo. Fue oidor de la Canci-
llería de Valladolid, juez mayor de Vizcaya e integró el Consejo de Castilla.
Tomó parte activa en la redacción de las leyes del Toro. De sus trabajos el
que más nos interesa es el titulado “De las Islas del Mar, Océano”. Frente
a la imagen de F. de Vitoria, el gran precusor de las ideas de su tiempo,
Palacios Rubio, que es un laico, es paradójicamente un hombre de menta-
lidad conservadora. Sostiene la amplitud de las facultades pontificias, que
Vitoria había negado atribuyendo al Papa jurisdicción respecto a las tierras
descubiertas, los indios y sus príncipes naturales. Divide su exposición en
3 temas.
1)Acerca de la naturaleza y alcance de la potestad civil, donde su
posición es un poco contradictoria; por un lado atribuye al Papa facultades
amplísimas de jurisdicción y por otra es un acérrimo defensor de los privi-
legios regalistas de los Reyes.
Sostiene sobre todo, el derecho de nominación que tenía la Corona para
proponer los candidatos a ocupar los cargos eclesiásticos vacantes.
2)En cuanto a la relación entre la potestad espiritual y la temporal,
sostiene las facultades de los pontífices para deponer de sus funciones a
los Reyes herejes o infieles.

43. 45
3)En la relación entre la Cristiandad y los fieles, reconoce también
con amplitud, las facultades pontificias para delegar la predicación de la
doctrina cristiana. Sostiene que el Papa goza de autoridad suprema como
potestad en lo espiritual y en lo temporal.
Reconoce el derecho de propiedad que los indios poseen sobre sus
bienes privados, los que les pertenecen por derecho de naturaleza, los
que pueden conservar y aún acrecentar después de su conversión y bau-
tismo. Sin embargo, sostiene que estos derechos naturales los pierden
cuando son sometidos a raíz de una justa guerra.
El principio de la libertad del indio se mantuvo, a pesar de la opinión de
Palacios Rubio, como un principio permanente e indeleble de las leyes de
Indias, el que sólo registra pocas excepciones. Los reyes dieron una solu-
ción tradicional y más justa a pesar de la influencia de este consejero. Por
su parte, Palacios Rubio distingue dos situaciones: 1) Si los indios se
resisten antes de conocer la doctrina o la donación pontificia de la tierra a
los reyes, no pierden sus derechos. 2) Pero si desconocen los derechos
de la Corona o los principios de la Fe luego de que les han sido enseñados,
pierden sus derechos y pueden ser sometidos a servidumbre.
Niega el jurista, el señorío natural que tenían los príncipes indios o
caciques sobre sus súbditos, alegando que los infieles no podían tener
jurisdicción en contra de toda la tradición escolástica, y diciendo además
que si alguna vez lo habían ejercido, era por tolerancia y no por derecho
natural.
Gregorio López
Fue el más importante comentador de la edición de las 7 Partidas; su
obra se publicó en 1555. Este texto fue lectura obligatoria de los juristas
americanos, ya que sus glosas eran consideradas como una verdadera
doctrina.
Se lo puede considerar un autor de transición que, movido por un gran
espíritu realista -semejante al que tendrá en el siglo XVII Solorzano Pereira-,
se situará con una posición intermedia entre Palacios Rubio y los teólogos
de Salamanca.

44. 46
Sostiene la licitud de la guerra contra los indios, cuando se dan alguna
de estas tres causas:
a) Injuria causada por los indios a los predicadores o comerciantes.
b) Cuando los caciques impedían a los súbditos la conversión al cristia-
nismo en contra de la libertad de conciencia de aceptar o no la nueva
doctrina.
c) Cuando se realizaban sacrificios humanos que violaban los principios
del Derecho Natural.
Sostiene que la jurisdicción de los reyes españoles se basa en la dona-
ción pontificia que considera lícita. Piensa que es injusta la guerra que se
haga para extender el Cristianismo, ya que Jesucristo envió a sus discípu-
los como predicadores y no como guerreros para que con la palabra y el
ejercicio dieran a conocer su doctrina y que por lo tanto, no es lícito obligar
a los infieles a que reciban la Fe por la fuerza.
Afirma que hay tres principios que legitiman la guerra y aquellos son:
a)Que sea declarada por autoridad competente.
b)Que tenga una causa justa.
c)Que se realice de recto modo.
A pesar de su formación jurídica romanista, nunca justifica la esclavitud
del vencido en la guerra y, gracias a la influencia de F. de Vitoria, tiene una
visión muy equilibrada del problema. Así dice: “El Pontífice tiene potestad
para corregir y castigar a los paganos que cometen pecado contra la
naturaleza, incluso para llevarles la guerra si fuera preciso a tales fines”.
Pero antes de llegar a tales extremos, hay que anunciar a los infieles las
verdades cristianas e instarles a que abandonen la idolatría. La penetra-
ción española en América debe tener carácter pacífico mediante la predic-
ción del Evangelio, manteniendo buenas relaciones el español con el indio
para que el primero despierte confianza en el segundo.

45. 47
LOS HUMANISTAS
Juan Ginés de Sepúlveda
Filósofo aristotélico.En su principal obra, “Sobre las justas causas de las
guerras contra los indios”, se desarrollan sus teorías sobre los problemas
que habían determinado el derecho en América. Distingue un derecho
natural y un derecho de gentes.Tomó de Cicerón el concepto de Derecho
Natural diciendo que es “una fuerza innata en el hombre y en los animales,
es decir, en todas las criaturas con vida en la naturaleza”.
A los seres racionales, que tienen vida social, les cabe el derecho de
gentes. Distingue entonces, los dos derechos: el común a los hombres y
a los animales basado en el instinto, y el de gentes, propio de los seres
civilizados. Introduce el tema de la superioridad cultural y habla del estado
de servidumbre natural.
La torpeza del entendimiento y costumbres inhumanas entre los indios,
dan una justa causa de guerra. Será justo que esa gente se someta al
imperio de los príncipes de naciones más justas y humanas para que,
merced a la prudencia y virtud de sus leyes, se reduzcan a una vida más
humana. Si rechazan tal imperio, se lo puede imponer por medio de ar-
mas. Es decir que la guerra sería un medio lícito para que los pueblos
bárbaros se incorporen a la civilización. Esta tesis encuentra su principal
fuente en el pensamiento aristotélico.
Para Sepúlveda los indios debían estar en una servidumbre transitoria
ya que su torpeza de mente determinaba la necesidad de una tutela.
Establece como propicio el gobierno de los mejores y hace un estudio de
los distintos tipos humanos que residían en Indias: el español del siglo XVI
y los diversos elementos autóctonos de América. Dice que entre los indios
y los españoles hay tantas diferencias como entre las fieras y la gente.
Hace un elogio de las costumbres españolas de su tiempo y sostiene que
no se puede esperar templanza ni virtudes de los indios. Llega a la conclu-
sión de que el título de la superioridad cultural y de las virtudes propias de
los españoles, eran justa causa de sometimiento.
Considera que los indios debían ser sometidos a encomiendas y gober-
nados paternalmente para ir incorporándolos a la civilización por medio de
esa tutela transitoria.

46. 48
En la esencia del pensamiento del imperio español triunfaron las tesis de
Vitoria y de Bartolomé de las Casas. Pero en la existencia concreta de la
legislación, está presente el pensamiento realista y pragmático de Gines
de Sepúlveda.
TRIBUNAL
DE CUENTAS
CASA DE
CONTRATACION
OFICIALES
REALES
CONSEJO
DE INDIAS
AUDIENCIAS
REY VIRREY Y CAPITANES
GENERALES
FUNCIONARIOS MENORES
TENIENTES DE
GOBERNADOR
GOBERNADORES
CORREGIDORES
DE INDIOS
CORREGIDORES Y
ALCALDES MAYORES
TENIENTES DE
CORREGIMIENTOS
CACIQUES
○ ○ ○ ○
○○○○○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CABILDOS○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Relacionespornombramiento
Relacionesdeintegración
Relacionesfuncionales
AutoridadesresidentesenEspaña
○ ○ ○ ○
JUNTA SUPERIOR DE
REAL HACIENDA
SISTEMA POLITICO ADMINISTRATIVO INDIANO

47. 49
ANEXO Nº 2
EL DERECHO CANONICO
El Derecho Canónico es el derecho propio de la Iglesia Católica;
la que lo fue organizando desde los primeros siglos.
Deriva de Canon, que significa regla, es decir, es el conjunto de las
reglas (normas jurídicas) que rigen las relaciones del gobierno de la Igle-
sia, como sociedad jurídica perfecta, con sus fieles y la actividad religiosa
de estos últimos, a través del culto y los sacramentos (Zorraquín Becú).
La razón fundamental de su estudio, obedece al hecho de la creciente in-
fluencia de la Iglesia, ya que penetró al Derecho laico y determinó bajo su
inspiración, la forma de concebir y estructurar ciertas instituciones como el
matrimonio, la familia, el parentesco, etc.
El Derecho Canónico de la primera época, ha sufrido una serie de crisis
a raíz de la destrucción del imperio visigodo. Sus principales fuentes son:
las epístolas de los pontífices y los cánones ecuménicos o nacionales.
En el siglo XI comienzan a estudiarse también las doctrinas de lo que se
llama “La doctrina de los Padres de la Iglesia”. Hasta mediados del siglo XI
circulan, como conocimiento del derecho canónico o como fuente de difusión
paraelestudio,los“librosPenitenciales”queeranbrevesmanualescasuísticos,
para resolver los casos de conciencia.
En el siglo XI se restaura en estos rei-
nos de la Reconquista, la colección Ca-
nónica “La Hispana” redactada por San
Isidoro de Sevilla. Esta era la síntesis del
viejo Derecho Canónico Visigodo, antes
de la unidad impresa a la disciplina ecle-
siástica, por el Papa GregorioVII.Gregorio
VII dio una nueva colección de Cánones
en el año 1086, llamada “Lex Romana
Collectio Canonum”, o sea: colección de
cánones o colección de leyes romanas.
Esta recopilación ordenada por el Papa,
fue realizada por Anselmo de Luca. Tam-
bién circula la colección del Cardenal "Deus

48. 50
Dedit" de 1087, que ya es de orden universal y general, y corresponde a
la reforma gregoriana por la cual se afirman las facultades, privilegios y
prerrogativas de la sede romana, por sobre los ordenamientos de las
iglesias nacionales.
En síntesis, el Derecho Canónico se forma en base a la Revelación
Divina, manifestada a través de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) y
completada posteriormente por las normas que impone la tradición o por
los escritos de los Santos Padres (La Patrística), por los Decretales de los
Papas y por los cánones de los Concilios.
IMPORTANCIA DEL DERECHO DE GRACIANO
A la par de la recepción del derecho común, es fundamental en la reno-
vación de la mentalidad jurídica de la época, el llamado “Decretum” de
Graciano. Tiene una importancia extraordinaria, ya que es la culminación
del proceso formativo del derecho Canónico.
Además, tiene una influencia muy grande en el Libro de las Siete Parti-
das, y a través de él, gravita en la mentalidad de los juristas americanos.
Este Decreto de Graciano, se titulaba “Concordia Discordantium
Canonum”, es decir, la concordancia de las discordancias de los Cánones.
El Papa Inocencio III lo llamó “Corpus Decretorum”. Se trata de una
recopilación de las fuentes, y a la vez es una obra doctrinaria, porque
ordena todo el material que estaba disperso y le da unidad y coherencia.
Fue de gran importancia para el conocimiento y enseñanza del Derecho
Canónico, porque sirvió de texto en la Escuela de Bolonia, donde Graciano
era profesor.
Este decreto se divide en tres grandes secciones. La primera parte está
dividida en “Distinciones” (así se denominó técnicamente) y subdividida a
su vez en “Capítulos”. La parte segunda se divide en 36 causas subdividi-
das en “Cuestiones” y la parte Tercera se divide en 5 “Distinciones” con sus
respectivos capítulos.

49. 51
La primera parte trata, en general, de un derecho público eclesiástico y
la segunda versa más bien sobre el derecho interno de la Iglesia; por
ejemplo fija el procedimiento de los juicios que competen a la autoridad
eclesiástica (juicios de disolución de matrimonios, de declaración de nuli-
dad, juicios de dispensa, de impedimentos, etc.)
NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL DECRETO
a) Si se hace un somero estudio del Decreto se verá la diversidad de
fuentes de que se sirvió este famoso monje; por ejemplo, cuando habla en
su primera parte del “juri Divino y Humano”, una de las fuentes más impor-
tantes que utiliza son las Etimologías de San Isidoro de Sevilla.
b) Otro aspecto muy importante y que va a tener influencia directa en
Las Siete Partidas, es la fijación de la doctrina de la primacía de la jurisdic-
ción pontificia romana.
Esto naturalmente, trae una disminución de la autonomía de las iglesias
nacionales. Termina en España, en alguna medida, la vigencia del viejo
Derecho Canónico Visigodo, cuyo centro era Toledo.
c) Receptaba la disciplina canónica dada por las decretales de los Pa-
pas, especialmente las de Gregorio VII.Por ejemplo los requisitos para ser
elegido obispo o para ser consagrado sacerdote.
d) Estableció el anatema para la intervención del poder temporal en la
elección de los obispos. Esto naturalmente trae la afirmación de la autori-
dad pontificia eclesiástica frente a la potestad temporal, al recabar la Igle-
sia para sí, la elección, la nominación y la colación canónica de aquellos
que ocupaban los diversos grados de la jerarquía eclesiástica.
e) Se fija también la autoridad del Papa en la elección de los Obispos,
frente al privilegio que tenían los pueblos de señalarlos. El pueblo, en los
primeros tiempos, era quien elegía los obispos “señalándolos” ya sea a los
más virtuosos o a aquellos que consideraba que reunían las condiciones
de candidato al episcopado; aunque la colación canónica en último térmi-
no, estaba siempre reservada a la autoridad de Roma.

50. 52
f) Respecto a la vida de los sacerdotes, se iba fijando ya el celibato
eclesiástico.Permanentemente se iba poniendo el acento en la cátedra de
Pedro. Dícese: “No está en la Iglesia quien no sigue a la cátedra de Pedro”.
CONCLUSIÓN
Se ve así cómo se han ido reafirmando los derechos del Pontífice, y
cómo se han ido distinguiendo, de esa manera, las jurisdicciones en lo
temporal y lo espiritual, que después habrán de tener su máxima expre-
sión en la Bula “Unam Sanctam” de Bonifacio VIII, frente a las pretensio-
nes de Felipe el Hermoso que quería recabar para sí el poder Temporal y
la designación de las investiduras.
Se dividen las jurisdicciones entre el Imperio y el Papado ; en conse-
cuencia se separan las dos potestades. Además se fija el principio de que
el Emperador es hijo de la Iglesia y no su jefe, y se establecen los prima-
dos de las Iglesias locales.
Este decreto es muy importante porque es la base del Derecho Clásico
de la Iglesia, que iba a sobrevivir hasta el Concilio deTrento en el siglo XVI,
en el que se completa este proceso y se fija la disciplina eclesiástica, que
ha de mantenerse hasta el Concilio Vaticano.
Este Derecho Canónico penetró en la órbita del Derecho Secular, en
particular en asuntos relativos al matrimonio, los contratos, los testamen-
tos y la represión penal.

51. 53
EPOCAPATRIA
CORRIENTES
IDEOLOGICASENEL
RIODELAPLATA
ACTITUD
PRE-REVOLUCIONARIA
ENELRIODELAPLATA
REGLAMENTO
CONSTITUCIONALDEL
24DEMAYO
MOVIMIENTOS
PRECURSORES
ENAMERICA
DOCTRINA
REVOLUCIONARIA
LAREVOLUCION
DEMAYO
CIRCULARDEL
27DEMAYO
ELLIBERALISMO
DEMAYO
JUNTAS
PROVINCIALES
FranciscoSuárez
J.JRosseau
Influenciadelasrevoluciones
francesaynorteamericana
Revolucióndel5y6deAbrilde1.811
OposiciónalaJuntaGrande
SucesosdeEspaña
SemanaHistórica
CabildoAbierto
del22deMayo
Convocatoriade
Diputados
Individualista
Noantirreligioso
Nomaterialista
Diagramadecontenidos-UnidadVI

52. 54

53. 55
ÉPOCA PATRIA
La Revolución de Mayo
El esta unidad se analizan los antecedentes, externos e internos, que
directa o indirectamente influyeron en el nacimiento de nuestra nacionali-
dad, cobrando significativa importancia el conocimiento de las distintas
corrientes doctrinarias en las que se nutrieron los hombres que adoptaron
tal determinación.
Mayo de 1810 se sintetiza en los hechos y en sus postulados, el pensa-
miento y las razones de "quienes allí actuaron y el perfil de país que
imaginaron", todo lo cual está explicado en la bibliografía básica, López
Rosas, página 67 a 156.
Las Corrientes Ideológicas en el Río de la Plata
INFLUENCIAS DE LAS REVOLUCIONES FRANCESA Y NORTEAMERICANA. Con el im-
pulso del Renacimiento, el mundo occidental cambia fundamentalmente
su fisonomía. Nuevas concepciones filosóficas, políticas, económicas o
religiosas revolucionan a los pueblos, produciendo profundas reformas
que echan por tierra seculares instituciones, al mismo tiempo que consa-
gran radicales principios. Entre los siglos XVII y especialmente XVIII, a
merced de las ideas y dogmas proclamados, en el ideal mágico del
progreso, se logra sepultar definitivamente la antigua concepción
del mundo.
El principio de autoridad inicia su declinación. Los derechos absolutos
del hombre nacidos al amparo del liberalismo, dan nueva fisonomía al
campo político y filosófico. El industrialismo y el capitalismo revolucionan el
mundo de la economía y producen el surgimiento de una nueva clase: la
burguesa.
“La ciencia se convierte en un ídolo, en un mito. Se tiende a confundir
ciencia y felicidad, progreso material y progreso moral. Se cree que la
ciencia reemplazará a la filosofía, a la religión, y que bastará a todas las
exigencias del espíritu humano”.
UNIDAD VI

54. 56
Toda una generación de pensadores, proclama renovadoras doctrinas,
que fundamentan sus ideales. A través del Emilio, del Discurso sobre la
desigualdad y en especial de su Contrato social, Juan Jacobo Rousseau
expone su pensamiento político y social; Montesquieu, lanza su Espíritu
de las leyes; Buffon, su Historia natural; Voltaire, su Diccionario filosófico,
entre otras que revolucionan su tiempo; Condillac, su Tratado de las sen-
saciones; y así, Condorcet, Mably, Bayle, Fénelon, Locke, Diderot, etc.,
precursores, unos, enciclopedistas, otros, y contemporáneos los demás
al estallido de la Revolución Francesa, conforman todo ese panorama
de un mundo que surge al amparo de nuevas ideas, sustentando la
libertad del hombre frente a la estructura anterior, reafirmando los
poderes de la burguesía, quebrantando el principio de autoridad de
los absolutismos reinantes y reclamando para el pueblo los atribu-
tos de la soberanía.
El industrialismo, sobre todo inglés, que desde la mitad del siglo XVIII
cobra un extraordinario auge, da origen al surgimiento de escuelas que
proclaman nuevos sistemas mercantiles. El proceso que arrastra desde el
siglo anterior, va preparando el camino para la reforma sustancial.Quesnay,
Turgot, Herbert, Morellet, y sus discípulos, fundamentan la llamada "es-
cuela fisiocrática". En torno a la tierra como elemento esencial de produc-
tividad, cimentan la nueva doctrina que da nuevo contenido al principio de
la propiedad, del trabajo y del capital. Frente a estos pensadores france-
ses, Adam Smith da origen a la escuela liberal, en su célebre obra " Sobre
la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones".
Toda esta profunda transformación del mundo europeo tuvo, indudable-
mente, sus repercusiones en América. En el Río de la Plata se introducen,
por vía de los Borbones, una serie de reformas políticas y económicas
totalmente en consonancia con el nuevo estado de cosas.
Con suma habilidad, los Borbones introdujeron su Ilustración, apuntala-
ron el progreso y dieron concesiones en el orden económico, pero mantu-
vieron su estructura política, es decir, los principios que conformaban su
dogmática absolutista.
No debemos olvidar el hondo espíritu religioso de nuestro pueblo que, si
bien comenzaba a socavar los pilares de la monarquía buscando su liber-
tad política, no por eso abjuraba ni pretendía hacerlo de su fe.

55. 57
¿Hasta qué punto influyeron las nuevas doctrinas políticas de Eu-
ropa en nuestro medio? Algunos autores han sostenido que el movi-
miento revolucionario del Río de la Plata tuvo una filiación netamente libe-
ral, imbuido de los ideales racionalistas, enciclopedistas y de la Revolución
Francesa; sitúan nuestra revolución bajo el influjo del constitucionalismo
norteamericano. Es evidente que todas estas corrientes ideológicas tuvie-
ron su influencia en el proceso tanto colonial como independiente.
Aún así, nuestra opinión permite afirmar que las ideas de la Revolución
Francesa, si bien fueron conocidas por un sector ilustrado, no se hicieron
carne en el pueblo como para manejarlas como suyas, sino hasta más
avanzado nuestro movimiento de independencia.
Entendemos que el Río de la Plata no pudo escapar al movimiento
ideológico del siglo XVIII; su historia constitucional es prueba de ello, se
volcó en las instituciones que corren desde 1810 en adelante. "La Revolu-
ción de Mayo enraiza en su propio pasado y se nutre en fuentes ideológi-
cas hispánicas e indianas.Se ha formado durante la dominación española
y bajo su influencia, aunque va contra ella, y sólo periféricamente tienen
resonancia los hechos y las ideas del mundo exterior. Sería absurdo filo-
sóficamente, además de serlo históricamente, concebir la revolución his-
panoamericana como un acto de imitación de la Revolución Francesa o de
la norteamericana".
¿Quiénes conocían la ideología revolucionaria, la que había trasto-
cado el mundo europeo? Quien la conoció, fue una pequeña élite gober-
nante y el grupo de la burguesía intelectual rioplatense, formada en
Chuquisaca, Córdoba o en el Convictorio Carolino.
Moreno, Belgrano, Paso, Castelli y los demás jóvenes que integrarían el
núcleo revolucionario de Mayo manejaron estos principios liberales. Su
liberalismo fue trascendente, identificado con el pensamiento español en
boga.
Todo esto significa que ya, desde lejos, venían gestándose las ideas
liberales y antimonárquicas, opuestas al absolutismo reinante. Especial-
mente queremos destacar la figura de Francisco Suárez, cuyo pensa-
miento filosófico y jurídico, y su doctrina del contrato y de la soberanía,
fueron los sostenidos por los hombres de Mayo en las jornadas del año 10.

56. 58
Con respecto a la influencia de la revolución norteamericana en los
sucesos del Río de la Plata podemos afirmar que fue casi nula.
Desde la época preliminar a la declaración de la independencia, surge
en los Estados Unidos, una generación de pensadores imbuidos de las
ideas en boga, quienes, si bien conocen a franceses y alemanes como
Montesquieu, Rousseau, Vattel o Pufendorf, siguen con fidelidad la línea
de los ingleses, Hobbes, Locke, etc.. Las ideas de todos estos filósofos,
políticos y economistas habrán de conformar la base del movimiento
emancipador norteamericano.
La obra más conocida es la de los propios norteamericanos, como
Jefferson, Hamilton, Jay, Madison, Paine, Guverneur Morris, Franklin, Lee,
Adams y todos aquellos pensadores que contribuyeron a la emancipación
y organización de los Estados Unidos. Sin embargo, cabe señalar que es
recién desde 1810 en adelante, cuando la literatura del Norte penetra en
nuestro estuario.Y va a ser, en la Asamblea del año XIII, cuando podamos
comprobar la influencia norteamericana en nuestras instituciones. Antes,
en muy poca escala.
Lo que sí gravitó en la Revolución de Mayo, fue el acontecimiento histó-
rico de su independencia, que sirvió de contagio al resto de las colonias
hispanoamericanas.
EL LIBERALISMO DE MAYO. La Revolución de Mayo fue una auténtica revo-
lución nacional que encontró en las constantes de su propio pasado, los
principios para determinarse libremente.
El reflejo de las ideas del liberalismo no pudo cambiar instantáneamente
toda la estructura espiritual, elaborada a través de los siglos.
“El liberalismo francés -se ha dicho- actúa como elemento cata-
lizador, pero deja inalterables las líneas maestras de la arquitectu-
ra mental de las generaciones de la época de la emancipación”.
El liberalismo argentino ha sido una realidad, pero no podemos hablar
igualmente de aquel, que es sólo una vaga idea en 1810 y del otro, que en
1880 sacude las instituciones. Se rompió con el absolutismo de los monar-
cas, con el poder despótico que desplazaba a los hijos de la tierra, con la
política que nos había convertido en colonias; y así se pasó de una monar-
quía a un gobierno democrático, basado en la soberanía popular y en la

57. 59
afirmación de la personalidad humana. Se rompió políticamente con la
Madre Patria con el legítimo fin de asentar un gobierno independiente,
estructurado, eso sí, en las nuevas concepciones jurídicas, políticas y
filosóficas que conformaban al mundo espiritual de entonces. Para funda-
mentar los derechos del hombre se proclamaron en nuestros estatutos,
aquellos principios de libertad, de seguridad y de propiedad que tanto
habían entusiasmado a Belgrano y a los hombres de Mayo; y para orga-
nizarnos constitucionalmente bebimos en las fuentes norteamericanas.
Pero al darle el espíritu a nuestras instituciones no nos apartamos
de aquellas constantes que hacían a la realidad de nuestro ser nacio-
nal. No se pensó jamás romper con todo el pasado espiritual que
envolvía el idioma, las costumbres, la religión, el estilo de vida, la
herencia de la bien entendida hispanidad.
Por otra parte, cabe agregar, que el liberalismo que informó a los hom-
bres de 1810 no era otra cosa que el reflejo del liberalismo español, que si
bien reconocía su origen en Francia, era cosa muy distinta. En efecto, a
raíz de los acontecimientos peninsulares de principos del siglo XIX, en
España se produce una verdadera revolución en las ideas, incubada des-
de años atrás.Y así, del régimen absoluto se pasa a la monarquía cons-
titucional, se desplaza a la nobleza del gobierno, se seculariza la enseñan-
za y el liberalismo sienta plaza, proliferando las nuevas ideas. Comienza a
surgir la clase media que habría de dar un nuevo sentido a la vida españo-
la y con ella, la influencia de las sociedades económicas.
Sintetizando, sobre el liberalismo criollo se puede afirmar
que fue un liberalismo individualista, pero no
antirreligioso, ni materialista.
LOS MOVIMIENTOS PRECURSORES EN AMERICA. Esta situación de desigualdad
entre españoles y criollos, esta política de privilegios y la mala administra-
ción de los funcionarios residentes en América, produjeron durante los
siglos de la colonia, no pocas insurrecciones. Debemos mencionar entre
ellas el movimiento insurreccional de Gonzalo Pizarro en el Virreinato del
Perú, durante el gobierno de Blasco Núñez de Vela (1544).
Otro movimiento similar al anterior, se produjo en Nicaragua, provincia
del reino de Guatemala, en el año 1549 encabezado por Rodrigo de
Contreras, quien al frente de sus partidarios se apoderó de Nicaragua y
posteriormente de Panamá, desalojando a las autoridades españolas.Otro
es producido por Martín Cortés, hijo del conquistador (1564), movimiento

58. 60
que, como los anteriores, fue sofocado, siendo decapitados sus cabeci-
llas, con excepción de Cortés.
A estos alzamientos separatistas, provocados por españoles contra su
propia patria, cabe añadir los que acaudillaron los criollos. Así, debemos men-
cionar (entre otros), el intento de Alonso Ibáñez en Potosí en el siglo XVII; la
revuelta de los artesanos producida en el año 1730 en Cochabamba,
insurreccionados por el maestro platero Alejo Calatayud.
Es verdad que estos focos revolucionarios, producidos durante los si-
glos XVI y XVII, estaban lejos de poseer el espíritu que alentó a la eman-
cipación americana del siglo XIX.
Las insurrecciones del sector indígena no fueron menos importantes.
Entre los mayas se produjeron numerosos levantamientos contra los es-
pañoles.
La rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, ha pasado a
la historia por emprender la más formidable restauración del imperio de los
incas que se haya realizado. Acaudillando a millares de sus hermanos
indios, sometió a pueblos
y ciudades, a guarnicio-
nes y a fuertes ejércitos
españoles, proclamando
la liberación del pueblo so-
metido.
La revolución que ha pa-
sado a la historia como la
de Los Comuneros, en
Nueva Granada (1780),
tiene la importancia de
que, debido al triunfo momentáneo de los rebeldes, las autoridades espa-
ñolas accedieron a sus peticiones firmando un pacto de compromiso.
LA ACTITUD PRE-REVOLUCIONARIA EN EL RIO DE LA PLATA. Durante el siglo
XVIII y principios del XIX, fueron numerosos los acontecimientos revolu-
cionarios, donde el fermento de libertad e independencia, comenzaba a
insinuarse. Actos, estos que demuestran claramente, que el ideal revolu-
cionario, contrariamente a lo que sostienen algunos historiadores, no se

59. 61
concretó solamente al ser proclamado por un grupo porteño, sino que
estaba en toda la población virreinal.
En la ciudad de Mendoza, la rebelión santafecina que originó la interven-
ción armada del virrey y los documentos que corrieron por todo el pueblo
demuestran que la revolución no estaba solamente en Buenos Aires.
Entre Ríos, por su parte, está también preparada para recibir la rebe-
lión. En Corrientes, en Córdoba se amenazó con cárcel al que levantase
"especies contra la felicidad de las legítimas autoridades y contra los Go-
biernos Supremos".
En todos los pueblos del Virreinato proliferan los grupos revolucionarios,
surgen los caudillos populares, los que difunden las nuevas ideas, los que
agrupan a los criollos. En Santiago del Estero, en Tucumán, con don Nico-
lás Laguna; en Salta, en La Paz, en Cochabamba. No se deben olvidar,
además, las sublevaciones de Chuquisaca y La Paz, y la enorme influen-
cia que ejercieron, especialmente, en las poblaciones del norte.
El 25 de mayo de 1809 se produjo la revolución en la primera de las
ciudades nombradas, deponiendo el pueblo a su presidente o gobernador.
Bernardo de Monteagudo y el entonces comandante de armas Juan An-
tonio de Alvarez de Arenales se contaban entre los cabecillas del movi-
miento. A su vez, en la ciudad de La Paz el pueblo criollo a cuyo frente se
encontraban Pedro Domingo Murillo y Juan Pedro Indaburu, depuso tam-
bién a las autoridades españolas.
A toda esta situación se suman las invasiones inglesas, que produjeron
una verdadera revolución en el pueblo de Buenos Aires, y posteriormente
en el interior.
Respecto a las clases sociales, el rey, la Iglesia y la nobleza, fueron
durante los Borbones, a pesar de la política regalista, las fuerzas domi-
nantes y tradicionales en España. Estas tres fuerzas sociales asoman a
principios del siglo XIX con toda una larga trayectoria a sus espaldas,
dominando a la incipiente comunidad rioplatense.
Dos fuerzas más, habrían de sumarse a las tradicionales. Por un lado,
surge la "burguesía intelectual", promocionada por sus propios méritos.
Sus integrantes son hombres del pueblo, con formación universitaria, edu-

60. 62
cados en Charcas, Córdoba o Buenos Aires, que reciben la influencia
directa de la ideología liberal.
La otra nueva fuerza, surge a consecuencia de las invasiones inglesas.
Triunfantes, los jefes criollos de la defensa y la reconquista de Buenos
Aires, comprenden el inmenso poder que tienen en sus manos.Y así, jefes
y tropa de los regimientos patricios asoman al proceso histórico, confor-
mando la nueva fuerza de la "milicia criolla".

61. 63
Actividad Nº 7
1) Explique las corrientes doctrinarias que influyeron en el pensamiento
de los hombres de Mayo, sobre todo en lo referente a: concepto de
soberanía.
2) A pesar de todas las influencias doctrinarias de Europa y Estados
Unidos, el liberalismo de Mayo tuvo sus características especiales.
Explíquelas brevemente.
3) Elabore un cuadro sinóptico de los movientos revolucionarios o levan-
tamientos, que fueron precursores del nuestro.

62. 64
La Revolución de Mayo
LOS SUCESOS DE ESPAÑA. La mala política española que culminó en los
acontecimientos de 1810 y que provocó directamente el alzamiento de
toda América comenzó desde el momento en que se ciñe la corona real el
hijo de Carlos III, debido a la muerte de éste. Con Carlos IV se inicia la
desventurada época en que España habría de perder su antiguo prestigio.
Ante este desacierto, Carlos IV no evitó firmar el Tratado de San Ildefonso
(18 de agosto de 1796), quedando desde entonces, librada su suerte, a la
hábil política de Napoleón Bonaparte, que utilizó al gobierno ibérico para
su campaña contra Inglaterra.
A fines de 1807, pretextando Napoleón dirigirse a Portugal, irrumpió con
sus ejércitos en territorio español. La invasión estaba decretada por la
resolución de Carlos IV de trasladar la Corte a Cádiz. En Aranjuez en
marzo de 1808, se produce la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo
Fernando. Sin embargo, la situación de este último quedó un tanto inesta-
ble, pues Carlos IV, aconsejado por Napoleón, declaró sin efecto la abdi-
cación e hízose cargo del gobierno. Dos reyes gobernaban a España. El 6
de mayo en Bayona, merced a la habilidad del célebre corso renuncia
Fernando VII y Carlos IV abdica en favor de Napoleón, que hará coronar
más tarde a su hermano José.
De todos estos acontecimientos lo que más interesa a nuestro estudio
es la creación de las llamadas Juntas Provinciales.
LA SEMANA HISTORICA. La disolución de la Junta Central significó la caída
de toda autoridad en España. Los pueblos de América habían jurado fide-
lidad al monarca. A pesar del cautiverio de Fernando VII ordenado por
Napoleón, siguen reconociendo su autoridad y soberanía en las juntas
creadas en el territorio español. Pero, disuelta la Junta Central, último
baluarte del gobierno y la monarquía, los pueblos americanos, y en este
caso, el del Río de la Plata, comprenden que ha llegado el momento
oportuno para reasumir el poder soberano.
Para dar el primer paso, denuncian el nombramiento del virrey, ya que
habiendo sido disuelta la Junta Central que lo ha nombrado en febrero de
1809, queda también, por lógica consecuencia, sin efecto el nombramien-
to de Cisneros.

63. 65
A partir de este momento la Revolución se pone en marcha. Esa misma
noche se realiza una reunión en lo de Martín Rodríguez. De esta reunión
surgió la misión encomendada a Saavedra y Belgrano para que entrevis-
taran al alcande de primer voto don Juan Lezica, a fin de que se obtuviera
del virrey la realización de un Cabildo abierto.
Saavedra, alegando que América no quería seguir la suerte de España,
ni ser dominada por los franceses, agrega: “hemos resuelto reasumir nues-
tros derechos y conservarnos por nosotros mismos. El que a V.E. dio
autoridad -termina-, ya no existe; de consiguiente tampoco V.E.la tiene ya,
así es que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en
ella”.
EL CABILDO DEL 22 DE MAYO. Ante el empuje popular y habiendo concedido
venia el virrey para la celebración del Cabildo abierto, el grupo realista
prepara en todos sus detalles, la sesión que habría de tener lugar el día 22
de mayo.
Todas las clases sociales estuvieron presentes en las históricas jorna-
das. Pero, sobre lo que todavía se insiste, es con respecto a la falta de
popularidad de dicha asamblea, ya que sólo se convocó "a la parte princi-
pal y más sana de la población". Era más bien un "concilio" o "asamblea"
de tipo español, de aquellas formadas.
Evidentemente, el Cabildo abierto del 22 tuvo las características de la
época; no podía partirse de una democracia popular, ni sostenerse en
aquel ambiente colonial y monárquico, los principios del sufragio popular.
Luego del discurso inaugural y puesto a deliberación “si se consideraba
haber caudicado o no, el Gobierno Supremo de España”, hizo uso de la
palabra el obispo Lué. La mayoría de los investigadores está acorde en
precisar las conclusiones a que llegó el representante español, quien sos-
tuvo:
“que mientras existiese en España un pedazo de tierra mandado por
españoles, ese pedazo de tierra debía mandar a las Américas; y que
mientras existiese un solo español en las Américas, ese español debía
mandar a los americanos, quienes tenían la obligación natural y canónica
de obedecerlos en cuanto de allí se ordenara”.

64. 66
En nombre de los patriotas habló a continuación, el doctor Juan José
Castelli:
“que en la Península se había producido una revolución, en cuya virtud
mero iure et facta constituyó el gobierno, primeramente, en sus Juntas y
después en la Suprema Central, sin tener para ello ni la deliberación espe-
cial del rey, tan necesaria, como uno de los derechos magestativos de
primera orden, ni la presunta de su voluntad”. No podía reputarse de
delincuentes a aquellos que habían luchado por “un gobierno representa-
tivo de la soberanía, en el modo más legítimo y propio”. “La España ha
caducado -expresó- y con ella las autoridades que son su emanación. El
pueblo ha reasumido la soberanía del monarca, y a él toca instituir el
nuevo gobierno en representación suya”.
Castelli sostuvo el verdadero principio de la Revolución argentina. Mani-
festó que la América había jurado fidelidad y obediencia al rey, no así a la
nación española, lo que en su oportunidad significó un principio verdade-
ramente revolucionario. Caducado el monarca caducaban las autoridades
instituidas por él, debiendo, por lo tanto los americanos, desconocer a las
autoridades españolas dependientes de aquél. Sus argumentos fueron
exclusivamente jurídicos, basados en el pacto de obediencia, jurado al
monarca español.
Acto seguido del discurso de Castelli hizo uso de la palabra el fiscal de
la Real Audiencia, doctor Villota.
“Buenos Aires no tenía por sí solo derecho alguno a decidir sobre la
legitimidad del gobierno de regencia sino en unión con toda la representa-
ción nacional, y mucho menos a elegirse un gobierno soberano, que sería
lo mismo que romper la unidad de la Nación y establecer en ella tantas
soberanías como pueblos”.
La tradición ha sostenido que a Villota contestó el doctor Juan José
Paso. Según V.F.López, Paso comienza a fundamentar su doctrina del
"negotiorum gestor". Sostiene el orador, que nadie podía negar el derecho
a Buenos Aires de obrar por sí, en representación de sus hermanas me-
nores, las provincias.
De la “gestión de negocios”, dedujo Paso el derecho del Cabildo de
Buenos Aires para resolver inmediatamente y sin pérdida de tiempo, la
cuestión de gobierno, sin perjuicio de consultar a las demás provincias.

65. 67
LA DOCTRINA REVOLUCIONARIA. El proceso de la Revolución que, como ya
hemos explicado en este capítulo venía gestándose en todos los órdenes
de la vida, necesitaba un hecho concreto para producir el estallido que
perfecciona toda revolución.Faltaba un motivo eficiente que diera origen al
rompimiento que en el campo de las ideas se venía madurando desde
años atrás.
Los acontecimientos de España fueron el motivo esperado.
Al jurar los pueblos de América fidelidad y obediencia a Fernando VII en
agosto de 1808, los americanos “consagraban una teoría nueva, teoría
que, aunque perfectamente de acuerdo con el espíritu del gobierno mo-
nárquico absolutista, era esencialmente revolucionaria por las consecuen-
cias lógicas que de ella se deducían”. “No dependía de España sino del
monarca a quien habían jurado obediencia y que en ausencia de él, cadu-
caban todas sus delegaciones en la metrópoli”.
De esta manera el juramento de obediencia al rey, desvinculó a estos
pueblos de la nación española, sujetándola solamente a la persona del
soberano.
De estas consideraciones surge que la revolución argentina, como
se ha dicho,“no fue un acto de imitación simiesca o un epifenómeno
de la Revolución Francesa o americana”. Su doctrina revolucionaria
está enraizada en lo más profundo del pasado colonial. La funda-
mentación ideológica del movimiento nacional. Analicemos, en un
paréntesis, sus fuentes.
FRANCISCO SUAREZ Y JUAN JACOBO ROUSSEAU. Una, la liberal, la otra la tra-
dicional. La primera afirma que el pacto o contrato, es decir, la doctrina
revolucionaria que sostuvo, especialmente Castelli, y a que hacen referen-
cia otros documentos de la época, no es otra que la del "Contrato social"
de Juan Jacobo Rousseau. La segunda corriente, a su vez, da por senta-
do que la doctrina de la retroversión de la soberanía tiene por único funda-
mento el pacto o contrato atribuido a Francisco Suárez.
Entre otras conclusiones, la doctrina de Suárez sostenía
“que la potestad política de un príncipe dimana del poder”,
pero que “el principado político no viene inmediatamente,
sino mediatamente de Dios”, ya que sólo Dios confiere
“la potestad suprema a la comunidad, al pueblo”.

66. 68
"Al hacer esa donación o traspaso, hay limitaciones en el poder por
parte del gobernante que la recibe, y que no puede usar de ella a su
antojo; como por parte del pueblo que la confiere y no puede reasumirla a
su capricho".
Rousseau, sostiene que la soberanía es intransferible y
sólo la posee el soberano o el pueblo. Además,
el pacto de Rousseau se realiza entre los miembros
de la comunidad, y no entre pueblo y monarca.
En cambio, en la doctrina de Suárez, como ya se ha dejado expuesto, el
pacto se realiza entre pueblo y rey, a quien el primero delega su soberanía
“es el pueblo quien confiere la autoridad o mando”.
Volviendo al Cabildo abierto, el debate previo y el planteamiento franco
de la doctrina revolucionaria, preparó debidamente el ánimo de los veci-
nos de Buenos Aires para la votación que sobrevino. La partida estaba
ganada de antemano. La caducidad del virrey y su reemplazo, era un
hecho que sobrevolaba en el ambiente.
Sobre la cuestión concreta por la que la Asamblea debía votar, al final
triunfó la que sostenía: “¿Si se ha de subrogar otra autoridad a la superior
que obstenta el Excmo. señor virrey, dependiente de la soberana que
ejerza legítimamente a nombre del señor don Fernando VII, y en quién?”
Resulta de esta votación, que el Excmo. señor Virrey debe cesar en el
mando y recaer éste provisionalmente, en el Excelentísimo Cabildo. Pero
la pluralidad de los sufragios no se había pronunciado para “facultar al
Cabildo”, a erigir una Junta “en la manera que estime conveniente”, ni
tampoco para “convocar a las provincias interiores”.
La contrarrevolución estaba en marcha, los criollos habían triunfado en
el Cabildo del 22, pero los españoles no cejarían en su intento de conser-
var el poder.
EL REGLAMENTO CONSTITUCIONAL DEL 24 DE MAYO. Es verdad que el Regla-
mento del 24 de mayo dado por el Cabildo, lleva como principal objetivo "el
regular la existencia de la nueva Junta", limitando sus poderes y estable-
ciendo la órbita de su competencia, pero, es indudable también que, al
margen de esa intención, se consagran algunos principios republicanos.

67. 69
Primeramente, surge el principio de representativo, donde se invitaba a
los pueblos del interior para que "los respectivos Cabildos convoquen por
medio de esquelas, la parte principal".
Los principios republicanos de responsabilidad, publicidad, periodicidad
y fundamentalmente de división de los poderes de gobierno, se consagran
también en estas reglamentaciones.
Surge la periodicidad de los funcionarios, al establecerse su carácter
provisional y el derecho del Cabildo de reemplazarlos; la división de los
poderes determina que los miembros de la Junta "quedaban excluidos de
ejercer el poder judiciario", el cual se refundía en la Real Audiencia, a quien
se le pasaban todas las causas contenciosas que no fueran de gobierno.
El principio de la soberanía ya había sido sostenido en el Cabildo abierto
del 22 de mayo, en las teorías que se proclamaron y en los votos emitidos.
El nombramiento eminentemente popular de los miembros de la Junta, el
25, consagró definitivamente el precepto.
Sólo nos resta analizar el "principio federativo". Al respecto, han surgido
discrepancias sobre la existencia o no, del ideal federal en esas primeras
horas de la Revolución argentina. Es evidente que los principios del
federalismo eran casi desconocidos, no sólo por el pueblo, sino por el
mismo grupo intelectual, que con raras excepciones estaba alejado de la
escasa literatura sobre la materia. Será a partir de 1810 cuando la influen-
cia del constitucionalismo norteamericano comience a hacerse sentir.Será
recién en la Asamblea del año XIII cuando veremos aparecer los principios
de federación y confederación, y será desde ahí, que comience la
estructuración doctrinaria de nuestro federalismo.
Mariano Moreno fue quizás, el único que conoció en la hora de la Revo-
lución, todo el ordenamiento federal: “Consiste esencialmente -afirmaba-
en la reunión de muchos pueblos o provincias independientes unas de
otras; pero sujetas al mismo tiempo a una dieta o consejo general de todas
ellas, que decide soberanamente sobre las materias del Estado, que to-
can al cuerpo de la Nación...”
De las palabras de Moreno publicadas en "La Gaceta", surge claramen-
te el pensamiento del prócer sobre el sistema federal de gobierno; lo cono-
ce, pero no cree en su aplicación en esta parte de América, ni en su
oportunidad, a pesar de valorar sus virtudes.

68. 70
Ahora bien: el que se desconozca en la hora preliminar la estructura del
gobierno federativo, no significa por ello que en las jornadas de Mayo no
estén perfectamente delineadas las bases del federalismo argentino.
Los Reglamentos del 24 y 25 confirman este pensamiento al convocar
a los diputados del interior con idénticos propósitos.
CIRCULAR DEL 27 DE MAYO. LA CONVOCATORIA DE DIPUTADOS A LA JUNTA. Por un
inequívoco acto de soberanía popular, se instala en Buenos Aires la "Jun-
ta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre
del señor don Fernando VII". Aunque del mandato del pueblo no surgía la
consulta ni la convocatoria de las provincias, era evidente que para conso-
lidar posiciones, debía hacerse trascender a la revolución.
En virtud de ello, y en mérito a la labor revolucionaria del interior, que no
escapaba a la Junta, sus miembros deciden por circular del día 27 de
mayo, comunicar a los pueblos del interior y ordenar se nombren y vengan
a la capital los diputados, estableciendo que ellos han de irse incorporan-
do a la Junta “conforme y por el orden de su llegada a la capital, para que
así, se hagan de la parte de confianza pública que conviene al mejor
servicio del rey y gobierno de los pueblos".
La Junta Provisional Gubernativa al convocar a los pueblos del interior
para que se incorporaran a ella, daba un habilidoso golpe de estado.Incor-
porándose a la Junta, las provincias reconocían a ese nuevo gobierno
surgido de un movimiento local, es decir, con carácter municipal. Y la
Junta, al recibir la adhesión de gran parte del Virreinato, consolidaba su
poder, abandonando su carácter provisional para ser permanente.
Pero, detrás de todo esto se ocultaba la política morenista. La circular
del 27 invitaba para la incorporación al nuevo gobierno; pero también de-
sarrollaba una diplomática política para tratar de que en los hechos, esta
incorporación no se llevase a cabo. Moreno y los suyos comprendieron
todo el peligro que encerraba una invitación formulada a hombres del
interior, donde los principios revolucionarios podían no haber llegado.
El llamamiento a las provincias, fuera a incorporarse a la Junta o a la
formación de un Congreso, fue una determinación saludable y justa que
respondía al principio sostenido por los hombres de Mayo, de que la sobe-
ranía había retrovertido a todos y a cada uno de los pueblos del Virreinato.

69. 71
Los acontecimientos inmediatos, es decir, el choque entre Cisneros y
los miembros de la Junta, el conocimiento de focos revolucionarios en el
interior y las primeras desavenencias con la Audiencia, hicieron que la
Junta modificara un tanto sus planes de la primera hora, y rectificara la
circular del 27 de mayo. A tal efecto, el 16 de julio de ese año se comunica
a las villas, que no eran cabeza de partido que no enviaran sus diputados.
Hasta aquí, entendemos la política de la Junta. Pero los acontecimien-
tos posteriores y el temor de que los hombres de provincia no le respon-
dieran conforme a sus designios, hicieron que el patriótico espíritu que
había animado a la circular del 27 se desvirtuara fundamentalmente. Se
pretendía convertir a los diputados en simples informantes de las necesi-
dades de sus provincias, sin incorporarlos al gobierno ni reunirlos en Con-
greso.
Lo cierto es que los diputados del interior deambulaban por Buenos
Aires sin poder participar del gobierno. Una enconada disputa en la Junta,
el planteamiento de dos políticas opuestas y un hecho circunstancial, lle-
varon a estos representantes al seno de la entidad gubernativa. En efecto:
la política de Mariano Moreno había dividido a los hombres de la Junta y
al grupo dirigente de la Revolución. Sus medidas drásticas, y a veces
sangrientas, chocaron con el espíritu conservador de muchos de aquellos
hombres que preferían adoptar temperamentos de mayor equilibrio.
En sus fogosos treinta y dos años, arrastraba toda su pasión. Fue quizá
de los pocos que tuvo la clara visión de la pronta independencia y el exacto
sentido de la Revolución; pero sus determinaciones intransigentes y puni-
tivas se enfrentaron con el espíritu contemporizador del grupo presidido
por Saavedra. Un hecho intrascendente: el banquete festejando la victoria
de la batalla de Suipacha y el brindis de Duarte, da origen al decreto sobre
Supresión de Honores del 6 de diciembre de 1810. Dicho documento,
redactado por Moreno, es una pieza saturada de principios libertarios y
republicanos, que remata en un reglamento de dieciseis artículos, donde
se establece la igualdad entre los miembros de la Junta, y se prohiben
honores a las esposas de los funcionarios públicos.
Resultado de todas estas desavenencias, fue la incorporación de los
diputados del interior. A los fines de neutralizar la obra de Moreno y de
disminuir su influencia en el seno de la Junta, así como también de aplazar
la reunión del Congreso, se resolvió convocar a los representantes.

70. 72
La reunión se llevó a cabo el 18 de diciembre. El deán Gregorio Funes
fue el que habló en nombre de sus colegas. Estableció primeramente que:
“los diputados se hallaban precisados de incorporarse a la Junta provisio-
nal y tomar una activa participación en el mando de las provincias, hasta
la celebración del Congreso que estaba convocado”.
Integrada la Junta con sus nuevos miembros, comenzará la nueva obra
de la Revolución.
LAS JUNTAS PROVINCIALES. El 10 de febrero de 1810, se sancionaba el
Reglamento para las Juntas principales y subordinadas de las provincias.
Su autor, el doctor Gregorio Funes, manifiesta en la exposición de mo-
tivos, que la misma situación que obligó “a sustituir una autoridad colectiva
a la individual de los virreyes”, debió también “introducir una nueva forma
en los gobiernos subalternos”.
Lo que se necesita destacar es que, contrariamente a lo que han soste-
nido algunos autores, este decreto no significó de ninguna manera una
aspiración federalista. La subordinación que se establecía entre las ciuda-
des menores y las capitales, y entre éstas y Buenos Aires, no innovaba en
nada, respecto del régimen intendencial de la colonia.
La reacción no se hizo esperar. Las ciudades del interior se rebelaron
contra el decreto de la Junta de Buenos Aires.
Juan Ignacio de Gorriti, “proclama el principio de la igualdad de de-
rechos de todos los pueblos”. Proclama, el principio autonómico de
cada ciudad, no encontrando ningún reparo en que cada una de ellas se
entienda directamente con los demás.Reitera:“que cada ciudad se govierne
por sí sola”, y que todas las Juntas, sin distinción de principales y subalter-
nas, “se llamen territoriales y exerza cada una en su territorio, toda la
plenitud de facultades que en el día, exerce el govierno en toda la
provincia”.(Es transcripción textual del original.)
REVOLUCION DEL 5 Y 6 DE ABRIL DE 1811. A pesar del alejamiento de Mariano
Moreno de la Junta Gubernativa y de su muerte misma, nada “apagó su
fuego”, recogido por todos aquellos que participaron de sus ideales. Des-
de el seno de la Sociedad Patriótica, del café de Marco o del mismo regi-
miento Estrella, surgen los primeros ataques contra el presidente de la
Junta, don Cornelio Saavedra.

71. 73
A través de los sucesos del 5 y 6 de abril, de los hombres que participan
y del carácter de las peticiones, surge con toda evidencia que dicha aso-
nada estaba dirigida a contrarrestar el clima revolucionario creado por los
adictos de Mariano Moreno.
LA OPOSICION A LA JUNTA GRANDE.La terrible noticia del desastre de Huaqui,
conocida el 20 de julio de ese año, el bombardeo que sobre Buenos Aires
hizo por entonces la escuadrilla española, y la inoperancia en el sitio de
Montevideo, originó una seria disputa entre el Cabildo y la Junta.
El día 17 otra pueblada exigió Cabildo abierto para designar diputados
por la Capital al Congreso y tomar otras medidas para la “seguridad y
defensa de la Patria”. Derrotada moralmente, la Junta accedió a tal peti-
ción. Igualmente, se designó por sufragio a los integrantes de una Junta
consultiva, cuerpo cuya instalación se había también exigido al gobierno.
Entre los dieciséis miembros de esta nueva institución figuraban los más
acérrimos opositores de la Junta.
El resultado del Cabildo abierto fue el golpe de muerte del gobierno. El
final era previsto: la conducción política tenía que cambiar indudablemen-
te de mano.
De todo esto surge la creación del Triunvirato. El único fin, fue dar un
golpe decisivo a esa fuerza popular que tenía sus representantes en la
Junta y que se oponía a la política centralista del sector patricio.

72. 74
Actividad Nº 8
1) Sintetice la discusión del Cabildo Abierto del 22 de Mayo, identifican-
do las influencias doctrinarias que sirvieron de argumentos a los hom-
bres de la revolución.
2) Identifique las causas y concecuencias de la circular del 27 de mayo
de 1.810.
3) Elabore un perfil biográfico de Mariano Moreno.

73. 75
Diagramadecontenidos-UnidadVII
Reglamentoorgánicodel22deoctubrede1.811
Asambleade1.812:Revoluciónde1.812
PronunciamientoFederal:
-Pronunciamientodelospueblos
-Régimendirectorial
-LigaFederal
-CaídadeAlvear
-EstatutoProvisionalde1.815
EstatutoProvisionalde1.811
AsambleaGeneralConstituyentedelañoXIII
Proyectosconstitucionales:
-DelaSociedadPatriótica
-DelaComisiónoficial
-DelaComisióninterna
-ProyectoFederal
PosicióndelaSantaSede
OrigendelPatronatoNacional
PROPUESTAS
POLITICASYJURIDICAS
HASTA1.815
LAIGLESIAYLA
REVOLUCION
DEMAYO

74. 76

75. 77
En el punto 1 de esta unidad se describe la posición de la Iglesia respec-
to al proceso revolucionario en el que tuvieron importante y activa partici-
pación desde sus inicios miembros de su clero. Se analiza también el
nacimiento del Patronato Nacional y su concreción en el texto Constitucio-
nal de 1853. (Tau Anzoátegui - Martiré. Páginas 555 a 569 y 758 a 761)
El resto de la unidad comprende el análisis de los documentos y normas
institucionales, sancionados por la naciente autoridad, cuya evolución tam-
bién se describe y caracteriza. (López Rosas, páginas 134 a 171, 194 a
196 y 211 a 213)
La Iglesia y la Revolución de Mayo
Los sucesos que condujeron a la emancipación de la América española,
obraron fuertemente sobre la Iglesia indiana y repercutieron en una socie-
dad de arraigadas convicciones religiosas. La causa principal que signó
esta época fue la incomunicación de la Iglesia americana con respecto a
la Santa Sede, al haberse interrumpido el obligado nexo que pasaba por
España.
Al quedar en un comienzo de hecho y luego de derecho, separada la
América española de la Península, los vínculos religiosos y eclesiásticos
que unían el Nuevo Mundo con la Silla Apostólica a través de España,
quedaron rotos durante varias décadas. Sólo en 1858 se establecieron
oficialmente las relaciones entre el gobierno argentino y la Santa Sede.
En 1810, las órdenes religiosas existentes en el Río de la Plata (domini-
cos, franciscanos, mercedarios, agustinos, bethlemitas y los hermanos
hospitalarios de San Juan de Dios), dependían de sus superiores genera-
les residentes en España. El clero secular, en cambio, estaba sometido a
los obispos que gobernaban las tres diócesis en que se dividía nuestro
actual territorio: la de Buenos Aires, que comprendía Buenos Aires, San-
ta Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental; la de Córdo-
ba, que incluía a Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis; y la
de Salta, que abarcaba Salta, Tucumán, Catamarca, Santigo del Estero y
Tarija. Los tres obispos que presidían esas diócesis simpatizaron desde
UNIDAD VII

76. 78
un primer momento, con los adversarios de la Junta patria, después de la
Revolución, quedaron vacantes las tres diócesis rioplatenses.
Se planteó el problema de reemplazar a esas autoridades. No era posi-
ble apelar al régimen vigente en la materia, dada la incomunicación con
España y con Roma.
No siendo posible obtener la designación e institución canónica de nue-
vos obispos, en reemplazo de los que por las razones apuntadas, dejaron
vacantes las diócesis, el cabildo eclesiástico asumía interinamente el go-
bierno de la diócesis, designando de inmediato a un "vicario capitular" en
sede vacante. Durante casi dos décadas se prolongó este régimen de
excepción, suscitándose en Buenos Aires numerosos conflictos entre el
vicario, el cabildo y los distintos gobiernos, con respecto a los nombra-
mientos y atribuciones de aquel funcionario.
La Asamblea General Constituyente, decretó el 4 de junio de 1813 la
independencia de las Provincias Unidas de “toda autoridad eclesiástica
que exista fuera del territorio, bien sea de nombramiento o de presenta-
ción real”. El 16 de junio, dispuso que todas las órdenes o comunidades
religiosas existentes en el país quedaban, “por ahora”, en absoluta inde-
pendencia de todos los prelados generales existentes fuera del territorio
del Estado.
La Asamblea dispuso también, el 23 de marzo de 1813, la supresión del
tribunal de la Inquisición, declarando que se devolvía, a “los ordinarios
eclesiásticos, su primitiva facultad de velar sobre la pureza de la creencia”.
La tensión social existente en el Río de la Plata entre españoles y crio-
llos tuvo también exteriorización dentro del clero.El clero criollo adhirió con
entusiasmo a la causa revolucionaria, y ello quedó evidenciado en el cabil-
do abierto del 22 de mayo, con la predicación desde los púlpitos, con la
colaboración espiritual en los ejércitos libertadores y con una activa y
eficiente participación en las tareas gubernativas (especialmente en las
asambleas y congresos constituyentes). Así, por ejemplo, en Tucumán en
1816, una buena parte de los congresistas fueron sacerdotes.
LA POSICIÓN DE LA SANTA SEDE. Aunque los nuevos Estados acudieron di-
rectamente a Roma en busca de auxilio, su condición de colonias rebeldes
hacía imposible trato oficial alguno. La América española, atomizada en

77. 79
muchas repúblicas, aparecía ante los ojos del Viejo Mundo, en estado de
agitación política e ideológica y en algunos países, existía el peligro de un
cisma religioso.
Frente a esta situación, la comunicación con Roma aparecía cerrada no
sólo porque el uso tradicional había sido hacerla a través de Madrid, sino
por la situación política del Viejo Mundo en esos momentos.
Fue, precisamente, la actividad y firme diplomacia peninsular, la que
obtuvo que el Papa condenara a los revolucionarios americanos, condu-
ciéndolos a la obediencia absoluta a Fernando VII. Se expidió el breve del
30 de enero de 1816, dirigido a “los Venerables Hermanos Arzobispos y
Obispos y a los queridos hijos del Clero de la América sujeta al Rey Cató-
lico de las Españas”.
No obstante, el 24 de setiembre de 1824 el Papa León XII, sucesor de
Pío VII, expidió un nuevo breve, dirigido a los prelados americanos, en el
que, luego de señalar “la deplorable situación en que tanto al Estado como
a la Iglesia ha venido a reducir en esas regiones la cizaña, de la rebelión
que ha sembrado en ellas el hombre enemigo”, exhortaba a los arzobis-
pos y obispos para que trabajaran en favor de la paz y tranquilidad desea-
das. No contenía una expresa condena al movimiento de independencia ni
se incitaba concretamente a guardar fidelidad a Fernando VII, pero, se
insinuaba la conveniencia de que los prelados esclarecieran ante los fieles
“las augustas y distinguidas cualidades que caracterizan a nuestro muy
amado hijo Fernando, Rey Católico de las Españas, cuya sublime y sólida
virtud le hace anteponer al esplendor de su grandeza, el de la religión y la
felicidad de sus súbditos”.
Deseando conciliar la rígida posición española que negaba todo recono-
cimiento a la independencia americana y las necesidades espirituales de
los pueblos del Nuevo Mundo, el Papa instituyó por fin en América obispos
in partibus infidelium, designando a esos mismos prelados como vicarios
apostólicos de las diócesis americanas. Este cambio de actitud se hizo
evidente a partir de 1826 y bien pronto fueron designados nuevos obispos
para las diócesis americanas.
La solución de la Santa Sede provocó protestas de la Corona Española,
por cuanto significaba un entendimiento directo con las que aún, conside-
raba colonias rebeldes. Fue también cuestionada en América por quienes

78. 80
sostenían que no cabía designar obispos in partibus en países donde
existían arraigadas comunidades cristianas. Pero, cabe señalarlo, consti-
tuyó una solución transaccional en momentos en que era difícil conciliar
tan encontrados intereses.
Apenas elevado al solio pontificio el nuevo Papa Gregorio XVI, a partir
de 1831, preconizó obispos residenciales para diversos países de la anti-
gua América española normalizando así, la situación de la jerarquía
episcopal y dando término a la etapa transaccional de los obispos in partibus.
Origen del Patronato Nacional
El 28 de mayo de 1810 la Junta dispuso que los asuntos de Patronato se
le dirigieran "en los mismos términos que a los señores Virreyes; sin per-
juicio de las extensiones a que legalmente conduzca el sucesivo estado de
la Península". Es decir que la Junta sólo ejercía el llamado vicepatronato,
reservándose la posibilidad de extender este derecho.
Triunfó la tesis de que el Patronato era un atributo de la soberanía del
monarca, trasmitible a quien ejerciera el poder en su nombre o en su
reemplazo, y no una concesión personal de los pontífices a los reyes. Esta
conclusión no era más que una lógica deducción del concepto sobre la
materia imperante en el siglo XVIII.
Los textos constitucionales sancionados a partir de la primera década
de la Revolución, ratificaron esa posición. En el Estatuto dado al supremo
Poder Ejecutivo, dictado por la asamblea constituyente, se prescribió como
atribución de ese poder, la de efectuar presentaciones de prelados y ecle-
siásticos de conformidad al Patronato. El Estatuto de 1815 disponía, en
cambio, que el poder ejecutivo “no proveerá o presentará por ahora, nin-
guna canongía o prebenda eclesiástica”, pero el Reglamento de 1817,
aunque tímidamente, incluía el Patronato como atribución del ejecutivo.
Decía que, "presentará, por ahora, para las piezas eclesiásticas vacantes
de las Catedrales de las Provincias Unidas y demás beneficios eclesiásti-
cos de Patronato".
Las constituciones de 1819 y 1826 fueron ya categóricas en esta mate-
ria. Correspondía al ejecutivo el nombramiento de los arzobispos y obis-
pos a propuesta en terna del senado, y además, la presentación al arzo-

79. 81
bispo u obispo de las personas idóneas para ocupar canonjías, dignida-
des, prebendas y beneficios eclesiásticos. Aunque estas contituciones no
tuvieron aplicación, en la materia, es interesante advertir la evolución pro-
ducida.
El nombramiento de Medrano, efectuado directamente por Roma, sin
presentación del gobierno bonaerense, dio origen también a un conflicto
en Buenos Aires. El poder ejecutivo accedió sin embargo, pero al tomar
posesión del cargo de obispo, Medrano debía prestar juramento de cum-
plir y hacer cumplir las leyes del Estado, quedando de esta manera salva-
da la falta de presentación del electo conforme a la doctrina del Patronato.
Pese a que las cuestiones relativas al Patronato, se resolvieron dentro
de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, la doctrina emergente de
este episodio tuvo repercusión nacional, e insufló los posteriores textos
constitucionales y la conducta del gobierno argentino en la materia.
Cabe señalar que después de 1820 la dispersión de las funciones nacio-
nales planteaba un problema, debido a que las jurisdicciones territoriales
de la trece provincias no coincidían, naturalmente, con las de las tres
diócesis (Buenos Aires, Córdoba y Salta), de manera que cada una de
éstas comprendía varias provincias. Se admitió entonces que el gobierno
de la provincia, en cuyo territorio residía la autoridad diocesana, era el que
ejercía el derecho de presentación del candidato, conforme al Patronato.

80. 82
Actividad Nº 9
- Desarrolle en un cuadro, la evolución de las relaciones entre la Iglesia
y el nuevo gobierno patrio.

81. 83
Propuestas Políticas y Jurídicas hasta 1815
Al igual que la Junta, el Triunvirato se desprestigió debido a una serie de
medidas desacertadas, como el Tratado de paz con Elío y la reafirmación
de fidelidad y vasallaje a Fernando VII, prometiendo remitir a España con-
tribuciones pecuniarias para ayudarla en la guerra.
El fondo de la cuestión, reside en el proceso institucional. En efecto: en
el bando del 25 de setiembre, donde la Junta daba cuenta de la creación
del nuevo tipo de gobierno, expresaba que "el Triunvirato tomará el gobier-
no bajo las reglas o modificaciones que deberá establecer la Corporación
o Junta Conservadora que formarán los señores diputados de los pueblos
y provincias; debiendo entenderse -agregaba más adelante- que los miem-
bros que componen el Poder Ejecutivo (Triunvirato) son responsables de
sus acciones ante la Junta Conservadora". Debido a esta disposición, el
propio Triunvirato exigió de la Junta que dictase el reglamento por el que
habría de regir su existencia. Accediendo a ello, la Junta conservadora
dictó el 22 de octubre de 1811 el documento constitucional que pasamos
a analizar.
EL REGLAMENTO ORGANICO DEL 22 DE OCTUBRE DE 1811. Este reglamento,
considerado “como la primera Constitución del pueblo argentino”,
tiene singular importancia por los principios que consagra y la organiza-
ción de poderes que presenta. Si bien no establece forma de gobierno, de
sus cláusulas surge que está dado para una República.
El problema de la retroversión de la soberanía queda ratificado cuando
se expresa que después de la prisión de Fernando VII "quedó el Estado en
una orfandad política por lo que reasumieron los pueblos el poder sobera-
no". A continuación se consagran los derechos naturales del hombre, es-
tablecidos en los movimientos norteamericano y francés, al determinar
que "los hombres tienen ciertos derechos que no les es permitido abandonar".
El preámbulo fija el derecho de las provincias para concurrir a la forma-
ción del Estado, dejando asentado de esta manera un claro principio fede-
rativo.
La parte dispositiva de este cuerpo legal se divide en tres secciones. La
primera, dedicada al Poder Legislativo; la segunda, al Poder Ejecutivo, y la
tercera, al Judicial.

82. 84
"Los diputados de las provincias -acuerda el art. 1º- componen una
Junta con el título de Conservadora, de la soberanía de Fernando VII y de
las leyes nacionales".
En la segunda parte de este Reglamento se establece la independencia
del Poder Ejecutivo (Triunvirato), de los demás poderes.
La tercera parte está dedicada al Poder Judicial a quien, como reza su
art. 1º, "sólo toca juzgar a los ciudadanos".
Es obvio destacar la importancia de este Reglamento, no sólo como
primer antecedente constitucional, sino por la bondad de sus disposicio-
nes que, pese a no ser completas en su aspecto organizativo, llenaban
perfectamente las funciones a que estaban destinadas.
El Triunvirato, luego de conocer la resolución de esta asamblea local,
por considerarlo inconveniente, resolvió rechazar el Reglamento y no sa-
tisfecho solamente con el rechazo, en una de las más arbitrarias medidas
de nuestra historia, disuelve la Junta Conservadora (7 de noviembre de
1811), quedando desde ese instante cumplido el golpe de estado planea-
do por Rivadavia.
EL ESTATUTO PROVISIONAL DE 1811. Disuelta la Junta Conservadora y no
aceptando el Reglamento que aquélla había presentado, el Triunvirato se
dio a la tarea de redactar su propio código. Con tal propósito sancionó el
22 de noviembre de 1811 el llamado Estatuto provisional para el gobierno
superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a nombre del señor
don Fernando VII.
DECRETOS SOBRE LIBERTAD DE IMPRENTA. Es importante destacar las dispo-
siciones de los decretos que sobre libertad de imprenta dieron, respecti-
vamente, la junta Grande y el Triunvirato.
Entre las principales disposiciones del primer reglamento, cabe desta-
car su enunciación general, donde prescribe: “Todos los cuerpos y perso-
nas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad
de escribir, de imprimir y de publicar sus ideas políticas, sin necesidad de
licencia, revisión y aprobación alguna, anteriores a la publicación”.
DECRETO SOBRE SEGURIDAD INDIVIDUAL. “Todo ciudadano tiene un derecho
sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus
propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil y

83. 85
principio de todas las instituciones sociales, es lo que se llama seguridad
individual’.
LA ASAMBLEA DE 1812. En cumplimiento del art. 1º del Estatuto provisio-
nal, elTriunvirato dirigió una circular a todos los Cabildos para que eligiesen
sus diputados para la Asamblea que habría de constituirse. La actividad
de dicho cuerpo dictó el 19 de febrero de 1812 el reglamento de la Asam-
blea provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La composi-
ción del futuro organismo no podía ser más arbitraria.
A raíz de la solicitud del Ayuntamiento, el número de cien ciudadanos
había quedado reducido a treinta y tres. Las provincias estaban represen-
tadas por tan sólo once miembros.
Al promediar el año 12 la situación del Triunvirato era muy comprometi-
da; sus desaciertos le habían restado confianza en los grupos dirigentes
y sus medidas absolutistas le habían despojado de la poca popularidad
que pudo poseer. La Logia Lautaro organizada en el Río de la Plata,
socavaba día a día la obra del gobierno, mientras la Sociedad Patriótica
soliviantaba al pueblo en los clubes revolucionarios.
REVOLUCION DE 1812. El 8 de octubre se produce la revolución esperada
desde hacía meses y que los acontecimientos habían impedido. La con-
ducta de la Asamblea, netamente facciosa, precipitó el estallido así como
también, la noticia del triunfo de Belgrano en Tucumán que ya no hacía
menester apoyar al gobierno.
Se exige la suspensión de la Asamblea, la cesación del Triunvirato y la
creación de un Poder Ejecutivo integrado por ciudadanos que consulten la
voluntad del pueblo. Por último, se pide la convocatoria de una nueva
Asamblea que resuelva en forma definitiva los graves problemas de la
Nación.
En forma conjunta, el Cabildo y el gobernador intendente, nombran a los
miembros del nuevo Triunvirato. Instalado éste y superadas las primeras
dificultades, dará en 24 de octubre un decreto convocando a la nueva
Asamblea exigida por el pueblo. Bajo la advocación de "Independencia y
Constitución", habrá de llamarse a los representantes de los Cabildos
para decidir sobre los destinos de la Patria.

84. 86
La Asamblea General Constituyente del Año XIII
Dentro del proceso constitucional argentino, la Asamblea General Cons-
tituyente del año XIII, significa uno de los actos más trascendentales de
nuestra vida histórica. Nace en un momento crucial de nuestra nacionali-
dad, cuando la inestabilidad de los gobiernos patrios y la desorientación en
los planteos de la independencia, parecen encaminados a hacer naufra-
gar la nave del Estado. Las numerosas leyes que aprobó esta Asamblea
instauraron de hecho, la verdadera independencia de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata.
Fue inaugurada el 31 de enero de 1813, solemnemente, en el tribunal
del Consulado.En su primer decreto, proclama que en ella “reside la repre-
sentación y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de
la Plata”.
LOS PROYECTOS CONSTITUCIONALES. Si bien los proyectos constitucionales
presentados a la Asamblea o los que se elaboraron para su tratamiento,
no llegaron a concretarse por las circunstancias históricas conocidas, no
por eso han dejado de realizar su valioso aporte a nuestra vida institucio-
nal. Cuatro proyectos que se conocen hasta nuestros días fueron prepa-
rados para ser presentados a la Asamblea Constituyente. Los dos prime-
ros: el de la Comisión oficial y el de la Sociedad Patriótica, parece ser que
fueron tratados en el seno del Congreso.
El tercer proyecto fechado el 27 de enero de 1813 se cree fue redactado
por una Comisión interna de la Asamblea, en sus deliberaciones prepara-
torias.
El cuarto proyecto, de neto corte federal.
PROYECTO DE LA SOCIEDAD PATRIOTICA
PROYECTO DE LA COMISION OFICIAL
PROYECTO DE LA COMISION INTERNA
PROYECTO FEDERAL

85. 87
El análisis de estos proyectos, se encuentra claramente expuesto en la
bibliografía básica.
El Pronunciamiento Federal
EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS. Precisar en qué momento, en qué
institución o acontecimiento determinado nace el federalismo argentino
como hecho histórico, es indudablemente uno de los más arduos proble-
mas de nuestra disciplina.
Es evidente que el origen de nuestro federalismo, en sus primeros ante-
cedentes, se remonta a la organización de la Colonia en sus aspectos
sociales, en sus instituciones políticas y en su estructuración económica.
En aquel juego de causas y efectos que se llama Historia, razones muy
poderosas debieron motivar consecuencias de tanta trascendencia y per-
duración.
En torno de 1815 ubicamos el pronunciamiento federal, ya que en ese
año, los pueblos litorales empezarán su lucha autonómica y las ideas de
Artigas comenzarán a tomar arraigo por todos los caminos de la
mesopotamia, para luego extenderse al interior. Este federalismo es la
mayor fuerza opositora del régimen dictatorial, que exponemos a conti-
nuación.

86. 88
EL REGIMEN DIRECTORIAL. Desde el comienzo de su mandato, Posadas,
(primer Director Supremo) carente de condiciones de gobernador, no pudo
desarrollar una política eficaz, que solucionara los graves problemas que
aquejaban a las Provincias Unidas.
Al iniciarse el año 1815 la situación se torna harto difícil para el gobierno,
debido al descontento general por la política facciosa que lleva el alvearismo.
Ante la anarquía del ejército, que no respondía al Directorio y la falta de
apoyo en la mayoría de las provincias, Posadas presenta su renuncia que
es aceptada el 9 de enero de 1815. En su reemplazo se designa al general
Alvear, sobrino de Posadas.
Falto del equilibrio necesario para el buen gobierno, ensoberbecido por
sus triunfos y ambicioso de poder, comenzó Alvear su gestión con innu-
merables desaciertos que inmediatamente lo desacreditaron, socavando
su prestigio.
LA LIGA FEDERAL. Retirado del sitio de Montevideo, Artigas comienza su
campaña libertadora y su lucha contra el gobierno porteño.Insurreccionada
Corrientes por Bautista Méndez, ya hemos visto cómo se declara la inde-
pendencia de la provincia y se proclama a Artigas como su protector.
Santa Fe, ayudada también por el caudillo, depone a Díaz Vélez, teniente
gobernador enviado por Buenos Aires, y se proclama independiente.
Si bien no conocemos el documento donde expresamente se constituya
la nombrada Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres, la existencia de
esta unión es de una incuestionable realidad. Frente a la vacilante política
del Directorio y a los tanteos de gobiernos, protectorados o monarquías,
la liga artiguista significó la voluntad irrevocable de los pueblos litorales de
sostener los principios de la federación. Subsistió hasta 1820. Le corres-
pondió velar por las incipientes autonomías de las provincias, organizar el
Congreso de Oriente y mancomunadas, soportar la invasión portuguesa
y las constantes guerras con el Directorio.
LA CAIDA DE ALVEAR. FONTEZUELAS. La noticia del alzamiento santafesino
produjo en Buenos Aires un singular desconcierto. Sin pérdida de tiempo
el director convocó a sus fuerzas y organizó un poderoso ejército que
puso al mando del coronel Viana a fin de llevar la guerra contra Artigas. A
poco de marchar de la capital, Alvarez Thomas que integraba un grupo
revolucionario, que desde hacía tiempo pensaba derrocar a Alvear, entró

87. 89
en contacto, rumbo a San Nicolás, con elementos artiguistas que le pro-
metieron ayuda, conforme órdenes del jefe oriental.Y así, de acuerdo con
sus oficiales, sublevóse el 3 de abril de 1815 en Fontezuelas contra el
gobierno nacional.
Al movimiento de Fontezuelas plegóse inmediatamente el ejército de la
campaña.Desde su campamento AlvarezThomas remite un oficio a Alvear
conminándolo a que abandone el gobierno.
Enterado Alvear de los pormenores de la sublevación y aún cuando
reconoce que tiene poderosas ramificaciones en el mismo Buenos Aires,
presenta su renuncia como director.
ESTATUTO PROVISIONAL DE 1815. El Cabildo, el 18 de abril, previo a la
culminación de todos los sucesos que terminarían con el alejamiento de-
finitivo de Alvear, expresaba que una Junta de observación daría al nuevo
gobierno "un Estatuto provisional, capaz de contener los grandes abusos
que hemos experimentado".
Se ha dicho que el Estatuto de 1815 “era de tendencia federalista por-
que,-por primera vez en la historia constitucional del país-, otorga a las
provincias el derecho de elegir sus propios gobernadores”. Una vez más,
como en los anteriores proyectos, se reconocía o se invocaba el término
provincias, como entidades administrativas o meras dependencias del
gobierno central, pero no se les reconocía como verdaderas personas del
derecho público, en posesión de su autonomía y con facultades para regir-
se independientemente, dándose sus constituciones y leyes. Si el Estatu-
to hubiera sido federal, como se ha dicho, tendría que dedicar más de un
capítulo a la organización de los Estados particulares, estableciendo sus
derechos y obligaciones.
Habíamos adelantado que la única cláusula que ha hecho trascender a
este Estatuto es la del artículo 30 de la sección dedicada al Ejecutivo,
donde se establece que, luego que el Directorio “se posesione del mando,
invitará, con particular esmero y eficacia, a todas las ciudades y villas de
las provincias interiores para el pronto nombramiento de diputados que
haya de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad
de Tucumán.”

88. 90
Actividad Nº 10
1) En un cuadro sinóptico, analice el contenido de:
a) Reglamento del 22 de octubre de 1.811
b) Estatuto Provisional de 1.811
c) Reglamento sobre la libertad de imprenta
d) Decreto sobre la seguridad individual
e) Estatuto Provisional de 1.815

89. 91
DECLARACIONDE
LA
INDEPENDENCIA
CONSTITUCION
DE1.819
EMANCIPACION
POLITICA
CONGRESO
DETUCUMAN
TRATADODEL
CUADRILATERO
CONSTITUCION
DE1.826
ESTATUTO
PROVISIONAL
DESANTAFE
TRATADODELPILAR
CONGRESO
NACIONAL
1.824-1.827
Proyecto
Discusión
Sanción
Crisisanteriora1.820
Formadegobierno
Misionesdiplomáticas
ReglamentoProvisorio
de1.817
Rechazo
Causasdellevantamiento
nacional
LeyFundamental
LeydeCapital
Diagramadecontenidos-UnidadVIII

90. 92

91. 93
Esta segunda instancia del proceso emancipador iniciado en mayo de
1.810, constituye uno los períodos fundacionales de la Patria: la
independecnia política. Sus razones y contenido son de ineludible profun-
dización para compreder el curso de nuestra historia y de allí en más,
serán los diversos intentos constitucionales los que, aunque efímeros, en
su vigencia, signarán las bases de la constitución de l.853. (López Rosas
pags. 246 a 274 y 333 a 394.)
La Emancipación Política
EL CONGRESO DE TUCUMÁN. Si bien el llamado movimiento federal, produ-
cido en torno de 1815 en Buenos Aires, no dio mayores frutos en el orden
institucional, se establecía que una vez que el director asumiera el mando,
invitara "con particular esmero y eficacia a todas las ciudades y villas de
las provincias interiores para el pronto nombramiento de diputados que
hayan de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad
de Tucumán".
UNIDAD VIII

92. 94
Es verdad que la situación no podía ser más crítica. El grave problema
de la lucha de Buenos Aires con el litoral, las disidencias internas de los
grupos directoriales, la derrota del ejército del Norte en Sipe-Sipe, la pos-
terior controversia de Rondeau y Güemes, así como también la poco
favorable situación internacional, con el afianzamiento de las monarquías
y la lucha de España por reconquistar sus perdidas colonias de América,
presagiaban lógicamente el fracaso del Congreso convocado en la ciudad
de Tucumán.
Una vez instalada la Asamblea se declara soberana, redactando un
manifiesto para todas las provincias que lleva la firma de los congresales
asistentes.
Todos los fundamentales problemas que agitan a las Provincias Unidas
son sometidos a examen de la magna asamblea. Se trata de consolidar la
paz en el orden interior y asegurarse del ataque externo.
Atento la renuncia de González Balcarce, la asamblea se ve en la nece-
sidad de nombrar un nuevo director supremo, recayendo tal designación
en la persona del coronel mayor, don Juan Martín de Pueyrredón.
Inmediatamente se aprueba un plan de trabajo, referente a aquellas
materias que debían merecer especial y preferente atención, de parte del
Congreso.
Se destacan entre ellas:
Un manifiesto que exponga a la consideración de las provincias los es-
pantosos males que han causado las divisiones de los pueblos.
Declaración o deslinde de las facultades del actual soberano Congreso
Nacional Constituyente y tiempo de su duración.
Discusiones sobre la declaración solemne de nuestra independencia
política.
Pactos generales de las provincias y pueblos de la Unión, preliminares
a la Constitución.
Qué forma de gobierno sea más adaptable a nuestro actual estado, y
más conveniente para hacer prosperar las Provincias Unidas.

93. 95
Decretada la forma, un proyecto de Constitución.
LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA. En la sesión del 9 de julio, una vez
que se acordó tratar y deliberar sobre la libertad e independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, puestos en pie, los señores diputa-
dos en sala plena, aclamaron la independencia de las Provincias Unidas
de la América del Sud de la dominación de los reyes de España y su
metrópoli.
‘Nos los representantes de las Provincias Unidas de Sud
América, reunidos en Congreso General, declaramos que
es voluntad unánime de estas provincias romper los
violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España,
recuperar los derechos de que fueron despojados e
investirse de alto carácter de nación libre e independiente
del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli’.
Faltaba encarar el problema constitucional: adoptar una forma definitiva
de gobierno y dar una Ley Fundamental que organizara integralmente a la
Nación. “Unión, americanos; no perdamos por nuestras discordias
esta preciosa joya que nos vino de lo alto”.
LA FORMA DE GOBIERNO. Declarada formalmente la independencia, los
diputados, sin respetar el orden establecido, se entregaron plenamente a
la labor de solucionar el grave problema de la forma de gobierno que
habría de adoptarse para la nueva nación. Principios republicanos y mo-
nárquicos, sistema federal o de unidad, jugaban en el orden de ideas de la
época, sostenidos algunos por calificadas élites, o proclamados un tanto
instintivamente por amplios sectores sociales.
El arduo problema de la forma de gobierno se vio directamente compli-
cado con la invasión portuguesa a la Banda Oriental, pues se temió un
ataque sobre el resto de las provincias argentinas, en especial las
mesopotámicas.
LAS MISIONES DIPLOMATICAS. Las misiones diplomáticas enviadas por el
Directorio y el Congreso demuestran la equivocada política del gobierno,
insensible a los graves problemas nacionales. Ya a principios de 1817,
Manuel García firma un proyecto donde se establecía por parte del go-

94. 96
bierno argentino, "la obligación de retirar tropas portuguesas". A cambio
de esto, Portugal comprometíase a "no emprender nada contra las Pro-
vincias Unidas".
Como consecuencia de estas tratativas preliminares, el Directorio llevó
la guerra a los cuatro provincias litorales, colaborando así, en forma efec-
tiva, con los portugueses instalados en la Banda Oriental.
Por fortuna este tratado, firmado por García en abril de 1817 y aprobado
por el Congreso, no fue ratificado por Juan VI, por razones de alta política,
que aconsejaban una postura expectante.

95. 97
Actividad Nº 11
- Explique brevemente, las circunstancias en la que se produjo la De-
claración de nuestra Independencia.

96. 98
REGLAMENTO PROVISORIO DE 1817. Proclamada la independencia de las
Provincias Unidas, faltaba en verdad, resolver el grave asunto de dar una
Constitución que organizara en forma integral y definitiva a la Nación.
Durante el año 1816 se redactaba un Reglamento provisorio que obtiene
la aprobación del Congreso, luego de no pocas deliberaciones.
El Reglamento provisorio no innova mayormente sobre lo establecido
en el Estatuto de 1815. Las pocas modificaciones son para darle un neto
carácter unitario: la elección de gobernadores intendentes y tenientes
gobernadores. Por el Estatuto de 1815, se nombraban, por el director del
Estado, a propuesta en terna del Cabildo de su residencia, en el Regla-
mento del 17, dichas designaciones quedaban al arbitrio del supremo di-
rector del Estado, de las listas de personas elegibles de dentro o fuera de
la provincia.
Donde más se destaca el tinte unitario de este reglamento es en el
Poder Ejecutivo, que si bien reside en el director supremo, asume un
mayor número de prerrogativas y facultades al suprimirse la Junta de
observación nacida en 1815, y por ende, escapa a su fiscalización. De
esta manera, sin las trabas que obstaculizaban su acción y con el absoluto
control de las provincias, la nueva Constitución acentuó el exagerado cen-
tralismo que venían ejerciendo los gobiernos de Buenos Aires.
Este reglamento de carácter esencialmente unitario, rigió provisoriamente
hasta la sanción definitiva de la Constitución de 1819.
LA CONSTITUCION DE 1819. Luego de varios meses de labor, el proyecto de
Constitución definitiva fue presentado al director supremo, y el 31 de julio
de 1818 comenzó su tratamiento.
Para hacer el análisis de la Constitución de 1819 es necesario distinguir
su aspecto doctrinario del histórico: de esta manera se podrá realizar una
justa valoración crítica de su importancia jurídica y de su trascendencia
como hecho histórico.
Si bien esta Constitución puede aceptarse en algunos de sus aspectos
doctrinarios, su sanción, como hecho histórico, en las circunstancias en
que nace, mueve a la más dura crítica. La Constitución del 19 significaba
la muerte de las autonomías provinciales, del gobierno propio, del
federalismo histórico, de las aspiraciones democráticas y republicanas por
las que había luchado sin desmayo el pueblo argentino. El repudio de las

97. 99
provincias cuando les fue presentada, muestra palpablemente que otros
valores, más contantes y profundos, movían a los pueblos.
La crítica fundamental a esta Constitución se encuentra en la integra-
ción de su Senado. Efectivamente, dicho cuerpo está formado por "los
senadores de provincias, cuyo número será igual al de las provincias; tres
senadores militares, un obispo y tres eclesiásticos, un senador por cada
Universidad y el director del Estado".
Como se puede apreciar, la constitución del Senado era una nueva
negación de los principios de Mayo. Esta composición netamente aristo-
crática produjo incontenible reacción en las provincias que, después de
casi diez años de libertad, creían estar liberadas de los resabios de la
época anterior.
El Poder Ejecutivo reúne, dada la naturaleza de la Constitución, la suma
de los poderes, conformando un neto sistema de unidad.
En cuanto a sistema o forma de gobierno, concretamente no adopta
ninguno, con el visible propósito de poder adaptar la Ley Fundamental
sancionada a una monarquía constitucional.
RECHAZO DE LA CONSTITUCION UNITARIA Y CAUSAS DEL ALZAMIENTO NACIONAL.
Conocidos los principios de la nueva Constitución que acababa de
sancionarse, las provincias argentinas, especialmente las del litoral, vien-
do menoscabados sus derechos y violadas sus soberanías particulares,
se levantan contra las autoridades nacionales. No significa esto que la
sanción de la Constitución del 19 es la única causa de la rebelión. Es la
consecuencia directa de una errónea política, dirigida por los grupos cen-
tralistas porteños en torno a regímenes o sistemas de unidad, a un me-
nosprecio por los derechos de los pueblos del interior y a un desconoci-
miento de la realidad histórica, que por aquel entonces obedecía a un
federalismo de hecho y derecho que las provincias sostenían como ban-
dera.
La insurrección comenzada en el litoral cunde por todo el país, descon-
tento contra la política centralista dominante.
Al comenzar el año 1820 la efervescencia de los pueblos litorales cunde
por todo el territorio. A las sublevaciones de Tucumán, La Rioja y de las

98. 100
provincias limítrofes, y al estado de guerra de Santa Fe, Entre Ríos y
Corrientes, se le suma la desobediencia sanmartiniana y la sublevación en
9 de enero de ese año del Regimiento de Cazadores en San Juan.
EL ESTATUTO PROVISIONAL DE SANTA FE. Después de firmado a principios de
1819 el armisticio de San Lorenzo entre Buenos Aires y Santa Fe, la
provincia entró temporariamente en una época de paz. Estanislao López
aprovecha la ocasión para organizar la provincia institucionalmente. Este
pensamiento, que había orientado al gobierno de López, se convierte en
realidad, y así, en julio de 1819 encarga a la Junta electoral la redacción de
un Estatuto constitucional.
El Cabildo aprueba el 26 de agosto de 1819 el Estatuto provisional de
Santa Fe, siendo así esta provincia, la primera en darse su Constitución.
Ello significa el ideal autonómico de un estado argentino en darse sus
propias intituciones, en darse su ley fundamental, organizando sus pode-
res. Es decir, convertir a este federalismo de hecho, practicado y vivido en
el azar de la guerra, en un federalismo de derecho, concretado en la
norma. Gobierno propio, Constitución propia, leyes propias, conforman la
autonomía particular de los Estados siendo la base de todo sistema fede-
ral, sobre todo, si tenemos en cuenta que se aspiraba a la formación de un
gobierno general, organizado constitucionalmente.
La Constitución de Santa Fe significó una réplica contundente a la Cons-
titución Nacional. Por eso, a pesar de su endeblez, a pesar de sus enormi-
dades jurídicas, es la espontánea manifestación de un pueblo por concre-
tar su vida dentro de la ley.
LA CRISIS ANTERIOR A 1820. Singular importancia reviste, no sólo para la
historia constitucional, sino para la vida política, económica y social del
pueblo argentino, la revolución de 1820.Veamos ahora las características
fundamentales de esta crisis.
a) Participación del pueblo. Es recién en 1820 cuando el pueblo vuel-
ve a retomar el pulso de la Revolución de Mayo y decidir los destinos
superiores.
b) Ruptura definitiva de la estructura colonial. En 1820, y de ahí su
importancia, se quiebra la estructura colonial y cada pueblo, cada provin-
cia, pasa a ejercer sus legítimos derechos, a gozar abiertamente y sin
dependencias extrañas, su propia autonomía.

99. 101
c) Triunfo del federalismo. En 1820 se produce el legítimo triunfo del
federalismo que concretará su ideario en la Constitución del 53.
d) Derrumbe de los organismos. Es consecuencia inmediata de los
hechos ocurridos a principios del año XX, la caída del Congreso y del
Directorio, y el surgimiento de la provincia de Buenos Aires y su primera
Junta de representantes.
La caída de los dos organismos nombrados es de capital importancia,
ya que con ella termina toda una política encaminada a desvirtuar, pese a
las mejores intenciones, la orientación de Mayo.
e) Anhelo de autonomía económica. Producido el movimiento revolu-
cionario se inicia el proceso independiente bajo la égida del librecambio.
f) La “anarquía federal”. Librada la batalla de Cepeda el 1 de febrero
de 1820, con el triunfo de las fuerzas federales, Ramírez envía una nota
al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires manifestándole que “no activará
las operaciones del ejército dentro del término de ocho días”, los suficien-
tes como para que deliberen sobre su suerte y comuniquen sus decisio-
nes.
Transcurridos los ocho días que habían otorgado de plazo para que se
destituyera a las autoridades y se convocara a Cabildo abierto, los caudi-
llos federales deciden avanzar sobre la ciudad de Buenos Aires.
Ante el avance de éstos y los términos de su proclama, las autoridades
de Buenos Aires no tuvieron otra determinación que tener que resignar
sus cargos.
TRATADO DEL PILAR. El 23 de febrero de 1820, en la capilla del Pilar queda
“hecha y concluida”, la convención entre los gobernadores don Manuel
Sarratea, de la provincia de Buenos Aires, don Francisco Ramírez, de la
de Entre Ríos y Don Estanislao López, de la de Santa Fe, con el fin de:
“...terminar la guerra suscitada entre dichas provincias, proveer a la
seguridad ulterior de ellas y de concentrar sus fuerzas y recursos en un
gobierno federal”.
Es la obra institucional de los pueblos litorales, asentando los principios
básicos sobre los que habrá de organizarse políticamente la nación,. es el

100. 102
pacto de unión sobre el que habrán de consolidarse las autonomías pro-
vinciales, y del cual surgirán de una manera absoluta y definitiva los prin-
cipios de federalismo y nacionalidad. Sobre estos dos pilares, a través de
toda una dolorosa etapa de lucha civil, habrá de organizarse la patria en 1853.
EL TRATADO CUADRILATERO. Muerto Ramírez, después de su frustrada
campaña contra Buenos Aires, el panorama político del país cambiaba
fundamentalmente su fisonomía. Por su parte Corrientes y Misiones que-
daban en el "pleno goce de su libertad" luego de estos sucesos.Rivadavia,
atento al proceso político, manejado hábilmente desde Buenos Aires, ve
así más próximos sus anhelos de organizar el país bajo el sistema de
unidad, en un Congreso cuya sede sea la vieja capital. La corriente promo-
vida por Bustos desde Córdoba, inspira la reunión de las provincias litora-
les bajo las formas de un tratado, que prepare el futuro Congreso nacional.
Fueron convocados los representantes de las cuatro provincias litorales
(Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes), en la ciudad capital de la
provincia de Santa Fe.
El Tratado Cuadrilátero, haciendo una breve síntesis, es el sustituto
legal del Congreso de Córdoba, desviado por Rivadavia hacia Buenos
Aires, con el único propósito de debilitar la influencia de Bustos, apagar el
anhelo ferviente de federalismo que ostentaban las provincias y preparar
el camino hacia el Congreso, que en 1824 comenzaría su labor en la
ciudad capital.
El Congreso Nacional 1824-1827
La realización de una de las más importantes asambleas argentinas,
iniciada el 6 de diciembre de 1824 y disuelta el 18 de agosto de 1827, es
el resultado de un largo proceso histórico donde se conjugan poderosas
fuerzas en pugna.
Desde elTratado del Pilar, pasando por el Pacto de Benegas, el Congre-
so de Córdoba, el Tratado Cuadrilátero y todos aquellos pactos menores,
celebrados entre las provincias, dos corrientes que hacen a la vertebral de
la nación, se disputan la hegemonía política. Por un lado, el pensamiento
federal, sostenido por la casi mayoría de los Estados particulares, y por el
otro, el pensamiento centralista, propugnado por los núcleos porteños que

101. 103
luchan por mantener la preponderancia de un gobierno central, instalado
en la capital histórica.
La poderosa influencia de Rivadavia hace que en las postrimerías del
año 1821, la provincia de Mendoza, movida por legítimos anhelos de orga-
nización, solicitara al gobierno de Buenos Aires la reunión de un Congreso
Nacional.
Motivos de carácter internacional hacen necesaria en forma urgente la
convocatoria.Por un lado: el conflicto cada vez más grave con Brasil, y por
otro, la necesidad de asegurar el reconocimiento de nuestra independen-
cia por los países europeos, para lo cual se precisa presentar a los Esta-
dos extranjeros, una república organizada constitucionalmente, en todos
sus poderes.
A todo esto, ya en el poder como gobernador de la provincia de Buenos
Aires, el general Gregorio Las Heras, desde mayo de 1824, acentúa en
sus decisiones de gobierno, una marcada tendencia autonómica, acorde
con el espíritu federal reinante en las demás provincias.
LA LEY FUNDAMENTAL. La primera medida de singular trascendencia apro-
bada por el Congreso fue la sanción de la llamada "Ley Fundamental". La
hondura de sus principios ajustados a la realidad nacional daban las bases
para un verdadero pacto de provincias, de donde debería partirse para
todo intento de organización nacional. Sus claros lineamientos hacían a lo
vertebral de la Nación, dando solidez al Congreso que proyectaba la ins-
talación de una autoridad nacional y la sanción de una Constitución, que
estructurara definitivamente los poderes de la república. De su lectura
surge la esencia de un legítimo pacto de confederación, consolidando las
soberanías particulares y creando un gobierno central, con las facultades
inherentes a esta clase de asociación política. El proyecto original consta-
ba de dieciocho artículos, interesantes de analizar en la bibliografía básica.
Otras cuestiones importantes que trató el Congreso, fueron:
LA LEY CAPITAL. En la sesión del 13 de febrero tuvo entrada el proyecto
remitido por Rivadavia declarando a la ciudad de Buenos Aires capital de
la República.
El 4 de marzo de 1826 quedó definitivamente sancionada la ley capital.
La disolución nacional estaba en marcha. Veintiséis largos años habría

102. 104
que esperar para el logro de la ansiada organización nacional. Desde ese
momento el Congreso entraría en total declinación. En torno a la Buenos
Aires ultrajada, se alzarían otra vez las lanzas montoneras y se abriría, sin
pensarlo, el penoso camino hacia la dictadura.
LA FORMA DE GOBIERNO. El proyecto de decreto presentado establecía
que “la Comisión de negocios constitucionales redactará un proyecto de
Constitución sobre la base de un gobierno representativo republicano,
consolidado en unidad de régimen”.
PROYECTO, DISCUSIÓN Y SANCION DE LA CONSTITUCION DE 1826. Todavía en
discusión el problema de la forma de gobierno, la comisión designada al
efecto, se dio a la tarea de redactar el proyecto de Contitución que se le
había encomendado.
Esta fue sancionada el 24 de diciembre de 1826, bajo la presidencia de
Bernardido Rivadavia y consta de ciento noventa y un artículos. Es indu-
dable, y no insistimos sobre ello, que esta Constitución Nacional es, desde
el punto de vista de la técnica constitucional, juntamente con la Constitu-
ción de 1819, el documento más completo y elaborado, y uno de los fun-
damentales antecedentes de la Constitución del 53. Pero bien sabemos
también, que las leyes deben ser el producto de la evolución del medio
social en que se gestan, el resultado de los factores históricos y el logro
efectivo de las libertades. Poco de esto consultó la Constitución de 1826,
ajena a la aspiración autonómica y federalista de las provincias, demostra-
da elocuentemente en su violento rechazo, apenas fue sancionada.
La sanción de la ley unitaria de 1826 significaba la muerte de las
instituciones provinciales, reducidas a simples entes de una admi-
nistración delegada, quedando los gobernadores bajo la inmediata
dependencia del presidente de la República y sus nombramientos, a
una caprichosa decisión.
Los comisionados por el Congreso, una vez sancionada la Constitución,
marcharon hacia las provincias donde se los había designado. El más
poderoso rechazo de la Constitución sancionada por el Congreso, fue la
culminación de una penosa política de desaciertos sostenida por el go-
bierno nacional. La estructura unitaria aflojaba vertiginosamente sus ci-
mientos, sacudida por una violenta reacción de las provincias que, una
vez más, iban a reafirmar su fe en los principios del federalismo.

103. 105
Si a eso se suman los fracasos de Rivadavia en su bien llamada "aven-
tura presidencial", comenzando por su reforma enfitéutica, el Banco Na-
cional, el empréstito con la Baring Brothers, la explotación de las minas de
Famatina, el triste fin de la Asociación Agrícola del Río de la Plata, su
fracasada política inmigratoria, y decapitación de la provincia más podero-
sa, desmembrada por la ley de federalización, es evidente que su gobier-
no no podía seguir adelante. El problema con el Brasil fue el golpe de
gracia para el desventurado Rivadavia. Su renuncia cierra así, todo un
singular período histórico, que pudo ser el de la verdadera organización
nacional.
A todo esto, repudiada por las provincias la Constitución, a instancias de
Córdoba, diez de ellas se unen en un pacto que en esa hora tiene singular
trascendencia por los ideales que consagra y la determinación que asu-
me. Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santia-
go del Estero, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan y San Luis firman en
mayo de 1827, sucesivamente, un Tratado de alianza ofensivo-defensivo
"por el que se comprometen a la organización del país en un nuevo Con-
greso bajo la forma federal, y a invitar a las provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Tucumán y Banda Oriental a adherirse a la Liga". Declaran
que las provincias contratantes “convienen en desechar la Constitución
que ha sancionado el Congreso Constituyente” por estar “formada sobre
la base del sistema de unidad, que está en oposición a la voluntad general
de las provincias suscribientes”. Establecen luego (art. 5º) que todos los
Estados en unión, “invitarán a todas las demás provincias que no estén en
la Liga a formar un nuevo Congreso, cuyo solo objeto sea constituir al país
bajo la forma de gobierno federal”, y que provisionalmente se reunirán en
la ciudad de Santa Fe.
Este pacto nacional que nucleó a las provincias bajo un vínculo
confederacional, trajo la feliz circunstancia de estar todos los Estados
argentinos representados en un Congreso Contituyente, con paz interior.
Además de solucionar la crisis gubernativa, representa la "partida de de-
función" del Congreso y el nacimiento de la futura Convención Nacional.
LEY DEL 3 DE JULIO DE 1827. Instalado este cuerpo en el mismo local del
Congreso, el 12 de agosto proceden a elegir al gobernador propietario
siendo proclamado el coronel Manuel Dorrego.
“El Congreso y gobierno nacional quedan disueltos”.

104. 106

105. 107
GOBIERNO
DEDORREGO
RESOLUCIONES
-PactoFederaldel
4deEnerode1.831
-LaDictadura
-Generacióndel37
-PronunciamientodeUrquiza
-LaEconomía
CONVENCIONNACIONAL
DESANTAFE
-TerritorioNacional
-Efectosdelaleyconrelaciónal
territorio
-MotíndeLavalle
PRIMERGOBIERNO
DEROSAS
Diagramadecontenidos-UnidadIX

106. 108

107. 109
Esta unidad describe, no sólo las circunstancias del retardo en la orga-
nización constitucional definitiva, sino el modo en que los hombres públi-
cos de aquella época, mantuvieron por vías distintas, la unidad y el destino
de la Nación. El régimen de los
pactos interprovinciales, que
desde 1.820, se instaura en el
país hasta l.853, es de suma im-
portancia.
De idéntica manera la inesti-
mable labor de la generación del
37, logra sintetizar a través de
sus exponenetes, la realidad de
aquel presente, en un proyecto
viable que se concretiza en l.853.
(López Rosas, pags. 290 a 306
y 324 a 328, 437 a 452, 457 a
474.)
El punto 4) de esta unidad, describe las características de la situación
económica del Río de la Plata, durante este período de nuestra historia.
(Tau Anzoátegui Martire, pags. 475 a 531)
La Convención Nacional de Santa Fe (1828-1829)
GOBIERNO DE DORREGO. LOS PACTOS INTERPROVINCIALES. Una vez en el gobier-
no de la provincia de Buenos Aires, diose Dorrego a la solución de los dos
más graves problemas que enfrentaba la Nación:
a) la guerra con el Brasil y
b) la organización de las provincias.
Para lo primero designó ante la Corte de Río de Janeiro, a Juan Ramón
Balcarce y a Tomás Guido, a fin de que iniciaran las tratativas pertinentes
y pudieran llegar a una negociación definitiva.Al mismo tiempo, solicitaba
la cooperación del interior.
UNIDAD IX

108. 110
Para solucionar la momentánea disolución nacional, envía Dorrego nu-
merosas misiones a las provincias a fin de concertar tratados con ellas.
Como resultado se firman numerosos tratados que, a la par de asegurar
la cooperación de los diversos Estados para sostener la guerra con el
Brasil, los ligaban bajo los principios del federalismo. El 21 de setiembre de
1827, Buenos Aires firma un tratado con Córdoba; el 2 de octubre con
Santa Fe, el 27 de octubre con Entre Ríos, formalizando el 11 de diciem-
bre un convenio con la provincia de Corrientes. Es interesante destacar el
tratado firmado entre Buenos Aires y Córdoba.
En cumplimiento del art.7º de la ley de 3 de julio de 1827, que estipulaba
que el gobierno procedería a invitar a todas las provincias a la más pronta
reunión de una Convención Nacional, fueron concentrándose en la ciudad
de Santa Fe.
Mientras tanto, llegan las noticias de los términos del tratado de paz con
el Brasil, como consecuencia los diputados de la Banda Oriental, libre e
independiente desde entonces, se retiran de la Convención Nacional, por
considerarlo una afrenta.
EL MOTIN DE LAVALLE. Los hombres del partido unitario, desalojados del
poder desde la disolución del Congreso de 1.824 y la renuncia de Bernardino
Rivadavia, esperaban el momento propicio para dar fin al gobierno del
coronel Dorrego. Este, falto de fuerzas con que hacer frente a Lavalle, jefe
de la insurrección, resuelve marchar a la campaña para reunirse con Ro-
sas.
En su ausencia los dirigentes unitarios, consideraron propicia la oportu-
nidad para concertar la destitución del gobernador. Consideraron que “era
indispensable darle carácter político y popular al motín y que, por forma o
por decencia debía convocarse al pueblo a elegir gobernador”.
Al final, la mesa “consagró al general Lavalle gobernador y capitán ge-
neral de la provincia de Buenos Aires”.
Mientras tanto, Dorrego, auxiliado con fuerzas de Juan Manuel de Ro-
sas, decide en los días posteriores, dirigirse hacia el norte buscando el
apoyo. Hecho prisionero por una columna al mando del comandante Escri-
bano, es fusilado por orden de Lavalle el 13 de diciembre.

109. 111
El motín de Lavalle, y en especial, la muerte de Manuel Dorrego, hicie-
ron estallar la guerra civil en toda la nación.
El 10 de diciembre llega la noticia del motín al seno de la Convención
reunida en Santa Fe, por intermedio de una comunicación de Dorrego
dirigida al gobierno de Santa Fe solicitando auxilios.
La Convención Nacional resuelve:
Debiendo obrar estas fuerzas bajo la dirección de un general, queda
nombrado el excmo.señor gobernador de Santa Fe, don Estanislao López,
general en jefe de las fuerzas que han de restablecer el orden en la provin-
cia de Buenos Aires.
CAÑUELAS Y BARRACAS. EstanislaoLópezmarchaalencuentrodelastropasde
Lavalle, se enfrenta con el enemigo obteniendo un decisivo triunfo sobre sus
fuerzas. Lavalle se ve obligado a retirarse en desbande hacia Barracas.
Estanislao López envía a don Domingo de Oro, para que entable negociacio-
nes de paz. Ante esta proposición formulada por el gobernador santafesino,
Lavalle, tal como si no fuera un general que tiene todas las de perder, propone
entrar en negociaciones, bajo el carácter de jefe del Ejército de la Unión.López
deja el campo de acción en poder del hábil comandante de armas don Juan
Manuel de Rosas.
Todas las tramitaciones entre Rosas y Lavalle llevan a la celebración del
Pacto de Cañuelas, firmado el 24 de junio de 1829 entre ambos jefes.En dicho
convenio se acordó que:
1º) Cesaban las hostilidades y se restablecían todas las relaciones entre
la ciudad y la campaña.
2º) Se procedería a la mayor brevedad posible a la elección de los repre-
sentantes de la provincia con arreglo a las leyes.
3º) Quedaba de comandante general don Juan Manuel de Rosas.
López, Rosas y Paz son ahora las tres únicas figuras que quedan en
primer plano a fin de decidir el futuro rumbo de la Nación. Detrás de López
está el núcleo de provincias que sostienen aún la Convención Nacional;
Rosas, aunque todavía sin el gobierno en la mano, es el jefe de hecho de

110. 112
su provincia y Paz, a quien sólo falta desalojar definitivamente a Quiroga,
comienza ya a tener la hegemonía del norte.
De acuerdo con lo convenido en Cañuelas, la elección de los represen-
tantes de la ciudad y campaña de la provincia de Buenos Aires, debía
hacerse por medio de una lista confeccionada por Rosas y Lavalle, en la
que el número de candidatos unitarios fuese igual al de los federales. Lo
cierto es que por orden de Lavalle fue anulada la elección, conviniendo
éste con Rosas, entrevistarse en una quinta cercana a Barracas (quinta
de Piñeiro) donde firmaron un nuevo acuerdo.
En el Convenio de Barracas queda estipulado que el objeto del tratado
del 24 de junio había sido volver al país al logro de sus instituciones tradi-
cionales, pero sin violencia ni sacudimientos.
Mientras tanto Rosas y Lavalle, deciden de común acuerdo designar
como gobernador provisional "a un ciudadano escogido entre los más
distinguidos del país".
En virtud también de una de las cláusulas del Convenio de Barracas, el
nuevo gobernador provisional fue secundado en su tarea de gobierno, por
un Senado consultivo formado por veinticuatro miembros.
PRIMER GOBIERNO DE ROSAS. Luego del breve gobierno deViamonte, todas
las fuerzas que obran dentro del proceso político parecieran aunarse para
desembocar en la persona de Juan Manuel de Rosas.
Rosas fue la expresión superlativa del autoritarismo y su aparición en la
escena política argentina no fue obra de la casualidad, sino el resultado de
todo un proceso histórico anarquizado, que inevitablemente debía desem-
bocar en la dictadura.
De la figura de Rosas, analizamos exageradas las dos posiciones anta-
gónicas. Creemos que a don Juan Manuel, como a cualquier otro
gobenrnante, hay que juzgarlo con la menor vehemencia posible. Aplaudi-
mos al altivo caudillo que se planta frente a Francia e Inglaterra, al gober-
nante de la Vuelta de Obligado, al que se acerca al pueblo y le habla en su
lenguaje, al que brega por la ley de aduanas de 1836, al gobernador que
da sentido hispánico y criollo a su mandato, al que se opone a las ambicio-
nes brasileñas. Pero atacamos al Rosas que gobernó la provincia de Bue-

111. 113
nos Aires como una estancia, al que se perpetúa en el poder, al que exige
la suma del poder público o las facultades extraordinarias, al que destierra
la libertad de prensa durante sus veinte años de gobierno, al que hace
fracasar el Pacto federal de 1831 que disponía la organización federal de
la República, al que persigue y hace asesinar a sus enemigos políticos, al
que retrasa la vida universitaria y cultural de Buenos Aires.
Don Juan Manuel de Rosas, como tantos otros gobernantes argentinos,
fue un producto de su tiempo, con numerosos aciertos y errores a lo largo
de su vida pública.
El Pacto Federal del 4 de Enero de 1.831
Antecedentes: Al comenzar el año 1830 el panorama de la República
era innegablemente incierto.El 28 de febrero de 1830, Santa Fe y Corrien-
tes firman un Tratado de alianza y amistad, donde se comprometen a
formar una futura Convención con la ayuda de Buenos Aires y Entre Ríos.
Esta unión de las cuatro provincias proyectada en el tratado firmado en la
ciudad de Santa Fé, tiene singular importancia por ser el primero de los
convenios litorales que servirán de antecedente al Pacto federal del 4 de
enero de 1.831, y por consignarse en sus cláusulas, que la convención
estaría integrada por provincias federales, pudiendo ahderirse todas aque-
llas que sostuvieran el mismo principio político.
Dentro de los principios que habían inspirado a los tratados anteriores,
se convoca una reunión en San Nicolás, donde concurren Estanislao López,
Juan Manuel de Rosas y Pedro Ferré, tratándose en ella los problemas de
la organización, y sobre todo, la grave situación creada con el reciente
triunfo del general Paz, que acababa de vencer a Quiroga. Resueltos a
celebrar un tratado cuadrilátero entre las provincias litorales, comunican
tal decisión a Paz.
Queremos destacar que de haberse firmado el tratado cuadrilátero en
esa oportunidad, hubiera tenido quizá mayor significación que el que tuvo
el Pacto federal de 1.831, pues en la reunión de Santa Fe, no sólo se
abordó el problema político, sino que en los proyectos presentados, tuvo
singular preferencia el problema económico de la Nación y el planteamien-
to de un verdadero federalismo, analizados sobre la urgente realidad de
las provincias.

112. 114
EL PACTO FEDERAL. Luego de celebrado el pacto de unión entre las pro-
vincias del interior, el 4 de enero de 1831, se firma solemnemente el Pacto
federal entre las provincias nombradas. Y así, en virtud de los tratados
litorales celebrados el año anterior, y considerando que “la mayor parte de
los pueblos de la República ha proclamado del modo más libre y espontá-
neo la forma de gobierno federal...” convienen las provincias signatarias
los artículos que lo forman.
Obvio resulta destacar la importancia de este pacto, piedra angular de
nuestra organización nacional. En él, se dan las bases definitivas sobre las
que habrá de constituirse el país bajo los principios del federalismo. Su
valor radica, no sólo en el contenido de sus cláusulas, sino, en que no fue
la actitud aislada de una o dos provincias, sino la expresión unánime de
todas, que posteriormente a su sanción, se fueron paulatinamente adhi-
riendo. Se consagra la aspiración legítima del pueblo argentino a abando-
nar la anarquía y organizarse constitucionalmente bajo los principios de un
sistema político por el cual, habían luchado desde los primeros años de la
revolución.
LA DICTADURA. Por ley del 7 de marzo de 1835, la legislatura de Buenos Aires
establece:
Art. 1º. "Queda nombrado gobernador y capitán general de la provincia
por el término de cinco años, el brigadier general don Juan Manuel de
Rosas".
Art. 2º. "Se deposita toda la suma del poder público de esta provincia en la
persona del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, sin más restriccio-
nes que las siguientes:
1º) que deberá conservar, defender y proteger la religión católica apostó-
lica romana;
2º) que deberá defender y sostener la causa nacional de la federación
que han proclamado los pueblos de la República".
Art. 3º. "El ejercicio de este poder extraordinario durará todo el tiempo
que a juicio del gobernador electo fuese necesario".
Ante esta obsecuente ley, que pone en manos de Juan Manuel de Ro-
sas la suma del poder público, nace, como bien lo proclama Vicente Fidel
López, la "dictadura vitalicia" del nuevo gobernador.

113. 115
LA GENERACION DEL 37. Al margen de la generación unitaria que había
desarrollado su política desde el comienzo de la Revolución y la genera-
ción de federales que, igualmente, había venido luchando desde el co-
mienzo de la era independiente por implantar sus ideas y su sistema de
gobierno, surge en la época que nos ocupa, lo que se ha dado en llamar
"generación romántica de 1.837". Se le distingue de los anteriores movi-
mientos o de cualquier otra expresión de la vida argentina, por adoptar
una nueva postura frente al proceso histórico de la República y fijar
un distinto planteamiento filosófico, político y económico de los fe-
nómenos sociales de la época.
Aparecen en Buenos Aires pequeños círculos literarios, integrados por
los hombres jóvenes de entonces que fundan, la Asociación de estudios
históricos y sociales como culminación de todas esas inquietudes. Poste-
riormente, Marcos Sastre, secundado por un selecto grupo de la juventud
porteña, funda en su librería, el Salón literario, institución nacida en pleno
gobierno de Juan Manuel de Rosas. Disuelto éste tiene lugar la aparición
de la "Joven Argentina", asociación que más tarde, al referirse a su funda-
ción, el propio Echeverría la llama "Asociación de Mayo".
El credo de la nueva generación: asociación, progreso,
fraternidad, igualdad, libertad, Dios (centro y periferia de
nuestra creencia religiosa), el honor y el sacrificio (móvil y
norma de nuestra conducta social), menosprecio de toda
refutación usurpadora o ilegítima, continuación de todas
las tradiciones progresivas de la Revolución de Mayo,
independencia de las tradiciones retrógradas que nos
subordinan al antiguo régimen, emancipación del espíritu
americano, organización de la patria sobre la base
democrática, confraternidad de principios.
Integraron esta generación, entre otros: Esteban Echeverría, Juan Bau-
tista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Marcos Sastre, Carlos Lamarca, Vi-
cente Fidel López, José Mármol, Bartolomé Mitre, José Barros Pazos,
Carlos Tejedor, Jacinto Rodríguez Peña, Miguel Cané, Manuel Quiroga
Rosas, Enrique Lafuente, José Rivera Indarte, Benito Carrás, Luis
Domínguez, Avelino Ferreyra, Benjamín Villafañe, Juan Thompson, etc.
Las ideas de Echeverría plasmadas en el "Dogma socialista" son
innegablemente la obra fundamental de este nuevo pensamiento. Alberdi,
por su parte, comenzando con el "Fragmento preliminar al estudio del

114. 116
derecho" y culminando, en este período de trasición, con sus "Bases y
Puntos de partida para la organización política de la República Argentina",
complementa la labor de aquél. Domingo Fautismo Sarmiento, hombre
que cronológica y espiritualmente, pertenece también a esta generación,
realiza un valioso aporte a través de "Facundo", "Argirópolis" y de sus
escritos periodísticos producidos en esa época.
La generación del 37 surge entre las dos tendencias que agrupaban el
pensamiento argentino. Ven en la tendencia federal el origen de la anar-
quía, del aislamiento de los pueblos, del desorden institucional, y por so-
bre todo, la cuna del autoritarismo engendrado en los caudillos. Por otra
parte, en la tendencia unitaria, ven el fracaso de todos los gobiernos
hegemónicos que en vano intentaron gobernar al país después de la Re-
volución.
Este pensamiento de la generación romántica del 37, al que, acertada-
mente, se lo ha llamado "el pensamiento conciliador", ubicado entre las
dos tendencias históricas, dio sus frutos de óptima manera al concretar
sus principios en la Constitución Nacional de 1853. Su espíritu informó a
los hombres que redactaron la Carta Fundamental, y fue su eclecticismo
federo-unitario la fórmula realista, que pudo unificar el pensamiento ar-
gentino, logrando así la organización nacional.
Llevados, pues, de la doctrina de que estaban informados, los hombres
del 37 comenzaron su prédica y su acción partiendo de la premisa incon-
movible de que "era necesario transformar la realidad nacional". Para ello
era imprescindible negar la tradición heredada. “El gran pensamiento de la
Revolución -expresa Echeverría- no se ha realizado”.
Proclamando las leyes del progreso, propugnaron así una nueva socie-
dad, distinta de la hispano-criolla producto del entrecruzamiento de razas,
con una nueva fisonomía política, económica y social. El mismo Alberdi,
llevado por el deslumbramiento de las nuevas ideas, proclama: “En Amé-
rica todo lo que no es europeo, es bárbaro”.
Hemos realizado estas citas para demostrar, cómo el ideal de progreso
y de civilización cegó un tanto a los hombres de la generación del 37.
¿Dónde estuvo el error de apreciación? Se equivocaron en desconocer
y eludir una realidad tan tangible como la que ellos mismos proclamaban.

115. 117
La antinomia de civilización y barbarie está dada con toda claridad por
Sarmiento. En su obra cumbre, "Facundo", expresa:
"El hombre de la ciudad viste el traje europeo, vive la vida civilizada tal
como la conocemos en todas partes; allí están las leyes, las ideas de
progreso, los medios de instrucción. El hombre de la campaña, lejos de
aspirar a semejarse al de la ciudad rechaza con desdén su lujo y sus
modales corteses".
EL PRONUNCIAMIENTO DE URQUIZA. El histórico pronunciamiento del general
Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, formulado contra Juan
Manuel de Rosas el 1 de mayo de 1.851, trajo como consecuencia la caída
del gobernador de Buenos Aires.
La corriente más adherida a la política de Urquiza ve en el pronuncia-
miento, un desinteresado acto patriótico del gobernante entrerriano para
derribar a Rosas y así librar a la Nación, de la dictadura vitalicia. Sostiene
que sólo el ánimo de organizar políticamente al país y darle una Constitu-
ción llevó al esforzado caudillo federal a rebelarse en contra de su antiguo
jefe.
Contrariamente a lo expuesto, una documentada corriente historiográfica
sostiene que, al margen de problemas personales, económicos o de cual-
quier otra índole, el general Urquiza buscó en su pronunciamiento el cami-
no hacia la definitiva organización constitucional del país y sostener los
principios proclamados en el Pacto Federal.
Este año de 1.851 se llamará en esta parte de América, ‘La Organiza-
ción’. Obra de una admirable combinación de ciencia, patriotismo y firme-
za: "habrá paz general y gloria en la República y con la República".
Emprendida su campaña contra Rosas, el 3 de febrero, en los campos
de Monte Caseros, en pocas horas, la suerte está decidida y Rosas tiene
que huir, buscando refugio en la ciudad de Buenos Aires, en casa del
ministro inglés.
Con esta memorable batalla termina la dictadura de Juan Manuel de
Rosas. Faltaba ahora al ilustre vencedor, emprender la ímproba tarea de
la organización nacional.

116. 118
La Economía
LIBRE CAMBIO Y PROTECCIONISMO (1810-1829). La decidida política liberal
emprendida por la Corona española en sus dominios, durante el último
tercio del siglo XVIII y las disposiciones librecambistas adoptadas antes y
después de las invasiones inglesas por los gobernantes indianos, señala-
ron con trazo firme el rumbo a nuestros primeros gobiernos patrios.
La legislación liberal impuesta por Buenos Aires perjudicaba los intere-
ses del interior, cuyas industrias decaían notablemente. Pero los perjudi-
cados por el régimen de libertad aduanera, no fueron sólo los industriales;
también los comerciantes del país se vieron suplantados por los ingleses,
a cuyas manos pasó la dirección del comercio en el Río de la Plata. Cuan-
do en 1812 el Triunvirato, acentuando aún más la política liberal, eliminó
esta exigencia, suprimió el estanco del tabaco y proclamó la libertad de
cultivo, manufactura y comercio, el comercio nacional, quedó práctica-
mente liquidado.
Las voces de protesta fueron tantas que la asamblea general constitu-
yente resolvió, en marzo de 1813, restablecer la exigencia de que las
mercaderías llegasen consignadas a comerciantes nacionales, para obli-
gar a los ingleses a hacer participar en su negocio al comercio local, sin
embargo, estas medidas no dieron resultado.
La plaza de Buenos Aires y el mismo comercio interior habían caído,
así, en manos de comerciantes ingleses, quienes desde 1811 se agrupa-
ban en cámaras de comercio británicas, de las que quedaban excluidos
españoles y criollos. En estas corporaciones, los ingleses fijaban los pre-
cios y determinaban las condiciones de oferta y demanda. Como decía
Juan José Cristóbal de Anchorena -un acaudalado comerciante porteño
de la época-, “el comercio se halla destruido y poco menos que aniquilado,
que la importación de todos los efectos ultramarinos y la exportación de
frutos del país se hallan monopolizados por los extranjeros y que de con-
siguiente los comerciantes nacionales, se ven con las manos atadas, la
mayor parte de los artesanos sin ocupación y reducidos a la miseria, des-
truida la industria del país, la cría de ganados sin todo aquel adelantamiento de
que ha sido capaz y que la época de esta fatalidad ha sido la misma del
comercio libre con los extranjeros, es tan manifiesto que no deja lugar a la
menor duda”.

117. 119
Durante el directorio de Pueyrredón, fue cuando la tendencia proteccio-
nista encontró eco en el gobierno. El decreto de 23 de noviembre de 1816,
que reservaba (carga y descarga de los buques de ultramar en los puer-
tos de Buenos Aires y Ensenada) a los naturales del país, y el arancel para
1817, que gravaba con pesados derechos a la importación manufacture-
ra, fueron las medidas con que Pueyrredón demostró el cambio de política
económica. Pero los intereses ingleses se movilizaron rápidamente.
Pueyrredón, por decreto de 1º de junio de 1818 redujo notablemente las
tarifas, a la vez que disminuyó el 4 % la rebaja concedida a los nacionales.
Los prolegómenos del pacto federal del 4 de enero de 1831 acentuaron
la tendencia liberal, ya que Buenos Aires trató de defender los recursos de
su aduana contra los intentos de protección industrial sostenidos por Co-
rrientes.

118. 120
Actividad Nº 12
1) Sintetice el contenido de los siguientes documentos:
a) Reglamento Provisorio de 1.817
b) Constitución de 1.819
c) Ley Fundamental
d) Ley de Presidencia
e) Ley de Capitalización
2) ¿Qué significación histórica, para la unidad nacional, tuvieron los tra-
tados y pactos interprovinciales (Cañuelas, Cuadrilátero, Barracas y
Federal.)
3) Elabore un cuadro sinóptico con las medidas principales del Primer y
Segundo Gobierno de Rosas.
4) Sintetice el pensamiento político y filosófico de la Generación del 37.

119. 121
EPOCACONSTITUCIONAL
CONGRESO
CONSTITUYENTE
DE1.853
ORGANIZACION
NACIONAL
-JornadasdeJunio-MisióndeYrigoyen
-ProtocolodePalermo
-Génesis
-Fuente
-InfluenciasIdeológicas
-DebatedelProyecto
-Análisis,promulgacióny
juradelaConstitución
-RechazoporBuenosAires
ACUERDODE
SANNICOLAS
Diagramadecontenidos-UnidadX

120. 122

121. 123
ÉPOCA CONSTITUCIONAL
Comienza este período analizando los antecedentes inmediatos y de-
terminantes de la definitiva organización constitucional de la República,
tales como el pronunciamiento de Urquiza, Caseros, Protocolo de Palermo
y Acuerdo de San Nicolás, cuyos contenidos son de suma importancia
para dimensionar adecuadamente esa etapa de la historia.
Por idénticas razones, es esencial el estudio de la génesis, fuentes e
influencias ideológicas de la Constitución, como así también, su transi-
torio rechazo de Bs. As. (López Rosas, pags. 474 a 577)
La Organización Nacional
"Al día siguiente de Caseros comienza para el general Urquiza, la más
dura prueba. Ante una patria dividida y tiranizada, con instituciones co-
rrompidas y en un pleno grado de inconstitución, todo falta por hacer. Es
necesario comenzar de nuevo la labor emprendida en Mayo, no en torno
a localismos inoperantes o liberalismos utópicos, sino, reconstruyendo la
nación bajo la premisa fundamental de la libertad humana."
Bajo el pensamiento de "ni vencidos ni vencedores", comienza Urquiza
la reconstrucción nacional.
Para llegar a la organización nacional habrá de trazarse previamente un
camino; pondrá en vigencia el Pacto federal del 31, convocará a los goberna-
dores y un Congreso Constituyente dará la ley fundamental de la República.
Dos problemas, entre tantos otros, tiene que afrontar el general Urquiza,
apenas dejado el campo de batalla. El primero de ellos es
enfrentar al exagerado "localismo porteño", a cuyo frente
se alza la figura sobresaliente de Valentín Alsina. Se opo-
nen a que Urquiza sea director provisional de la Confede-
ración; luchan porque abandone Buenos Aires; rechazan
su Acuerdo, denigran a sus hombres y por último, se se-
paran de la Confederación no asistiendo al Congreso Cons-
tituyente.
UNIDAD X

122. 124
El segundo problema que había que solucionar: la hegemonía política y
económica de Buenos Aires. Era lógico y natural que Buenos Aires quisie-
ra seguir conservando su situación histórica, su hegemonía política, su
puerto y su aduana.
Por su parte, Alberdi, con clara visión, al enjuiciar el momento histórico
dice:
“Lo que pretende hoy la política dominante de Buenos Aires es lo mismo
que pretendió desde el principio de la Revolución contra España, y que
produjo en gran parte la lucha interior de cuarenta años en este país, a
saber: hacer y dirigir el gobierno general argentino a título de haberlo
encabezado por siglos”.
La Misión Irigoyen. Protocolo de Palermo
Dejados a un lado los problemas de orden interno de la provincia de
Buenos Aires, el general Urquiza, fiel a su pensamiento de organizar la
Nación sabe que es necesario contar con el apoyo y la participación de
todas las provincias; es menester que todas y cada una de ellas den su
consentimiento para que lo dispuesto en el Pacto federal del 31, pueda
cumplirse.
Rosas estaba vencido, pero quedaba el interior en poder de los caudillos
que habían obedecido sus órdenes. Tratar de cambiar violentamente esa
situación era continuar la anarquía y la lucha civil. Urquiza lo comprendió
y con clarividencia genial contemporizó con los caudillos.
Era necesario antes que nada obtener la firme adhesión de esos caudi-
llos, díscolos y soberbios, algunos; otros, desengañados de toda tentativa
constitucional.
Para afrontar las relaciones con el interior, Urquiza elige a Bernardo de
Irigoyen. Su misión consiste fundamentalmente en hacer conocer el plan
de gobierno proclamado por el Libertador, las bases legales de la futura orga-
nización nacional y, realizado esto, buscar la adhesión de las provincias.
El mismo general Urquiza lo despide, dejando expuesto en sus palabras
el programa a cumplir:

123. 125
“Evitar la guerra civil, promover la paz y unión, es una suprema
necesidad de las circunstancias, a cuya realización debemos con-
sagrar los argentinos toda clase de esfuerzos y de sacrificios”.
Deseoso de organizar la autoridad suprema, que provisionalmente se
encargue del manejo de las relaciones exteriores, convoca a una reunión
en su residencia de San Benito de Palermo. Concurren a ella, los goberna-
dores de Buenos Aires y de Corrientes, Manuel Leiva, en nombre y repre-
sentación del gobernador de Santa Fe, don Domingo Crespo y el propio
General Urquiza, como gobernador de Entre Ríos.
En el Protocolo de Palermo del 6 de abril de 1852 está dado el
fundamento jurídico de la organización nacional.
En las palabras preliminares del protocolo se establece en forma clara,
el objeto de la convención o acuerdo. Expresa que se reúnen:
“...Para considerar la situación presente de
la República, ocurrir a la necesidad más ur-
gente de organizar la autoridad que, en con-
formidad a los pactos y leyes fundamentales
de la Confederación, la represente en sus re-
laciones externas”.
Luego de otras consideraciones se resuel-
ve que el general Justo José de Urquiza, go-
bernador y capitán general de la provincia de
Entre Ríos y general en jefe del ejército liber-
tador, quede autorizado para dirigir las rela-
ciones exteriores de la República, “hasta tan-
to que, reunido el Congreso Nacional, se establezca definitivamente el
poder a quien compete el ejercicio de este cargo”.
Seguidamente, cumpliendo también el viejo sueño de Urquiza de resta-
blecer y hacer cumplir en toda su extensión el Pacto federal de 1831, se
acuerda:
“...que cada uno de los gobiernos signatarios” proceda inmediatamente
“al nombramiento del plenipotenciario que deba concurrir a formar la Co-
misión representativa de los gobiernos, para que, reunida en la capital de

124. 126
la provincia de Santa Fe, entre en el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden según el art. 16 del mismo tratado”.
Si bien el Protocolo del 6 de abril consolidaba el poder nacional ejercido
por Urquiza, otorgándole el manejo de las relaciones exteriores, compren-
de éste, que es necesario que el Congreso Constituyente surja de un acto
solemne y fundamental, donde estén representadas las soberanías pro-
vinciales. ¿Qué mejor para ello que realizar un acuerdo previo al acto
constituyente, cuyos miembros natos sean los propios gobernadores de
provincias?
Para ello, el general Urquiza se dirige el 8 de abril a todos los goberna-
dores por intermedio de su ministro, invitándolos a una reunión en la ciu-
dad de San Nicolás de los Arroyos el día 20 de mayo de ese año.
El Acuerdo de San Nicolás
Numerosos serían los proyectos y asuntos de tan magna Asamblea.
Entre otros, sobresale el Proyecto de Federalización de la ciudad de Bs.As.,
elaborado por Derqui y Pujol. Sin embargo, no había llegado el momento
para un acuerdo sobre este problema.
Once provincias adhieren a la firma del Acuerdo, con la excepción de
Buenos Aires.
Por su importancia fundamental, es necesario el análisis profundo en la
bibliografía básica, del espíritu de este Acuerdo.
Las Jornadas de Junio
Una vez firmado el Acuerdo de San Nicolás, las perspectivas no podían
ser más halagadoras. Pero vientos distintos soplaban en Buenos Aires,
donde la facción alsinista, se había soliviantado contra el Acuerdo que se
acababa de firmar y se dirigía a protagonizar una fuerte oposición en las
llamadas Jornadas de Junio.
En vista de los acontecimientos y del cariz que tomaban en la convulsio-
nada ciudad, el general Urquiza, en uso de las facultades conferidas por el
Acuerdo, envió una nota a la Asamblea Legislativa declarándola disuelta.

125. 127
Por este acto de disolver a la legislatura, Urquiza se hizo cargo provisio-
nalmente del mando de la provincia, delegándolo al día siguiente en ma-
nos de don Vicente López y Planes.
El gobernador López, en un clima de tanta oposición, a duras penas
pudo mantenerse en el gobierno, hasta que el 24 de julio presentó su
renuncia indeclinablemente ante el director provisorio, asumiendo éste
nuevamente el mando de la provincia. Asistido en sus funciones tan sólo
por el ministro de la Peña, el general Urquiza, pese a las desfavorables
condiciones en que le tocó gobernar, desarrolló una beneficiosa obra en
pro de la provincia de Buenos Aires.
Tengamos presente que esta política de oposición habría de influir en la
formación del Congreso general Constituyente.
El Congreso Constituyente de 1853
A pesar de todos los intentos de Buenos Aires de obstaculizar la obra
constitucional del general Urquiza, el 8 de noviembre, en su carácter de
director provisorio de la Confederación, emite un decreto donde declara
que el Congreso General Constituyente será instalado solemnemente en
la ciudad de Santa Fe el día 20 de ese mes.
Oleo de Antonio Alice que recuerda las
reuniones del Congreso Constituyente de
1.853. Se encuentra actualmente en el Sa-
lón de los Pasos Perdidos del Congreso
Nacional.
El 15 de noviembre de 1852 tiene lugar la primera sesión preparatoria
del Congreso. El día 18 se recibe una nota del gobernador de Santa Fe
donde da cuenta de haber sido autorizado para intalar el Congreso en
representación del director provisorio; procediéndose luego al nombra-
miento de las autoridades definitivas del Congreso. Es elegido presidente
el doctor Facundo de Zuviría, y en carácter de secretarios el doctor Juan
Francisco Seguí y Delfín Huergo.

126. 128
El 20 de noviembre tiene lugar la solemne instalación del soberano
Congreso Constituyente. Una vez en el recinto, el doctor de la Peña dio
lectura al discurso inaugural, en nombre del general Urquiza:
“Vosotros vais a reconstruir la patria, a restablecer el pacto de la
familia dispersa, y yo el primero, me adelanto a abrazar a mis
hermanos y a venerar a mis antepasados”.
Con hondo sentimiento argentino dice:
“La situación actual de la provincia de Buenos Aires y la
ausencia de sus representantes en vuestro seno, la perjudi-
can sobremanera. La geografía, la historia, los pactos, vincu-
lan a Buenos Aires al resto de la Nación. Ni ella puede existir
sin sus hermanas, ni sus hermanas sin ella. En la bandera
argentina hay espacio para más de catorce estrellas; pero no
puede eclipsarse una sola”.
Desde ese mismo día comienza a trabajar arduamente la comisión en-
cargada de redactar la esperada Constitución Nacional. Cumple su come-
tido presentando el proyecto en la sesión del 18 de abril de 1853.
Así como el Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 representaba la verda-
dera revolución argentina, en su íntima estructura; así también, la sesión del
día 20 de abril de 1853 es la piedra angular donde descansa la Constitución
Nacional. Dos tendencias, dos teorías pugnaban en torno de la sanción de la
ley suprema.Por un lado, la corriente liberal, con Gorostiaga y por el otro, una
línea conservadora con el doctor Zuviría a la cabeza.
En la sesión del 20 de abril hace uso de la palabra en primer término
Benjamín Gorostiaga. Afirma que es de urgente necesidad el tratamiento
del proyecto constitucional y que los pueblos lo reclaman con urgencia:
“La Constitución es el más poderoso elemento de pacificación... el único
recurso que nos queda para establecer el orden y salvar a la Confedera-
ción de la disolución y de la anarquía”.
Por otro lado, el doctor Zuviría solicitaba:
“...se aplazase la sanción y promulgación de la carta constitucional hasta
esperar siquiera la completa pacificación de la República”. Exclama: “Sólo en

127. 129
una época de paz y durante el aplazamiento que propongo, podremos tomar
algún conocimiento de la situación”.
Luego de un cuarto intermedio, solicita la palabra Juan María Gutiérrez,
exclama:
“La Constitución no es una teoría, como se ha dicho; nada más práctico
que ella; es el pueblo, es la Nación Argentina hecha ley”.
Salustiano Zavalía sigue diciendo:
“Si la paz no reina en todos los ángulos de la República, es porque no
tenemos Constitución; por eso mismo, debemos darla cuanto antes”.
Puesto a votación, se aprueba por aclamación el proyecto de dictar la
Constitución Nacional.
En la sesión del día 21 de abril comienza la discusión del proyecto
constitucional. La obra constaba de dos grandes partes:
La primera, dedicada a las declaraciones, derechos y garantías.
La segunda, destinada al gobierno federal y a los gobiernos de provin-
cia, dividida, a su vez, esta segunda parte, en varias secciones y capítu-
los, destinados a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Encabezaba el proyecto un preámbulo. La sistemática adoptada es la
que guarda aún la actual Constitución Nacional.
El 1 de mayo de 1853, convocados en sesión extraordinaria los señores
diputados, luego de aprobar las actas pendientes de reuniones anteriores,
se procede a la lectura de la Constitución Nacional en su texto definitivo, a
fin de asegurar la redacción dada a las reformas parciales, producidas
durante los diversos debates.
La firma de la Carta Magna provocó singular alborozo en toda la Nación.
Posteriormente se procedió a discutir el proyecto de ley sobre capitaliza-
ción de Buenos Aires, el que fue aprobado en la sesión del día siguiente:
Art. 1º. "Conforme al art. 3º, parte 1ra. de la Constitución, la ciudad de
Buenos Aires es la capital de la Confederación".

128. 130
Promulgada el 25 de mayo, la Constitución fue solemnemente jurada
por los pueblos de la República el 9 de julio de ese año. El programa de
Urquiza estaba cumplido cabalmente.
Fuentes de la Constitución Nacional
Se ha repetido incansablemente que nuestra Ley Fundamental es un
simple remedo de la Constitución norteamericana, otros, han sostenido la
influencia del Pacto federal del 31 y de las ideas echeverrianas; y hay
quienes argumentan dando su filiación a través de las Constituciones de
1819 y 1826.
Lógicamente, la Constitución sancionada en 1853 no fue el producto de
la casualidad. La Ley Fundamental del 53 fue mucho más que todo eso.
Constituciones, reglamentos, pactos y proyectos, tendientes a llevar al
país hacia la organización definitiva, jalonan estos cuarenta años de lucha
institucional.
A raíz de extrañas y antojadizas interpretaciones hechas sobre las fuen-
tes que inspiraron a los hombres del 53, Juan Bautista Alberdi decía:
“Los partidos, las luchas, los intereses, las doctrinas de los pueblos
argentinos... es la verdadera fuente y explicación de la Constitución actual
argentina”.
Lo expuesto anteriormente no significa que los hombres del 53 no hayan
tenido en cuenta numerosas obras de derecho, Constituciones nacionales
y extranjeras y diversos proyectos que facilitaron su obra. El mérito singu-
lar de los constituyentes, consistió en adaptar todo ese cúmulo un tanto
abstracto de conocimientos y fuentes, a la realidad histórica del país,
superando los modelos y creando, en los más de los casos, una auténtica
doctrina nacional.
Entendemos, por lo tanto, que son fuentes nacionales:
- El Pensamiento de Mayo
- El Pensamiento federal (doctrinario y del hecho)
- El Pensamiento unitario
- El Pensamiento del 37 y el Pensamiento Porteño de la Organización.

129. 131
A su vez, integran estas fuentes las Constituciones, reglamentos y de-
cretos nacionales y provinciales, desde 1810 hasta la época que estudia-
mos:
- Los proyectos constitucionales del mismo período, y en especial, el de
Alberdi
- Los pactos provinciales o confederacionales del período independiente
- La doctrina nacional y extranjera y las constituciones de otros países,
en especial, la de los Estados Unidos de América.
Una mención aparte merece el tratamiento de las "Bases y puntos de
partida para la organización política de la República Argentina", de Juan
Bautista Alberdi, obra de fundamental importancia para el estudio de nuestra
organización y ligada de una manera indisoluble, a nuestra ley suprema. En
cuanto a la obra en sí, es innegable que inspiró a los hombres del 53 y fijó la
política de progreso que habría de decidir el destino de la Nación.
“Pocos libros arrojan más viva luz sobre los accidentes de la política
argentina y ninguno contiene ideas más claras, puntos más seguros de
partida para el estudio de nuestro derecho constitucional”.

130. 132
Actividad Nº 13
1) Describa sintéticamente los problemas esenciales que Urquiza tuvo
que afrontar, después de Caseros.
2) En un breve resumen analice la importancia del Protocolo de Palermo.
3) ¿Por qué razón era tan importante para Urquiza poner en vigencia el
Pacto Fedrel de 1.831?
4) Elabore un cuadro sinóptico sobre los sucesivos proyectos de
federalización de la ciudad de Buenos aires.
5) Identifique causas y consecuencias de las Jornadas de Junio.
6) Analice las dos posturas opuestas presentadas en la sesión del 20 de
abril de 1.853, en el marco del Congreso General Constituyente.
7) Elabore en un cuadro, el esquema general de la Constitución Nacio-
nal.
8) Enumere las fuentes principales de nuestra Constitución.

131. 133
Diagramadecontenidos-UnidadesXI,XIIyXIII
EPOCADEL´80
UNIONNACIONAL
CONVENCION
NACIONAL
REFORMADORA
PACTODESANJOSE
DEFLORES
EPOCA
CONSTITUCIONAL
(Continuación)
CONFEDERACIONY
ESTADODEBUENOS
AIRES
-Rupturay
relaciones
-Análisisycontenido-Constituciónde1.860
DECADADE1.900
-Quintana
-RoqueSáenzPeña
-VictorinodelaPlaza
-HipólitoYrigoyen
-Alvear
-Nuevascorrientes
-Generacióndel´80
-Presidencias:Gobiernoypolíticas
Roca
JuárezCelman
C.Pellegrini
L.SáenzPeña
Uriburu
2ºdeRoca
-Gruposypartidos
-Presidencias:Gobiernoypolítica
Derqui
Mitre
Sarmiento
Avellaneda

132. 134

133. 135
ÉPOCA CONSTITUCIONAL (cont.)
Estas unidades comienzan con la secesión de la provincia de Buenos
Aires, cuya definitiva y necesaria integración, demandó en pocos años
numerosos esfuerzos y sacrificios.
Luego sobrevienen los sucesivos gobiernos constitucionales que de allí
en más, se han de suceder, resaltando las acciones de gobierno, la labor
normativa e institucional y las ideas políticas, éticas, religiosas, económi-
cas, etc., que nutren aquella sociedad, hasta setiembre de 1.930. (Rome-
ro Caranza, Rodriguez Varela y Ventura).
La Confederación y el Estado de Buenos Aires
Los Tratados de Convivencia
Desde la revolución del 11 de setiembre de 1851, la provincia de Buenos
Aires queda separada.
Promulgada la Constitución Nacional, el problema parece llegar también
a una solución, pues las fuerzas de Buenos Aires, poco pueden resistir a
los infortunios de una lucha civil tan prolongada. El general Urquiza para
consolidar su determinación de querer sólo la pacificación, eleva al Con-
greso su renuncia como director provisorio de la Confederación. La renun-
cia fue rechazada.
En los primeros meses de 1854 los acontecimientos sufren un cambio
considerable. El general Urquiza es proclamado presidente de la Repúbli-
ca el 20 de febrero por el soberano Congreso Constituyente y en abril, es
sancionadalaConstitucióndelEstadodeBuenosAires.Eselegidogobernador
constitucional de dicha provincia Pastor Obligado.
Urquiza pudo hacer uso de la fuerza para lograr la incorporación de
Buenos Aires, pero se inclinó a realizar un entendimiento pacífico. A tal
efecto comisionó a Daniel Gowland y José María Cullen para que gestio-
naran la formalización de un tratado. A fin de concertar las bases del
acuerdo, se entrevistaron con el gobernador Obligado y se firmó un con-
UNIDAD XI, XII y XIII

134. 136
venio por el que ambas partes se comprometían a no consentir la
desmembración del territorio nacional.
A pesar de la buena voluntad de los hombres que inspiraron la
formalización de los tratados de 1854 y 1855, los continuos rozamientos,
sobre todo en materia comercial, hicieron que bien pronto comenzaran las
inculpaciones por ambas partes. No debemos olvidar la angustiosa situa-
ción económica que tenía que solventar la Confederación, privada del
puerto de Buenos Aires. Por su parte, Buenos Aires luchaba por mantener
su hegemonía frente a los Estados confederados.
Este panorama un tanto angustioso se agravó con motivo de la sanción
de la ley de "derechos diferenciales" por parte del gobierno de la Confede-
ración. Dicha medida consistía en gravar con derechos de importación las
mercaderías introducidas a los puertos nacionales, desde cabos adentro
(cabos de San Antonio y de Santa María). De esta manera las mercade-
rías que llegaban directamente a la Confederación sin hacer escala en
Buenos Aires, tenían una considerable ventaja. El puerto de Rosario acre-
centaba así su poderío en desmedro del de Buenos Aires, que veía dividir
sus ganancias con los puertos de la Confederación. Con esta ley se atraía
hacia Rosario el comercio de ultramar y se evitaba el tráfico de cabotaje y
el necesario reembarque en el puerto de Buenos Aires, de cualquier mer-
cadería que tuviese que salir del interior del país. Esta ley provocó una
violenta reacción entre los porteños y aun entre un amplio sector de co-
merciantes extranjeros radicados en Buenos Aires, quienes acudieron por
vía de sus diplomáticos, amistosamente ante Urquiza, a fin de dejar sin
efecto su ejecución.
Habiendo asumido el mando de la provincia de Buenos Aires Valentín
Alsina (el 3 de mayo de 1857 es elegido por la Asamblea General), el
general Urquiza, deseoso de reiniciar las tratativas de unión nacional,
encargó al general Antonio Pirán que se entrevistase con el flamante go-
bernador, a fin de poder llegar a un acuerdo. Pero todo es en vano. El
asesinato del general Nazario Benavídez precipitó los acontecimientos.
El 23 de octubre de 1859 chocaron las fuerzas en pugna en las costas
del arroyo de Cepeda, cerca de la frontera de Buenos Aires y Santa Fe. El
triunfo correspondió al general Urquiza. Algunas divisiones porteñas pu-
dieron escapar bajo el mando del general Mitre rumbo a San Nicolás.
Mientras tanto, el héroe de la jornada, enviaba una patriótica proclama al
pueblo de Buenos Aires:

135. 137
“Al final de mi carrera política mi única ambición es contemplar desde el
hogar tranquilo una feliz República Argentina, que me cuesta largos años
de cruda lucha...”.
Pacto de San José de Flores
Después de producida la batalla de Cepeda, el general Urquiza avanza
con su ejército triunfante sobre la ciudad de Buenos Aires.
Al poco tiempo, luego de algunos cambios de opiniones queda ajustado
definitivamente el histórico Pacto de San José. Por ser de innegable im-
portancia transcribimos su texto:
Art. 1º. "Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Ar-
gentina y verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne de la
Constitución Nacional".
Art. 2º. "Dentro de veinte días de haberse firmado el presente convenio
se convocará una Convención Provincial que examinará la Constitución de
mayo de 1853, vigente en las demás provincias argentinas".
El 11 de noviembre fue ratificado el Pacto de San José de Flores, por el
general Justo José de Urquiza, por la Confederación y don Felipe Lavallol,
por la provincia de Buenos Aires.
De esta manera terminó el largo proceso desatado desde el 11 de se-
tiembre de 1852 cuando la provincia de Buenos Aires se segregó del resto
de las demás provincias que componían la Confederación Argentina.
Urquiza no impone su Constitución a la provincia sometida. La deja en la
total y plena libertad para que decida su suerte y revise la ley fundamental
mediante una convención porteña. Asegura el goce y ejercicio de sus
instituciones, sus propiedades, sus establecimientos públicos y proclama
el perpetuo olvido de todas las dolorosas causas que dividían hasta ese
momento, al pueblo argentino.

136. 138
Hacia la Organización Definitiva
La Convención Provincial por imperio del art. 2º del Pacto de Familia,
tenía que ser convocada a los veinte días de firmado el convenio.
En las memorables sesiones de esta Convención descollaron los hom-
bres de Buenos Aires y los provincianos que habían luchado junto a ella.
Vélez Sársfield, Portela, Mitre, Anchorena, Sarmiento, Elizalde, Mármol y
todo un brillante grupo de porteños dieron realce a los debates suscitados
en torno de la Ley Fundamental.
Como materia de interpretación constitucional ocupan estos debates un
destacado lugar dentro de las Asambleas Constituyentes argentinas, tan-
to por la importancia de sus asuntos como por la calidad de sus miembros.
Convenio del 6 de junio de 1860
A fin de perfeccionar el Pacto de Familia celebrado entre Buenos Aires
y la Confederación, Urquiza y Mitre deciden "arreglar amistosamente los
desacuerdos". Por otra parte, la Convención porteña ha terminado su
labor y es necesario resolver todo lo concerniente a la próxima instalación
de la Asamblea Nacional que habrá de abocarse al estudio de las reformas
propuestas. A este fin, el gobierno presidido por el general Mitre designa
ante el gobierno de Paraná, al doctor Vélez Sársfield para que ajuste de
común acuerdo con la Confederación, el Pacto del 11 de noviembre y
solucione los conflictos aún latentes.
Este documento titulado “Convenio complementario del Pacto de San
José de Flores” fue firmado el 6 de junio de 1860, y consta de diecinueve
artículos o estipulaciones. Se fija en ellos la necesidad de la convocatoria
de la Convención ad hoc que habrá de sancionar las reformas a la Cons-
titución vigente, declarando que luego que se expida el Congreso Nacio-
nal, el gobierno de la Confederación llamará a elecciones de convenciona-
les en toda la República.
Solucionados los problemas pendientes entre Buenos Aires y la Confe-
deración, Mitre, en su carácter de gobernador de la provincia y con el
ánimo de pacificar los espíritus y preparar el terreno para la futura Con-

137. 139
vención Nacional, invita al presidente Derqui y al general Urquiza para las
celebraciones julias a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
Convención Nacional Reformadora de 1860
En cumplimiento del art. 5º del Pacto de San José de Flores y del 1º del
Convenio del 6 de junio de 1860, se reúne en la ciudad de Santa Fe la
Convención Nacional "ad hoc", encargada de examinar las reformas pro-
puestas por la Convención de la provincia de Buenos Aires, a la Constitu-
ción de 1853. El 21 de octubre de 1860 el pueblo de la provincia de Buenos
Aires juraba la Constitución de 1853 reformada.
Tanto las reformas propuestas por esa ciudad, como las sancionadas
por la convención nacional, pueden analizarse en profundidad, en la biblio-
grafía básica.
El Período entre Cepeda y Pavón
Mientras todo esto ocurría en pro de la unión nacional, otros aconteci-
mientos de diversa índole vendrían a oscurecer el luminoso panorama de
esa hora.
Dos son los acontecimientos que logran hacer renacer los conflictos
entre Buenos Aires y la Confederación:
- Los hechos de San Juan con la muerte de Benavídez. La prensa y los
hombres de Buenos Aires enrostraron al gobierno nacional, el fusilamien-
to de Aberastain; mientras que los adictos al gobierno de Paraná inculpa-
ban a los porteños la instigación directa de los hechos, que culminaron
con el asesinato de Virasoro.
- La incorporación de los diputados de la provincia de Buenos Aires al
seno del Congreso Nacional trajo un nuevo conflicto que reagravaría las
tensas relaciones entre esta provincia y el gobierno de Derqui. En efecto:
en cumplimiento de lo estipulado en el pacto de unión de San José de
Flores y en el Convenio de junio, debería buscarse “lo más pronto posible”,
la incorporación de los representantes porteños al seno de la Asamblea
Nacional.

138. 140
Efectuada la convocatoria y realizadas las elecciones, Buenos Aires
eligió a sus representantes en virtud de la ley provincial y no por la ley
nacional del 4 de julio de 1859.
Con fecha 21 de mayo la Cámara de Diputados de la Nación ratificó su
resolución sobre la no incorporación de los representantes porteños, re-
quiriendo al Ejecutivo, la convocatoria a nuevas elecciones de diputados
en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el art. 37 de la Constitu-
ción Nacional y sujeta a la ley de 1859.
A pesar de las debilidades demostradas por Derqui ante la política por-
teña, su conducta definitiva es leal a la Confederación y a Urquiza. Apoya
la no incorporación de los diputados y ataca la política porteña en los
últimos acontecimientos.
Después del mensaje que el presidente lee ante el Congreso el 12 de
mayo de 1861 la situación queda definida. Nada puede detener la guerra.
Tanto el litoral, especialmente el sur de la provincia de Santa Fe, como
toda la provincia de Buenos Aires, se convierten en escenario de la guerra
que muy pronto va a estallar.
Pavón
Finalmente, los ejércitos de la Confederación y de la provincia de Bue-
nos Aires se enfrentan en los campos de Pavón, al sur de la provincia de
Santa Fe. No vamos a entrar en los pormenores del hecho guerrero. Des-
tacamos solamente, que una vez comenzada la batalla, el ala derecha del
ejército nacional obtiene un triunfo claro y terminante.
Urquiza, en estas circunstancias, y teniendo noticias de éxitos en todos
lados, da orden de “retirada general”, cuando sus generales de vanguar-
dia festejaban el triunfo ante la dispersión porteña.Y así, al tranco de caballo,
abandona el campo de lucha, brindándole a Mitre una batalla que jamás pensó
ganar luego de los primeros encuentros.
Invitamos a analizar detenidamente, en la bibliografía básica, las cau-
sas que llevaron a Urquiza a tomar una determinación tan grave.

139. 141
Mitre y la unidad nacional
Declarado en receso el gobierno nacional por el ge-
neral Pedernera, en su carácter de presidente provi-
sional luego de la renuncia de Derqui, las provincias,
ante el estado de cosas, van delegando en el goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires, facultades para
que ejerza el Poder Ejecutivo de la Nación.
Mitre intenta imponer su política, ya que sabe que la mayoría de las
provincias no le responden; y es así que, con férrea mano logra la "unidad
nacional a palos", como bien se ha dicho.
En su carácter de encargado del Poder Ejecutivo nacional, el general
Mitre convoca a elecciones, constituyéndose el Congreso solemnemente
el 25 de mayo de 1862. El 5 de octubre del mismo año, reunida la Asam-
blea Legislativa en virtud de las elecciones practicadas, consagra a
Bartolomé Mitre como presidente constitucional de la Nación Argentina, y
a Marcos Paz como vicepresidente. Comenzaba una nueva etapa de la
historia nacional.
El Problema de la Capital
Desde aquel febrero de 1536 en que se funda la ciudad de Buenos Aires
comienza el conflicto secular de su existencia.Su ubicación geográfica, su
contacto con los grandes ríos interiores, su puerto de ultramar y los facto-
res, un tanto providenciales, de su destino histórico durante la conquista,
hicieron de ella, el núcleo comercial y colonizador más importante de la
primera época. Es importante comprender esta realidad que señalaba a
Buenos Aires, como la única posible capital del País.
Designado Bartolomé Mitre en el Poder Ejecutivo nacional, en abril de
1862, se aboca inmediatamente al grave problema de la capital aún sin
resolución, ya que el pueblo de la provincia de Buenos Aires se oponía a
que su ciudad fuera declarada capital de la República. El 14 del mismo fue
presentado al Congreso, un Proyecto de los senadores Rufino de Elizalde,
Valentín Alsina y Salvador María del Carril. Dicho proyecto establecía que
el partido de San Nicolás de los Arroyos y parte de Pavón, serían declara-
dos capital de la República. Durante este lapso las autoridades nacionales

140. 142
residirían provisionalmente en la ciudad de Buenos Aires, quedando
federalizadas tanto la capital como el resto del territorio provincial.
Atento a esta proposición el general Mitre intercambió ideas con los
hombres de la legislatura porteña, a fin de poder proyectar una ley que
contemplara las situaciones en pugna: la existencia del gobierno nacional
y el decoro de la soberanía de la provincia.
Resultado de estas negociaciones fue la sanción de la llamada "ley de
compromiso" dictada el 1 de octubre de 1862 por el Congreso Nacional, en
virtud de las bases propuestas por la legislatura de la provincia de Buenos
Aires.Dichaleydeclarabacomosededelasautoridadesnacionalesalaciudad
de Buenos Aires por el término de cinco años.
Pasados estos años, al aproximarse la fecha en que caducaría el plazo
establecido en la ley de compromiso, surgieron en el Congreso numero-
sas iniciativas tendientes a fijar la capital de la República en diversas ciu-
dades de provincia, o designando determinados territorios o zonas del
país, para su “federalización”.
Electo para presidente de la República Domingo Faustino Sarmiento, los
hombres de provincia vuelven con su carga, renovando el problema capi-
tal.
El 24 de agosto el Ejecutivo nacional envía un mensaje, acompañado de
un proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires.
El proyecto del Ejecutivo se convierte en ley el 20 de setiembre de 1880.
Por ella se declara capital de la República al municipio de la ciudad de
Buenos Aires.
Así terminó el viejo problema argentino. Dos años después Dardo Ro-
cha colocaba bajo la presidencia de Roca la piedra fundamental de la
ciudad de La Plata, nueva capital de la provincia. Terminaba así el pleito
político e institucional, pero comenzaba el otro: la concentración de las
fuerzas económicas, políticas y sociales en la poderosa capital histórica.

141. 143
La Reforma Electoral
La Ley Sáenz Peña
Una de las primordiales preocupaciones del doctor Roque Sáenz Peña
al asumir la presidencia de la República, fue la reforma electoral. Su larga
experiencia política le había hecho comprender en su magnitud el signifi-
cado de toda una época de vida argentina, en que las instituciones de
nuestro sistema representativo y democrático habían sido desvirtuadas,
incumpliéndose la Constitución Nacional y entronizándose el fraude como
sistema normal de los gobiernos. De ahí, la importancia histórica de la ley
dictada bajo la presidencia de Sáenz Peña, bautizada desde entonces con
su nombre, como justo homenaje.
Se propone en dicho documento el enrolamiento general de ciudadanos
y la confección de un nuevo padrón electoral, a fin de “estimular y garantir
el voto”, constituyendo así “legal y honestamente, los poderes nacionales
de origen popular”. Se proyectaba confeccionar el padrón sobre la base
del Registro de enrolamiento, disponiéndose que éste estuviera a cargo
del Ministerio de Guerra, y que el Poder Judicial indicara qué ciudadanos
tenían el derecho de votar.
El padrón o lista legal de los ciudadanos fue la máxima garantía electo-
ral.
El tercer proyecto de ley remitido al Congreso encaraba el aspecto más
importante en materia de reformas: modificaba el sistema electoral vigen-
te, es decir, el sistema llamado comúnmente de "lista completa" por el de
"lista incompleta". Este nuevo sistema contenía la representación automá-
tica de la minoría. El voto que se proponía era obligatorio y secreto.
Análisis de la Ley 8871
Las bases fundamentales de la ley Sáenz Peña son:
a) Sufragio universal e igualitario, es decir, el reconocimiento del voto
a todos los ciudadanos, sin distinciones en razón de condición econó-
mica o clase social, con las lógicas excepciones hechas por la ley.

142. 144
b) Sufragio obligatorio, o sea obligación de votar en todas las eleccio-
nes nacionales que fueran convocadas en los respectivos distritos.
Con sanción penal para su incumplimiento.
c) Sufragio secreto.
d) Padrón electoral sobre la base del enrolamiento militar.
e) Escrutinio definitivo centralizado, que no obsta para que pueda
realizarse el escrutinio provisional en la mesa.
f) Representación de la minoría, llevada a cabo mediante la implanta-
ción del sistema de lista incompleta y voto restringido.
“La ley -expresa Sáenz Peña-, ha concluido con el fraude, toca a los
gobiernos terminar con la violencia. Los gobiernos deben colocarse en
una línea superior a los personalismos... El escepticismo ha muerto ayer
y nadie será bastante osado para repetir aquella frase injuriosa que supo-
nía un país sin ciudadanos y una Nación sin voluntad. Temer la legalidad
del voto es amedrentarse de la democracia y es también una cobardía
cívica. No debe prevalecer el interés de los menos sobre el derecho de los
más”. “El programa de la libertad electoral -le dice al gobernador Garzón-
es el secreto de la verdadera autonomía provincial”.
Presidencia de Hipólito Irigoyen
La presidencia de Irigoyen abre un nuevo período en la historia argenti-
na. Por primera vez un partido surgido de la clase media, al margen de las
"élites" gobernantes, va a dirigir los destinos de la Nación.
En materia de política interna, se advierte ya el acentuado personalis-
mo del presidente en la conducción partidaria y en sus actos de gobierno.
Llevado por este espíritu hegemónico y para vencer la oposición intervie-
ne numerosas provincias, sometiéndolas a su régimen. Esta política ha-
brá de traerle años más tarde la división de su propio partido, surgiendo
así la fuerza "antipersonalista".

143. 145
Nuevas fuerzas sociales. La legislación obrera
El aluvión inmigratorio que llega al país, tras la política liberal proclama-
da por los hombres del 53, abre nuevos rumbos a las perspectivas nacio-
nales. Del choque de sangres, ideas e instituciones, va a salir la nueva
Argentina, revitalizada al conjuro de esta integración, dinámica y profunda.
Nacerá aquí la Argentina del cambio, apuntando hacia el progreso; pero,
ya lo hemos señalado también, enfrentándose a graves problemas, como
consecuencia de ese cambio, de esa transformación.
Atraídos por la aventura de América llegan al país, juntamente con los
colonizadores que habrán de marchar a nuestros campos, fundando sus
colonias a lo largo y a lo ancho del país, una gran masa de obreros euro-
peos, desalojados del Viejo Mundo a raíz de los graves conflictos sociales.
Toda esta legión, que en gran parte no va a la campaña sino que se queda
en las ciudades, especialmente Buenos Aires, trae a su nueva patria de
adopción un tumultuoso hervidero de ideas revolucionarias.
La crisis económica, política y social que sufre el país en esa época es
campo propicio para las nuevas ideas. Comienzan las huelgas. Sectores
importantes de obreros se adhieren a la Primera Internacional;se comien-
zan a organizar las primeras federaciones obreras; tipógrafos y comer-
ciantes emprenden una campaña en pro del descanso dominical.
Con este fermento hace su irrupción en el siglo XX el movimiento obrero
argentino.
La labor legislativa en materia social fue escasa durante las primeras
décadas de este siglo. A pesar de ello, se aprobaron algunas leyes de
positivo valor, entre las que podemos mencionar la ley de “descanso domi-
nical” (1905); la ley sobre “trabajo de mujeres” nº 5291, del año 1907;la ley
11.317 sobre “trabajo de mujeres y menores” de 1924; la ley 9688 de
“accidentes de trabajo” del año 1915; la ley sobre “jornadas de trabajo”, nº
11.544 del año 1929 (ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales); la
ley de “protección a la maternidad para empleadas y obreras de empresas
particulares” (Nº 11.933 del año 1934); y así otras de menor importancia
que fueron conformando una legislación social, evidentemente retrasada
con respecto a otros países.

144. 146
La “Declaración de los derechos del trabajador explotado” dada en Ru-
sia en 1918; la Constitución alemana de Weimar de 1919; la de Estonia
(1920); Polonia (1921) entre otras y en nuestra América, la de México de
1917, fueron los modernos documentos constitucionales que sustentaron
las nuevas doctrinas sociales, tras el paso de los principios socialistas, del
pensamiento marxista o de la doctrina social de la Iglesia Católica expues-
ta especialmente en diversas encíclicas.
Las Ultimas Reformas Constitucionales
La Reforma Constitucional de 1949
Durante la primera presidencia de Perón se procedió por intermedio del
Congreso, a declarar la necesidad de reforma de la Constitución de 1853.
Ella se concretó mediante la ley 13.233 sancionada por la Cámara de
Diputados de la Nación, en la sesión especial extraordinaria de los días 13
y 14 de agosto de 1948.
El art. 77 de la ley Fundamental establecía que el presidente de la
República no podía ser reelecto “sino con intervalo de un período”. La
enmienda de 1949 fue redactada así: “El presidente y el vicepresidente
duran en sus cargos seis años; y pueden ser reelegidos”.
Las Constituciones Provinciales
Dentro de las disposiciones transitorias de la Convención Nacional Cons-
tituyente se estableció que, por esa única vez se autorizaba a las “legisla-
turas provinciales para reformar totalmente sus constituciones, con el fin
de adaptarlas a los principios, declaraciones, derechos y garantías consa-
grados” en la Constitución de 1949.
La Reforma Constitucional de 1957
El gobierno provisional surgido a raíz de la revolución del 16 de setiem-
bre de 1955, que puso término al mandato presidencial de Juan Domingo
Perón, dio un decreto el 27 de abril de 1957, fijando la posición del gobier-

145. 147
no en materia constitucional y precisando algunos conceptos sobre las
reformas introducidas en 1949.
Sin embargo, de común acuerdo, se abocaron al estudio de las refor-
mas sociales a introducir en el texto de 1853, producto de lo cual fue el art.
14 bis, actualmente incorporado a nuestra Carta Magna.
Este nuevo artículo incorporado a la Constitución Nacional es de suma
importancia, ya que proclama esenciales derechos referentes al trabajo,
salario, organización gremial, derecho de huelga y principios de seguridad
social.
El salario mínimo vital móvil es uno de los logros más interesantes en las
reformas de 1957. Deveali ha definido al salario mínimo vital como aquel
que es indispensable para satisfacer las exigencias más elementales de la
vida del trabajador, teniendo por base al trabajador soltero, sin cargas de
familia, común y no calificado.
Se incorpora también dentro de los nuevos derechos sociales, el dere-
cho de huelga. La mayoría de las legislaciones avanzadas han consagra-
do en sus leyes fundamentales este derecho.
Cabe destacar, también, en el art. 14 bis “la estabilidad del empleado
público”, organización sindical libre y democrática, frente a los sindicatos
únicos y las presiones gubernamentales; la participación de los trabajado-
res en las ganancias de la empresa, y, a su vez, en el control de la produc-
ción, colaborando en la dirección de ella. Igualmente se otorga a los repre-
sentantes gremiales un efectivo privilegio o fuero gremial que les permita
actuar con todas las garantías necesarias en todos aquellos actos relacio-
nados con su gestión sindical, asegurándoles estabilidad en sus empleos.
Pero, sin lugar a dudas, la conquista más importante es la consagración de
los beneficios de la seguridad social.William Beveridge define en qué consiste
este derecho: “Asegurar una renta mínima que reemplace al salario cuando
éste sea interrumpido por cesantía, enfermedad o accidente;para conceder el
retiro de vejez;para proveer contra la pérdida del sostén por la muerte de otra
persona y para hacer frente a gastos extraordinarios como los relacionados
con el nacimiento, el fallecimiento y el matrimonio”.

146. 148
Actividad Nº 14
1) ¿Qué significó económicamente para Buenos Aires la ley de Dere-
chos Diferenciales?
2) Explique causas y consecuencias de la batalla de Cepeda.
3) Analice el Pacto de San José de Flores y explique su importancia.
4) Elabore un cuadro sinóptico sobre las reformas propuestas por Bue-
nos Aires a la Constitución del 53.
5) ¿Cuáles fueron las causas por las que Urquiza decide la retirada en
Pavón?
6) ¿Cómo se resuelve el problema de la capital de la República?
7) Analice en la bibliografía básica las siguientes reformas constitucio-
nales:
- 1.866, - 1.898, - 1.949, - 1.957.
8) Explique las bases fundamentales de la ley Sáenz Peña.

147. 149
REVOLUCION
DE1.955
RUPTURA
INSTITUCIONAL
EPOCA
CONSTITUCIONAL
(Continuación)
PRESIDENCIA
DEA.ILLIA
-Origenyevoluciónde
ladoctrinadefacto
-Reformaconstitucionalde1.957
PROCESODE
REORGANIZACION
NACIONAL
-Crisisdelaño´30
-Presidencias:
JuanP.Justo
R.Ortiz
R.Castillo
1ºdeJ.D.Perón
-Constituciónde1.949
Diagramadecontenidos-UnidadXIV

148. 150

149. 151
ÉPOCA CONSTITUCIONAL (cont.)
La temática de esta unidad se inicia con la quiebra e inestabilidad de las
instituciones, instaurando una metodología de acceso al poder político
que ha de ser el signo de medio siglo de nuestra historia.
Es de suma importancia conocer los hechos y circunstancias que la
determinaron, como así también, los pensamientos, doctrinas y razones
de quienes las impulsaron.
Se recomienda para una adecuada interpretación de este período, la
lectura de distintas obras y autores, pues por la inmediatez de los aconte-
cimientos, no pocos historiadores, pueden desprenderse de la subjetivi-
dad en el análisis.
Finalmente, para los módulos 2 y 3, se recomienda recurrir al Apéndice
Documental elaborado por la cátedra, para el estudio directo de los distin-
tos antecedentes y documentos constitucionales, allí contenidos.
UNIDAD XIV

150. 152
Actividad Nº 15
1) Desde Mitre hasta nuestros días, elabore, por cada presidencia, un
cuadro sinóptico destacando:
a) período de gobierno
b) ministros
c) ideas políticas
d) acciones de gobierno principales en las distintas áreas: social, eco-
nómica, política educativa, etc.
2) ¿A qué se llama proceso de Reorganización Nacional?
3) Caracterice a la doctrina de facto.
4) Elabore un esquema general del módulo 3, destacando sus puntos
principales.

151. 153
Anexo
HISTORIA CONSTITUCIONAL ARGENTINA

152. 154

153. 155
LOS INCAS
Cuando Francisco Pizarro llegó al Perú se encontró con un verdadero
Imperio gober-nado por el Inca Atahualpa, con un estado cabalmente
organizado y con un tipo de cultura que llamó profundamente la atención
de los españoles.
Aunque ellos creyeron que tan admirable civilización era mérito de los
Incas, los pacientes investigadores han demostrado que, antes de ellos,
hubo en el Perú diversos pueblos que desarrollaron y sentaron las bases
sociales, políticas, económicas y cultura-les del posterior imperio incaico.
Estas culturas han recibido, por lo mismo, el nombre de «preincaicas».
He aquí las principales de ellas:
1. Cultura Mochica: ha recibido este nombre porque sus principales
manifestacioneshan sido encontradas en el valle del Moche, cerca de
Trujillo, al norte del Perú.
Entre los restos que dejaron deben mencionarse dos pirámides, como
la «Huaca del Sol» y «de la Luna» respectivamente.
La primera de ellas es una plataforma escalonada de 228 metros de
lado por 18 de altura. El material empleado para su construcción no fue la
piedra, sino el adobe moldea-do.
El barro también servía para las casas, las vasijas comunes e incluso
para las sepul-turas.
La economía mochica se basaba especialmente en el cultivo del maíz,
de la papa, del maní y de las frutas silvestres.
2. Cultura Chimú o Yunga: en un área coincidente con mochica se
desarrolló poste-riormente a aquella, la cultura llamada «Chimú», nombre
que dieron los españoles a una de las ciudades edificadas también en la
Costa Norte, en las cercanías de la actual Trujillo. Precisamente la agrupa-
ción de la población en ciudades era una de sus caracte-rísticas.
La organización política era tal que los españoles le dieron el nombre de
«Reino de Chimú», estaba basada en una clara diferencia social.

154. 156
La economía tenía las características propias de los ándidos, pero ha-
bían desarrolla-do una notable metalurgia basada en el labrado del oro,
plata, cobre y bronce.
3. Cultura Tiahuanaco: esta civilización ha recibido tal nombre debido
a los yacimien-tos arqueológicos existentes en Tiahuanaco, lugar situado
al sur del lago Titicaca.
Esta ciudad fue un centro religioso, no la capital de un Imperio o Estado.
El Imperio de los Incas
Cuando el poderío incaico llegó a su cenit ocupaba una extensión de
casi 2.000.000 Km2
que se prolongaba desde tierras ecuatorianas hasta el
río Maule en Chile y Argen-tina (hasta la zona de Mendoza).
El origen de los incas está envuelto en leyendas recogidas por los cro-
nistas españo-les, a los cuales se han dado interpretaciones diversas. Lo
que parece estar fuera de dudas es que procedían del altiplano boliviano.
El centro del Imperio estaba en la ciudad de Cuzco, adonde habían
llegado en época remota Ayar Manco (Capac) y su hermana y esposa
Mama Ocllo, fundadores de la di-nastía incaica hacia mediados del siglo
XIII.
El nombre de «Inca», término que equivale a caudillo o jefe, se dio a los
soberanos y a la clase gobernante y, por extensión, a los súbditos del
Imperio.
Desde el Cuzco, los incas sostuvieron diversas guerras, como conse-
cuencia de las cuales sojuzgaron a los pueblos comarcanos, extendiendo
poco a poco su predominio militar y político.
Los dominios incaicos estaban divididos en 4 grandes regiones llama-
das Chinchaysuyo, Antisuyo, Cuntisuyo y Collasuyo. De ahí que su nom-
bre fuera «Tahuantisuyo»: el imperio de las cuatro regiones. Estas coinci-
dían angularmente en el Cuzco: «el ombligo del mun-do», que era no
solamente la residencia del Inca, sino también el asiento de la adminis-
tración.

155. 157
Las instituciones sociales y políticas
El Ayllu: la organización social, política y aún económica del Imperio
estaba basada en el ayllu institución sumamente arraigada entre los ándidos
de las costas del Pacífico.
El ayllu era un grupo de familias emparentadas por un antepasado, con
un culto fami-liar común (huaca), y con una extensión de tierra propia
marca). La autoridad del ayllu era el Curaca designado por el Inca o sus
representantes. No todos los ayllus eran igual-mente poderosos ya que se
componían de un número variable de familias.
Para los efectos administrativos se agrupaba a éstos en órdenes
decenales: 10 fami-lias, chunca; 100 familias, pachanca; 1.000 familias,
huaranca.
El inca tenía su propio ayllu, que comprendía su familia, sus servidores
y sus bienes. Al fallecer su sucesor formaba un nuevo ayllú real, separán-
dose del de su padre. Se fue formando consiguientemente una nobleza de
sangre, cuyos ayllus tenían ciertos privile-gios que no alcanzaban al co-
mún de los habitantes del Imperio.
También los ayllus de habla quichua que rodeaban al Cuzco fueron asig-
nados como nobles, y por consiguientes estaban exentos del pago de
tributos y de servicio personal, al igual que los de sangre real.
La Mita: los hombres de ayllus comunes estaban divididos en catego-
rías según su edad. Al llegar a los 35 años entraban en la de «adultos»,
debían casarse y estaban obligados a pagar tributos hasta los 50 años.
Estaban también sujetos a la «Mita», ésta era un servicio personal que
debían prestar anualmente al Estado, tal como la construc-ción de edifi-
cios, el transporte de mercaderías, el laboreo de las minas. La duración de
este servicio era de 2 o 3 meses cada año. Una vez cumplido, el indio
volvía a su ayllu hasta que le llegara de nuevo el turno de ser «mitayo».
ElYanaconazgo: en el Imperio Incaico había un clase social que care-
cía de ayllu, eran los yanacones, provenientes, al parecer, de una tribu
que se había sublevado contra el Inca en tiempos remotos. Ellos y sus
descendientes eran siervos a perpetuidad y verdaderos esclavos que sólo
podían suavizar su estado merced a la buena voluntad de las familias

156. 158
nobles a las cuales servían.Los yanacones dependían del Inca.Los prisione-
ros de guerra y ciertos reos comunes eran, también, asignados al
yanaconazgo.
El Gobierno: El Inca era el jefe absoluto del Tahuantisuyo o «Imperio de
las 4 regio-nes». Tenía, en realidad, la «suma del poder» civil, político,
administrativo, militar y religio-so, y hasta era reverenciado como una divi-
nidad. Sus insignias de mando se considera-ban sagradas. El extraordina-
rio boato de su corte, así como las lujosas prendas que vestían, maravi-
llaron a los españoles.Para mantener pura la sangre divina se casaba con
su propia hermana Coya (reina), y su otras mujeres se llamaban Palles.
Acompañaban al Inca, además de sus esposas y concubinas, todos sus
parientes, legítimos e ilegítimos que formaban el «Consejo de Orejones»,
así llamados porque sus integrantes se perforaban y agrandaban progre-
sivamente el lóbulo de las orejas.
Su heredero era aquel de los hijos a quien al considerarse más capaz
para el cargo, lo que daba lugar a crisis e intrigas provocadas por las
rivalidades de la sucesión.
Cada una de las «4 regiones» estaba bajo las órdenes de un «apo»-
gobernador que residía en el Cuzco bajo las inmediatas órdenes del Inca.
Las regiones (Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Cuntisuyo), se sub-
dividían en pro-vincias regidas por gobernadores delegados.
Las provincias volvían a subdividirse en dos partes o «Sayas», de acuerdo
con los ayllus que hubiera en ellas.
Ayllus, sayas, provincias, regiones e Imperio: la centralización era total
y el control estatal no dejaba resquicio que escapara a su autoridad.
Sociedad
Nobleza: estaba integrada por lo familiares del Inca y altos funcionarios
del Imperio (orejones). Constituían el grupo privilegiado.

157. 159
Sacerdotes: también constituían un estamento social privilegiado. A la
cabeza de ellos se hallaba el Ruilla-umu, generalmente un tío o hermano
del Inca. Tenían a su cargo el culto.
Puric: las obligaciones del trabajo productivo recaía sobre el sector de
los puric, los hombres adultos que tenían a su cargo el cultivo de la tierra,
el cuidado del ganado y las tareas industriales.
Yanaconas: clase hereditaria de sirvientes muy próximas a los escla-
vos, integrada por descendientes de pueblos rebeldes y por individuos
reducidos a ese estado por algún delito grave. Generalmente el indio
quechua no elegía su propia esposa, pues ésta le era impuesta por las
autoridades, quienes también separaban a las mujeres más her-mosas de
cada ayllu para poder destinarlas al servicio del templo o del Inca.
Cada matrimonio tenía su «tupu» o parcela de tierra, cuya extensión
podía aumentar de acuerdo a la cantidad de hijos y, a veces, por los
méritos de su dueño.
Las tierras no pertenecían a cada individuo, sino a la colectividad, y
todos los años el Inca ordenaba la distribución de los nuevos tupus.
La economía estatista de los Incas
La Tierra: si el Imperio Incaico estaba organizado bajo estricto control
del Estado en lo político y en lo social, no era menos la injerencia oficial en
la economía general y familiar.
La vida de los habitantes comunes del Imperio estaba internamente
ligada a la tierra, ya que la agricultura era la base de la economía. El ayllu
tenía una determinada exten-sión de tierra (marca), dentro de la cual cada
adulto recibía un lote (topu) para el sostén de la familia.Cada nueva pareja
recibía al casarse un «topu» dentro del ayllu.
Solamente una tercera parte de la tierra del ayllu podía ser dividida en
topus. El resto era cultivado mediante trabajo colectivo de los indios del
ayllu, y sus productos se desti-naban por mitades al Inca y al culto.

158. 160
Debe tenerse en cuenta que «la mita» y el «yanaconazgo», de los cua-
les se ha hablado anteriormente, tenían sentido, no solo político y social
sino también económico.
La Agricultura: las características del terreno obligaron a la construc-
ción de terrazas cultivables y a emprender obras de riego de asombrosa
eficacia y perfección, a tal punto, que aún puede observarse el trazado de
canales a lo largo de muchos kilómetros. Estos canales y andenes solían
ser hechos mediante la intervención oficial a través de los «mitayos».
Por supuesto que el maíz era el principal de los cultivos sobre todo en
las tierras bajas. Lo seguían la papa, el maní, los porotos, ají, mandioca.
Los instrumentos de labranza eran la azada de bronce y la «taclla»,
especie de pala de puntear terminada en punta, generalmente también de
bronce.
Toda la producción agrícola era recogida en los almacenes del Estado
para ser distri-buida. Una parte era para el Inca y la nobleza, otra destina-
da al mantenimiento del culto; otra servía al sostenimiento de viudas,
huérfanos e impedidos y el resto se entregaba al pueblo.
Los inspectores imperiales controlaban el trabajo de la tierra y llevaban
cuenta de la producción agrícola mediantes los «quipus». Se trataba de un
sistema de contabilidad mediante hilos de colores a diferentes alturas y
distancias.
La domesticación de la llama y la alpaca confirió un carácter único a la
civilización incaica: la primera usada fundamentalmente como animal de
carga y alimento, y la segunda proveyó su espeso vellón para la industria
textil. También cazaban vicuñas, con cuya lana elaboraron los más finos
tejidos.
La artesanía: el cultivo del algodón y la lana de vicuña proporcionaba la
materia prima para los abundantes telares, donde trabajaban habitual-
mente las mujeres.
La metalurgia estaba muy avanzada en relación con la de otros pueblos
americanos. Se explotaba la plata, el oro, el cobre, el estaño y se había
descubierto el bronce por aleación.

159. 161
La cerámica utilitaria y la ceremonial había llegado a una notable perfec-
ción, demos-trada en vasos, fuentes, platos, vasijas, etc. pintados con
variados colores.
El ejército: los incas tenían un ejército cuya oficialidad formaban los
nobles y cuyo contingente general se reclutaba entre los ayllus no privile-
giados.Ya se ha dicho que el servicio militar estaba entre las obligaciones
de la «mita».
Para el dominio de las diversas zonas conquistadas se habían levantado
fortificaciones amuralladas con regimientos estables que vivían en ellas.
Algunas eran grandiosas como la fortaleza de Sacsayhuamán, guardiana
del Cuzco. Otras eran más sencillas, como los pucarás de las cumbres
estratégicas.
Los guerreros tenían arcos, lanzas, boleadoras y «macanas» de piedra
o de metal.
Religión
La religión oficial del Imperio Incaico reconocía la existencia de un solo
Dios superior, eterno, personal, todopoderoso, creador de lo existente.
Era invocado bajo diversos nom-bres según las regiones aunque se ha-
bían difundido más los de «Huiracocha» o «Pachacámac». Se entiende
que el pueblo no alcanzaba esa abstracción y que las obras creadas por
tal Dios fueron confundidas con la divinidad.
El sol mismo -llamado Inti- era sólo una obra de Huiracocha y una real
manifestación de su poder. También la luna y los astros recibían venera-
ción entre los hombres del Imperio. Había templos donde los sacerdotes
celebraban el culto oficial. Poseían nume-rosos adornos de oro.
Los sacrificios humanos eran una excepción en el culto incaico, y no una
costumbre común entre los aztecas. Se practicaban, en cambio, ofrendas
de coca, chicha y hasta animales.
La casta sacerdotal gozaba de privilegios sociales, políticos y económi-
cos; estaba dividida en órdenes jerárquicos, cuyo grado superior era el de
Pontífice Real, el Ruillac-umu.

160. 162
Bases de la Cultura Incaica
Educación: Sólo accedían a ella los hijos de los nobles o de los curacas.
Los amautas eran los maestros encargados de prepararlos para sus futu-
ras funciones. Se les enseña-ba los preceptos religiosos, se los instruía en
la política, la historia, la milicia y en el modo de conducirse y hablar elegan-
temente. También aprendían el significado de los nudos (quipos) con el
objeto de establecer la cronología de los hechos históricos y cotidianos. La
lengua que aún pervive entre los indígenas peruanos, era el quechua.
Los quipos: los incas no conocieron la escritura, aún cuando ordenaron
un sistema de cordeles y nudos (quipos), cuya disposición en una madeja
de cuerdas coloradas y de diferente extensión les servía para fines aritmé-
ticos y de contabilidad.
Arquitectura: para construir los muros -cuyos restos pueden ser admi-
rados en el Cuzco- los incas empleaban grandes moles de piedra, perfec-
tamente pulidas, que ajus-taban entre sí sin ningún tipos de argamasa. En
los templos predominan las formas rectangulares, con un número impar
de puertas en los lados mayores. La decoración interior era rica -oro,
plata, tejidos- pero sus techos eran de paja.
Entre los templos más importantes se pueden citar el Coricancha, dedi-
cado al sol, y el Inticancha, erigido en honor a Viracocha, ambos en el
Cuzco.
Entre los edificios de carácter militar se encuentran fortalezas construi-
das aprove-chando la existencia de alguna colina que se rodeaba con dos
o más filas de murallas de piedra. Los testimonios de este tipo más impor-
tantes son las fortalezas de Machu Pichu y Sacsahuaman.
Caminos: el sistema caminero establecido por los incas unificaba todos
los puntos del Imperio. Los españoles se maravillaron por la calidad de las
rutas, amplias calzadas formadas por grandes lajas de piedra. Los dos
caminos más importantes eran el que llevaba al Collasuyo y el de Quito.
Existían, además, gran cantidad de rutas transversales.
En conjunto de extensión de la red caminera del incario ha sido estima-
da en 6.000 Km. Otras de las construcciones características fueron los

161. 163
puentes colgantes realizados con cuerdas y destinados a salvar las que-
bradas, tan frecuentes en la región.
Un servicio de postas comunicaba todo el Tahuantisuyo. Los pueblos
situados a lo largo de las rutas proporcionaban los chasquis, ágiles men-
sajeros que iban de posta en posta, llevando noticias.
LOS MAYAS
Se ha dado el nombre de «Mayas» a grupos indígenas que desarrolla-
ron una cultura superior, en un marco geográfico cuyo centro fue la penín-
sula de Yucatán. La influencia de dicha cultura dejó sus rastros monumen-
tales en los estados del sur de México como en Guatemala, El Salvador y
Honduras.
La civilización Maya abarca dos momentos históricos bien definidos:
- Imperio Antiguo (siglo IV al X) que se extendió por el sur de México,
Guatemala y Honduras.
- Imperio Nuevo (siglo X al XV) centralizado en la península deYucatán.
En los seis siglos del Imperio Antiguo, los Mayas sentaron las bases de
una formida-ble cultura. Sus ciudades -Palenque, Piedras Negras, Tikal,
Copán, etc.- con sus monu-mentales edificios testigo del grado de civiliza-
ción alcanzada.
No se han podido determinar con certeza las causas de la decadencia
del Antiguo Imperio Maya, al respecto se han emitido distintas hipótesis:
cambio de clima, terremo-tos, epidemias, invasiones extranjeras, etc.; se
han probado que en el siglo X se produjo la invasión de los Toltecas, hecho
que pudo influir en el abandono de la región.
A partir del año 900, los Mayas, ya ubicados en Yucatán dieron naci-
miento al Imperio Nuevo.
El término «Imperio Maya» es inexacto Los Mayas no formaron una
unidad estable sino que agruparon en «ciudades independientes», aisla-
das entre sí y, a menudo, rivales unas de otras.

162. 164
Las principales ciudades de este período son Uxmal, Mayapan, Chichen
Itza, etc. Estas ciudades florecieron hacia el año 1.000 pero no tardaron
en caer bajo el dominio de tribus mejicanas que luego formaron la confe-
deración azteca.
Gobierno
Cada ciudad principal estaba gobernada «por un gran jefe»: «Halach
Vinic»,cuyo título era hereditario por línea masculina. De este jefe depen-
dían las autoridades delegadas «Vatav» que gobernaban las poblaciones
menores o las ciudades subalternas.Tanto es-tas como aquel tenían con-
sejos que lo asesoraban en los casos difíciles.
Cada ciudad tenían su fuerza armada, más defensiva, carecieron de inclina-
ciones militares, de ahí que fueran fácilmente sojuzgados por los Aztecas.
Justicia
En materia de justicia, los Mayas fueron muy severos, los delincuentes
eran juzgados por el Halach Vinic o por sus representantes. Las leyes
penaban con grandes castigos los distintos delitos; así el hurto se penaba
con esclavitud, el homicidio voluntario o invo-luntario, el adulterio, el daño
grave se castigaba con la muerte.
Sociedad
La sociedad se caracterizó por una estricta división social
Nobleza: almenhehoob, constituía el testamento del que provenían los
funcionarios y sus familiares, así como por los miembros en-
cabezados del culto religioso.
Pueblo: macchualoob, integraban el segundo grupo, se dedicaba a las
diversas labo-res dentro de la ciudad-estado y sus donas de
influencia: agricultura, cerámica, arquitec-tura, tejeduría, caza,
pesca, etc.

163. 165
Entre estos dos grupos sociales se formó otro intermedio inte-
grado por los comer-ciantes -Ah opolon-, que gozaban de
determinados privilegios.
Esclavos:eran comúnmente prisioneros de guerra, ladrones condena-
dos a tal condi-ción por la justicia, etc.
La familia entre los Mayas era monogámica y la unidad matrimonial
estaba protegida por las leyes. No se casaban entre parientes cercanos.
Economía
Como todos los pueblos ándidos la economía de los Mayas giraba en
torno del cultivo del maíz, que era la base primordial de su alimentación.
El terreno elegido para la siembra era emparejado convenientemente.
El sembrado se hacía con un palo cuya punta era endurecida al fuego, en
cada hoyo se colocaban varios granos de maíz y, juntamente, algunas
semillas de porotos rojos y negros. Estos consti-tuían la segunda fuente
alimenticia de los Mayas.
Se cultivaba también el ají, zapallo, tomate, mandioca. Las tareas agrí-
colas estaban a cargo de los varones.
La caza y la pesca entraba también en la dieta de los Mayas, merced a
la acción de cazadores y pescadores que vendían sus productos a las
ciudades.
Si bien construyeron caminos, los Mayas desconocieron la rueda y los
animales de tiro o de carga, pues no practicaron la economía ganadera
intensiva, aunque fueron diestros cazadores de animales silvestres.
Creencias religiosas
Todos los aspectos relacionados con la vida del pueblo Maya estaba
muy influido por su religión. Los testimonios más directos provienen de
antiguos códices escritos con caracteres latinos y lenguaje aborigen, tales
como el libro de consejo o Popol - Vhu y los libros de Chilan Balan.

164. 166
Estas fuentes revelan un marcado politeísmo, así como el convenci-
miento de que tras la muerte existían el premio y el castigo de acuerdo con
el comportamiento observado en vida. Entre los dioses más importantes
se encontraban Hunab Ku, creador del mundo; Ah Puch, dios de la muerte,
Chack,divinidaddelalluviaaquienseleofrecíansacrificioshumanos;Itzamná,
dios civilizador que enseñó a los hombres toda su sabiduría.
La más avanzada cultura prehispánica
El conocimiento de la cultura Maya se basa fundamentalmente en el
estudio de los restos arqueológicos, en las estelas de tela con inscripcio-
nes jeroglíficas y calendáricas y en los códices y manuscritos salvados de
la destrucción.
Escritura y numeración. Los Mayas utilizaron una escritura ideográfica
de base jeroglífica. Sólo una pequeña parte ha podido ser descifrada, y su
significación es predo-minantemente religiosa. Su sistema numérico era
muy exacto: tenía como base el núme-ro veinte (sistema vigesimal), y
conocían el cero.
El calendario. De todas las civilizaciones amerindias, los Mayas fueron
los que desa-rrollaron mayores conocimientos astronómicos y calendáricos.
El tzolkin (calendario sa-grado) tenía 260 días repartidos en trece grupos
de veinte días cada uno; el haab (calen-dario solar) constaba de 360 días
repartidos en 18 grupos de 20 días.
Arquitectura y escultura. Las manifestaciones más altas de la arqui-
tectura se regis-traron en el Antiguo Imperio. Las ciudades de Palenque,
Copán, Uaxactun, entre otras son verdaderos centros urbanos con pre-
ponderante actividad religiosa y grandiosas cons-trucciones -templos,
palacios, mansiones- de sorprendente vitalidad. Su fachada estaba cu-
bierta por una complicada ornamentación, inspirada en objetos de la na-
turaleza o en figuras geométricas.
LOS AZTECAS
La Confederación de pueblos presidida por los Aztecas, tenía su centro
político-admi-nistrativo en la ciudad de Tenochtitlán, en la meseta de México.

165. 167
La masa de la población se había radicado en la región templada del
Anáhuac, cuyo clima seco y sano contrastaba con la franja costera cálida,
húmeda e insalubre. Sin embargo, puede afirmarse que la influencia polí-
tica de los Aztecas se extendió desde el Yucatán por el sur hasta el río
Colorado por el norte.
Los Aztecas llegaron al Valle de México cuando ya existían pueblos de
florecientes culturas en territorio mejicano.
La superioridad militar y política de los Aztecas les permitió dominar a
dichos pueblos a partir, aproximadamente, del año 1.200 de nuestra era.
Las investigaciones realizadas en el Anáhuac permiten afirmar que,
antes de tal fe-cha, se habían sucedido menos de quince tipos distintos de
culturas indígenas en los 12 siglos anteriores.
De ahí que hayan sido agrupados en los siguientes períodos:
- Primer período: las culturas medias del Valle de México (1 al 600 d.C)
- Segundo período: los Toltecas clásica (600 al 1.000)
- Tercer período: los Chichimecas y Toltecas dinásticos (1.000 a 1.300)
- Cuarto período: los Aztecas.
La organización política de los Aztecas
El término «imperio azteca» comúnmente empleado, no corresponde a
la realidad histórica.Los Aztecas formaron más bien una «Liga o Confede-
ración» de los pueblos mejicanos basada en una inteligente política admi-
nistrativa.
En la realidad, la base de la Confederación la formaban tres ciudades:
Tenochtitlán, Tezcoco y Tlacopán, de las cuales la primera era la capital.
Los Calpullis o distritos
Los Aztecas se hallaban divididos en veinte grupos, distritos y clanes
llamados Calpullis. Los Calpullis eran el núcleo primordial de la organiza-
ción social, política, religiosa y ad-ministrativa.

166. 168
En el se concentraba un grupo de familias que poseía en común la
tierra, con la obligación de trabajarla y defenderla.
Cada Calpullis tenía sus jefes, sus funcionarios, sus guerreros e incluso
sus peculia-res costumbres y su legislación propia, sus templos y arsena-
les. La autoridad residía en un «teachcauch» o comandante militar y en un
«calpullec» o jefe administrativo.
Los veinte calpullis se habían agrupado en cuatro regiones o provincias,
cada una de las cuales constituía una federación de cinco calpullis. Cada
provincia tenía a su frente un jefe militar noble que dependía del «empe-
rador».
El gobierno central de la Confederación Azteca
Tenochtitlán, su capital, fue asiento de las actividades políticas y milita-
res. Situadacon sentido estratégico en el centro del lago Texcoco y a la que
se llegaba por medio de calzados, era una populosa ciudad que impresio-
nó a los conquistadores.
Allí residía el «Jefe Supremo de la Confederación». Los españoles le
dieron el nombre de «emperador», los Aztecas lo llamaban «Tlatecutli».
Era elegido con carácter vitalicio mediante el voto de un consejo formado
por un representante de cada una de las cuatro regiones antes menciona-
das. Vivía en un lujoso palacio, pero no tenía poder omnímodo.
Estaba acompañado de un viceemperador llamado Cihuacóatl, que lo
secundaba y reemplazaba al Tlatecutli en caso de ausencia.
Había un «Tlatocan» o «Gran Consejo», formado por los representan-
tes de los veinte calpullis. Ejercía el poder supremo con funciones amplí-
simas y jurisdicción total.
Tribus sometidas
Los Aztecas se habían extendido sobre pueblos que no formaban parte
de los calpullis y eran, por lo mismo, ajenos a la Confederación. Estaban

167. 169
gobernados por jefes aztecas designados por el emperador.Debían pagar
tributos anuales, de acuerdo con sus riquezas.
Fueron estos pueblos sometidos los que ayudaron a Hernán Cortez a
derrocar a Moctezuma y a destruir la Confederación Azteca.
Las instituciones sociales
La familia azteca era de carácter monogámico, aunque los nobles no
tardaron en admitir la poligamia. El derecho era patrilineal. Los delitos
tales como el aborto, el infanticidio o el adulterio eran castigados con la
pena de muerte.
Habitualmente el matrimonio se formalizaba dentro del mismo clan o
calpulli familiar; tenía pues, carácter endogámico.
Las familias consanguíneas se agrupaban en núcleos llamados
«tlaxilacallis», los cuales a su vez formaban parte de los calpullis.
Clases sociales
La sociedad comprendía:
a) Clase superior o Nobleza: consta de funcionarios, jefes de clanes,
sacerdotes, guerreros y propietarios.
b) Pueblo, hombres comunes: agricultores, artesanos, carpinteros,
cesteros, alfareros, tejedores, mercaderes, quienes no sólo viajaban
con sus productos, sino que también se ocupaban del espionaje,
aportando datos de pueblos vecinos.
c) Esclavitud: los Aztecas practicaron la esclavitud.
Los esclavos, adquirían su condición de tal por ser prisioneros de gue-
rra, por castigo de robos, por deudas, etc. No obstante, los esclavos po-
dían recuperar la libertad bajo ciertas condiciones.

168. 170
Religión
Conservaban la creencia en un dios único, espiritual, creador y principio
de bien, invisible e impenetrable.
Sin embargo, esta creencia monoteísta inicial había ido cediendo paso
a un complejo politeísmo.
Entre las divinidades que recibían culto y veneración de los Aztecas
figuraba Huitzilopochtli, cuyo nombre significaba «el colibrí hacia el sur».
«Quetzalcoatl»: «la serpiente con plumas», era reverenciado como una
manifestación de sabiduría, de los vientos propicios, de las artes y de las
ciencias.
El sacerdocio
Los sacerdotes ocupaban un lugar preeminente entre los Aztecas y
constituían una verdadera institución.
Provenían de la nobleza y se educaba con rigor en un establecimiento
llamado «Clamecac». Había entre ellos diversos grados jerárquicos y no
sólo se limitaban al ejer-cicio del culto que tenían funciones políticas, lega-
les y científicas.
Había sacrificios incruentos, como las ofrendas de vestidos y maíz. Sin
embargo, el centro de las actividades del culto eran los sacrificios huma-
nos. Prisioneros de guerra y jóvenes elegidos especialmente eran sacrifi-
cados por los sacerdotes para obtener la buena voluntad de los dioses. El
procedimiento habitual era poner a la víctima sobre la piedra del sacrificio y
arrancarle el corazón, utilizando para ello un cuchillo de pedernal.
La organización económica
La tierra
La economía de la Confederación giraba en torno de la producción de
bienes de consumo basados en la agricultura organizada y desarrollada
con sentido estatal.

169. 171
En forma general puede afirmarse que la tierra de cultivo pertenecía al
Estado o a instituciones reconocidas por éste.
El calpulli poseía grandes extensiones que entregaba a cada familia,
según sus nece-sidades.
La familia era la poseedora nominal; el calpulli, el dueño real. Había
parcelas destinadas al sostenimiento común de sacerdotes, magistrados
y guerreros.
El principal cultivo era el maíz. Además se cultivaba ají, zapallo, tomate,
frijoles (porotos) y batata. También cacao y maque y con cuyo jugo se
preparaba una bebida fermentada y embriagante llamada pulque.
Los alimentos proteicos entraban en la mesa azteca mediante el consu-
mo de carne de pavo, de pescado y de animales provenientes de la caza,
tales como aves y venados.
La industria
A pesar de los progresos realizados por los aztecas apenas habían
salido de la edad de piedra. El empleo de los metales se reducía al cobre
y al oro, ignorando todo tipo de aleación.
El sílex y la obsidiana eran las piedras empleadas habitualmente para la
fabricación de armas y de instrumentos domésticos.
Tenían talleres para la confección de tejidos, en los cuales empleaban
hilos de algo-dón o pelos de conejo.
También combinaban telas con plumas de ave para la confección de vesti-
dos finísimos.
La cerámica cubría las necesidades familiares mediante vasija, platos,
copas. eran en general de barro cocido con adornos en blanco y negro.
Una vez por semana se realizaban en las ciudades ferias o mercados
donde se intercambiaban productos mediante trueque, a veces emplea-
ban canutos de plumas llenos de polvo de oro o bolsitas con granos de cacao.

170. 172
Ejército
Tuvieron carácter marcadamente militar y su poder se apoyaba princi-
palmente en la fuerza. De ahí que hubiera guerreros profesionales, con
instrucción especial y con esca-lafón cuyos grados se ganaban por el
valor en los combates.
En caso de guerra cada calpulli debía presentar su contingente armado
al mando de un jefe.
Empleaban arcos, flechas, lanzas y hondas, los mejores guerreros te-
nían una espada de madera con incrustaciones de obsidiana. Se cubrían
con cascos, escudos y corazón de tela acolchado.
Los regimientos aztecas se formaban ordenadamente.
Arte
La arquitectura constituyó la manifestación artística más destacada.
Los templos, obras de carácter monumental y religioso, son alardes de
perfección en el uso de la piedra.
Utilizaban la numeración vigesimal y la escritura jeroglífica simbólica.
Hablaban la lengua «nahuátl», que poseía sonidos armoniosos y caracte-
res propios.
Poseían amplios conocimientos astronómicos y fueron eminentes
urbanistas, como lo prueba el diseño de Tenochtitlán, en donde la ciudad
quedaba unida a tierra firme por medio de terraplenes, conteniendo con
diques las aguas del lago.

171. 173
APÉNDICE DOCUMENTAL
HISTORIA
CONSTITUCIONAL ARGENTINA
Dr. FERNANDO SARAVIA TOLEDO
Dr. HORACIO MARCELO DE LA SERNA
Dra. MARCELA VON FISCHER
SALTA

172. 174

173. 175
IndicedelApéndice
1.- REGLAMENTO DEL DIA 24 DE MAYO ...................................................................................................177
2.- REGLAMENTO DEL DIA 25 DE MAYO ...................................................................................................178
3.- REGLAMENTO DEL 28 DE MAYO PARA EJERCICIO DE LA AUTORIDAD DE LA JUNTA ...................179
4.- CIRCULAR DEL 27 DE MAYO.................................................................................................................180
5.- REGLAMENTO DE SUPRESION DE HONORES ....................................................................................182
6.- CREACION DE JUNTAS PROVINCIALES ..............................................................................................184
7.- REGLAMENTO SOBRE LA LIBERTAD DE IMPRENTA..........................................................................187
8.- DECRETO SOBRE LIBERTAD DE IMPRENTA ......................................................................................189
9.- CREACION DEL TRIUNVIRATO EJECUTIVO.........................................................................................190
10.- REGLAMENTO FIJANDO LAS ATRIBUCIONES, PRERROGATIVAS Y DEBERES DE LOS
PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO, Y JUDICIAL ............................................................................190
11.- ESTATUTO PROVISIONAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL
RIO DE LA PLATA, A NOMBRE DEL SEÑOR DON FERNANDO VII ......................................................193
12.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD INDIVIDUAL ....................................................194
14.- DISOLUCION DE LA ASAMBLEA .........................................................................................................198
15.- CREACION DE UN GOBIERNO PROVISORIO (2º Triunvirato) ............................................................199
16.- CONVOCACION PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ................200
17.- INSTRUCCIONES FEDERALES DEL 5 DE ABRIL DE 1813 .................................................................201
18.- PROYECTO DE CONSTITUCION PARA LAS PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA, FORMADO
POR LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA EN 4 DE DICIEMBRE DE 1812 .......................................203
19.- REFORMA DEL ESTATUTO PROVISORIO DEL SUPREMO GOBIERNO............................................207
20.- ESTATUTO PROVISIONAL DE 1815 ....................................................................................................209
21.- ACTA DE LA INDEPENDENCIA ............................................................................................................225
22.- REGLAMENTO PROVISORIO DE 1817 ................................................................................................227
23.-CONSTITUCIONDE1819 .....................................................................................................................229
24.- CONVENCION ENTRE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, SANTA FE Y ENTRE RIOS
(TRATADO DEL PILAR) ..........................................................................................................................235
25.- TRATADO DE PAZ ENTRE SANTA FE Y BUENOS AIRES (TRATADO DE BENEGAS) .....................237
26.- TRATADO DEL CUADRILATERO, CELEBRADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE BS. AS.,
SANTA FE, ENTRE RIOS Y CORRIENTES ............................................................................................238
27.- LEY FUNDAMENTAL DE 1825 RATIFICACION POR EL CONGRESO DEL PACTO CON QUE
SE LIGARON LAS PROVINCIAS UNIDAS AL SACUDIR EL YUGO DE LA DOMINACION
ESPAÑOLA. MEDIDAS PRELIMINARES DE REORGANIZACION NACIONAL .....................................240
28.- PACTO FEDERAL DE 1831...................................................................................................................241
29.- CONSTITUCION UNITARIA DE 1826 ....................................................................................................245
30.-PRONUNCIAMIENTODEURQUIZA .....................................................................................................247
31.- PROTOCOLO DE PALERMO DEL 6 DE ABRIL DE 1852. .....................................................................248
32.- ACUERDO DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS ..............................................................................250
33.- CONSTITUCION DEL ESTADO DE BUENOS AIRES Sancionada el 8 de abril de 1854 por la Sala
deRepresentantes ...................................................................................................................................254
34.- TRATADOS ENTRE LA CONFEDERACION Y EL ESTADO DE BUENOS AIRES Tratado del 20
de diciembre de 1854 ...............................................................................................................................254
35.- PACTO DE SAN JOSE DE LAS FLORES .............................................................................................256
36.- REFORMAS DE LA CONSTITUCION SANCIONADA EN SANTA FE ...................................................258
37.- ACORDADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 10 DE SETIEMBRE DE 1930 ..................261
38.- MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION SANCIONADAS POR LA CONVENCION NACIONAL
CONSTITUYENTE, REUNIDA EN BUENOS AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE
MARZO DE 1949 .....................................................................................................................................262
39.- EVOLUCION DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL DESDE 1810 .......................................................263

174. 176

175. 177
1.- REGLAMENTO DEL DIA 24 DE MAYO
LO PRIMERO: Que continúe en el mando el Excelentísimo Señor Virrey D. Baltasar
Hidalgo de Cisneros, asociado a los señores: el Dr. D. Juan Nepomuceno de Solá, Cura
rector de la Parroquia de nuestra señora de Monserrat, de esta ciudad; el Dr. D. Juan José
Castelli, abogado de esta Real Audiencia Pretorial; D. Cornelio Saveedra, Comandante del
Cuerpo de Patricios, y D. José Santos de Inchaurregui, de este vecindario y comercio; cuya
corporación o junta ha de presidir el Excmo, Señor Virrey con voto en ella, conservando en
lo demás su renta y altas prerrogativas de su dignidad, mientras se elige la junta General del
Virreinato.
LO SEGUNDO: Que los señores que forman la precedente corporación, comparezcan
sin pérdida de momentos en esta Sala capitular, a prestar juramento de usar bien y fielmen-
te sus cargos, conservar la integridad de esta parte de los dominios de América a nuestro
amado Soberano el señor D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, y observar puntual-
mente las leyes del reino.
LOTERCERO: Que luego que los referidos señores presten el referido juramento sean
reconocidos por depositarios de la autoridad superior del Virreinato por todas las corpora-
ciones de esta Capital y su vecindario respetando y obedeciendo todas sus disposiciones,
bajo las penas que imponen las leyes a los contraventores: todo hasta la congregación de la
junta General del Virreinato.
LO CUARTO: Que faltando algunos de los referidos señores que han de componer la
junta de esta Capital, por muerte, ausencia o enfermedad grave, se reserva este Cabildo
nombrar el que haya de integrarla.
LO QUINTO: Que aunque se haya plenísimamente satisfecho de la honrosa conducta
y buen procedimiento de los señores mencionados, sin embargo para satisfacción del pue-
blo, se reserva también estar muy a la mira de sus operaciones, y caso no esperado que
faltasen a sus deberes, proceder a una deposición, reasumiendo para este sólo caso, la
autoridad que le ha conferido el pueblo.
LO SEXTO: Que los referidos señores, inmediatamente después de recibidos en sus
empleos, publiquen una general amnistía en todos los sucesos ocurridos el día 22, en orden
a las opiniones sobre la estabilidad del gobierno; y para mayor seguridad, este Excmo.
Cabildo toma desde ahora bajo su protección a todos los vocales que han concurrido al
Congreso General ofreciendo que contra ninguno de ellos se procederá directa o indirectamete
contra sus opiniones, cualesquiera que hayan sido.
LO SEPTIMO: Que con el mismo objeto de consultar la seguridad pública, quedarán
excluidos los referidos sujetos, que componen la junta Provisional, de ejercer el poder judi-
ciario, el cual se refundirá en la Real Audiencia, a quien se le pasarán todas las causas
contenciosas que no sean de gobierno.
LO OCTAVO: Que esta misma Junta ha de publicar todos los días primeros del mes un
estado en que se de razón de Administración de la Real Hacienda.
LO NOVENO: Que no pueda imponer pensiones, pechos ni contribuciones, sin previa
consulta y conformidad de este Excmo. Cabildo.

176. 178
LO DECIMO: Que no se obedezca ninguna orden o providencia del Excmo. Sr. Virrey,
sin que vaya rubricada por todos los demás individuos que deban componer la Junta.
LO UNDECIMO: Que los referidos señores despachen sin pérdida de tiempo órdenes
circulares a los Jefes de interior, y además a quienes corresponda, encargándoles muy
estrechamente, y bajo de responsabilidad, hagan que los respectivos Cabildos de cada uno
convoquen, por medio de esquelas la parte principal y más sana del vecindario para que
formado un Congreso de solos los que en aquella forma hubieren sido llamados, elijan sus
representantes y estos hayan de reunirse a la mayor brevedad en esta Capital, para estable-
cer la forma de Gobierno que se considere más conveniente.
LO DUODECIMO: Que elegido así el representante de cada ciudad o villa; tanto los
electores como los individuos capitulares le otorguen poder en pública forma, que deberán
manifestar cuando concurran a esta capital a fin de que se verifique su constancia, jurando
en dicho poder no reconocer otro soberano que el señor D. Fernando VII y sus legítimos
sucesores según el orden establecido por las leyes, y estar subordinado al gobierno que
legítimamente los represente.
LO DECIMOTERCERO: Que cada uno de los señores de la Junta tenga el tratamiento
de EXCELENCIA, reservándose a la prudencia de ella misma la designación de honores
que se le hayan de hacer, y distinciones que deban usar.
2.- REGLAMENTO DEL DIA 25 DE MAYO
LO PRIMERO: Se erigiese una nueva Junta de Gobierno, compuesta de los señores
expresados en la representación a que se ha hecho referencia (Cornelio de Saavedra, Co-
mandante de Armas; el Dr. Juan Manuel Castelli; el Dr. Manuel Belgrano; D. Miguel de
Azcuénaga; Dr. Manuel Alberti; D. Domingo Matheu; y D. Juan Larrea; y secretarios los Dres.
Juan José Paso y Mariano Moreno) y en los mismo términos que de ellas aparece, mientras
se erige la Junta General del Virreinato.
LO SEGUNDO: Que los señores que forman la precedente corporación, comparezcan
sin pérdida de momentos en esta Sala Capitular, de usar bien y fielmente sus cargos, con-
servar la integridad de esta parte de los dominios de América a nuestro amado soberano, el
Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, y observar fielmente las leyes del reino.
LO TERCERO: Que luego que los referidos señores presten el juramento sean reco-
nocidos por depositarios de la autoridad Superior del Virreinato por todas las corporaciones
de esta Capital y su vecindario respetando y obedeciendo todas sus disposiciones hasta la
congregación de la Junta General del Virreinato; bajo las penas que imponen las leyes a los
contraventores.
LO CUARTO: Que la Junta ha de nombrar quien deba ocupar cualquier vacante por
renuncia, muerte, ausencia, enfermedad o remoción.
LO QUINTO: Que aunque se haya plenísimamente satisfecho de la honrosa conducta
y buen procedimiento de los señores mencionados, sin embargo para satisfacción del pue-
blo, se reserva también estar muy a la mira de las operaciones, y caso no esperado que

177. 179
faltase a sus deberes, proceder a la deposición con causa bastante injustificada, reasumiendo
el Excmo. Cabildo, para este solo caso, la autoridad que le ha conferido el pueblo.
LO SEXTO: Que la nueva Junta ha de velar por el orden y la tranquilidad pública, y
seguridad individual de todos los vecinos, haciéndosele, como desde luego se le hace,
responsable de lo contrario.
LO SEPTIMO: Que los referidos señores que componen la Junta Provisoria quedan
excluidos de ejercer el poder judiciario, el cual se refundirá en la Real Audiencia a quien se
le pasarán todas las causas contenciosas que no sean de gobierno.
LO OCTAVO: Que esta misma Junta ha de publicar todos los días primeros del mes un
estado en que se de razón de la administración de Real Hacienda.
LO NOVENO: Que no pueda imponer contribuciones, ni gravamen al pueblo o sus
vecinos, sin consulta y previa conformidad de este Excmo. Cabildo.
LO DECIMO: Que los referidos señores despachen sin pérdida de tiempo órdenes
circulares a los Jefes de lo Interior y además a quienes corresponde, encargándoles muy
estrechamente, y bajo responsabilidad, hagan que los respectivos cabildos de cada uno
convoquen por medio de esquelas la parte más sana principal del vecindario, para que,
formados un Congreso de solo los que en aquella forma hubiesen sido llamados, elijan sus
representantes, y estos hayan de reunirse a la mayor brevedad en esta Capital para estable-
cer la forma de gobierno que se considere más conveniente.
LO UNDECIMO: Que elegido así el representante de cada ciudad o villa tanto los
electores como los individuos capitulares, le otorguen poder en pública forma, que deberán
manifestar cuando concurran a esta Capital, a fin de que se verifique sus constancia, juran-
do en dicho poder no reconocer otro soberano que el señor D. Fernando VII y sus legítimos
herederos, según el orden establecido por las leyes, y estar subordinado al gobierno que
legítimamente les represente.
3.- REGLAMENTO DEL 28 DE MAYO PARA EJERCICIO
DE LA AUTORIDAD DE LA JUNTA
La Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Río de la Plata en nombre del
Señor D. Fernando VII:
1º) La Junta se congregará todos los días en la Real Fortaleza, donde será la posada
del Sr. Presidente, y durará su reunión desde las nueve de la mañana hasta las dos de la
tarde y desde las cinco hasta las ocho de la noche.
2º) Todos los asuntos gubernativos y de hacienda se girarán ante ella por las oficinas
respectivas.
3º) El departamento de Hacienda, en la secretaria, conocerá a cargo del Dr. Juan José
Paso, y el departamento de gobierno y guerra, a cargo del Dr. Mariano Moreno.

178. 180
4º) En los decretos de substanciación, contestaciones dentro de la capital, asuntos
leves y de urgencia despacho, bastará la firma del Presidente autorizada por el respectivo
secretario.
5º) En los negocios que deban decidirse por la Junta, la formarán cuatro vocales con el
Presidente; pero en los asuntos interesantes, de alto gobierno, deberán concurrir todos.
6º) En las representaciones y papeles de oficio se dará a la Junta el tratamiento de
Excelencia pero los vocales no tendrán tratamiento alguno en particular.
7º) Las Armas harán a la Junta los mismos honores que a los excelentísimos señores
Virreyes, y en las funciones de Tabla se guardará con ella el mismo ceremonial.
8º) El señor Presidente recibirá en su persona el tratamiento y honores de la Junta,
como presidente de ella, los cuales se le tributarán en toda situación.
9º) Los asuntos del Patronato se dirigirán a la Junta en los mismos términos que a los
señores virreyes, sin perjuicio de las extensiones a que legalmente conduzca el sucesivo
estado de la península.
10º) Todo vecino podrá dirigirse por escrito o de palabra a cualesquiera de los vocales,
o a la Junta misma cuando sea conducente a la seguridad pública y felicidad del estado.
4.- CIRCULAR DEL 27 DE MAYO
La Junta Provisional Gubernativa de la Capital de Bs. As. -Los desgraciados sucesos
de la Península, han dado más ensanches a la ocupación bélica de los franceses sobre su
territorio, hasta aproximarse a las murallas de Cádiz y dejar desconcertado el cuerpo repre-
sentativo de la soberanía, por falta del señor rey D. Fernando VII: pues que, dispersada de
Sevilla, y acusada de malversación de sus deberes por aquel pueblo pasó en el discurso de
su emigración y dispersión a constituir, sin formalidad y autoridad, una Regencia, de la que
nadie puede asegurar que sea centro de la unidad nacional, depósito firme del poder del
Monarca sin exponerse a mayores convulsiones que las que acerban el movimiento vicioso
y arriesgado de su instalación. No es necesario fijar la vista en el término en que puedan
haber llegado las desgracias de los pueblos de la Península, tanto por la fortuna de las
armas invasoras, como por la falta o incertidumbre de un gobierno legítimo y supremo al que
se deban referir subordinar los demás de la Nación, por la dependencia forzosa que los
estrecha al orden y seguridad de la asociación, tienen su tendencia a la felicidad presente,
y a la precaución de los funestos afectos de la división de las partes del Estado, que temen
con razón todo lo que pueda oponerse a la mejor suerte en los dominios de América. El
pueblo de Bs. As., bien cierto del estado lastimoso de los dominios europeos de S. M. C. el
señor D. Fernando VII; por lo menos incierto del gobierno legítimo soberano en la represen-
tación de la Suprema Junta Central disuelta ya, y más en la Regencia que se dice constitui-
da por aquella, sin facultades, sin sufragios de la América, y sin instrucción de otras forma-
lidades que debían acceder al acto; y sobre todo, previendo que no anticipándose las medi-
das que deben influir en la confianza y opinión pública de los dominios de América, faltaría
el principio de un gobierno indudable por su origen, estimó desplegar la energía que siem-
pre ha mostrado para interesar su lealtad, celo y amor por la causa del rey Fernando, remo-
viendo los obstáculos que la desconfianza, incertidumbre y desunión de opiniones podrían

179. 181
crear en el momento más crítico que amenaza, tomando a la América desapercibida de la
base sólida del Gobierno que pudiese determinar su suerte en el continente americano
español. Manifestó los deseos más decididos porque los pueblos mismos recobrasen los
derechos originarios de representar el poder, autoridad y facultades del monarca, cuando
este falta, cuando este no ha previsto de Regente y cuando los mismos pueblos de la Matriz
han calificado de deshonrado al que formaron, procediendo a sustituirle representaciones
rivales que disipan los tristes restos de la ocupación enemiga.Tales conatos son íntimamen-
te unidos con los deseos honrosos de su seguridad y felicidad, tanto interna como externa,
alejando la anarquía y toda dependencia de poder ilegítimo, cual podía ser sobre ineficaz
para el instituto social, cualquiera que se hubiese levantado en el tumulto y convulsiones de
la Península, después de la emigración y la dispersión de los miembros de la Junta Central.
Cuando estas discusiones se hacen en sesiones de hombres desencontrados, son expues-
tas a las consecuencias de una revolución, y exponen a que quede acéfalo el cuerpo políti-
co: pero si se empeñan por el orden u modo rotular de los negocios gravísimos , no pueden
menos que conducir como por la mano, a la vista del efecto que se desea. Tal ha sido la
conducta del pueblo de Bs. As. en propender ha examinarse si en el estado de las ocurren-
cias de las Península, debía subrogarse el mando superior del gobierno en las Provincias
del Virreinato en una Junta Provisional, que asegurase la confianza de los pueblos y velase
sobre su conservación contra cualquier acechanza hasta reunir los votos de todos ellos, en
quienes recae la facultad de proveer la representación del Soberano.
El Excmo.. Cabildo de la Capital, con la anuencia del sr. Virrey, quien informó de la
general agitación, agravada con el designio de retener el poder del gobierno, aún notariada
que fuese la pérdida total de la provincia Península y su Gobierno, como expresa la procla-
ma del 18 del corriente, convocó la más sana parte del pueblo en Cabildo General abierto,
donde se discutió y votó públicamente el negocio más importante por su fundamento, para
la tranquilidad, seguridad, y felicidad general resultando de la comparación de sufragios, la
mayoría con exceso por la subrogación del mando del Excmo..Virrey en el Excmo.. Cabildo,
interino se ordenaba una Junta Provisional de Gobierno, hasta la congregación de la gene-
ral de las provincias: voto que fue acrecentado y aumentado con la aclamación de las tropas
y numerosos restos de habitantes. Ayer se instaló la Junta de una firma y modo que ha
dejado fijada la base fundamental sobre que debe elevarse la obra de la conservación de
estos dominios al señor D. Fernando VII. Los ejemplares impresos de los adjuntos bandos,
y la noticia acreditada en bastante forma, que el Excmo.. Cabildo y el Excmo..Virrey que fue
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, dan ha Ud., no dejan duda a esta Junta de que será mirada
por todos los jefes corporaciones, funcionarios públicos y habitantes de todos los pueblos
del Virreinato, como dentro de la unidad, para formar la barrera inexpugnable de la conser-
vación íntegra de los dominios de América a la dependencia del Sr. D. Fernando VII, o de
quien legítimamente le represente. No menos espera que contribuirán los mismos a que,
cuanto más antes sea posible, se nombre y vengan a la Capital los diputados que se enun-
cian, para el fin expresado, en el mismo acto de instalación ocupándose con el mayor es-
fuerzo, en mantener la unión de los pueblos, y consultar la tranquilidad y seguridad indivi-
dual; teniendo consideración a que la conducta de Bs. As., muestra que, sin desorden y sin
vulnerar la seguridad, puede obtenerse el medio de consolidar la confianza pública y su
mayor felicidad. Es de esperar que cimentado este paso, si llega el desgraciado momento de
saberse sin duda alguna la pérdida absoluta de la Península, se haye el distrito del Virreinato
de Bs. As., sin los graves embarazos que por la incertidumbre y falta de legítima represen-
tación del soberano de España a la ocupación de los franceses, la pusieron en desventaja
para sacudirse de ellos: puesto que tanto como el enemigo descubierto invasor, debe temer-
se y precaverse el que desde lo anterior promueve la desunión, proyecta la rivalidad y
propende a introducir el conflicto de la suerte política, no prevenido. Cuente Ud. con todo lo

180. 182
que penda de los esfuerzos de esta Junta, cuyo develo por la conservación del orden y
sistema nacional se mostrará por los efectos. Este ha sido el concepto de proponer el pueblo
al Excmo.. Cabildo la expedición de quinientos hombres para lo interior, con el fin de propor-
cionar auxilios militares para hacer observar el orden, si se teme que sin él no se harían libre
y honradamente las elecciones de vocales diputados, conforme a lo prevenido en el art. 10
del bando citado, sobre que hace esta Junta los más eficaces encargos por su puntual
observancia y la del art. II. Asimismo importa que Ud. quede entendido, que los diputados
han de irse incorporando en esta Junta conforme y por orden de su llegada a la Capital, para
que así se hagan de la parte de confianza pública que conviene al mejor servicio del Rey y
gobierno de los pueblos; imponiéndose, por cuanta anticipación conviene a la formación de
la General, de los graves asuntos que tocan al gobierno. Por lo mismo se habrá de acelerar
el envío de Diputados: entiendo debe ser uno por cada ciudad o villa de las provincias,
considerando que la ambición de los extranjeros puede excitarse a aprovechar la dilación en
la reunión, para defraudar a su Majestad los legítimos derechos que se trata de preservar.
Servirá a todos los pueblos del Virreinato de la mayor satisfacción al saber, como se lo
asegura la Junta que todos los Tribunales, Corporaciones, Jefes y Ministros de la Capital, sin
excepción han reconocido la Junta, y prometido su obediencia para la defensa de los augustos
derechos del rey en estos dominios: por lo cual es tanto más interesante que este ejemplo
empeñe los deseos de Ud. para contribuir en estrecha unión a salvar la patria de las convul-
siones que la amenazan, si no se prestasen las provincias. a la unión y armonía que debe
reinar entre ciudadanos de un mismo origen, dependencia e intereses. A esto se dirigen los
connatos de esta Junta; a ellos los ruegos del pueblo principal del Virreinato, y a lo mismo se
le escita, con franqueza de tantos auxilios y medios pendan de su arbitrio, que serán dispen-
sados prontamente en obsequio del bien y concentración de los pueblos.
Real Fortaleza de Buenos Aires, a 27 de mayo de 1810 Cornelio de Saavedra - Juan
José Castelli - Manuel Belgrano-Miguel de Azcuénaga - Manuel Alberti - Juan José Paso -
Mariano Moreno.
5.- REGLAMENTO DE SUPRESION DE HONORES
1º) El art. octavo de la orden del día de 28 de Marzo de 1810, queda revocado y
anulado en todas sus partes.
2º) Habrá desde este día absoluta, perfecta e idéntica igualdad entre el presidente y
los demás vocales de la Junta, sin más diferencia que el orden numerario y gradual de los
asientos.
3º) Solamente la Junta reunida en actos de etiqueta y ceremonia tendrá los honores
militares, escolta y tratamientos que están establecidos.
4º) Ni el presidente ni ningún otro individuo de la Junta en particular revestirán carácter
público ni tendrán comitiva, escolta o aparato que lo distinga de los demás ciudadanos.
5º) Todo decreto, oficio y orden de la Junta, deberán ir firmado de ella debiendo concu-
rrir cuatro firmas cuando menos, con la del respectivo secretario.

181. 183
6º) Todo empleado, funcionario público o ciudadano que ejecute órdenes que no vayan
suscriptas de la forma prescripta en el anterior artículo será responsable al gobierno de su
ejecución.
7º) Se retirarán todos los centinelas de palacio, dejando solamente las de las puertas
de la Fortaleza y sus bastiones.
8º) Se prohibe todo brindis, viva o aclamación pública en favor de los individuos parti-
culares de la Junta. Si estos son justos, vivirán en el corazón de sus conciudadanos: ellos no
aprecian bocas que han sido profanadas con los elogios de los tiranos.
9º) No se podrá brindar sino por la Patria, por sus derechos, por la gloria de nuestras
armas y por objetos generales concernientes a la pública felicidad.
10º) Toda persona que brindase por algún individuo particular de la Junta será deste-
rrado por seis años.
11º) Habiendo echado un brindis D. Atanasio Duarte, con que ofendió la probidad del
Presidente, y atacó los derechos de la Patria; debía perecer en un cadalso; por el estado de
embriaguez en que se hallaba se le perdona la vida, pero se destierra perpetuamente de
esta ciudad, porque un habitante de Bs. As., ni ebrio ni dormido, debe tener impresiones
contra la libertad de su país.
12º) No debiendo confundirse nuestra milicia nacional con la milicia mercenaria de los
tiranos, se prohibe que ningún centinela impida la libre entrada en toda función o concurren-
cia pública a los ciudadanos decentes que la pretendan; el oficial que quebrante esta regla
será depuesto de su empleo.
13º) Las esposas de los funcionarios públicos, políticos y militares no disfrutarán los
honores de armas ni demás prerrogativas de sus maridos: estas distinciones las concede el
Estado a los empleos, y no pueden comunicarse sino a los individuos que la ejercen.
14º) En las diversiones públicas de toros, ópera, comedia, etc., no tendrá la Junta
palco ni lugar determinado: los individuos de ella que quieran concurrir, comprarán lugar
como cualquier ciudadano; el Excmo.. Cabildo a quien toca la Presidencia y gobierno de
aquellos actos por medio de los individuos comisionados para el efecto, será el que única-
mente tenga una posición de preferencia.
15º) Desde este día queda concluido todo el ceremonial de Iglesia con las autorida-
des civiles: estas no concurren al templo a recibir inciensos, sino a tributarlos al Ser Supre-
mo. Solamente subsiste el recibimiento en la puerta por los canónigos y dignidades en la
forma acostumbrada. No habrán cojines, sitial ni distintivo entre los individuos de la Junta.
16º) Este reglamento se publicará en la Gazeta, y con esta publicación se tendrá por
circulado a todos los jefes políticos, militares, corporaciones y vecinos, para su puntual ob-
servancia. Dado en Bs. As., en la Sala de la Junta, a 6 de diciembre de 1810.

182. 184
6.- CREACION DE JUNTAS PROVINCIALES
Orden del día.- Los mismos motivos que obligaron a substituir una autoridad colectiva
a la individualidad de los Virreyes, debieron, también, introducir una nueva forma en los
gobiernos subalternos. El justo temor de no arriesgar unos primeros pasos que debían deci-
dir de nuestra suerte, en la premura de un tiempo en que esta Junta no tenía una confianza
entera de los pueblos, la puso en la necesidad de no alterar el sistema antiguo, depositando
los gobiernos en mano de una fidelidad a prueba de peligros. Por lo demás, la Junta ha
estado siempre persuadida de que el mejor fruto de esta resolución, debía consistir en
hacer gustar a los pueblos las ventajas de un gobierno popular. Así es, que aun quedando a
la suerte algún influjo, previno en las instrucciones reservadas de la expedición militar, con-
descendiese con los pueblos inclinados a los gobiernos de Juntas. Para pensar así, tenía
muy presente que sin esta novedad, no habrían hecho otra cosa los pueblos que continuar
en ser infelices. En efecto, la autoridad que no es contenida por la atención inquieta y celosa
de otros colegas, rara vez deja de corromper las mejores intenciones. Después de haberse
ensayado un magisterio en hacer usurpaciones, es preciso hacerse absoluto para asegurar
la impunidad. Del quebrantamiento de las leyes al despotismo, el camino es corto. Entonces
los súbditos esclavos no tienen ni patria, ni amor al bien público, y el Estado lánguido ofrece
a todo enemigo una presa fácil. Por el contrario sucedería hallándose el gobierno en manos
de muchos. De aquel continuo flujo y reflujo de autoridad se formarán costumbres públicas,
que templen la acrimonia del poder y la bajeza de la obediencia. Esta clase de gobierno no
ofrecerá magistrados poderosos, pero esclavos de las leyes, ciudadanos libres, pero que
saben que no hay libertad para el ciudadano que no ama las leyes, virtudes cívicas, virtudes
políticas, amor de la gloria, amor de la patria, disciplina austera, y en fin, hombres destina-
dos a sacrificarse por el bien del Estado. Para que esta grande obra tenga su perfección,
cree también la Junta, que será de mucha conducencia que los individuos de estas Juntas
Gubernativas sean elegidos por los pueblos. Por este medio se conseguirá que, teniendo
los elegidos en su favor la opinión pública, sólo el mérito eleve a los empleos y que el talento
para el mando sea el único título para mandar. En esta inteligencia ha creído esta Junta
Superior, hacer las siguientes declaraciones, a saber:
1.- Que en la Capital de toda provincia, comprendida la de Charcas, se formará una
Junta compuesta de cinco individuos, que por ahora serán el presidente o el gobernador
intendente que estuviese nombrado, como Presidente, y los cuatro colegas que se eligiesen
por el pueblo.
2.- Que en esta Junta residirá in solidum toda la autoridad del gobierno de la provincia,
siendo de su conocimiento todos los asuntos que por las leyes y ordenanzas pertenezcan al
presidente o al gobernador intendente; pero sea con entera subordinación a esta Junta
Superior.
3.- Que el sueldo asignado al presidente o a los gobernadores intendentes, lo percibi-
rán por entero los que actualmente se hallan nombrados, sirviendo sin asignación alguna
los colegas.
4.- La Junta tendrá tratamiento de V.S. El Presidente de la Junta, el que le correspon-
diese por su grado militar, si acaso lo es, o por el empleo de la República, y los Vocales
ninguno en particular como tales vocales, pero sí el que les fuese debido por otros títulos.

183. 185
5.- Que en la vacante del Presidente de la Junta, se dé noticias a esta Junta Superior,
quien deliberará lo que convenga, procediendo a nueva elección para reemplazar a los
demás vocales que vacasen, y dando cuenta a esta Superioridad de haberlo ejecutado.
6.- Que en cada ciudad y villa de las que tengan ó deban tener Diputados en ésta, se
formarán también sus Juntas respectivas, las que se compondrán de tres individuos, és á
saber: el Comandante de Armas que actualmente lo fuese, y los dos socios que se eligiesen.
7.- Que á esta Junta corresponderá el conocimiento de todo aquello en que entendían
los Subdelegados de Real Hacienda, cuyo empleo por separado queda abolido.
8.- Que lo dicho en orden á vacantes de las Juntas Provinciales, se observe también
en ésta.
9.- Que estas Juntas reconocerán á sus respectivas Capitales la subordinación en
que han estado las ciudades de lo que son.
10.- Que las Juntas Provinciales se congregarán diariamente en las posadas de sus
Presidentes para el despacho de los negocios, y durará su reunión desde la diez de la
mañana hasta la una de la tarde y desde las cinco hasta las ocho de la noche.
11.- Que las horas de despacho en las Juntas subalternas, será según la ocurrencia
de los negocios, bien que deberá ser diaria.
12.- Que estas Juntas velarán incesantemente en la tranquilidad, seguridad y unión de
los pueblos encargados á su cuidado y en mantener y fomentar el entusiasmo á favor de la
causa común.
13.- Pondrán particular esmero en la disciplina é instrucción de las milicias, para que
sirviendo a conservar el orden interior, estén también prontas y espeditas para cualquier
auxilio exterior en favor de la defensa general.
14.- A este fin meditarán y calcularán los recursos de cada ciudad, en razón de los
auxilios de que sean capaces y propondrán los medios y arbitrios extraordinarios que po-
drán tocarse al efecto.
15.- Entenderán igualmente en los alistamientos y reclutas que se ordenen por las
Juntas Provinciales ó por esta Superior, como asimismo en la ejecución y puntual cumpli-
miento de todas las órdenes que se les comuniquen.
16.- Se abstendrán de todo acto de jurisdicción contenciosa ó administración que no
sea de los asuntos comprendidos en estas declaraciones dejando obrar libremente y aun
auxiliando á las justicias, cabildos y funcionarios públicos en lo que corresponderá a su
conocimiento y autoridad respectiva.
17.- Que por punto general, si la elección recayere en los asesores de Provincia, en
algunos de los Alcaldes ordinarios ó en los dos, no podrán éstos ejercer ambas funciones
simultáneamente, debiendo en tal caso elegir uno de los empleos, y si se prefiriese el de
vocal, se hará nueva elección de Alcalde ordinario.

184. 186
18.- Que para estas elecciones se ponga la mira en sujetos de las más recomendables
calidades, y principalmente la de haber probado de un modo indeficiente, pero razonable, su
decidida adhesión al sistema actual, de manera que no podrá recaer en ninguno que hubie-
se sido causado, que se halle ligado por alguna relación íntima con los que hayan sido, ni de
quien se pueda recelar alguna fundada sospecha.
19.- Que los empleos de vocales ó asociados a las Juntas de Provincia, y de las subor-
dinadas de cada pueblo sufragáneo, no puedan recaer por ningún título, causa ni motivo, en
eclesiásticos seculares ó regulares, considerándose en ellos el mismo impedimento que
con la antigua Constitución los ha separado de los cargos consejiles en los Cabildos y
Ayuntamientos.
20.- Que del mismo motivo se declara incompatible el empleo de vocales con el de
Oidor de la Real Audiencia de Charcas y de Ministros de la Real Hacienda.
21.- Que se proceda a la elección de vocales en la forma siguiente: se pasará orden
por el Gobernador o por el Cabildo en las ciudades donde no lo haya, á todos los Alcaldes
de Barrio, para que citando á todos los vecinos españoles de sus respectivos cuarteles á
una hora señalada, concurran todos á prestar libremente su voto para el nombramiento de
un elector que asista con su sufragio á la elección de los colegas que han de componer la
Junta; advertencia de que á escepción del Presidente de Charcas ó Gobernador, en la
ciudad donde lo hubiere, deberán concurrir al nombramiento de electores todos los indivi-
duos del pueblo, sin escepción de empleos y ni aun de los Cabildos eclesiásticos y secula-
res, pues los individuos que constituyen estos cuerpos deberán asistir a sus respectivos
cuarteles en calidad de simples ciudadanos al indicado nombramiento.Y por cuanto habrán
ciudades que no estén divididas en cuarteles, ó si lo están sean de muy reducido número,
se subdividirán éstos, ó se repartirán donde no los haya absolutamente, en seis cuarteles
cuando menos para este y demás casos ocurrentes; pudiendo hacerse dicha subdivisión y
reparto por el Cabildo de los pueblos que los exijan, y nombrándose para cada barrio de los
que no tengan alcalde designado, la persona de mejor nota y crédito del cuartel, para que en
clase de Presidente asista á la elección; pero sin que este ni ningún otro, alguno, por más
condecorado que sea, limite o prevenga la voluntad general de los concurrentes al predicho
nombramiento.
22.- Que el nombramiento de electores se haga en el mismo día, y si es posible en una
misma hora, en todos los cuarteles, y que en el mismo se congreguen en la Sala Capitular
del Ayuntamiento, en la que se procederá á pluralidad de votos a la elección de colegas,
sirviéndose del Escribano del Ayuntamiento para la autorización de los sufragios.
23.- Que en caso de empatarse por igualdad de votos, por ser pares los electores, se
pase la elección a esta Junta Superior, para dirimir en acuerdo la discordia.
24.- Que este establecimiento de Junta y su arreglo es solamente provisorio, hasta la
celebración del Congreso, quién con maduro acuerdo deliberará lo que más convenga al
bien de la patria.
Buenos Aires, 10 de febrero de 1811. Cornelio de Saavedra - Miguel de Azcuénaga - Domingo
Matheu - Juan Larrea - Doctor Gregorio Funes - Juan Francisco Tarragona - Doctor José García de
Cossio - Antonio Olmos - Francisco de Gurruchaga - Doctor Manuel Felipe de Molina - Manuel Ignacio
Molina - Doctor Juan Ignacio de Gorriti - Doctor José Julián Pérez - Marcelino Plobet - José Ignacio
Maradona - Doctor Juan José Paso, Secretario - Hipólito Vieytes, Secretario - (Gazeta, número 26).

185. 187
7.- REGLAMENTO SOBRE LA LIBERTAD DE IMPRENTA
Atendiendo a que la facultad individual de los ciudadanos, de publicar sus pensamien-
tos e ideas políticas, es no solo un freno de la autoridad de los que gobiernan, sino también
un medio de ilustrar a la Nación en general y el único camino de llegar al conocimiento de la
verdadera opinión pública; decretamos lo siguiente:
Art.1º.- Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado
que sean, tienen libertad de escribir, de imprimir, y de publicar sus ideas políticas, sin nece-
sidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restric-
ciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto.
Art.2º.- Por tanto, quedan abolidos todos los actuales juzgados de imprenta y la cen-
sura de las obras políticas, precedente a su impresión.
Art.3º.- Los autores o impresores, será responsables, respectivamente, del abuso de
esta libertad.
Art.4º.- Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los licenciosos y los contra-
rios a la decencia pública y buenas costumbres, serán castigados con la pena de la ley y las
que aquí se señalarán.
Art.5º.- Los jueces y tribunales respectivos entenderán de la averiguación, calificación
y castigo de los delitos que se cometan por el abuso de esta libertad, arreglándose a lo
dispuesto por las leyes y en este reglamento.
Art.6º.- Todos los escritos en materia de religión quedan sujetos a la previa censura de
los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento.
Art.7º.- Los autores, bajo cuyo nombre quedan comprendidos el editor y los que hayan
facilitado el manuscrito original, no estarán obligados a poner su nombre en los escritos que
publiquen, aunque no por eso dejan de quedar sujetos a la misma responsabilidad. Por
tanto, deberá constar al impresor quien sea el autor o editor de la obra, pues de lo contrario
sufrirá la pena que se impondría al autor o editor, si fuesen conocidos.
Art.8º.- Los impresores están obligados a poner su nombre y apellido y el lugar y el
año de la impresión en todo impreso, cualquiera que sea su volumen teniendo entendido
que la falsedad de alguno de estos requisitos se castigará como la omisión absoluta de
ellos.
Art.9º.- Los autores o editores que abusando, de la libertad de imprenta, contravinie-
sen a lo dispuesto, no solo sufrirán las penas señaladas, por las leyes según la gravedad del
delito, sino que este y el castigo que se le imponga, se publicará con sus nombres en la
Gazeta del gobierno.
Art.10º.- Los artículos o escritos que se declaran inocentes o no perjudiciales, serán
castigados con cincuenta pesos de multa, en caso de omitir en ellos sus nombres o algún
otro de los requisitos, indicados en el art. 8º.

186. 188
Art.11º.- Los impresores de los escritos prohibidos en el artículo 4º, que hubieren omi-
tido sus nombres u otras de las circunstancias ya expresadas, sufrirán además de las multas
ya expresadas que se estime correspondiente, la misma pena que los autores de ellos.
Art.12º.- Los impresores de escritos de materia de religión, sin la previa licencia de los
ordinarios, deberán sufrir la pena pecuniaria que se les imponga, sin perjuicio de las que, en
razón de los excesos en que incurran, tengan ya establecidas en las leyes.
Art.13º.- Para asegurar la libertad de imprenta y contener, al mismo tiempo su abuso,
se nombrará una Junta Suprema de Censura, que deberá residir cerca del gobierno, com-
puesta por cinco miembros, y a solicitud de ellos otra en la capital de cada provincia, com-
puesta de tres.
Art.14º.- Serán eclesiásticos dos de los individuos de la Junta Suprema de Censura y
uno de los de las Juntas de Provincias, y los demás serán seculares; y unos y otros sujetos
instruidos y que tengan virtud y probidad y el talento necesario para el grave encargo que se
les encomiende.
Art.15º.- Será de su cargo examinar las obras que se hayan denunciado al Poder
Ejecutivo o justicias respectivas y si la Junta Censora de Provincia, juzgase, fundando su
dectámen, que deben ser detenidas, lo harán así los jueces y recogerán los ejemplares
vendidos.
Art.16º.- El autor o impresor podrá pedir copia de la censura y contestar a ella; si la
Junta confirmase su primera censura, tendrá acción el interesado a exigir que pase el expe-
diente a la Junta Suprema.
Art.17º.- El autor o impresor podrá solicitar a la Junta Suprema que se vea primera y
segunda vez su expediente, para que se le entregue cuando se hubiese actuado. Si la última
censora de la Junta fuese contra la obra, será esta detenida sin mas exámen, pero si la
aprobase, quedará expedito su curso.
Art.18º.- Cuando la Junta Censora de Provincia o la Suprema, según lo establecido,
declaren que la obra no contiene sino injurias personales, será detenida y el agraviado
podrá seguir el juicio de injurias en el Tribunal correspondiente con arreglo a la ley.
Art.19º.- Aunque los libros de religión no puedan imprimirse sin licencia del ordinario,
no podrá esta negarla sin previa censura y audiencia del interesado.
Art.20º.- Pero si el ordinario insistiese en negar su licencia, podrá el interesado acudir
con copia de la censura a la Junta Suprema, la cual deberá examinar la obra, y si la hallase
digna de aprobación, pasar su dictamen al ordinario, para que más ilustrado sobre la mate-
ria, conceda la licencia, si le pareciese, a fin de excusar recursos ulteriores.

187. 189
8.- DECRETO SOBRE LIBERTAD DE IMPRENTA
Art.1º.- Todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa. Las
disposiciones contrarias a esta libertad, quedan sin efecto.
Art.2º.- El abuso de esta libertad es un crimen. Su acusación corresponde a los intere-
sados, si ofende derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si compromete la tranqui-
lidad pública, la conservación de la religión católica o la constitución del Estado. Las autori-
dades respectivas impondrán el castigo según las leyes.
Art.3º.- Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación y graduación de
estos delitos, se creará una Junta de nueve individuos con el título de Protectora de la
Libertad de Imprenta. Para su formación el Exmo. Cabildo presentará una lista de cincuenta
ciudadanos honrados, que no estén empleados en la administración de gobierno; se hará
de ellos la elección a pluralidad de sufragios. Serán electores natos el prelado eclesiástico,
alcalde de primer voto, síndico procurador, prior del consulado, el fiscal de S. M. y dos
vecinos de consideración, nombrados por el Ayuntamiento. El escribano del pueblo autori-
zará el acto y los respectivos títulos, que se librarán a los electos sin pérdida de instantes.
Art.4º.- Las atribuciones de la autoridad protectora se limitan a declarar de hecho, si
hay o no crimen en el papel que da mérito a la reclamación. El castigo del delito, después de
la declaración, corresponde a las justicias. El ejercicio de sus funciones cesará al año de su
nombramiento, en que se hará nueva elección.
Art.5º.- La tercera parte de los votos en favor del acusado, hace sentencia.
Art.6º.- Apelando algunos de los interesados, la Junta Protectora sorteará nueve indi-
viduos de los cuarenta restantes de la lista de presentación; se reveerá el asunto y sus
resoluciones, con la misma calidad en favor del acusado, serán irrevocables. En caso de
justa recusación, se sustituirán los recusados por el mismo arbitrio.
Art.7º.- Se observará igual método en las capitales de provincia, sustituyendo al prior
del consulado, el diputado de comercio y al fiscal de S. M., el promotor fiscal.
Art.8º.- Las obras que tratan de religión, no pueden imprimirse sin previa censura del
eclesiástico. En caso de reclamación se reveerá la obra por el mismo diocesado, asociado
de cuatro individuos de la Junta Protectora, y la pluralidad de votos hará sentencia irrevoca-
ble.
Art.9º.- Los autores son responsables de sus obras, o los impresores, no haciendo
constar a quien pertenecen.
Art.10º.- Subsistirá la observancia de este decreto hasta la resolución del Congreso.
Buenos Aires. 26 de octubre de 1811. Feliciano Antonio Chiclana - Manuel de Sarratea - Juan José Paso
- José Julián Pérez, secretario.

188. 190
9.- CREACION DEL TRIUNVIRATO EJECUTIVO
La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre del
señor Don Fernando VII. Teniendo consideración a la celeridad y energía con que deben
girar los negocios de la Patria, y las trabas que ofrece al efecto la multitud de los vocales, por
la variedad de opiniones, que frecuentemente se experimentan, ha acordado constituir un
poder ejecutivo compuesto de tres vocales y tres secretarios sin voto; y debiendo ser los
sujetos en quienes recayese la elección, de probidad y pública aceptación, se procuró ex-
plorar la voluntad general de esta ciudad, por no estar en ejercicio sus Diputados electos; y
habiéndola conocido, por unánime votación, se elegieron los siguientes; para vocales, los
señores Coronel Doctor Feliciano Chiclana, Don Manuel de Sarratea y el Doctor D. Juan
José Paso, y para secretarios, sin voto los señores Dr. D. José Julián Pérez, de Gobierno; Dr.
D. Bernardino Rivadavia de Guerra; y el Dr. D.Vicente López, de Hacienda; los cuales toma-
rán el gobierno bajo las reglas o modificaciones que deberá establecer la Corporación o
Junta Conservadora que formarán los Sres. diputados de los Pueblos y Provincias, en con-
sorcio de los dos suplentes que elegirá esta Capital por impedimento de los dos propieta-
rios, que están constituidos vocales; debiendo entenderse que los miembros que componen
el Poder Ejecutivo son responsables de sus acciones a la Junta Conservadora.Y para que
así se tenga entendido, se publicará por Bando en la forma ordinaria, fijándose parajes en
los lugares de estilo.
Bs. As., 23 de Septiembre de 1811- Domingo Matheu- Juan de Alargon- José Antonio Olmos - Dr. Juan
Ignacio de Gorriti- Francisco Antonio Ortiz de Ocampo - Por mandato de la Exma. Junta, Don José
Ramón de Basavilbaso.
10.- REGLAMENTO FIJANDO LAS ATRIBUCIONES,
PRERROGATIVAS Y DEBERES DE LOS PODERES
LEGISLATIVO, EJECUTIVO, Y JUDICIAL
SECCION PRIMERA
La Junta Conservadora
Art.1º - Los Diputados de las Pcias. Unidas que existen en la Capital, componen una
Junta, con el título de Conservadora de la soberanía del Sr. D. Fernando Séptimo y la de las
leyes nacionales en cuanto no se oponen al derecho supremo de la libertad civil de los
pueblos americanos.
Art.2º - Serán incorporados a esta Junta los Diputados que lleguen después de la
formación de este Reglamento.
Art.3º - Tendrá un presidente cuyo empleo turnará de mes en mes en cada uno de sus
vocales, empezándolo por el orden de sus nombramientos.

189. 191
Art.4º - La declaración de la guerra, la paz, la tregua, tratados de límites, de comercio,
nuevos impuestos, creación de tribunales o empleos desconocidos en la Administración
actual y el nombramiento de individuos del Poder Ejecutivo, en caso de muerte o renuncia
de los que le componen, son asuntos de su privativo resorte, precediendo el informe y
consulta del Poder Ejecutivo.
Art.5º - La Junta Conservadora tendrá el tratamiento de Alteza, con los honores co-
rrespondientes y celebrará sus sesiones en los días Martes y Viernes de la semana en la
Real Fortaleza.
Art.6º - Asistirá a las funciones públicas el día de San Fernado, Reconquista, Defensa,
25 de mayo y otras que se celebrasen con motivo de algún acaecimiento extraordinario;
presidirá en ella, ocupando el lugar que llevaba el anterior gobierno; y el poder ejecutivo el
que tenían los Virreyes como presidentes de la Real Audiencia.
Art.7º - Las personas de los diputados son inviolables y en caso de delitos serán
juzgados por una comisión interior, que nombrará la Junta Conservadora.
Art.8º - Cesarán todas sus funciones, en el momento de la apertura del Congreso.
SECCION SEGUNDA
Del Poder Ejecutivo
Art.1º - El Poder Ejecutivo, compuesto de los individuos que anunció el decreto de 23
de Septiembre es independiente.
Art.2º - La defensa del Estado, la organización de los ejércitos, el sosiego público, la
libertad civil, la recaudación e inversión de los fondos del Estado, el cumplimiento de las
leyes y la seguridad real y personal de todos los individuos, forman el objeto del ejercicio de
su autoridad.
Art.3º - El Poder Ejecutivo conferirá todos los empleos militares y civiles de los ramos
de la adiministración pública, suprimirá los inútiles y hará las reformas convenientes a la
utilidad común y compatibles con el sistema de la actual administración.
Art.4º - El Poder Ejecutivo acordará las providencias necesarias para la reunión de los
diputados, elección de los que faltan y celebración del Congreso a la mayor brevedad posi-
ble y en los términos que permitan el estado de las circunstancias; a cuyo importante fin le
auxiliará la Junta Conservadora con todo el influjo de su autoridad; el sueldo de los secreta-
rios queda reducido a dos mil pesos, desde el día de su nombramiento.
Art.5º - El Poder Ejecutivo corresponde al nombramiento y remoción de sus secreta-
rios y el juzgamiento de su conducta pública.
Art.6º - Los parientes de los individuos del Poder Ejecutivo, hasta el tercer grado inclu-
sive, no podrán ser secretarios de Gobierno, ni serán provistos para empleos, sin previa
consulta y aprobación de la Junta Conservadora.

190. 192
Art.7º - El Poder Ejecutivo no podrá conocer de negocio alguno judicial avocar causas
pendientes ni ejecutoriadas, ni mandar abrir nuevamente los juicios: no podrá alterar el
sistema de la Administración de Justicia, ni conocer de las causas de los magistrados supe-
riores ni inferiores, ni demás jueces subalternos y funcionarios públicos, quedando reserva-
do al Tribunal de la Real Audiencia o a la Comisión que en su caso nombrará la Junta
Conservadora.
Art.8º - Al Poder Ejecutivo corresponde el conocimiento de las causas de contrabando
y de aquellas en que se persiguiese el cobro de los caudales adeudados por los derechos
establecidos de aduana y otros reglamentos. Las demás que no sean de este género, serán
remitidas por el Poder Ejecutivo a la Real Audiencia, y las sentencias contra el Fisco no se
ejecutarán sin consulta del Poder Ejecutivo, quien en este caso podrá suspender los libra-
mientos, si el pago fuese incompatible con otros objetos preferentes por su urgencia y utili-
dad hacia el bien común.
Art.9º - El Poder Ejecutivo no podrá tener arrestado a ningún individuo en ningún caso,
más que 48 hs., dentro de cuyo término deberá remitirlo al Juez competente con lo que se
hubiese obrado. La infracción de este artículo se considerará como un atentado contra la
libertad de los ciudadanos, y cualquiera, en este caso, podrá elevar en queja a la Junta
Conservadora.
Art.10º- Para el conocimiento de cada uno de los recursos de segunda suplicación
que antes se dirigían al consejo de Indias, nombrará el Poder Ejecutivo una comisión judicial
de tres ciudadanos de probidad y luces.
Art.11º- El Poder Ejecutivo tendrá el tratamiento de Excelencia y los honores militares
de que antes gozaba la Junta Gubernativa.
Art.12º- La presidencia del Poder Ejecutivo turnará entre sus individuos cada cuatro
meses, por el orden de sus nombramientos.
Art.13º- El Poder Ejecutivo será responsable ante la Junta Conservadora de su con-
ducta pública.
Art.14º- Su autoridad es provisoria y durará por el término de un año.
SECCION TERCERA
Del Poder Judicial
Art.1º - El Poder Judicial es independiente y a él sólo toca juzgar a los ciudadanos.
Art.2º - Las Leyes generales, las municipales y bandos de buen gobierno, serán la
regla de sus resoluciones.
Art.3º - El Poder Judicial será responsable del menor atentado que cometa en la subs-
tancia o en el modo, contra la libertad y seguridad de los súbditos.

191. 193
Art.4º - Subsistirá este reglamento hasta que el Congreso deslinde constitucionalmente las
atribuciones y facultades del poder judicial.
Art.5º - La Junta Conservadora se reserva el derecho de explicar las duda que puedan
ocurrir a la ejecución u observancia de los artículos del presente reglamento. Dado en la
Real Fortaleza a 22 de octubre de 1811.
11.- ESTATUTO PROVISIONAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA,
A NOMBRE DEL SEÑOR DON FERNANDO VII
Art.1º - Siendo la amabilidad de los que gobiernan el obstáculo más poderoso contra
las tentativas de la arbitrariedad y de la tiranía los vocales del Gobierno se removerán alter-
nativamente cada seis meses, empezando por el menos antiguo en el orden de la nomina-
ción; debiendo turnar la presidencia en igual período, por orden inverso. Para la elección del
candidato que debe sustituir al vocal saliente se creará una Asamblea General compuesta
del Ayuntamiento, de las representaciones que nombren los pueblos, y de un número consi-
derable de ciudadanos elegidos por el vecindario de esta capital, según el orden, modo y
forma que prescribirá el gobierno, en un reglamento que se publicará a la posible brevedad:
en las ausencias temporales, supliran los secretarios.
Art.2º - El Gobierno no podrá resolver sobre los grandes asuntos del Estado, que por
su naturaleza tengan un influjo directo sobre la libertad y existencia de las Provincias Uni-
das, sin acuerdo expreso de la Asamblea General.
Art.3º - El Gobierno se obliga de un modo público y solemne, a tomar todas las medi-
das conducentes para acelerar, luego que lo permitan las circunstancias, la apertura del
Congreso de las Pcias. Unidas, al cual serán responsables, igualmente que los secretarios
de su conducta pública, o a la Asamblea General después de diez y ocho meses, si aún no
se hubiere abierto el Congreso.
Art.4º - Siendo la libertad de imprenta y la seguridad individual, el fundamento de la
felicidad pública, los decretos en que se establecen, forman parte de este reglamento. Los
miembros del gobierno, en el acto de su ingreso al mando, jurarán guardarlos y hacerlos
guardar religiosamente.
Art.5º - El conocimiento de los asuntos de Justicia corresponde, privativamente, a las
autoridades judiciarias con arreglo a las disposiciones legales. Para resolver en los asuntos
de segunda suplicación, se asociará el Gobierno de dos ciudadanos de probidad y luces.
Art.6º - Al Gobierno corresponde velar sobre el cumplimiento de las leyes y adoptar
cuantas medidas crea necesarias para la defensa y salvación de la Patria, según lo exija el
imperio de la necesidad y las circunstancias del momento.
Art.7º - En caso de renuncia, ausencia, o muerte de los Secretarios, nombrará el
gobierno a los que deben sustituirlos, presentando el nombramiento en la primera asamblea
siguiente.

192. 194
Art.8º - El gobierno se titulará Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas
del Rio de la Plata, a nombre del Señor Don Fernando VII. Su tratamiento será el de Exce-
lencia, que ha tenido hasta aquí en cuerpo y Vmd. llano a cada uno de sus miembros en
particular. La presente forma existirá hasta la apertura del Congreso, y en caso que el Go-
bierno considerase de absoluta necesidad hacer alguna variación lo propondrá a la Asam-
blea General, con expresión de las causas, para que recaiga la resolución que convenga a
los intereses de la patria.
Art.9º - La menor infracción de los artículos del presente reglamento, será un atentado
contra la libertad civil. El gobierno y las autoridades constituidas jurarán solemnemente su
puntual observancia, y con testimonio de esta diligencia y agregación del decreto de libertad
de imprenta, de 26 de octubre último, y de la seguridad individual, se circulará a todos los
pueblos, para que se publique por bando, se archive en los registros y se solemnice el
juramento en la forma acostumbrada.
Dado en la Real Fortaleza de Buenos Aires, a 22 de noviembre de 1811- Feliciano Antonio Chiclana-
Manuel de Sarratea- Juan José Paso- Bernardino Rivadavia, secretario.
12.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD INDIVIDUAL
Si la existencia civil de los ciudadanos se abandonase a los ataques de la arbitrarie-
dad, la libertad de imprenta publicada en 26 de Octubre del presente año, no sería más que
un lapso contra los incautos y un medio indirecto para consolidar las bases del despotismo.
Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su
libertad y de sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil y
principio de todas las instituciones sociales, es lo que se llama seguridad individual. Una vez
que se haya violado esta posesión, ya no hay seguridad, se adormecen los sentimientos
nobles del hombre libre y sucede la quietud funesta al egoismo. Solo la confianza pública es
capaz de curar esta enfermedad política, la mas peligrosa de los Estados, y una garantía
afianzada en una ley fundamental es capaz de restablecerla. Convencido el gobierno de la
verdad de estos principios, y queriendo dar a los pueblos americanos otra prueba positiva y
real de la libertad que preside a sus resoluciones y de la libertad que les prepara su inde-
pendencia civil, si saben sostenerla gloriosamente y con honor contra los esfuerzos de la
tiranía, ha venido en sancionar la Seguridad Individual por medio del siguiente DECRETO:
Art.1º - Ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado, sin que preceda forma de
proceso y sentencia legal.
Art.2º - Ningún ciudadano puede ser arrestado sin prueba, al menos semiplena o
indicios vehementes de crimen, que se hará constar en proceso informativo dentro de los
tres días perentorios. En el mismo término se le hará saber al reo la causa de su detención
y se remitirá con los antecedentes al juez respectivo.
Art.3º - Para decretar el arresto de un ciudadano, pesquisa de sus papeles, o embargo
de sus bienes, se individualizará en el decreto u orden que se expida, el nombre o señales
que distinguen su persona, y objetos sobre que deben ejecutarse las diligencias, tomando
inventario que formará el reo y dejándole copia autorizada para su resguardo.

193. 195
Art.4º - La casa de un ciudadano es un sagrado cuya violación es un crimen: sólo en el
caso de resistirse el reo refugiado a la convocación del Juez podrá allanarse: su allanamien-
to se hará con la moderación debida y personalmente por el Juez de la causa. Si algún
motivo urgente impide su asistencia, dará al delegado la orden por escrito y con la especifi-
cación que contiene el antecedente artículo, dando copia de ella al aprendido y al dueño de
la casa si la pide.
Art.5º - Ningún reo estará incomunicado después de su confesión y nunca podrá esta
dilatarse más alla del término de diez días.
Art.6º - Siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida
que a pretexto de precaución solo sirva para mortificarlos, será castigada rigurosamente.
Art.7º - Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio del Estado o aban-
donar cuando guste su residencia.
Art.8º - Los ciudadanos habitantes del distrito de la jurisdicción del gobierno y los que
en adelante se establezcan, están inmediatamente bajo su protección en todos sus dere-
chos.
Art.9º - Solo en el remoto y extraordinario caso de comprometerse la tranquilidad pú-
blica o la seguridad de la Patria, podrá el gobierno suspender este decreto, mientras dure la
necesidad, dando cuenta inmediatamente a la Asamblea General con justificación de los
motivos, y quedando responsable, en todos tiempos, de esta medida.
Bs. As. 23 de noviembre de 1811. Chiclana - Sarratea - Paso - B. Rivadavia, secretario.
13.- REGLAMENTO QUE DA FORMA A LA ASAMBLEA PROVISIONAL
DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA, ANUNCIADA EN EL
ESTATUTO DE GOBIERNO, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1811.
Art.1º.- El Ayuntamiento de esta Capital, los apoderados de las ciudades de las Pro-
vincias Unidas y cien ciudadanos compondrán la Asamblea. El Ayuntamiento será su presi-
dente.
Art.2º.- Los ciudadanos se elegirán de los de esta capital y de los otros pueblos de las
Provincias que se hayaren aquí, aunque sea de paso. La elección se hará en la forma
siguiente: Precediendo el aviso del gobierno, se dividirá la ciudad en cuatro secciones, y el
ayuntamiento elegirá cuatro regidores, uno por cada una de ellas. Los regidores en sus
casas y en un término prefijo que se anunciará de un modo público, recibirán de cada vecino
una cédula firmada y cerrada, en que manifiesten su voto a favor de dos ciudadanos de la
misma sección, para que desempeñen el cargo de electores. Cumplido el término se lleva-
rán las cédulas al Ayuntamiento y se abrirán con separación de las correspondientes a cada
sección por el escribano en sala pública, para los que quieran concurrir a cerciorarse del
acto. Los dos individuos que reunan mas votos serán diputados electores por su respectivo

194. 196
departamento. Acto continuo se les pasará aviso por el ayuntamiento, para que asistan sin
demora alguna a la Sala Capitular. Reunidos los ochos electores, nombrarán con el Ayunta-
miento, trescientos ciudadanos cuyos nombres se escribirán en papeles separados, se echa-
rán en un saco, y serán miembros de la Asamblea los cien primeros que salgan a la suerte,
debiendo ejecutarse el acto con la misma publicidad que el anterior. En el caso de notorio
impedimento de alguno de los electores, le sustituirá el que le siga en la mayoria de votos.
Siendo estos iguales, decidirá la suerte.
Art.3º.- Las personas que se hallen criminalmente procesadas, las que hayan sufrido
pena infamatoria, los fallidos, los extranjeros, los menores de 21 años, los que no tengan
arraigo o giro conocido, y una decidida adhesión a la causa de la libertad de las Pcias.
Unidas, no puede ser electores ni electos. El que use de seducción o intriga para ganar
votos en la Asamblea, será expatriado y para siempre privado de los derechos de ciudada-
no.
Art.4º.-Para evitar el influjo del Gobierno en las deliberaciones de la Asamblea y con-
sultando el sistema que han adoptado constantemente los pueblos libres de las naciones
cultas, se declara que los militares del ejército y los empleados de las ramas de la Adminis-
tración Pública, bajo la inmediata dependencia del gobierno, quedan excluidos de intervenir
de modo alguno en la Asamblea como se determinó con respecto a la Junta Protectora de la
Libertad de Imprenta.
Art.5º.-Verificada la elección, se pasará una relación de los electos al Gobierno, con
cuyo conocimiento librará este el decreto de apertura de la asamblea. En su virtud, pasará el
ayuntamiento los avisos oportunos a los vocales, con expresión del día, hora y lugar a que
deben asistir: el mismo aviso se comunicará a los apoderados de los pueblos cuyos poderes
hayan sido aprobados por el Ayuntamiento, a quienes deberán presentarlos al efecto con la
necesaria anticipación. Ningún vocal podrá excusarse de asistir sin un impedimento legítimo
y calificado a juicio del ayuntamiento, bajo la pena de mil pesos de multa y privación de los
derechos de ciudadano. Los impedidos legalmente se sustituirán de los insaculados por el
arbitrio de la suerte.
Art.6º.- Reunida la Asamblea, jurarán los vocales en mano del jefe y este en la del
decano del Ayuntamiento, el fiel desempeño de sus deberes y que sus votos no tendrán otro
objeto que la libertad y felicidad de los pueblos de las Pcias. Unidas. Inmediatamente se
noticiará la apertura de la Asamblea al Gobierno, y éste remitirá una nota de los negocios
que han motivado la convocación. Empezará sus tareas y la elección del vocal para el go-
bierno, según lo prevenido en el Estatuto Provisional de 23 de noviembre, es el primer
asunto que resolverá con preferencia de todos los demás.
Art.7º.- Solo el Gobierno puede convocar la Asamblea y deberá hacerlo cada seis
meses. La Asamblea no es una corporación permanente. En ella no se tratarán otros nego-
cios diferentes de aquellos para que ha sido convocada, ni podrá permanecer en sección
más término que el de ocho días, a no ser que el Gobierno juzgue conveniente prorrogarla.
Pasado el término cuando se actue sin este requisito será nulo.
Art.8º.- El gobierno podrá asistir a la Asamblea en los casos en que lo exija el interés
mismo de los negocios que deben resolverse, y en que su presencia no pueda comprometer
la libertad de las votaciones; en estos casos tendrá la presidencia.

195. 197
Art.9º.- Para la formación de aquellas causas del conocimiento de la asamblea, cuya
sustanciación y fallo exige más tiempo que el designado para sus sesiones, nombrará ésta
una comisión de Estado, compuesta de once de sus miembros, de los cuales cuatro serán
del Ayuntamiento. La comisión formará los procesos, sustanciará y resolverá definitivamen-
te las causas que le deleguen.
Art.10º.- La apelación de sus sentencias se otorgarán para la primera Asamblea si-
guiente. En los casos expresos en el antecedente artículo se nombrará una comisión de
siete vocales, dos de los cuales serán precisamente del Ayuntamiento. Esta nueva comisión
juzgará y sus sentencias serán irrevocables.
Art.11º.- Los individuos de ambas comisiones pueden ser recusados sin causa y por
una sola vez antes de abrirse el juicio, después de abierto, sólo podrá verificarse por motivo
expreso y calificado. Si los recusados son miembros del Ayuntamiento, se sustituirán por
medio de la suerte, con otros de la misma corporación; siendo de los otros vocales, se hará
la sustitución también a la suerte, de los otros miembros que compusieron la Asamblea. Si la
recusación fuera general o de más de la mitad de los individuos de la Comisión, se hará el
sorteo por el Ayuntamiento con citación de los interesados y si es parcial, por la misma
comisión.
Art.12º.- En ambos juicios la pluralidad de votos hace sentencia.
Art.13º.- El Ayuntamiento designará el lugar en que ha de reuniese la Asamblea. Du-
rante sus sesiones, ninguna persona armada podrá acercarse a él en una manzana de
contorno. El teniente Aguacil mayor, con los ministros de justicia en los puntos correspon-
dientes, velarán sobre la observancia de este artículo. Si la Asamblea llegase a entender
que se reune gente con el fin de prevenir sus deliberaciones, suspenderá la sesión y se dará
cuenta al Gobierno. En caso de omisión será nulo cuanto en ella se determine, quedando
autorizado el gobierno para disolverla; si lo exige la tranquilidad y seguridad pública. Los que
por estos medios indirectos comprometan la libertad de las resoluciones de la Asamblea,
son reos de esa patria.
Art.14º.- Luego que esté reunida, la Asamblea nombrará entre sus vocales un secreta-
rio que autorizará sus actas. El alcalde de primer voto, por impedimento de gobernador de
provincia según el art. 4º llevará la voz o nombrará un vocero para que en la asamblea se
guarde silencio, orden y decoro. Solo hablará el vocal que haya pedido la palabra, sin permi-
tir que se le interrumpa, concluido su discurso no volverá a hablar en la materia, y otro
tomará la palabra, a no ser que se considere necesario, para la mayor inteligencia y esclare-
cimiento del negocio que se discute. Cuando le parezca al Jefe se votará si el punto esta o
no suficientemente discutido; y en caso de afirmativa por la pluralidad, se procederá a la
votación del negocio principal. Los votos serán públicos y se escribirán y leerán públicamen-
te por el secretario. Antes de estar acordado un negocio, no se permitirá tratar de otro
diferente. Se hará la correspondiente prevensión al que en su discurso se separe del asunto
principal. Se prohibirá con el mayor cuidado toda discusión acalorada, insultos personales, y
cuanto puede de algún modo alterar el orden, la moderación y el decoro. Si algún vocal se
olvidase del caracter que representa, desobediendo a las insinuaciones que se le hagan, se
le mandará salir de la Asamblea y no podrá optar a ella en lo sucesivo.
Art.15º.- Concluida la resolución del negocio para que se ha convocado la Asamblea,
pasará al gobierno una nota de sus decisiones, firmada del Presidente y del secretario. El
Gobierno avisará el recibo y si la asamblea se prorroga o disuelve. En el primer caso, conti-

196. 198
nuará sus sesiones; en el segundo, se retirarán los vocales, extendiéndose antes la corres-
pondiente acta de quedar concluida y cerrada la asamblea.Todas sus actas se escribirán en
un libro, autorizadas competentemente el cual se pasará y custodiará en la Arca del Ayunta-
miento, con las precauciones y formalidades acostumbradas.
Art.16º.- El tratamiento de la asamblea será el de su Presidente y Vm. llano el de cada
uno de sus miembros. Solo el Ayuntamiento como presidente tendrá lugar de preferencia.
Con respecto a los vocales, no habrá asientos de distinción, cada uno podrá colocarse
donde le parezca.
Art.17º.- Concluida la Asamblea queda enteramente disuelta y sus vocales en la clase
de simples ciudadanos. Para formar la segunda Asamblea nombrarán los pueblos nuevos
apoderados, esta capital, nuevos diputados electores y estos con el Ayuntamiento nuevos
vocales en los mismos términos en que se hizo la primera, observándose este método en
todas las que se celebren en adelante.
Art.18º.- Las ejecuciones de las resoluciones de la Asamblea corresponde al Gobier-
no.
Art.19º.- En caso que se considere necesario alterar, derogar o modificar algunos de
los artículos de este reglamento, lo verificará el Gobierno precedente consulta de la Asam-
blea.
Art.20º.- El presente reglamento se circulará a las autoridades a quienes corresponda
y se publicará en la Gazeta, archivándose el original en la secretaría de gobierno.
Bs.As. 19 de febrero de 1812 - Chiclana - Sarratea - Paso - Rivadavia, secretario.
14.- DISOLUCION DE LA ASAMBLEA
Notas cambiadas entre el Gobierno y la Asamblea sobre el caracter de Suprema que
esta se atribuye y el nombramiento de un suplente elegido por la segunda para integrar el
primero.
Número 5- Exmo. Señor: Habiendo tratado esta Asamblea sobre el caracter que re-
viste, ha sancionado que le corresponde la autoridad suprema, sobre toda otra constituida
en las Pcias. Unidas del Rio de la Plata y se lo comunica a V. E. para su inteligencia y para
que, circulando las correspondientes órdenes, se haga notorio a todos, para los objetos y
fines que pueda interesar a la salud del Estado.
-Dios guarde a Ud. muchos años-.
Sala de la Asamblea, Abril 6 de 1812.
Número 6- Exmo. Señor: consecuente a la declaratoria que se avisa a V.E. en oficio
que acompaña a esta, sobre el caracter y autoridad suprema que constituye a las Pcias.
Unidas, espera que vuestra V.E. ponga en posesión inmediatamente al Dr. José Miguel Diaz
Velez, como suplente del vocal Coronel Juan Martín de Pueyrredón- Dios guarde a V. E.
muchos años-.

197. 199
Sala de la Asamblea, Abril 6 de 1812.
Número 7- Exmo. Señor: Siendo nula, ilegal y atentatoria contra los derechos sobera-
nos de los pueblos y contra el Estatuto Constitucional jurado, reconocido y sancionado por
la voluntad popular de las Pcias. Unidas, la atribución de autoridad suprema, que se ha
abrogado indebidamente y por si mismo la Asamblea, comprometiendo de un modo criminal
los intereses sagrados de la Patria, ha determinado el gobierno, en virtud de sus altas facul-
tades, y para evitar las consecuencias de tan extraño atentado, disolver como disuelve, la
Asamblea y suspender a V.E. de las funciones particulares de su autoridad ordinaria, sin
perjuicio de tomar las providencias que convengan para asegurar la tranquilidad pública y
evitar la disolución del Estado, a que camina aquella escandalosa resolución, lo que se
comunica a V.E. como su presidente para que en el acto haga entender a la Asamblea que
está disuelta y a sus vocales que se retiren sin otro caracter que el de simple ciudadanos,
son las penas establecidas en le Bando de 3 del corriente, avisando a V.E. el puntual cumpli-
miento de ésta disposición en todas sus partes - Dios guarde a V. E. muchos años-.
Bs. As., Abril 6 de 1812. Sarratea- Chiclana- Rivadavia- Nicolás de Herrera, Secretario.
15.- CREACION DE UN GOBIERNO PROVISORIO (2º Triunvirato)
Los señores del Exmo. Cabildo, justicia y regimiento de esta capital, Don Miguel de
Azcuénaga, Gobernador Intendente de esta Capital, D. José Pereyra de Lucena, alcalde
ordinario de segundo voto, y los regidores D. Manuel Mansilla, aguacil mayor; D. Manuel
Lezica, D. Fermín de Tocornal, D. Juan José Cristobal de Anchorena, José María Yevenez,
Carlos José Gomez y Dr. Don Ventura Diaz de Bedoya.
... Proceder a la elección de los individuos que deben constituir el gobierno provisorio, y la
ha realizado en las personas de los señores Dr. D. Juan José de Paso, D. Nicolas de la Peña
y Dr. D. Antonio Alvarez de Jonte, que fue aprobada a pluralidad de votos por el inmenso
pueblo que ocupaba los corredores y galerias de las Casas Consistoriales, depositándoles
la autoridad bajo las condiciones siguientes:
1º- Que los señores electos comparezcan sin pérdida de momentos en esta sala Ca-
pitular, a prestar el juramento de usar bien y fielmente de la confianza con que les ha honra-
do el pueblo.
2º- Que los referidos señores sean reconocidos como depositarios de la Autoridad
Superior de las Pcias. Unidas del Rio de la Plata, por todas las corporaciones de esta ciu-
dad, su vecindario y cuerpo militar, respetando y obedeciendo todas sus disposiciones,
hasta la reunión de una Asamblea General que se verificará dentro de tres meses, precisa e
indispensablemente, procediendo en cualquier caso de acuerdo con el Exmo. Ayuntamien-
to.
3º- Que los poderes para esta Asamblea sean con toda la extensión que quieran darle
los pueblos.

198. 200
4º- Que la Asamblea sea el Supremo Tribunal de residencia de todos los que hayan
ejercido el Poder Ejecutivo desde el 25 de mayo de 1810.
5º- Que la Asamblea formará una constitución provisoria, y que entre tanto el nuevo
gobierno observará inviolablemente el Estatuto Provisional, a excepción de los arts. que se
hayan derogado, cumpliendo con especialidad, con los decretos de seguridad individual y
libertad de imprenta.
6º- Que el presente gobierno nombrará los secretarios que crea convenientes, siendo
él responsable de su conducta.
7º- Que haya de ejercer el cargo de vocal suplente D. Francisco Belgrano durante la
ausencia de D. Nicolas de la Peña, a consecuencia de habérselo elegido al efecto, por
unanimidad de votos.
8º- Que en caso de enfermedad, ausencia o fallecimiento de alguno de los vocales del
Gobierno Provisorio, quede a cargo del Ayuntamiento el nombrar a quien lo subrogue.
9º- Que haya de instruir eficazmente a los pueblos de la necesidad de justicia y conve-
niencia de tan importante medida como la que se ha tomado; reservándose el Ayuntamiento
proponer las ideas que juzgue convenientes y a que por ahora no da lugar la premura del
tiempo; publicándose esta determinación inmediatamente por Bando, para que llegue a no-
ticias de todos, y fijándose en los lugares acostumbrados.
Sala Capitular de Buenos Aires, 8 de octubre de 1812.
16.- CONVOCACION PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL
1º.- Se pasará orden por los Gobernadores o Tenientes, de acuerdo con los Ayunta-
mientos, a todos los alcaldes de barrio, para que citando estos a todos los vecinos libres y
patriotas de sus respectivos cuarteles, concurran a una hora señalada a la casa de cada
alcalde o donde estos designaren y a su consecuencia, luego que se hallen reunidos nom-
brarán a cada cuartel un elector a pluralidad de votos.
2º.- Las ciudades que no estuviesen divididas en cuarteles, o que su número sea
reducido, se repartirán, en el primer caso, en ocho cuarteles, cuando menos, y en el segun-
do se subdividirán los barrios de modo que cuenten en el mismo número indicado,
comisionando el jefe del pueblo los sujetos de reconocida imparcialidad y patriotismo que
hayan de presidir el nombramiento de electos en cada cuartel si tampoco hubiese alcalde
que desempeñen estas funciones.
3º.- El nombramiento de electores se hará en un mismo día, y si es posible, en una
misma hora en todos los cuarteles, debiendo concurrir acto continuo a congregarse en la
Sala Capitular del Ayuntamiento del lugar, para proceder inmediatamente en consorcio de
este y su presidente a la elección del diputado o diputados para la Asamblea, sirviéndose
del escribano de Cabildo para la autorización de los sufragios.

199. 201
4º.- Todas las personas libres y de reconocida adhesión a la justa causa de la América,
sin excepción de empleados civiles o militares podrán ser electores o electos diputados, no
siendo preciso que estos sean naturales o residentes en los mismos pueblos que vayan a
representar.
5º.- Las votaciones serán públicas y en voz alta, de un modo digno de un pueblo
virtuoso y libre, así como deben ser las sesiones de la asamblea, circunstancia indispensa-
ble que comprenderán los poderes e instrucciones.
6º.- Esta capital tendrá 4 diputados, por su mayor población e importancia política; las
demás capitales de provincia nombrarán 2, y uno cada ciudad de su dependencia, a excep-
ción de Tucumán, que podrá a discreción, concurrir con dos diputados a la Asamblea.
7º.- Concluida la votación y hecho el escrutinio, se hará saber inmediatamente al pue-
blo el ciudadano que resulte electo diputado a pluralidad de votos, en la inteligencia que
debe reunir las más recomendables cualidades; principalmente estar acreditado de un modo
indeficiente su fervorosa adhesión a la libertad del país y una virtuosa imparcialidad que lo
ponga a cubierto de la nota escandalosa de faccioso o de algún otro vicio que desdiga de
tan alto ministerio, circunstancias que encarga sobremanera el Gobierno, como que de la
felicidad o desacierto de la elección, resultará evidentemente o el felíz destino o el más
ultrajante infortunio de los pueblos.
8º.- Como el motivo poderoso que induce la celebración de la Asamblea tiene por
objeto principales la elevación de los pueblos a la existencia y dignidad que no han tenido, y
la organización general del estado, los poderes de los diputados serán concebidos sin limi-
tación alguna, y sus instrucciones no conocerán otros límites que la voluntad de los
poderdantes, debiendo aquellos ser calificados en la misma asamblea, antes de su apertu-
ra, en una sesión preliminar.
9º.- Bajo este principio, todo ciudadano podrá legítimamente indicar a los electores
que extiendan los poderes e instrucciones de los diputados, lo que crea conducente al
bienestar general y a la felicidad común y territorial.
10º.- Debiendo, precisa e indispensablemente, verificarse la apertura de la Asamblea,
en todo el mes de Enero del año próximo entrante, el cuerpo de electores, con su presiden-
te, entenderán breve y sumariamente sobre cualquier vicio de la elección o calificación de la
persona electa, sin que de su pronunciamiento haya lugar a recurso alguno, ni aun a este
gobierno, procediéndose, en caso de evidente nulidad, a una nueva elección en la forma
prescripta, para evitar de este modo cualquier entorpecimiento que haga trapasar el tiempo
prefijado. A cuyo efecto, y para aplicar dignamente las reglas que en general deben obser-
varse, se estará a lo que previene el art. 3º del Reglamento de 23 de noviembre de 1811,
que da forma a la Asamblea Provisional.
Dada en esta fortaleza de Bs. As. a 24 de Octubre de 1812. Paso- Francisco Belgrano- Alvarez Jonte.
17.- INSTRUCCIONES FEDERALES DEL 5 DE ABRIL DE 1813
«Copia de las instrucciones que dieron Los Pueblos Orientales a sus representantes
para la Soberana Asamblea Constituyente en 5 de abril de 1813 y que fueron incorporados
a las anteriores:

200. 202
«1ª.- Pedirán la declaración absoluta de la independencia de la Corona de España, y
familia de los Borbones.»
«2ª.- No admitirán otro sistema que el de la Confederación para el pacto recíproco con
las Provincias que formen nuestro Estado.»
«3ª.- La Religión Católica Apostólica Romana será la preponderante, y así no admiti-
rán otra.»
«4ª.- Como el objeto y fin del Gobierno debe ser conservar la libertad, igualdad y
seguridad de los ciudadanos, y los Pueblos, cada Provincia, formará su Gobierno bajo esas
bases a más del Gobierno Supremo de la Nación.»
«5ª.- Así éste como aquél se dividirá en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.»
«6ª.- Estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí, y serán independientes
en sus facultades.»
«7ª.- El Gobierno Supremo entenderá solamente en los negocios generales del Esta-
do. El resto es peculiar al Gobierno de cada Provincia.»
«8ª.- El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas Constitucionales,
que aseguren inviolable la soberanía de los Pueblos.»
«9ª.- Que esta Provincia retiene su soberanía, libertad e independencia; todo poder,
jurisdicción y derecho, que no es delegado expresamente por la Confederación a las Provin-
cias Unidas, que decidirán juntas en Congreso.»
«10ª.- Que estas Provincias por la presente entrarán separadamente en una firme liga
de amistad con cada una de las otras para su defensa común, seguridad de su libertad, y
para la mutua y general felicidad, obligándose a asistir a cada una de las otras contra toda
violación, o ataques hechos sobre ellas, o sobre alguna de ellas, por motivo de religión,
soberanía, tráfico o algún otro pretexto, cualquiera que sea.»
«11ª.- El sitio de Gobierno no será Buenos Aires.»
«12ª.- La Constitución garantirá la soberanía, libertad e independencia de los Pueblos,
su felicidad y prosperidad con estatutos de la fuerza competente.»
«13ª.- Sólo a los Pueblos será reservado sancionar la Constitución General.»
«14ª.- Que el Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas se compondrá de un solo indi-
viduo, ejerciendo éste su oficio por el término de un año, debiendo ser elegido por los Pue-
blos, y sorteado de entre los que nombre, a fin de que turne por todos los individuos de las
Provincias Unidas el tal empleo, y no se haga hereditario a los de una sola, que exija la
preferencia, pues todas deberán ser iguales.»
«15ª.- Que los individuos que compongan la Sala del Senado, y Sala de Representan-
tes de las Provincias Unidas, serán también elegidos por los Pueblos libres, y no por la
Asamblea Constituyente.»

201. 203
«16ª.- Que ninguna traba o derecho se imponga sobre los artículos exportados de una
Provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquiera regulación de comercio, o
renta, a los puertos de una Provincia sobre la de otra, ni los barcos destinados de esta Pro-
vincia a otra será obligados a entrar, a anclar o pagar derechos en otra.»
«17ª.- Que todos los dichos derechos, impuestos y sisas que se impongan a las intro-
ducciones extranjeras serán iguales en todas las Provincias Unidas, debiendo ser recarga-
das todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de dar fomento a la
industria en nuestro territorio.»
«18ª.- Que esta Provincia tendrá su Constitución territorial; y que todos los habitantes
de ella teniendo aquellas cualidades que se establecieren en la forma de gobierno, tienen
un derecho igual para los empleos, y oficios, y ser elegidos en ellos.»
«19ª.- No se presentará en la Asamblea Constituyente como Diputado de la Nación,
sino como representante de este Pueblo porque no aprobamos el decreto de ocho de Mar-
zo, que se halla inserto en el Redactor del Sábado trece del mismo.»
«20ª.- No se extenderán sus facultades a las de legislar, pues tan sólo las damos para
formar la Constitución de Gobierno que debe regirnos, activar la fuerza del Ejército de las
Provincias Unidas a fin de libertar los Pueblos oprimidos, y residenciar los anteriores gobier-
nos.»
«21ª.- Prestará toda su atención, honor, fidelidad y religiosidad a todo cuanto crea o
juzgue necesario para preservar a esta Provincia las ventajas de la libertad, y mantener un
gobierno libre, de piedad, justicia, noderación, templanza, industria y frugalidad; asimismo
procurará tener sus conferencias particulares con los otros Diputados de este territorio, con
el fin de hermanarse en estas mismas ideas, y caminar de acuerdo al logro de la felicidad de
esta Provincia y bien común.»
«Así lo esperamos los habitantes de ella, y desde luego lo hacemos responsable de-
lante de nosotros, y de la Patria, de cualquiera deliberación que directa o indirectamente les
sea opuesta.»
Original del documento en Archivo del Dr. Juan G. Maciel - Santa Fe.
18.- PROYECTO DE CONSTITUCION PARA LAS PROVINCIAS
DEL RIO DE LA PLATA,
FORMADO POR LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA EN 4
DE DICIEMBRE DE 1812
Capítulo I
Art. 1º.- Las Provincias del Río de la Plata forman una República libre e independiente.
Art. 2º.- La soberanía del Estado reside esencialemente en el pueblo.

202. 204
Art. 3º.- El pueblo es la reunión de todos los hombres libres de la República.
Capítulo VIII
Del Cuerpo Legislativo
Art.1º.- El cuerpo legislativo es el Congreso de las Provincias que se compondrá de un
Senado y de una Sala de Representantes.
Art.2º.- La Sala de Representantes se compondrá de ciudadanos elegidos cada 2
años, por las Asambleas de las provincias.
Art.3º.- El Senado de la República se compondrá de un Senador de cada provincia,
elegido por la Asamblea electoral de ella por 6 años.
Art.4º.- Juntos los senadores depués de la primera elección, se dividirán lo más igual-
mente que pueda ser, en tres clases.
Art.5º.- Los asientos de los senadores de la primera clase, vacaran a los dos años, los
de la segunda a los cuatro, y los de la tercera a los seis. De manera que una tercera parte del
senado se renovará cada dos años.
Capítulo IX
De las facultades de la Sala de Representantes.
Art.2º.- Ella sólo tendrá el poder de acusación contra los empleados públicos, sin
excepción.
Art.3º.- Ella sólo podrá proponer los proyectos de contribuciones, o los aumentos en
las ya impuestas.
Capítulo X
De las facultades del Senado.
Art.1º.- El Senado elegirá su presidente y oficiales subalternos. Solo el Senado tendrá
poder para procesar los acusados por la Sala de Representantes.
Art.2º.- Cuando el Presidente y miembro del Directorio ejecutivo sean procesados, el
jefe del Supremo Tribunal de Justicia presidirá el Senado.
Art.3º.- El juicio en causas de acusación no se extenderá más que a remover de oficio
y declarar la capacidad de ejercer y obtener algún empleo de honor, de confianza o prove-
cho en la república. Pero los convencidos del delito, quedarán, no obstante, sujetos a acusa-
ción, juicio, proceso y castigo conforme a la ley.

203. 205
Capítulo XVII
Del Poder Ejecutivo.
Art.1º.- El Poder Ejecutivo residirá en un Directorio compuesto de tres individuos elegi-
dos por seis años y amovibles por tercias partes cada 2 años.
Art.2º.- Por la primera vez, se nombrarán distintamente primer, segundo y tercero miem-
bro del Directorio: el primero será removido a los dos años, el segundo a los cuatro y el
tercero a los seis.
Art.3º.- La Presidencia turnará entre ellos por el orden de su antiguedad y durará por
dos años.
Art.4º.- El Senado y la Sala de Representantes elegirán los miembros del directorio
ejecutivo de la manera siguiente.
Capítulo XIX
Del Consejo de Estado.
Art.1º.- Habrá un Consejo de Estado compuesto de 10 individuos de orden, ilustración
y mérito: uno por cada provincia.
Art.2º.- Serán nombrados por el Cuerpo legislativo de entre la lista nacional de elegi-
bles: dos de ellos serán eclesiásticos, tres militares y cinco ciudadanos.
Art.3º.- El Congreso podrá aumentar este número cuando la población y circunstan-
cias del país lo hagan oportuno.
Art.4º.- Todos los obispos del territorio de la República son Consejeros honorarios del
Estado.
Art.5º.- El Directorio Ejecutivo oirá el dictamen del consejo en todos los asuntos gra-
ves de gobierno y también para prestar su consentimiento a los proyectos de ley.
Capítulo XXI
Del Poder Judiciario
Art.1º.- El orden judicial es independiente.
Art.2º.- La facultad de juzgar y de aplicar las leyes, pertenece exclusivamente a los
jueces y Tribunales, según las formas que ellos establezcan.
Art.3º.- Los jueces deben juzgar por el texto de la ley. Toda interpretación o arbitrarie-
dad es un crimen de que responderá personalmente.

204. 206
Art.4º.- La justicia se administrará a nombre del pueblo americano de la Pcias. Unidas
del Río de la Plata.
Art.5º.- El orden judicial en lo civil y criminal será uniforme en todo el Estado.
Art.6º.- Los jueces permanecerán en sus empleos mientras obren bien. No pueden ser
removidos sino en virtud de sentencia legal; pero pueden ser suspendidos con justas cau-
sas por el Supremo Tribunal de Justicia, con calidad que deberá formalizarse su proceso en
el preciso término de ocho días después de su remoción.
Art.7º.- Al Fiscal General del Estado corresponde promover la acusación y fenecimien-
to del negocio.
Art.8º.- El Congreso señalará las dotaciones de los jueces.
Art.9º.- Estos en el acto de tomar posesión, jurarán observar la Constitución, ser fieles
al Estado, obedientes a las leyes y restos administradores de Justicia.
De los Tribunales
Art.10º.- Habrá una Corte Suprema de Justicia para todo el Estado: un Tribunal supe-
rior en cada pcia.: jueces letrados en cada partido y alcaldes en todos los pueblos.
Art.11º.- Los miembros de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por el Congre-
so de la lista nacional: los de los tribunales superiores por el Poder Ejecutivo a propuestas
del Consejo del Estado, de la lista provincial: los jueces letrados de Partido; de la lista de
partido: los alcaldes inmediatamente por sus pueblos.
Art.12º.- Habrá también, juzgados en todos los Partidos y Provincias para los asuntos
criminales, cuya calidad determine la ley.
Art.13º.- El Congreso formará, por una ley, el Reglamento que prescriba el método y
duración de las sesiones de cada juzgado, el número de subalternos y sus funciones.
Capítulo XXII
De los Ayuntamientos
Art.1º.- En todas las ciudades, villas y cabezas de partido que tengan trescientos
vecinos, habrá ayuntamiento, compuestos de alcalde y regidores nombrados por los pue-
blos anualmente.
Art.2º.- Nadie puede exusarse del cargo sin causa denominada por la ley.
Art.3º.- La ley prescribirá la forma de la elección, el número de los individuos, las
calidades que se requieren para ser elegidos y los motivos que legitimen la excusa.

205. 207
Art.4º.- Los objetos de su institución son: primero, velar por la sanidad, comodidad,
abundancia, prosperidad y ornato de los pueblos; segundo, sobre la educación pública; ter-
cero, sobre los establecimientos de beneficencia; cuarto, sobre la conservación del orden
público, en el modo y forma y con la extensión que prescriba la ley.
19.- REFORMA DEL ESTATUTO PROVISORIO
DEL SUPREMO GOBIERNO
(Establecimiento de un poder ejecutivo unipersonal)
De la Suprema Potestad Ejecutiva
Art.1º.- La Asamblea General ordenada que en la persona en quien se encontrase la
suprema potestad ejecutiva, recaigan todas las facultades y preeminencias acordadas al
Supremo Gobierno por el Estatuto de 27 de Febrero de 1813, y demás decretos posteriores.
Art.2º.- Ella será distinguida por la denominación de Director Supremo de las Pcias.
Unidas: tendrá el tratamiento de excelencia y la escolta competente.
Art.3º.- Llevará una banda bicolor, blanca al centro y azul a los costados, terminada en
una borla de oro, como distintivo de su elevada representación.
Art.4º.- Residirá en la Fortaleza de esta Capital, y la duración de su cargo será de 2
años.
Art.5º.- En caso de muerte, renuncia o absoluta imposibilidad del Supremo Director
para continuar en le gobierno se procederá a la elección del que deba sucederle.
Art.6º.- Disfrutará una pensión competente, que baste a sostener el decoro de la su-
prema autoridad.
Del Consejo de Estado
Art.7º.- La prudencia, sabiduría y acierto que deben presidir a todas las deliberaciones
del Gobierno, y hacen la felicidad de las Pcias. de su mando, exigen la creación de un
consejo de Estado, cual por este decreto se establece, compuesto de nueve vocales, inclu-
so el Presidente y secretario, facultándose al Supremo Director para que pueda nombrar por
si dos supernumerarios para el Consejo, siempre que por las circunstancias lo halle conve-
nir al mejor servicio del Estado.
Art.8º.- En las enfermedades graves que impidan al Supremo Director el desempeño
de sus funciones, suplirá el Presidente del Consejo, con las mismas facultades y preeminen-
cias; por lo tanto su nombramiento se hará siempre por el Poder Legislativo, y el del Secre-
tario y demas consejeros por el Supremo Director.
Art.9º.- El Presidente y secretario continuarán en le desempeño de sus respectivas
funciones por todo el tiempo de su duración en el Consejo.

206. 208
Art.10.- Los secretarios del despacho universal, se considerarán consejeros natos, e
integrarán el número designado en el art. 7º.
Art.11º.- Cada dos años cesarán los Consejeros: los de primera creación por el orden
de su posteridad en sus nombramientos, y por el orden inverso, los que fueren sucesiva-
mente provistos: pueden ser reelegidos, si interesa al bien de la Patria.
Art.12º.- No son comprendidos en el art. anterior los secretarios de Estado.
Art.13º.- Las obligaciones y facultades del Consejo, consistirán en abrir al Supremo
Director los dictámenes que estuviese a bien pedirles en los negocios de mayor gravedad, y
elevar a su consideración aquellos proyectos que concibiere de utilidad y conveniencia del
Estado.
Art.14º.- El Supremo Director deberá consultar indefectiblemente con su Consejo so-
bre las negociaciones que hubiese entablado, de paz, guerra y comercio con las cortes
extranjeras.
Art.15º.- Jurarán los consejeros en manos del Supremo Director, al ingreso de sus
respectivas plazas, ser fieles a la Patria, sacrificar sus desvelos a su felicidad, aconsejar al
Supremo Gobierno con sabiduria y justicia, y guardar secreto inviolable sobre los negocios
de su inspección.
Art.16º.- Cinco ministros formaran consejo; sus deliberaciones se centrarán en un li-
bro, firmado por los presentes. El que tuviere opinión especial, podrá estamparla en el mis-
mo libro.
Art.17º.- El Presidente llevará la voz y hará guardar el reglamento de su interior econo-
mía, que formará el mismo consejo, con aprobación del Supremo Director.
Art.18º.- Se reunirán dos días a la semana, o más si fueren convocados por el Supre-
mo Director, o lo exigiere la urgencia de los negocios .
Art.19º.- El Consejo tendrá el tratamiento de Señoría y sus individuos el de Usted
llano. En las asistencias públicas acompañará al Supremo Director, presidiendo a las demás
autoridades.
Art.20º.- Ocuparán los secretarios de Estado los asientos inmediatos al del Presiden-
te, y los demás los que correspondan a su antiguedad.
Art.21.- Por ausencia del Presidente, llevará la voz el más antiguo. Ningún Consejero
podrá ausentarse a distancias de cinco leguas sin licencia del Supremo Director, ni a me-
nos, sin aviso del Presidente.
Art.22º.- Disfrutará de una pensión competente.
VALENTIN GOMEZ, Presidente
HIPOLITO VIEYTES, Diputado-Secretario

207. 209
20.- ESTATUTO PROVISIONAL DE 1815
Estatuto provisional para la dirección y administración del Estado,
formado por la Junta de Observación, nuevamente establecida en
Buenos Aires, á 5 de mayo de 1815.
La Junta de Observación encargada de formar un Estatuto Provisional para el régimen
y Gobierno del Estado, que adoptando las medidas más exactas para proporcionar la felici-
dad común, precava igualmente á aquél del escandaloso desórden á que le había conduci-
do la impropiedad de los anteriores Reglamentos, poniéndole á cubierto del criminal abuso
que se ha hecho de ellos, en razón de la indiscreta franqueza que otorgaron á los adminis-
tradores del sagrado depósito de los intereses públicos, y cuyos fatales forzosos resultados
ha manifestado en todos tiempos una dolorosa experiencia que no ha muchos días llegó á
vos, ¡oh pueblo virtuoso de Buenos Aires!, y arrancó de vuestra noble sensibilidad las lágri-
mas con que todavía humedeceis la ara augusta del altar del desengaño; deseando corres-
ponder y dignamente á la honrosa confianza con que se ha distinguido, y penetrada de la
necesidad de reforzar lo eslabones de la cadena que debe ligar los robustos brazos del
despotismo, para que no pueda internarse al sagrado recinto donde se custodian la LIBER-
TAD, la IGUALDAD, la PROPIEDAD y la SEGURIDAD, que hacen el precioso vellocino, la
rica herencia y los más interesantes derechos del hombre; y teniendo en consideración las
insuperables dificultades que ofrece el necio propósito de formar una Constitución sin defec-
tos, después de las horrorosas desvastaciones que ha hecho en el espíritu humano el mons-
truo de la ambición que se agita furiosamente por transpasar los límites que le ha prefijado
la justicia: que las innumerables y diversas constituciones que hoy hacen el imponente obje-
to del estudio y asidua meditación de los sabios, son otros tantos desgraciados monumen-
tos de aquellas desgraciada impotencia, y que la observación y la esperiencia son los más
rígidos resortes que puedan dar al espíritu esa fuerza bastante para estender la esfera de
sus conocimientos, ha creido que para satisfacer los votos del pueblo y acercarse á la senda
que conduce á la felicidad común, según que lo permite su actual estado y la premura del
tiempo y de sus circunstancias, debe establecerse, como se establece, las reglas siguien-
tes.
SECCION PRIMERA
DEL HOMBRE DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I
De los derechos que competen á todos los habitantes del Estado.
Art. I. Los derechos de los habitantes del Estado, son: la vida, la honra, la libertad, la
igualdad, la propiedad y la seguridad.
Art. II. El primero tiene un concepto tan uniforme entre todos, que no necesita de más
explicación. El segundo resulta de la buena opinión que cada uno se labra para con los
demás, por la integridad y rectitud de sus procedimientos. El tercero es la facultad de obrar

208. 210
cada uno á su arbitrio, siempre que no viole las leyes ni dañe los derechos de otro. El cuarto
consiste en que la ley, bien sea perceptiva, penal o tuitiva, es igual para todos y favorece
igualmente al poderoso que al miserable para la conservación de sus derechos. El quinto es
el derecho de gozar de sus bienes, rentas y productos. El sexto es la garantía que concede
el Estado á cada uno, para que no se le viole la posesión de sus derechos, sin que primero
se verifiquen aquellas condiciones que estén señaladas por la ley para perderla.
Art.III. Todo hombre gozará de estos seis derechos en el territorio del Estado, sea
americano ó extranjero, sea ciudadano ó no.
CAPITULO II
De la religión del Estado
Art. I. La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la religión del Estado.
Art. II. Todo hombre deberá respetar el culto público y la religión santa del Estado; la
infracción de este artículo será mirada como una violación de las Leyes fundamentales del
país.
CAPITULO III
De la ciudadanía
Art. I. Todas las Municipalidades formarán un resgistro público de dos libros: en uno, se
inscribirán indispensablemente todos los ciudadanos con expresión de sus edad y origen,
sin cuyos requisitos no podrán sufragar en los actos públicos de que adelante se tratará; y
en el otro, los que hayan perdido el derecho de ciudadanía, ó se hallen suspensos de ella.
Art. II. Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado,
es ciudadano, pero no entrará al ejercicio de este derecho, hasta que haya cumplido 25
años ó sea emancipado.
Art. III. Todo extranjero de la misma edad, que haya residido en el país por más de
cuatro años, y se haya hecho propietario de algún fundo, al menos de cuatro mil pesos, ó en
su defecto ejerza arte ú oficio útil al país, gozará de sufragio activo en la Asamblea y comicios
públicos, con tal que sepa leer y escribir.
Art. IV. A los diez años de residencia tendrá voto pasivo, y podrá ser elegido para los
empleos de la República no para los del Gobierno. Para gozar ambos sufragios, debe renun-
ciar, antes, toda otra ciudadanía.
Art. V. Ningún español europeo podrá disfrutar del sufragio activo ó pasivo, mientras
los derechos de estas Provincias no sean reconocidos por el Gobierno de España.
Art. VI. Los españoles, sin embargo, decididos por la libertad del Estado y que hayan
hecho servicios distinguidos á la causa del país, gozarán de la ciudadanía; pero deben

209. 211
obtener la correspondiente carta, que espedirá por ahora, hasta el Congreso General, el
Jefe respectivo de la Provincia asociado del Ayuntamiento ó de su Capital.
Art. VII. Los nacidos en el país que sean originarios por cualquier línea de Africa,
cuyos mayores hayan sido esclavos en este continente, tendrán sufragio activo, siendo hijos
de padres ingenuos; y pasivo, los que ya ésten fuera del cuarto grado respecto de dichos
sus mayores.
CAPITULO IV
Prerrogativas del ciudadano
Art. I. Cada ciudadano es miembro de la soberanía del pueblo.
Art. II. En esta virtud tiene voto pasivo y activo en los casos y forma que designa este
Reglamento provisional.
CAPITULO V
De los modos de perderse y suspenderse la ciudadanía
Art. I. La ciudadanía se pierde: por la naturalización en país extranjero; por aceptar
empleos; pensiones ó distinciones de nobleza de otra Nación; por la imposición legal de
pena aflictiva ó infamante y por el estado de deudor dolosamente fallido, si no se obtiene
nueva habilitación después de purgada la nota.
Art. II. La ciudadanía se suspende: por ser deudor a la hacienda del Estado, estando
ejecutado; por ser acusado de delito, siempre que éste tenga cuerpo justificado y por su
naturaleza merezca pena corporal, aflictiva o infamante; por ser doméstico asalariado; por
no tener propiedad ú oficio lucrativo y útil al país; por el estado de furor o demencia.
Art. III. Fuera de estos casos, cualquiera autoridad ó magistrado que prive á un ciuda-
dano de sus derechos cívicos, incurre en la pena del Talión.
Art. IV. Los Jueces que omitan pasar á las respectivas Municipalidades nota de los que
deben ser borrados de los registros cívicos, por haber sido condenados en forma legal,
serán privados de voto activo y pasivo en dos actos consecutivos.
CAPITULO VI
Deberes de todo hombre en el Estado
Art. I. Todo hombre en el Estado, debe, primero, sumisión completa á la ley, haciendo
el bien que ella prescribe, y huyendo el mal que prohibe.

210. 212
Art. II. Obediencia, honor y respeto á los magistrados y funcionarios públicos, como
ministros de la ley y primeros ciudadanos.
Art. III. Sobrellevar gustosos cuantos sacrificios demande la patria en sus necesidades
y peligros, sin que se axceptúe el de la vida, sino que sea para el extranjero.
Art. IV. Contribuir, por su parte, al sostén y conservación de los derechos de los ciuda-
danos, y la felicidad pública del Estado.
Art. V. Merecer el grato y honroso título de hombre de bien, siendo buen padre de
familia, buen hijo, buen hermano y buen amigo.
CAPITULO VII
Deberes del cuerpo social
Art. I. El cuerpo social debe garantizar y afianzar el goce de los derechos del hombre.
Art. II. Aliviar la miseria y la desgracia de los ciudadanos, proporcionándoles los me-
dios de prosperar e instruirse.
Art. III. Toda disposición ó Estatuto contrarios á los principios establecidos en los artí-
culos anteriores, será de ningún efecto.
SECCION SEGUNDA
DEL PODER LEGISLATIVO
Capítulo y artículo único
El poder legislativo reside en los pueblos originariamente; hasta determinación del
Congreso General de las Provincias; la Junta de Observación sustituirá, en vez de Leyes,
Reglamentos Provisionales en la forma que éste prescribe, para los objetos necesarios y
urgentes.
SECCION TERCERA
DEL PODER EJECUTIVO
CAPITULO I
De la elección y facultades del Director del Estado
Art. I. El Director del Estado ejercerá el Poder Ejecutivo en todo su territorio; su edad
será la de treinta y cinco años cumplidos; su elección ya está verificada, según las circuns-

211. 213
tancias que han ocurrido en el presente tiempo; en lo sucesivo, se practicará según el Regla-
mento particular y que deberá formarse, sobre el libre consentimiento de las Provincias y la
más exacta conformidad á los derechos de todos.
Art. II. Recaerá precisamente la elección en persona de reconocido patriotismo, inte-
gridad, concepto público, buenas costumbres y aptitud par el cargo.
Art. III. Podrá ser vecino y natural de cualquiera de los pueblos del Estado, con resi-
dencia dentro de él, al menos de cinco años inmediatos á su elección, aunque éstos hayan
sido interrumpidos por un año intermedio de ausencia.
Art. IV. Durará el mando solo un año, contado desde el día de su recepción.
Art.V. Su sueldo será el de doce mil pesos anuales, sobre los fondos del Estado.
Art.VI. No disfrutará de ningún otro emolumento no derecho, bajo cualquier pretesto ó
causa.
Art.VII. No tendrá más tratamiento que el de Esce-lencia.
Art.VIII. Su gurdia y honores los de Capitán General de Ejército, con entera sujeción á
los títulos primeros y sesto, tratado tercer, de las Ordenanzas Militares, guardándose el
ceremonial que se formará, para las concurrencias públicas.
Art. IX. Al ingreso de su cargo deberá prestar juramento ante el Excmo. Cabildo y la
Junta de Observación, con asistencia de las demás corporaciones civiles y militares, en la
forma siguiente:
«Yo, N., juro por Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que desempeñaré fiel y
legalmente el cargo de Director del Estado, para el que he sido elegido; que cesaré en el
mando luego que sea requerido por la Junta de Observación y el Exmo. Ayuntamiento; que
observaré el Reglamento Provisional formado por dicha Junta, establecida por la voluntad del
pueblo; que defenderé la Patria y sus derechos, de cualquier agresión. Si así lo hiciere, Dios
me ayude, y sino, él y la patria me hagan cargo».
Art. X. La protección de la Religión del Estado, su defensa y felicidad; el puntual cum-
plimiento y ejecución de las leyes que actualmente rigen; el mando y organización de los
ejércitos, armada, milicias nacionales; el sosiego público; la libertad civil; la recaudación y
económica, arreglada inversión de fondos públicos, y la seguridad real y personal de todos
los que residen en el territorio del Estado, son otras tantas atribuciones de su autoridad.
Art. XI. Nombrará los embajadores, cónsules y enviados para las demás naciones y
potencias estranjeras, y recibirá todos los que de esta clase vinieren de las mismas á este
Estado, dando inmediatamente aviso instruido á la Junta de Observación, bajo grave res-
ponsabilidad, de los motivos y objetos de su misión en ambos casos, igualmente que de sus
contestaciones.
Art. XII. Vigilará particularmente sobre el aumento de la población, agricultura y co-
mercio: arreglo de minería, correos, postas, caminos y represalias: concederá los pasapor-
tes para fuera y dentro de las Provincia del Estado, por mar y tierra y las licencias para la
carga y descarga, entrada y salida de las embarcaciones.

212. 214
Art.XIII. Nombrará los tres Secretarios de Gobierno, Guerra y Hacienda y sus respecti-
vos oficiales, siendo responsable de la mala elección de los primeros, sin que en manera
alguna puedan ser electos los Parientes del Director, hasta el tercer grado inclusive, ni pro-
vistos en otro cualquier empleo, sin noticia y aprobación de la Junta de Observación.
Art. XIV. La provisión de empleos en el ramo de Hacienda, de cualquier clase y que no
están esceptuados en este Reglamento, la hará, á propuesta de los respectivos jefes del
ramo á que correspondan, por escala de antiguedad y servicios, publicándose dicha pro-
puesta en la oficina ó Departamento respectivo, ocho días antes de encaminarla al Director,
quedando así a los agraviados franco el recurso de sus derechos á la autoridad que corres-
ponda, espresándose en el despacho ó nombramiento la indispensable calidad de propues-
ta, sin la cual ni se tomará razón de él en el Tribunal de cuantas y Oficinas, ni se acudirá con
el sueldo al que de otro modo fuese provisto.
Art. XV. Los funcionarios públicos que deban tener la calidad de letrados, serán nom-
brados por el Director, á propuesta que harán las respectivas Cámaras de Apelaciones.
Art. XVI. La duración de todo empleado será la de su buena y exacta comportación, y
será removido siendo inepto ó delincuente, con causa probada y audiencia suya, á no ser de
los esceptuados en el presente Reglamento.
Art.XVII. Los recursos de esta naturaleza y los de que habla el Art. XIV de éste Capí-
tulo, se harán por los interesados á la Junta que debe establecerse, compuesta del Presi-
dente de la Cámara, el Decano del Tribunal de Cuentas, el Ministro de Cajas más antiguo y
el Fiscal de dicha Cámara, quedando concluída, con la determinación de dicha Junta, toda
instancia, sin más recurso, y procediéndose en ellos sumariamente.
Art.XVIII. Esta misma Junta conocerá en grado de apelación y primera suplicación, de
los pleitos sobre contrabando y demás ramos de hacienda.
Art. XIX. Teniendo el Director la Superintendencia General en todos los ramos y fondos
del Estado, de cualquiera clase y naturaleza que sean, se arreglará, por ahora, á las dispo-
siciones de la Ordenanza de Intendentes, escepto en cuanto á la Junta Superior, que sigue
abolida, sin alterar el método de cuenta y razón que actualmente se observa en las oficinas
públicas.
Art. XX. Sin embargo de la supresión de dicha Junta Superior, no podrá por esto el
Director disponer por sí solo á su arbitrio, los gastos, obras, aprestos y erogaciones
estraordinarias, sino asociado en una Junta que formarán, con voto decisivo, el mismo Di-
rector, el Decano del Tribunal Mayor de Cuentas, el Ministro más antiguo de la Caja princi-
pal, el Alcalde de primer voto, el Prior del Consulado, el Fiscal de la Cámara, y el Procurador
General de la ciudad, estendiéndose los acuerdos ante el Escribano de Hacienda y debien-
do tener voto solo informativo en dicha Junta, el Secretario de ella.
Art. XXI. Cuidará con particularidad, de mantener el crédito de los fondos del Estado,
consultando eficazmente su recaudación, y el que se paguen con fidelidad las deudas, en
cuanto lo permita la existencia de caudales y atención públicas.
Art.XXII. Remitirá a la Junta de Observación, cada tres meses, una prolija razón que
demuestre, por clases y ramos, los ingresos, las inversiones y existencias.

213. 215
Art.XXIII. Conocerá privativamente en las causas de contrabando y demás de Hacien-
da: las que no fueren de esta clase, serán remitidas á los Tribunales de Justicia á que
correspondan; pero las sentencias contra el Fisco no serán ejecutadas sin mandato espe-
cial del Director, quien podrá suspender los libramientos si el pago fuese incompatible con
las urgencias de utilidad común.
Art.XXIV. Entenderá en el establecimiento y dirección de las Casas de Moneda y Ban-
cos.
Art. XXV. Podrá mantener las relaciones exteriores: conducir las negociaciones, hacer
estipulaciones preliminares, firmar y concluir tratados de tregua, paz, alianza, comercio,
neutralidad y otras convenciones: pero todos estos graves e importantes particulares y el de
la declaración de la Guerra, no podrá nunca resolverlos por si solo, si no fueren primero
acordados por la Junta de Observación, Comisión militar de guerra y Tribunal de Consulado,
en su caso.
Art.XXVI. Podrá confirmar o revocar, con arreglo a ordenanza y dictamen de su Asesor
General (que deberá ser también auditor general de guerra) en último grado, las sentencias
dadas contra militares en esta capital por la Comisión Militar que se halla establecida, y en
los demás pueblos del distrito, por los consejos de Guerra ordinaria.
Art.XXVII. Tendrá facultad de suspender las ejecuciones capitales ordenadas y conce-
der perdón o conmutación en el día del aniversario de la libertad del Estado, o con ocasión
de algún insigne acontecimiento que le añada nuevas glorias; pero esta prerrogativa no
podrá ejercer con los delincuentes de traición a la patria y demás delitos esceptuados.
Art.XXVIII. En el caso de renuncia, enfermedad o muerte de este, entrará a reempla-
zar su lugar hasta que se verifique nueva elección según el art. primero de este capítulo, el
que inmediatamente nombrase la Junta de Observación, unida con el Exmo. Cabildo para el
pronto remedio de la ocurrencia.
Art.XXIX. En el de ausencia, que solo será en defensa de la Patria u otro impedimento
legítimo que le embarace el desempeño de sus deberes y despacho de los negocios públi-
cos por más de ocho días se hará por la Junta y cabildo el mismo nombramiento.
Art. XXX. Luego que se posesione del mando, invitará con particular esmero y eficacia
a todas las Ciudades y Villas de las Provincias interiores, para el pronto nombramiento de
los Diputados que hayan de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad
de Tucumán, para que allí acuerden el lugar en que hayan de continuar sus sesiones, dejan-
do al arbitrio de los pueblos el señalamiento de viático y sueldo a sus respectivos represen-
tantes.
CAPITULO II
LIMITES DEL PODER EJECUTIVO Y AUTORIDAD DEL DIRECTOR
Art. I. No podrá, fuera de los casos que expresa este Reglamento, intervenir en nego-
cio alguno judicial, civil o criminal contra persona alguna, de cualquier clase o condición que
fuese, ni alterar el sistema de administración de justicia.

214. 216
Art. II. Cuando la urgencia del caso le obligue a arrestar a algún ciudadano, deberá
ponerlo, dentro de las veinticuatro horas, a disposición de los respectivos magistrados de
Justicia, con toda la independencia que corresponde al Poder Judicial, pasándoles los mo-
tivos de su juzgamiento.
Art. III. No proveerá ni presentará, por hora, ninguna canongía o prebenda eclesiásti-
ca.
Art. IV. No podrá disponer expedición alguna militar para fuera de esta provincia, ni
imponer pechos, contribuciones, empréstitos, ni aumentos de derechos de ningún tipo, sin
previa consulta y determinación de la Junta Observadora, unida con el Exmo. Cabildo y
Tribunal del Consulado.
Art.V. No expedirá orden ni comunicación alguna, sin que vaya suscripta del respecti-
vo secretario del Departamento a que corresponda el negocio, bajo responsabilidad de ambos
por los daños que causaren.
Art. VI. No podrá conceder a ninguna persona del Estado exenciones ni privilegios
exclusivos, excepto a los inventores de artes y establecimientos de pública utilidad, con
aprobación de la Junta Observadora.
Art.VII. No podrá absolutamente, en ningún caso, por si solo violar o interceptar, direc-
tamente, la correspondencia epistolar de los ciudadanos, la que debe reservarse como sa-
grada; y cuando por algun raro o extraño accidente, fuese preciso practicar la apertura de
alguna correspondencia, lo verificará con previa noticia y consentimiento de la Junta Obser-
vadora, Fiscal de la Cámara y Procurador General de la Ciudad, que en el caso tendrán
voto, con juramento del secretario; como también el administrador de correos, solo consulti-
vo: cuando haya de interrumpirse, suspenderse o variarse el curso de ellos.
CAPITULO III
DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO
Art. I. Los tres secretarios de Estado entenderán respectivamente en todos los nego-
cios que se hayan deslindados en el último reglamento de Secretarios, el que por ahora
subsistirá, en lo que no estuviere en oposición con éste.
Art. II. Los expresados secretarios no podrán por si solos, en ningún caso, negocio o
circunstancias, tomar deliberaciones arbitrarias sin previo mandato y audiencia del Director
del Estado, limitando sus funciones a las de meros subalternos, y con calidad de que cuan-
tas ordenes comunicaren por escrito a nombre del Director, a las corporaciones, magistra-
dos, oficinas e individuos particulares, hayan de estar autorizadas con la rubrica de aquel al
margen, para certidumbre de su conocimiento, sin cuyo requisito no tendrán efecto alguno y
serán desatendidas impunemente.
Art. III. Ninguno de los secretarios podrá autorizar ordenes, decretos o providencias
contrarias a este estatuto, sin que le sirva de excepción la Junta, mandato o fuerza del
Director.

215. 217
Art. IV. Serán amovibles, a la voluntad del Director, o cuando lo exija la Junta de Obser-
vación, igualmente que los oficiales de dichas Secretarias; pero esta separación no inferirá
nota a las persona, no siendo por causa legítima o probada en juicio formal, y deberán los
separados ser atendidos para otros destinos, conforme a la capacidad y mérito.
Art. V. El secretario de hacienda no podrá entorpecer, modificar o trabar los pagos y
libramientos decretados por el Director, que deberán cumplirse con fidelidad en la Tesorería
Principal del Estado a donde han de dirigirse, quedando rigurosamente prohibido otra vía de
pago.
Art.VI. El sueldo de dichos secretarios será de tres mil pesos anuales y su tratamiento
el de Ud. llano.
SECCION CUARTA
DEL PODER JUDICIAL
CAPITULO I
DEL EJERCICIO DEL PODER JUDICIAL
Art. I. El ejercicio del Poder Judicial, por ahora y hasta la resolución del Congreso
General, residirá en el Tribunal de recursos extraordinarios de segunda suplicación, nulidad
e injusticia notoria: en las cámaras de Apelaciones y demás Juzgados inferiores.
Art. II. No tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo del Estado, y en sus princi-
pios y formas estará sujeto a las leyes de su instituto.
CAPITULO II
DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
Art. I. Ninguno podrá ser nombrado en adelante, ni aun interinamente para los em-
pleos de las Cámaras de Apelaciones, si no es mayor de 25 años, y letrado recibido, con
seis años al menos de ejercicio público.
Art. II. El tratamiento de la Cámara de Apelaciones será el de Excelencia y el de sus
individuos en particular, de Ud. llano. Su sueldo anual, por ahora, y atentas las escaseces
del erario público, será de dos mil quinientos pesos.
Art. III. Los nombramientos de los individuos de las cámaras, se harán por el Director
del Estado, a propuesta del cuerpo de abogados residentes en la ciudad del asiento de
dichas Cámaras, en la forma siguiente:
Art. IV. LLegado el caso de vacante, el Presidente de la Cámara designará día y lugar
en que se reunan todos los abogados, sin excusa, citándolos previamente al efecto; y verifi-
cada la reunión, nombrarán a pluralidad de votos, un presidente entre ellos, que haga guar-
dar el orden, y un secretario.

216. 218
Art.V. Inmediatamente se traerá a la vista la matricula de todos los letrados residentes
en el distrito; de ellos nombrarán, del mismo modo, tres candidatos, de los cuales uno resi-
dirá en cualquier lugar del distrito, fuera de la Capital; firmada la acta de la elección, la
pasarán en testimonio, por conducto del Presidente de la Cámara, al Director para el nom-
bramiento.
Art. VI. Los juzgados de primera y segunda instancia conocerán de todas las causas
que hasta ahora han sido peculiares de su autoridad.
Art. VII. Las Cámaras conocerán, no solo de todas las causas de que conocían las
Audiencias extinguidas, segun las leyes, (salvo las que excluye este reglamento), sino tam-
bién de las que él nuevamente les designe.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Art. I. Seguirá la Administración de Justicia los mismos principios que hasta el presen-
te, con las reformas siguientes:
Art. II. Primera. Queda abolido en todas sus partes el Reglamento de Administración
de Justicia de 20 de Abril de 1812, y restablecido el orden de derecho para la prosecución
de causas criminales, con la calidad de que en estas se permite a los reos nombrar un
padrino que presencie su confesión y declaración de los testigos, cuidando que ambas se
sienten por el Escribano o Juez de la Causa, clara y distintamente, en los mismos términos
en que hayan sido expresadas, sin modificaciones o alteraciones, ayudando al reo en todo
aquello en que por el temor, pocos talentos u otra causa no pueda por si mismo expresarse;
entendiéndose que dicho padrino será a voluntad del reo, sin perjuicio del Abogado y Procu-
rador establecidos por la ley y practica de tribunales.
Art. III. Segunda. Las causas criminales de todas clases que se hallen iniciadas al
tiempo de la publicación de este Reglamento, sin el nuevo sistema de defensa que estable-
ce el Art. anterior, seguirán en sus posteriores actuaciones y orden de proceder, el mismo
antiguo que han tenido en las primeras.
Art. IV. Tercera. Queda restituido el juramento en todos los casos civiles y criminales
que lo prescriben las leyes, sin innovación alguna, excepto en la confesión del reo sobre
hecho o dicho propio en que no se le deberá exigir.
Art.V. Cuarta. En los recursos de segunda suplicación, nulidad e injusticia notoria, las
Cámaras, terminada la substanciación del grado darán cuentas con autos al Director del
Estado, quien deberá nombrar inmediatamente una comisión de 5 letrados que la determi-
nen, la cual, concluido su acto, quedará disuelta; esta comisión, durante el ejercicio de sus
funciones, tendrá tratamiento de Excelencia.
Art.VI. Quinta. Los recursos de nulidad e injusticia notoria de las sentencias del Tribu-
nal de Alzadas de Comercio se decidirán en las Cámaras de Apelaciones.
Art. VII. Sexta. El juzgado de Alzadas turnará por un año entre los individuos de la
cámara.

217. 219
Art.VIII. Séptima. Quedan restituidos los Procuradores de número en las cámaras de
Apelaciones, en la forma que prescriben las leyes y ha establecido la práctica, entendiéndo-
se su intervención a los juzgados subalternos de primera instancia, excepto en el Consula-
do, juzgado de Alzadas y Diputación de Comercio.
Art. IX. Octava. Los escribanos harán, personalmente, las notificaciones a las partes,
suscribiéndolas éstas, y en el caso de no saber escribir, suplirá por ellos un testigo con
expresión del defecto del principal interesado, siendo responsables los escribanos de la
omisión de tan interesante punto, que penará el juez de la causa, según la entidad y circuns-
tancia del caso.
Art. X. Novena. Queda enteramente abolido y disuelto el tribunal de Concordia: los
jueces de primera instancia ante quienes se promuevan las demandas, deberán invitar a las
partes a la transaccion y conciliación de ellas por todos los medios posibles, antes de entrar
a conocer judicialmente.
SECCION QUINTA
DE LAS ELECCIONES PARTICULARES Y FORMA DE ELLAS
CAPITULO I
DE LAS PERSONAS Y EMPLEADOS
QUE DEBEN SER ELEGIDOS POPULARMENTE
Art. UNICO. Serán nombrados por elecciones populares y en la forma que prescribe
este Reglamento: 1º.- El Director del Estado. 2º.- Los diputados representantes de las pro-
vincias para el Congreso General. 3º.- Los Cabildos seculares de las ciudades y villas. 4º.-
Los Gobernadores de Provincia. 5º.- Los individuos de la Junta de Observación, luego que
hayan concluido su término los que actualmente la componen.
CAPITULO II
DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS DE LAS PROVINCIAS PARA EL
CONGRESO GENERAL Y FORMA DE ELLA
ASAMBLEAS PRIMARIAS
Art. I. Para las asambleas primarias que han de celebrarse para la elección de Diputa-
dos de Provincias, se formará antes, indispensablemente un censo puntual de todos los
habitantes de su distrito, si no estuviese ya formado por lo menos de ocho años a esta parte,
con la respectiva separación de ciudades, villas y pueblos.
Art. II. Las Asambleas primarias, en las ciudades y villas donde hubiese Municipalida-
des, se harán en cuatro secciones y cada una será presidida por un miembro de la munici-
palidad y dos jueces de barrio de la mayor probidad, auxiliados de un escribano, si hubiese
número competente de estos oficiales, y en su defecto de dos testigos.

218. 220
Art. III. En cada sección darán su voto los sufragantes, por tanto número de electores
cuantos correspondan al total de la población de suerte que resulte un elector por cada
cinco mil almas; pero si la ciudad o villa no sufriese las cuatro secciones, se hará la votación
en un solo lugar.
Art. IV. En la campaña guardará la misma proporción cada elección; pero el método de
las secciones será diverso.
Art.V. En cada asamblea primaria habrá secciones de proporción y secciones de nú-
mero. Cada parroquia será una sección de proporción y cada ciudad votará en ella por un
elector.
Art.VI. El juez principal del curato y el cuara, con tres vecinos de probidad, nombrados
por la municipalidad del distrito, se juntarán en la casa del primero y recibirán los sufragios,
según fueren llegando los cuales depositarán inmediatamente en un arca pequeña de tres
llaves, que se distribuirán entre el juez, el cura y uno de los vecinos asociados.
Art.VII. El sufragio podrá darse de palabra o por escrito, abierto o cerrado, según fuere
del agrado del sufragante, y en el se nombrará la persona que ha de concurrir a la asamblea
General con la investidura del elector.
Art.VIII. Después de entregado el sufragio, por escrito en una cédula el que se diere de
palabra, se retirará el sufragante, cuidando de esto los jueces, para evitar confusión y alter-
cados.
Art. IX. Si alguno dedujese en aquel acto o después, queja sobre cohecho o soborno,
deberá hacerse, sin pérdida de instantes, justificación verbal del hecho ante los 5 jueces de
aquella sección, reunidos al efecto al acusado y siendo cierto, serán privados de su voz
activa y pasiva perpetuamente el sobornante y el sobornado. Los calumniadores sufrirán la
misma pena, por aquella ocasión, y de este juicio no habrá más recurso.
Art. X. Concluido el término perentorio de dos días, que durará la recepción de votos,
quedarán cerrados los actos de aquella sección y al otro día el alcalde, con dos de los tres
vecinos asociados, conducirán la arca cerrada a la sección de número, entregando enton-
ces el Cura su llave al que corresponda.
Art. XI. El distrito de curatos reunidos que comprendan en su territorio cinco mil almas,
es la sección de número.
Art. XII. A la cabeza de la sección de número deberán conducirse las arcas de las
secciones de proporción, las que recibirán al juez, el cura y tres asociados de los de mayor
probidad e instrucción, y abriéndolas, contarán los sufragios y calificarán la pluralidad prac-
ticando este acto públicamente, y a presencia de todos los que quieran concurrir a él.
Art. XIV. Al que resultare con mayor número de votos para elector, se le notificará que
se traslade inmediatamente al lugar donde ha de celebrarse la Asamblea electoral.

219. 221
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES
Art. I. Las Asambleas electorales se congregarán en la cabeza de cada Provincia,
donde deberán reunirse los electores el día que se señalase, según la distancia y circuns-
tancias, sin demoras, y celebrarán sus seciones en la casa de la Municipalidad.
Art. II. El jefe de la Provincia presidirá el primer acto de los electores, que será nombrar
un presidente de entre ellos, para guardar el orden, y nombrado a pluralidad de votos, le
cederá el lugar, retirándose inmediatamente.
Art. III. La Asamblea electora extenderá sus actas con el Escribano de la municipali-
dad y podrá acordar previamente aquellas cosas que sean precisas para establecer el buen
orden y validéz de su elección, sin preocuparse en esos actos más tiempo que el preciso de
24 horas.
Art. IV. Procederá inmediatamente a la elección de diputados en el Congreso, para la
que han sido reunidos los electorales, y la elección, por ahora, resultará de la simple plura-
lidad de votos.
Art. V. Si el caso fuese tal que por la dispersión de sufragios y la adhesión de cada
sufragante al suyo, después de repetida hasta tres veces la votación, no resultase ni simple
pluralidad, entonces, los que tuviesen igualdad de votos entrarán en suerte y esta decidirán.
Art.VI Ninguno de los electores puede darse el voto a si mismo, y dentro del tercer
día debe quedar indispensablemente concluida y publicada la elección, la que el Presidente
de la Asamblea electoral comunicará al electo inmediatamente, con testimonio de la acta
autorizada por el Escribano.
Art.VII. Como el censo de que habla el Art. I cap. 2º, ha de ser el fundamento para el
número de representantes o diputados que han de asistir al Congreso General, se arreglará
de modo que por cada quince mil almas se nombre uno.
Art.VIII. Si al formarse este arreglo se hallasen algunas fracciones se observarán las
reglas siguientes:
Art. IX. Primera. Si en la elección de número que se arregla para elegir, hubiese alguna
fracción que no exceda de dos mil y quinientas almas solo se votará por un elector; pero si
la fracción pasa de este número en la sección, se votará por dos electores.
Art. X. Segunda. Si en el distrito de las quince mil almas, que debe representar cada
diputado, hubiese una fracción que excediese de siete mil y quinientas, se nombrará por
ellas, en la asamblea General, un diputado, como si llegase al número señalado; pero si la
fracción fuese menor, no tendrá más representante y quedará comprendida en la represen-
tación que hacen los Diputados por la provincia .
Art. XI. Si alguna de estas encontrase por ahora grandes dificultades para practicar
sus elecciones por el modo que se ha prescripto para la campaña, podrá libremente sustituir
el que crea más oportuno, procurando, siempre, que el número de Diputados sea corres-
pondiente a la masa de la población, según la proporción que queda establecida.

220. 222
CAPITULO IV
DE LAS ELECCIONES DE CABILDOS SECULARES
Art. I. Las elecciones de los empleos consejiles, solo se harán popularmente en las
ciudades y villas donde se hallen establecidos los Cabildos.
Art. II. La ciudad o villa se dividirá en cuatro secciones y en cada una de ellas votarán
todos los ciudadanos alli comprendidos, por uno o más electores, según que corresponda al
número de habitantes en dicha sección.
Art. III. Este acto será presidido por un Capitular, asociado de dos alcaldes de barrio y
un escribano, si lo hubiese, o en su defecto dos vecinos, en calidad de testigos, y se practi-
cará el 15 de noviembre.
Art. IV. Concluida la votación en las secciones, se reunirán todos los votos de ellas en
la Sala Capitular, y hecho allí por los mismo regidores que la han presidido, y el alcalde de
primer voto, públicamente, el escrutiño general: serán electores los que resulten con mayor
número de sufragios.
Art. V. Estos se juntarán en la misma sala capitular a hacer la elección para el año
entrante, el día 15 de diciembre y concluida se notificará a los efectos, a fin de que estén
expeditos para su recepción el día primero de Enero en que serán posesionados por el
Cabildo saliente.
CAPITULO V
DE LAS ELECCIONES DE LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA
Art. I. Los gobiernos de las provincias serán nombrados por los respectivos electores
de ellas.
Art. II. Para este nombramiento, elegirán dichos electores, seis ciudadanos de las ca-
lidades necesarias, cuyos nombres serán insaculados, y los tres primeros que salgan por
suerte, serán otros tantos candidatos, de los cuales elegirán a pluralidad de sufragios, el
que haya de ser gobernador de la Provincia.
Art. III. Hecho el nombramiento, se comunicará al efecto y al Cabildo de la ciudad
capital de su residencia, para que lo reciba luego que el anterior haya cumplido su tiempo.
Art. IV. Durarán los Gobernadores en su empleo el término de 3 años su sueldo será el
que le señale la Provincia.
Art. V. Los tenientes gobernadores serán nombrados por el Director, a propuesta en
ternario del Cabildo de su residencia.
Art. VI. Los subdelegados serán nombrados por los gobernadores de la Provincia, a
igual propuesta que hará el cabildo de la capital de ella.

221. 223
SECCION VII
SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LIBERTAD DE IMPRENTA
CAPITULO I
DE LA SEGURIDAD INDIVIDUAL
Art. I. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden el orden
público ni perjudican a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de
los magistrados.
Art. II. Ningún habitante del Estado será obligado a hacer lo que no manda la ley, clara
y expresamente, ni privado de lo que ella del mimo modo no prohibe.
Art. III. El crimen es sólo la infracción de la ley que están entera observancia y vigor;
pues sin este requisito debe reputarse sin fuerza.
Art. IV. Ningún habitante del Estado puede ser penado ni confinado sin que preceda
forma de proceso y sentencia legal.
Art. V. Toda sentencia en causas criminales para que se repute valida, ha de ser pro-
nunciada por el texto expreso de la ley, y cualquiera infracción de esta, es un crimen en el
magistrado, que será corregido con el pago de costas, daños y perjuicios causados.
Art. VI. Todos los mandamientos, ordenes, decretos y acuerdos, que en uso legítimo
de su autoridad expidan los magistrados, como el Director de Estado, la Cámara de Apela-
ciones, Gobernadores Intendentes de Provincia y Tenientes gobernadores, para el buen
orden de los pueblos y dirección de los negocios de su instituto, deberán ser por escrito
expresando con claridad la pena en que incurren los infractores.
Art.VII. Se exceptuan del antecedente art. las ordenes relativas al ejército...
Art. IX. Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba al menos semiplena o indicios
vehementes de crimen, que se harán constar en proceso informativo dentro de tres dias
perentorios si no hubiese impedimento; pero habiéndolo, se pondrá constancia de el en el
proceso.
Art. X. En el mismo término se hará saber al reo la causa de su prisión, y no siendo el
Juez aprehensor el que deba seguirla, lo remitirá, con los antecedentes, al que fuere nato y
deba conocer.
Art. XI. Para decretar prisión contra cualquiera habitante del Estado, pesquisa de sus
papeles o embargo de bienes se individualizará en el decreto el nombre o señales que
distingan su persona, con el objeto de las diligencias, formándose en el acto de embargo,
prolijo inventario, a presencia del reo, que deberá firmarlo, del cual se le dejará copia auto-
rizada para su resguardo, poniendo en seguridad los bienes, con fe del escribano de la
causa o en su efecto, del mismo juez y dos testigos.
Art. XV. La casa de un ciudadano es un sagrado que no puede violarse sin crimen, y
solo en caso de resistirse a la convocación del juez podrá allanarse. Esta diligencia se hará

222. 224
con la moderación debida, personalmente por el mismo juez; y en caso que algun urgente
motivo se lo impida, dará al delegado orden por escrito, con las especificaciones convenien-
tes, dejando copia de ella al individuo que fuese aprendido y al dueño de la casa si lo
pidiere.
Art. XVI. Ningún reo estará incomunicado después de su confesión, y nunca podrá
dilatarse ésta por más de diez días sin justo motivo del que se pondrá constancia en el
proceso, y se hará saber al reo el embarazo al fin de dicho término, y sucesivamente de tres
en tres días, si continuase el motivo de la retardación.
Art.XVII. Siendo las carceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medi-
da que, a pretexto de precaución, solo sirva para modificarles maliciosamente, deberá ser
corregida por los Juzgados y Tribunales Superiores, indemnizando a los agraviados de los
males que hayan sufrido por el abuso.
Art.XVIII. Todo hombre tiene derecho a resistir, hasta con la fuerza, la prisión de su
persona y embargo de sus bienes, que se intente hacer, fuera del orden y formalidades
prescriptas en los respectivos artículos de este capítulo; el ayudar o cooperar a esta resis-
tencia, no podrá reputarse un crimen.
Art. XIX. Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio del estado o
retirarse, siempre que por esto no se exponga la seguridad del País, o sean perjudicados
sus intereses públicos.
Art. XX. Todo habitante del estado y los que en adelante se establezcan, están bajo la
inmediata protección del Gobierno y de sus magistrados en todos sus derechos.
Art. XXI. Todas las anteriores disposiciones, relativas a la seguridad individual, jamás
podrá suspenderse: y cuando por un muy remoto y extraordinario acontecimiento que com-
prometa la tranquilidad pública o la seguridad de la patria, no pueda observarse cuanto en el
se previene, las autoridades que se viesen en esta fatal necesidad, darán razón de su con-
ducta a la Junta de Observación y Exmo. Cabildo, que deberán examinar los motivos de la
medida y el tiempo de su duración.
CAPITULO II
DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA
Art. I. Se restablece el decreto de la libertad de la imprenta, expedido en 26 de octubre
de 1811...
Art. II. Para facilitar el uso de esta libertad, se declara que todo individuo natural del
país o extranjero, puede poner libremente imprentas públicas en cualquier ciudad o villa del
Estado, con solo la calidad de previo aviso al Gobernador de la Provincia, teniente goberna-
dor, y cabildos respectivos, y que en los impresos lleven el nombre del impresor y lugar
donde exista la imprenta.

223. 225
Art. III. Con el mismo objeto deberá el Cabildo de esta ciudad disponer que de sus
fondos se costee la compra y establecimiento de una imprenta pública además de la que
existe en el día.
Art. IV. Toda municipalidad podrá disponer libremente cada año de 200 pesos de sus
fondos, para costear la impresión de sus papeles que tenga a bien público.
Art. VI. Se establecerá un periódico, encargado a un sujeto de instrucción y talento,
pagado por el Cabildo, el que en todas las semanas dará al público un pliego o más, con el
título de Censor. Su objeto principal será reflexionar sobre todos los procedimientos y opera-
ciones injustas de los funcionarios públicos y abusos del país, ilustrando a los pueblos en
sus derechos y verdaderos intereses.
Art.VII. Habrá también otro periódico, encargado del mismo modo a sujeto de calidad
necesarias, pagado por los fondos del Estado, cuyo encargo es dar todas las semanas una
Gazeta, noticiando al pueblo los sucesos interesantes y satisfaciendo a la censuras, discur-
sos o reflecciones del censor.
Art.VIII. El gobierno y el ayuntamiento cuidarán, con particular celo, que en ambos
periódicos se hable con la mayor moderación y decoros posibles, exponiendo, sin exceder,
los abusos que notasen, con los remedios que consideren oportunos, sin faltar el respeto
debido a los magistrados, al público y a los individuos en particular, y en el caso que alguno
de los periodistas infrinja estos precisos deberes, cualquiera de las dos antedichas autori-
dades, sin perjuicio de los derechos del ofendido, lo manifestará al Tribunal de la libertad de
imprenta, que deberá obrar en el examen del hecho con toda escrupulosidad, conforme a su
instituto.
21.- ACTA DE LA INDEPENDENCIA
En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán á nueve días del mes
de Julio de mil ochocientos dieciseis, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las
Provincias-Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande y augusto objeto de
la independencia de los pueblos que lo forman. Era Universal, constante y decidido el cla-
mor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de
España; los representantes sin embargo consagraron á tan arduo asunto toda la profundi-
dad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones é intereses que demanda la sanción de la
suerte suya, pueblos representados y posteridad, A su término fuéron preguntados ¿si que-
rían que las Provincia de la Unión fuesen una nación libre é independiente de los reyes de
España y su metrópoli? Aclamaron primero, llenos de santo órden de la justicia, y uno á uno
reiteraron suscesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del
país, fixando en su virtud la determinación siguiente.
DECLARACION
Nos los representantes de las Provincias-Unidas en Sud- América, reunidos en con-
greso general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de

224. 226
los pueblos que representamos, protestamos al cielo, á las naciones y hombres todos del
globo la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra,
que es voluntad unánime é indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos
que la ligaban á los reyes de España, recuperar los derechos de que fuéron despojadas, é
investirse del alto carácter de una nación libre é independiente del rey Fernando 7., sus
sucesores y metrópoli, quedar en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno
poder para darse las formas que exija la justicia é impere el cúmulo de sus actuales circuns-
tancias. Todas, y cada una de ellas, así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose
por nuestro medio al cumplimiento y sosten de esta su voluntad baxo del seguro y garantía
de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese á quienes corresponda para su publicación, y
en obsequio del respeto que se debe á las naciones, detállense en un manifiesto los
gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
Dada en la Sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y
refrendada por nuestros diputados secretarios.
Francisco Narciso de Laprida Mariano Boedo
Diputado por San Juan, vice- presidente, diputado
Presidente. por Salta.
Dr. Antonio Saenz, Dr. José Darregueyra
Diputado por Buenos-Ayres Diputado por Buenos-Ayres
Dr. Pedro Medrano Fray Cayetano José Rodriguez
Diputado por Buenos-Ayres Diputado por Buenos-Ayres
Dr. Manuel Antonio Acevedo Dr. José Ignacio de Gorriti
Diputado por Catamarca Diputado por Salta
Dr. José Andres Pacheco Melo Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante
Diputado por Chichas Diputado por la ciudad y territorio de Jujuy.
Eduardo Perez Vulnes Tomás Godoy Cruz
Diputado por Córdova Diputado por Mendoza
Pedro Miguel Araoz Dr. Esteban Agustín Gazcon
Diputado por la Capital del Diputado por Buenos-Ayres.
Tucumán.
Pedro Francisco de Uriarte Pedro León Gallo
Diputado por Santiago del Estero Diputado de Santiago del Estero.
Pedro Ignacio Ribera Dr. Mariano Sanchez de Loria
Diputado de Mizque Diputado por Charcas
Dr. José Severo Malavia Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros.
Diputado por Charcas Diputado por la Rioja.
L. Gerónimo Salguero de Cabrera Dr. José Colombres
Diputado por Córdova Diputado por Catamarca
Dr. José Ignacio Tames Fr. Justo de Sta. María de
Diputado por Tucumán Oro. Diputado por San Juan
José Antonio Cabrera Dr. Juan Agustín Maza
Diputado por Córdova Diputado por Mendoza
Tomás Manuel de Anchorena José Mariano Serrano
Diputado de Buenos-Ayres Diputado por Charcas, Secretario
Juan José Paso - Diputado por Buenos-Ayres, Secretario.
Es copia —————Dr. Serrano, Diputado secretario

225. 227
22.- REGLAMENTO PROVISORIO DE 1817
CAPITULO III
DE LA CIUDADANIA
Art. I. Todas las municipalidades de las provincias formarán inmediatamente un regis-
tro público de dos libros; en uno de los cuales se inscribirán indispensablemente todos los
ciudadanos con expresión de su edad y de su origen; y en el otro los que hayan perdido el
derecho de ciudadania, o se hayen suspensos de ella.
Art. II. Cada ciudadano deberá obtener una boleta firmada por el alcalde ordinario de
primer voto, autorizada por el escribano de la municipalidad, que acredite su inscripción el
registro civico, sin cuya manifestación no podrá sufragar en los actos públicos de que en
adelante se tratarán.
Art. III. Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del estado,
es ciudadano; pero no entrará en el ejercicio de este derecho hasta que haya cumplido 25
años o sea emancipado.
Art. IV. Todo extranjero de la misma edad, que se haya establecido en el país con
ánimo de fijar en el domicilio, y habiendo permanecido por 4 años, se haya hecho propietario
de algún fundo al menos de cuatro mil pesos, o en su defecto ejerza arte u oficio útil al país
gozará de sufragio activo en las asambleas civiles, con tal que sepa leer y escribir.
Art. V. A los 10 años de residencia tendrá voto pasivo, y podrá ser elegido, para los
empleos de la república, más no para los de gobierno: para gozar de ambos sufragios debe
renunciar ante toda otra ciudadania.
Art. VI. Ningún español europeo podrá disfrutar del sufragio activo o pasivo, mientras
la independencia de estas Provincias no sea reconocida por el Gobierno de España.
Art. IX. Los españoles y demás extranjeros que soliciten ser ciudadanos acreditarán
su buena comportación pública.
Art. XI. No se concederá carta de ciudadania al que no haya residido 4 años en el
territorio del estado, a menos que un mérito relevante, servicios distinguidos o la utilidad de
la Nación exija dispensar este término: cuyo descernimiento queda por ahora al prudente
juicio del supremo director.
SECCION SEGUNDA
DEL PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I
Art. I. El poder legislativo reside originariamente en la Nación: su ejercicio permanente,
modo y términos, lo fijará la Constitución del Estado el que en el entretanto se gobernará por

226. 228
las reglas del presente reglamento, que no se reformará, interpretará, ni adicionará sino por
el Soberano Congreso, cuando causas y circunstancias muy graves así lo exijan, a juicio del
mismo, por un voto sobre las dos terceras partes.
Art. II. Hasta que la Constitución determine lo conveniente, subsistirán todos los códi-
gos legislativos, cédulas, reglamentos y demás disposiciones generales y particulares del
antiguo gobierno español, que no estén en oposición directa o indirecta con la libertad e
independencia de estas Provincias, ni con este reglamento y demás disposiciones que no
sean contrarias a él, libradas desde el 25 de mayo de 1810.
Art. III. El Director Supremo del Estado, tribunales, jueces y funcionarios públicos de
cualquier clase y denominación podran representar y consultar al Congreso las dudas que
les ocurran en la inteligencia y aplicación de las expresadas leyes, reglamentos o disposicio-
nes, en casos generales o particulares, siempre que las consideren en conflicto con los
derechos explicados y sistema actual en el estado; y sus resoluciones se avisarán al poder
ejecutivo.
SECCION TERCERA
DEL PODER EJECUTIVO
Art. I. El Supremo Poder Ejecutivo reside originariamente en la Nación y será ejercido
por un Director del Estado.
Art. II. Entre tanto se sanciona la Constitución, el Congreso nombrará privativamente
de entre todos los habitantes de las Provincias al que fuere mas digno y de las calidades
necesarias para tan alto encargo.
Art. III. En los casos de ausencia del Director, en defensa del Estado, u otro legítimo
impedimento que embarace su ejercicio, el Congreso proveerá lo conveniente.
SECCION QUINTA
CAPITULO I
ELECCION DE GOBERNADORES INTENDENTES,
TENIENTES GOBERNADORES Y SUBDELEGADOS DE PARTIDO
Art. I. Las elecciones de Gobernadores Intendente, tenientes gobernadores y subde-
legados de partido, se harán al arbitrio del Supremo Director del Estado, de las listas de
personas elegibles de dentro o fuera de la Provincia, que todos los Cabildos en el primer
mes de su elección formarán y le remitirán.
Art. V. La duración de estos empleos será por el término de tres años, y concluidos
quedarán sujetos a residencia.

227. 229
23.- CONSTITUCION DE 1819
SECCION PRIMERA
RELIGION DEL ESTADO
Art. I. La Religión Católica, Apostólica, Romana es la religión del Estado. El Gobierno
le debe la más eficáz y poderosa protección; y los habitantes del territorio todo respeto,
cualquiera que sean sus opiniones privadas.
Art. II. La infracción del artículo anterior será mirada como una violación de las leyes
fundamentales del país.
SECCION SEGUNDA
PODER LEGISLATIVO
Art. III. El Poder Legislativo se expedirá por un Congreso Nacional compuesto de dos
cámaras, una de Representantes y otra de Senadores.
CAPITULO I
CAMARA DE REPRESENTANTES
Art. IV. La Cámara de Representantes se compondrá de Diputados elegidos en pro-
porción de uno por cada veinte y cinco mil habitantes, o una fracción que iguale el número
de diez y seis mil.
Art. V. Ninguno podrá ser elegido representante sin que tenga las calidades de siete
años de ciudadano antes de su nombramiento, veinte y seis años de edad cumplidos, un
fondo de cuatro mil pesos al menos, o en su defecto arte, profesión u oficio útil. Que sea del
fuero cumún, y no esté en dependencia del Poder Ejecutivo por servicio a sueldo.
Art. VI. Durarán en su representación cuatro años, pero se renovarán por mitad al fin
de cada bienio. Para verificarlo los primeros representantes, luego que se reunan, sortearán
los que deban salir en el primer bienio. El reemplazo de estos se hará por los que con la
anticipación conveniente, elijan los pueblos a quienes corresponda.
Art.VII. La Cámara de Representantes tiene exclusivamente la iniciativa en materia de
contribuciones, tasas e impuestos, quedando al Senado la facultad de admitirlos, rehusarlos
u objetar los reparos.
Art.VIII. Ella tiene el derecho privativo de acusar de oficio o instancia de cualquier
ciudadano, a los miembros de los tres grandes poderes, a los Ministros del Estado, enviados
a las cortes extranjeras, Arzobispos u Obispos, Generales de los ejércitos, Gobernadores y
jueces de las provincias y demás empleados de no inferior rango a los nombrados, por los
delitos de traición, concusión, maversación de los fondos públicos, infracción de constitu-
ción u otros que según las leyes merezcan pena de muerte o infamia.

228. 230
Art. IX. Los representantes serán compensados por sus servicios con la cantidad y del
fondo que señale la Legislatura, siendo su distribución del resorte exclusivo de dicha cáma-
ra.
CAPITULO II
SENADO
Art. X. Formarán el Senado los Senadores de Provincia, cuyo número será igual al de
las Provincias; tres senadores militares, cuya graduación no baje de Coronel mayor; un
Obispo y tres eclesiásticos; un Senador por cada Universidad; y el Director del Estado,
concluído el tiempo de su gobierno.
Art. XI. Ninguno será nombrado senador que no tenga la edad de treinta años cumpli-
dos, nueve de ciudadano antes de su elección, un fondo de ocho mil pesos, una renta
equivalente, o una profesión que lo ponga en estado de ser ventajoso a la sociedad.
Art. XII. Durarán en el cargo por el tiempo de doce años, renovándose por terceras
partes cada cuatro.La suerte decidirá quienes deban salir en el primero y segundo cuatrienio.
Art.XIII. El ex Director permanecerá en el Senado hasta que sea reemplazado por el
que le sucediese en el mando.
Art. XIV. Los Senadores de las Provincias se eligirán en la forma siguiente: cada muni-
cipalidad nombrará un capitular y un propietario, que tengan un fondo de diez mil pesos al
menos, para electores. Reunidos estos en un punto en el centro de la provincia, que desig-
nará el poder ejecutivo, eligirán tres sujetos de la clase civil, de los que uno al menos sea de
afuera de la provincia. Esta terna se pasará al Senado (la primera vez al Congreso) con
testimonio integro del acta de elección. El Senado, recibidas todas las ternas y publicadas
por la prensa, hará el escrutinio y los que tuvieren el mayor número de sufragios, computa-
dos por provincias serán senadores. Si no resultase pluralidad, la primera vez el Congreso,
y en lo sucesivo el Senado, hará la elección de entre los propuestos.
Art. XV. Los senadores militares serán nombrados por el Director de Estado.
Art. XVI. Será senador por la primera vez el Obispo de la Diocesis donde reside el
Cuerpo Legislativo. En lo sucesivo se elegirá el Obispo senador por los Obispos del territo-
rio, remitiendo sus votos al senado. Publicados por la prensa, se hará el escrutinio, y el que
reuniese el mayor número, será senador: no resultando pluralidad, decidirá la elección el
senado.
Art.XVII. Los cabildos eclesiásticos, reunidos por el prelado Diocesano, curas rectores
del Sagrario de la Iglesia Catedral y redactores de los colegios (cuando estos sean eclesiás-
ticos) elegirán tres individuos del mismo estado, de los cuales uno al menos sea de otra
Diócesis. Remitidas y publicadas las ternas con sus actas, los tres que reunan mayor núme-
ro de sufragios computados por las iglesias, serán Senadores; en caso de igualdad el Con-
greso o Senado decidirá la elección.
Art.XVIII. Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la sala de
Representantes.

229. 231
Art. XIX. La concurrencia de dos terceras partes de sufragios harán sentencia contra el
acusado, únicamente al efecto de separarlo del empleo, o declararlo inhábil para obtener
otro.
Art. XX. La parte convencida quedará no obstante sujeta a acusación juicio y castigo
conforme a la ley.
CAPITULO III
ATRIBUCIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS
Art. XXI. Ambas cámaras se reunirán por la primera vez en esta capital, y en lo suce-
sivo en el lugar que ellas mismas determinen; y tendran sus sesiones en los meses de
marzo, abril y mayo, setiembre, octubre y noviembre.
Art.XXII. Cada sala será privativamente el juez para calificar la elección de sus miem-
bros, con mayoria de un voto sobre la mitad.
Art.XXIII. Nombrará su presidente, vice presidente y oficiales; señalará el tiempo de la
duración de unos y otros, y prescribirá el orden para los debates y para facilitar el despacho
de sus deliberaciones.
Art. 24. Ninguna de las salas podrá deliberar mientras no se hallen reunidas ambas
respectivamente en el lugar de las sesiones, al menos en las dos terceras partes de sus
miembros; pero un número menor podrá compeler a los ausentes a la asistencia en los
términos y bajo los apremios que cada sala proveyese.
Art. 25. Cada sala llevará un diario de sus procedimientos que se publicará de tiempo
en tiempo, exceptuando aquellas partes que a su juicio requieren secreto. Los votos de
aprobación o negación, de los miembros de una y otra sala; se apuntarán en el diario, si lo
exigiese así una quinta parte de ellos.
Art. 26. Los senadores y representantes no serán arrestados ni procesados durante su
asistencia a la legislatura, y mientras van y vuelven de ella: excepto el caso de ser sorpren-
didos in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia u
otra aflictiva, de los que se dará cuenta a la Sala respectiva con la sumaria información del
hecho.
Art. 27. Los senadores y representantes, por sus opiniones, discursos o debates en
una u otra Sala, no podrá ser molistados en ningún lugar; pero cada sala podrá castigar a
sus miembros por desorden de conducta, y con la concurrencia de las dos terceras partes,
expeler a cualquiera de su seno.
Art. 28. En el caso que expresa el art. 26, o cuando se forme querella por escrito contra
cualquier senador o representante, por delitos que no sean del privativo conocimiento del
Senado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada sala con dos tercios
de votos separar al acusado de su seno, y ponerlo a disposición del Supremo Tribunal de
Justicia, para su juzgamiento.

230. 232
Art. 29. Ningún senador o representante podrá ser empleado por el Poder Ejecutivo sin
su consentimiento y el de la Cámara a que corresponda.
Art. 30. Cada una de las Cámaras podrá hacer comparecer en su sala a los ministros
del Poder Ejecutivo para recibir los informes que estime conveniente.
CAPITULO IV
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO
Art. 31. Al Congreso corresponde privativamente formar las leyes que deben regir en
el territorio de la unión.
Art. 32. Decretar la guerra y la paz.
Art. 33. Establecer derechos; y, por un tiempo que no pase de dos años, imponer para
las urgencias del Estado, contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio.
Art. 34. Fijar a propuesta del Poder Ejecutivo la fuerza de linea de mar y tierra para el
servicio del Estado en tiempo de paz; y determinar por si el número de tropas que haya de
existir en el lugar donde tenga sus sesiones.
Art. 35. Mandar construir y equipar una marina nacional.
Art. 36. Recibir empréstitos sobre los fondos del Estado.
Art. 37. Reglar la forma de todos los juicios y establecer Tribunales inferiores a la Alta
Corte de Justicia.
Art. 38. Crear y suprimir empleos de toda clase.
Art. 39. Reglar el comercio exterior e interior.
Art. 40. Demarcar el territorio del Estado, y fijar los límites de las provincias.
Art. 41. Habilitar puertos nuevos en las costas del territorio, cuando lo crea convenien-
te, y elevar las poblaciones al rango de villas, ciudades o provincias.
Art. 42. Formar planes uniformes de educación pública, y proveer de medios para el
sosten de los establecimientos de esta clase.
Art. 43. Recibir anualmente del Poder Ejecutivo la cuenta general de las rentas públi-
cas, examinarlas y juzgarlas.
Art. 44. Asegurar a los autores inventores de establecimientos útiles, privilegios exclu-
sivos por tiempos determinados.
Art. 45. Reglar la moneda, los pesos y las medidas.

231. 233
SECCION TERCERA
PODER EJECUTIVO
CAPITULO I
NATURALEZA Y CALIDADES DE ESTE PODER
Art. 56. El Supremo Poder Ejecutivo de la Nación se expedirá por la persona en quien
recaiga la elección de Director.
Art. 57. Ninguno podrá ser elegido Director del Estado que no tenga las calidades de
ciudadano nacional del territorio de la Unión, con seis años de residencia en él, inmediata-
mente antes de la elección, y treinta y cinco de edad cuando menos.
Art. 58. Tampoco podrá ser elegido el que se halle empleado en el Senado o en la
Cámara de Representantes.
Art. 59. Antes de entrar al ejercicio del cargo, hará el director electo en manos del
Presidente del Senado, en presencia de las dos Cámaras reunidas, el juramento siguiente:
Yo N. juro por DIos Nuestro Señor y estos Santos Evangelios que desempeñaré fielmen-
te el cargo de Director que se me confia: que cumpliré y haré cumplir la Constitución del
Estado: protegeré la religión Católica; y conservaré la integridad e independencia del
territorio de la Unión.
Art. 60. Durará en el cargo por el tiempo de cinco años.
Art. 61. En caso de enfermedad, acusación o muerte del Director del Estado, adminis-
trará provisionalmente el Poder Ejecutivo del Estado el presidente del Senado, quedando
entretanto suspenso de las funciones de senador.
CAPITULO II
FORMA DE LA ELECCION DE DIRECTOR DEL ESTADO
Art. 62. El Director del Estado será elegido por las dos Cámaras reunidas.
Art. 63. Presidirá la elección el Presidente del Senado, y hará en ella de Vice Presiden-
te el presidente de la cámara de Representantes.
Art. 64. Los votos se entregarán escritos y firmados por los vocales y se publicarán con
sus nombres.
Art. 65. Una mayoria de un voto sobre la mitad de cada cámara, hará la elección.
Art. 66. Si después de tres votaciones ninguno obtuviese la expresada mayoria, se
publicarán los tres sujetos que hayan obtenido el mayor número, y por ellos, decidirá la
suerte el que haya de ser excluido, quedando solamente dos.

232. 234
Art. 68. Por uno de estos se votará de nuevo.
Art. 69. Si repetida tres veces la votación, no resultase la mayoría expresada, se saca-
rá por suerte el Director de entre dos.
Art. 70. Todo esto deberá verificarse acto continuo desde que se de principio a la
elección.
Art. 71. Se procederá a ella treinta días antes de cumplir su término el Director que
concluye: en caso de muerte deberá hacerse la elección dentro de 15 días.
Art. 72. Entre tanto se posesiona del cargo el nuevamente nombrado, subsistirá en el
gobierno el que lo esté ejerciendo; pero al electo se le contarán los cinco años, desde el día
en que aquel haya cumplido su término.
Art. 73. El director del Estado sólo podrá ser reelegido por una vez con un voto sobre
las dos terceras partes de cada cámara.
SECCION CUARTA
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Art. 92. Una Alta Corte de Justicia, compuesta de siete jueces y dos fiscales, ejercerá
el Supremo Poder Judicial del Estado.
Art. 93. Ninguno podrá ser miembro de ella sino fuese letrado recibido, con ocho años
de ejercicio público, y cuarenta de edad.
Art. 94. Los miembros de la Alta Corte de Justicia, serán nombrados por el Director del
Estado, con noticia y consentimiento del Senado.
Art. 95. El Presidente será electo cada cinco años a pluralidad de sufragios, por los
miembros de ella y sus fiscales.
Art. 96. La Alta Corte de Justicia, nombrará los oficiales de ella, en el número y forma
que prescribirá la ley.
Art. 97. Conocerá exclusivamente de todas las causas concernientes a los enviados y
cónsules de las naciones extranjeras; de aquellas en que sea parte una provincia, o que se
susciten entre provincia y provincia, o pueblos de una misma provincia sobre límites u otros
derechos contenciosos; de las que tengan su origen de contratos entre el Gobierno supre-
mo y un particular; y ultimante de las de aquellos funcionarios públicos de que hablan los
artículos 20 y 28.
Art. 98. Conocerá en último recurso de todos los casos que descienden de tratados
hechos bajo la autoridad del gobierno; de los crímenes cometidos contra el derecho público
de las naciones, y de todos aquellos en que según las leyes haya lugar a los recursos de
segunda suplicación, nulidad o injusticia notoria.

233. 235
Art. 99. Los juicios de la Alta Corte y demás tribunales de Justicia serán públicos: pro-
duciéndose en la misma forma los votos de cada juez para las resoluciones o sentencias
de cualquiera naturaleza que ellas sean.
Art. 100. Informará de tiempo en tiempo, al cuerpo legislativo de todo lo conveniente
para las mejoras de la administración de justicia, que seguirá gobernándose por las leyes
que hasta el presente en todo lo que no sea contrario a esta Constitución.
Art. 101. Cada seis meses recibirá de las Cámaras de Justicia una razón exacta de las
causas y asuntos despachados en ellas, y de las que quedan pendientes, su estado, tiempo
de duración y motivos de demora, instruida en el diario de despacho que deben llevar los
escribanos de Cámara a fin de que estando a la mira de que la justicia se administre con
prontitud, provea lo conveniente a evitar retardaciones indebidas.
Art. 102. Los individuos de esta corte ejercerán el cargo por el tiempo de su buena
comportación; y no podrán ser empleados por el Poder Ejecutivo en otro destino sin su
consentimiento y el de la misma Corte.
Art. 103. El Cuerpo Legislativo les designará una compensación por sus servicios, que
no podrá ser disminuida mientras permanezcan en el oficio.
24.- CONVENCION ENTRE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES,
SANTA FE Y ENTRE RIOS (TRATADO DEL PILAR)
Convención hecha y concluida entre los Gobernadores Don Manuel de Sarratea, de la
Provincia de Buenos Aires, de la de Santa Fe, Don Estanislao Lopez y el de Entre Rios Don
Francisco Ramirez el dia 23 de febrero del año del Señor 1820, con el fin de poner término
a la guerra suscitada entre dichas provincias, de proveer a la seguridad ulterior de ellas, y de
concentrar sus fuerzas y recursos en un gobierno federal, a cuyo efecto se han convenido
en los artículos siguientes:
Art. 1º. Protestan las partes contratantes, que el voto de la Nación y muy en particular
el de las provincias a su mando, respecto al sistema de Gobierno que debe regirlas, se ha
pronunciado a favor de la federación, que de hecho admiten. Pero que debiendo declararse
por diputados nombrados por la libre elección de los pueblos, se someten a sus deliberacio-
nes. A este fin, elegido que sea por cada Provincia popularmente su respectivo representan-
te, deberán los tres reunirse en el Convento de San Lorenzo de la Provincia de Santa Fe, a
los sesenta días contados desde la ratificación de esta convención. Como están persuadi-
dos que todas las Provincias de la Nación aspiran a la organización de un gobierno central,
se compromete cada una de por si de dichas partes contratantes a invitarlas y suplicarlas
concurran con sus respectivos Diputados, para que acuerden cuanto puediere convenirles y
convenga al bien general.
Art. 2º. Allanados como han sido todos los obstáculos que entorpecian la amistad y
buena armonia entre las Provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe, en una guerra
cruel y sangrienta, por la ambición y criminalidad que habían usurpado el mando de la
Nación, o burlado las instrucciones de los pueblos que representaban en Congreso, cesa-

234. 236
rán las hostilidades desde hoy retirándose las divisiones beligerantes de Santa Fe y Entre
Rios a sus respectivas Provincias.
Art. 3º. Los Gobiernos de Santa Fe y Entre Rios, por si y a nombre de sus provincias,
recuerdan a la heroica provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la Nación, el estado
difícil y peligroso a que se ven reducidos aquellos pueblos hermanos por la invasión con que
los amenaza una potencia extranjera, que con respetables fuerzas oprime la Provincia alia-
da de la Banda Oriental. Dejan a la reflexión de unos ciudadanos tan interesados en la
independencia y felicidad nacional, el calcular los sacrificios que costará a los de aquellas
provincias atacadas el resistir un ejército imponente, careciendo de recursos, y aguardar de
su generosidad y patriotismo, auxilios proporcionados a lo arduo de la empresa, ciertos de
alcanzar cuanto quepa en la esfera de lo posible.
Art. 4º. En los ríos Uruguay y Paraná navegarán unicamente los buques de las provin-
cias amigas cuyas costas sean bañadas por dichos ríos. El comercio continuará en los
términos que hasta aqui, reservándose a la decisión de los Diputados en Congreso, cual-
quiera reformas que sobre el particular solicitasen las partes contratantes.
Art. 5º. Podrán volver a sus respectivas provincias aquellos individuos que por diferen-
cias de opiniones políticas hayan pasado a la de Bs. As. o de esta a aquella, aun cuando
hayan pasado a la de Bs. As. o de esta a aquella, aun cuando hayan tomado armas y
peleado en contra de sus compatriotas, serán repuesto al goce de sus propiedades en el
Estado que se encontraren y se echará un velo a todo lo pasado.
Art. 6º. El deslinde de territorio entre las Provincias, se remitirá en caso de deudas a la
resolución del Congreso general de Diputados.
Art. 7º. La deposición de la antecedente administración ha sido obra de la voluntad
general por la repetición de crimenes con que comprometía la libertad de la Nación, con
otros excesos de una magnitud enorme; ella debe reponder en juicio público ante Tribunal
que al efecto se nombre; esta medida es muy particularmente del interes de los jefes del
ejército federal que quieren justificarse de los motivos poderosos que le impelieron a decla-
rar la guerra contra Bs. As. en noviembre del próximo pasado y conseguir con la libertad de
la provincia de Bs. As., la garantía más segura de las demás unidas.
Art. 8º. Será libre el comercio de armas y municiones de guerra de todas clases en las
Provincias Federales.
Art. 9º. Los prisioneros de guerra de una y otra parte serán puestos en libertad des-
pués de ratificada esta convención, para que se restituya a sus respectivos ejércitos o Pro-
vincias.
Art. 10º. Aunque las partes contratantes estén convencidas de que todos los artículos
arriba expresados son conformes con los sentimientos y deseos del Exmo. Sr. Capitan Ge-
neral de la Banda Oriental Don José Artigas; según lo ha expuesto el Sr. gobernador de
Entre Rios que dice hallarse con instrucciones privadas de dicho Sr. Exmo. para este caso,
no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado remitirle copia de esta acta, para
que siendo de su agrado entable desde luego las relaciones que puedan convenir a los
intereses de la provincia de su mando, cuya incorporación a las demás federadas se mira-
rían como un dichoso acontecimiento.

235. 237
Art. 11º. A las 48 horas de ratificados estos tratados por la Junta de electores, dará
principio su retirada el ejército federal hasta pasar el arroyo del Medio, pero atendiendo al
estado de desvastación a que ha quedado reducida la provincia de Bs. As. por el continuo
paso de diferentes tropas, verificará dicha retirada por divisiones de 200 hombres, para que
así sean mejor atendidas de víveres y cabalgaduras, y para que los vecinos experimenten
menos gravamenes. Queriendo que los Sres. Generales no encuentren inconvenientes ni
escaseces en su tránsito, para si o para sus tropas, el Gobernador de Bs. As. nombrará un
individuo que con este objeto les acompañe hasta la linea divisoria.
Art. 12º. En el término de dos días, o antes si fuere posible, será ratificada esta con-
vención por la muy Honorable Junta de Representantes.
Hecho con la Capilla del Pilar, a 23 de febrero de 1820. Francisco Ramirez - Estanislao
Lopez.
25.- TRATADO DE PAZ ENTRE SANTA FE Y BUENOS AIRES
(TRATADO DE BENEGAS)
DESEOSOS de transar las desavenencias desgraciadamente suscitadas, poniendo
término a una guerra destructora entre pueblos hermanos, los infrascriptos ciudadanos, de
una parte los Dres. Mariano Andrade y Matías Patron, Diputado por Bs. As. y de la otra el Dr.
Juan Francisco Seguí y Pedro Tomás de Larrachea, Diputados por Santa Fe, han acordado
y convenido en los artículos que subsiguen, canjeados previamente los respectivos pode-
res.
Art. 1º. Habrá paz, armonia y buena convivencia entre Bs. As., Santa Fe y sus gobier-
nos, quedando aquellos y estos en el estado que actualmente se hallan sus respectivas
reclamaciones y derechos salvo ante el próximo Congreso Nacional.
Art. 2º. Los mismos promoverán eficazmente la reunión de un Congreso dentro de dos
meses, remitiendo sus diputados a la ciudad de Córdoba por ahora, hasta que en unidad
elijan el lugar de su residencia futura.
Art. 3º. Será libre el comercio de armas, municiones y todo artículo de guerra entre las
partes contratantes.
Art. 4º. Se pondrán en plena libertad todos los prisioneros que existiesen recíproca-
mente pertenecientes a los respectivos territorios con los vecinos hacendados extraidos de
ellas.
Art. 5º. Son obligados los gobiernos a remover, cada uno en su territorio, todos los
obstáculos que pudieran hacer infructuosa la paz celebrada, cumpliendo exactamente las
medidas de precaución, con que deben estrecharse los vínculos de su conciliación y eterna
amistad.
Art. 6º. El presente tratado obtendrá la aprobación de los sres. Gobernadores en el día
y dentro de ocho siguientes será ratificado por las respectivas Honorables Juntas Represen-
tativas.

236. 238
Art. 7º. Queda garante de su cumplimiento la provincia mediadora de Córdoba, cuya
calidad ha sido aceptada y en su virtud suscriben los Sres, que la representan, que tanto
han contribuido con su oportuno influjo a realizarlo.
Hecho y sancionado en la estancia del finado D. Tiburcio Benegas; a las márgenes del
Arroyo del Medio, el día 24 de noviembre del año del Señor de 1820.
26.- TRATADO DEL CUADRILATERO, CELEBRADO ENTRE LAS
PROVINCIAS DE BS. AS., SANTA FE, ENTRE RIOS Y CORRIENTES
1º. Queda sancionada una paz firme, verdadera amistad y unión entre las cuatro pro-
vincias contratantes, cuya recíproca libertad, independencia, representación y derechos, se
reconocen y deben guardarse entre si en igualdad de términos como estan hoy de hecho
constituidas, sin que por este acto solemne se graduen reununciados los que defiende San-
ta Fe sobre el territorio de Entre Rios, por documentos legítimos y amparos superiores, cuya
reclamación legal, como las competentes a las demás de los suyos y respectivos, son el
soberano legítimo Congreso General, de todas las provincias en la oportunidad que presen-
te el orden de los sucesos americanos en su perfecta tranquilidad y absoluta cesación de
oscilaciones políticas, cuyas innovaciones convenientes serán obedecidas, como emana-
das de la Soberanía Nacional.
2º. Si los españoles, protugueses o cualquier otro poder extranjero invadiese o dividie-
se la integridad del territorio nacional, todas inmediatamente pondrán en ejercicio su poder
y recursos para arrojarlo de él, sin perjuicio de haber oficialmente al gobierno agresor las
reclamaciones que estimo justas y oportunas.
3º. Subsiste la misma liga contra cualquier poder de los designados que incida en igual
defecto contra el territorio particular o jurisdicción que cada una de las cuatro provincias
disfruta de buena fe, en pacífica posesión, según las demarcaciones y términos respectivos,
quedando divisorios provisoriamente de la del Entre Rios y Corrientes, los arroyos Guayquiraró
Miriñay, y Tranquera de Loreto, con el territorio de Misiones, sin perjuicio del derecho que
defiende Santa Fe, de las cincuenta leguas que su representante dice corresponderle por
su fundación, y fueron deslindados hasta los mojones, o al menos hasta el río Corrientes,
como los que tenga esta provincia a su favor, cuya decisión queda al Soberano Congreso
General.
4º. Ligan los mismos deberes contra todo poder americano que pretende usurpar por
las armas los derechos detallados en el artículo 1º. En cuya virtud, si alguna o todas las
demás provincias de la Nación atacaren con fuerzas a cualquiera de las cuatro amigas, se
les harán por todas en unión las más serias y formales protestas sobre su agresión, y caso
de ser desatendidas, irán en su auxilio las otras tres, facilitando mas a la invadida todos los
recursos que necesite, que deberán satisfacerse por ésta, concluida la guerra, a los plazos
que se estipulen.
5º. Si la provincia invadida huebiese dado mérito a ello, en juicio de las tres éstas
entonces interpondrán su mediación para con la agresora, a fin de que se evite la guerra, y
si esta se prestase en conformidad, estará obligada a darle la satisfacción necesaria, sinó
correrá la suerte que ella misma a provocado; mas si este caso fuese a la inversa, obrarán
las tres provincias consecuentes a lo acordado en el artículo anterior.

237. 239
6º. Ninguna de las provincias contratantes podrá declararse guerra u hostilidad, ni a
otra cualquiera del territorio de la Nación sin acuerdo y consentimiento de las otras tres, por
medio de diputados autorizados a ese objeto, que a presencia y exámen de las causales
que puedan ocurrir, la decida, y sin que antes de verificarse un suceso tan funesto se pidan
satisfacciones correspondientes a las que se sospechen haber faltado a sus deberes res-
pectivos.
7º. La de Bs. As. facilitará en cuanto permite su estado y recursos el armamento, muni-
ciones y demás artículos de guerra a cualquiera de las otras que los necesite y pida, cuyo
importe de los renglones que se suministrasen, será satisfecho en la especie, modo y tipo
que contratasen los respectivos Gobiernos quedando a más libre el comercio de aquellos
entre las cuatro provincias.
8º. Queda igualmente libre el comercio marítimo en todas las direcciones y destinos en
buques nacionales, sin poder ser obligados a mandarlos abonar derechos, descargar para
vender sus mercaderías o frutos por pretexto alguno por los Gobiernos de las cuatro provin-
cias, cuyos puertos subsisten habilitados en los mismos términos; sólo si, por obviar el
perjudicial abuso del contrabando, podrán ser reconocidos por los Guardas costas respecti-
vos, como sus licencias guias y demás documentos con que se deban navegar, siendo
decomiso lo que venga fuera de ellos.
9º. Buenos Aires por un principio de generosidad y buena correspondencia con el
actual gobernador de Entre Rios y el de Corrientes, da por condenados, sucedidos y cance-
lados, cuantos cargos puede hacer y reclamaciones justas, por los enormes gastos que le
obligó causar la temeraria invasión del finado Ramirez, consagrando gustosos todos sus
sacrificios al inestimable ídolo de la paz entre hermanos americanos, unidos con tan íntimas
como sagradas relaciones, y esperando sólo la paga de la gratitud a los esmeros que ha
prodigado a su logro.
13º. No considerando útil el estado de indigencia y desvastación en que están envuel-
tas las provincias de Santa Fe, Entre Rios y Corrientes, por dilatadas guerras civiles que han
soportado a costa de sangre, desembolsos, ruinas y sacrificios de todo género, su concu-
rrencia a diminuto Congreso reunido en Córdoba, menos convenientes a las circunstancias
presentes nacionales, y al de separarse Bs. As. única en regular aptitud respectiva para
sostener los enormes gastos de un congreso, sus empresas marciales y en sosten de sus
naciente autoridad, quedan mutuamente ligadas a seguir la marcha política adoptada por
aquella en el punto de no entrar en Congreso por ahora, sin previamente arreglarse, debien-
do en consecuencia la de Santa Fe retirar su Diputado de Córdoba.
14º. Si consiguiente a la mercha política que se adopta, alguna de las provincias con-
tratantes creyere después ser llegada la oportunidad de instalarse el Congreso General, se
harán entre si las invitaciones correspondientes.
15º. El territorio de Misiones queda libre para fomarse su Gobierno y para reclamar la
protección de cualquiera de las provincias contratantes.
17º. Los presentes artículos serán ratificados por los Gobiernos de Santa Fe y Entre
Rios, en el término de dos días, y en el de veinte, por los de Bs. As. y Corrientes.
Acordados y sancionados en la ciudad capital de la Provincia de Santa Fe de laVera Cruz desde el
15 de enero hasta hoy 25 del mismo año del Señor de 1822, trece de la libertad del Sud.

238. 240
27.- LEY FUNDAMENTAL DE 1825
RATIFICACION POR EL CONGRESO DEL PACTO CON QUE SE LIGA-
RON LAS PROVINCIAS UNIDAS AL SACUDIR EL YUGO DE LA DOMI-
NACION ESPAÑOLA. MEDIDAS PRELIMINARES DE
REORGANIZACION NACIONAL
Departamento de gobierno- Bs. As., Enero, 24 de 1825- El Congreso General Consti-
tuyente de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, tiene el honor de comunicar al Exmo.
Gobierno de Bs. As., que reunidas ellas en Congreso, han reproducido con fecha de ayer,
por medio de sus Diputados y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde el
momento en que, sacudiendo el yugo de la antigua dominación española se constituyeron
en Nación independiente. Las bases de este pacto son las que se contienen en la ley adjun-
ta. El Presidente, al comunicarla, según en ella misma se dispone, al Exmo. Gobierno de Bs.
As., tiene la satisfacción de repetir a S. E. las consideraciones de respeto que le merece
Alejo Villegas, Secretario. Exmo. Gobierno de la Provincia de Bs. As..
LEY
Bs. As., -Enero 23 de 1825- Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas
del Rio de la Plata, ha acordado y decreta lo siguiente:
Art. 1º. Las Provincias del Rio de la Plata reunidas en congreso, reproducen por medio
de sus diputados y del modo más solemnes el pacto con que se legaron las provincias
desde el momento en que, sacudiendo el yugo de la antigua dominación española, se cons-
tituyeron en Nación independiente y protestan de nuevo emplear todas sus fuerzas y todos
sus recursos para afianzar su Independencia Nacional y cuanto pueda contribuir a la felici-
dad general.
Art. 2º. El Congreso General de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, es y se
declara Constituyente.
Art. 3º. Por ahora, y hasta la promulgación de la Constitución que ha de reorganizar el
Estado, las Provincias se regirán interiormente por sus propias instituciones.
Art. 4º. Cuando concierne a los objetos de la independencia, integridad, seguridad,
defensa y prosperidad nacional, es del resorte privativo del Congreso General.
Art. 5º. El Congreso expedirá progresivamente las disposiciones que se hecieren in-
dispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior.
Art. 6º. La constitución que sancionare el Congreso será ofrecida a la consideración de
las Provincias y no será promulgada, ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada.
Art. 7º. Por ahora, y hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional, queda este
provisoriamente encomendado al Gobierno de Bs. As., con las facultades siguientes:

239. 241
Primera.- Desempeñar todo lo concerniente a negocios extranjeros: nombramiento y
recepción de ministros y autorización de los nombrados.
Segunda.- Celebrar tratados, los que no podrán ratificar sin obtener previamente auto-
rización del Congreso.
Tercera.- Ejecutar y comunicar a los demás Gobiernos todas las resoluciones que el
Congreso expida en orden a los objetos mencionados en el artículo cuarto.
Cuarta. - Elevar a la consideración del Congreso las medidas que conceptue conve-
niente para la mejor expedición de los negocios del Estado.
Art. 8º. Esta ley se comunicará a los Gobiernos de las Provincias Unidas por el Presi-
dente del Congreso.
Manuel Antonio de Castro, Presidente - Alejo Villegas, Secretario.
28.- PACTO FEDERAL DE 1831
Deseando los gobiernos de Bs. As., Entre Rios y Santa Fe estrechar cada vez más los
vínculos que felizmente los unen, y creyendo que así lo reclaman sus intereses particulares
y los de la República, han nombrado para este sus respectivos diputados, a saber: el gobier-
no de Bs. As., al Sr. Don José Rojas y Patron, el de Entre Rios al Sr. Don Antonio Crespo, el
de Santa Fe, al Sr. Don Domingo Cullen; quienes después de haber canjeado sus respecti-
vos poderes, que se hallaron extendidos en buena y debida forma y teniendo presente el
tratado preliminar celebrado en la ciudad de Santa Fe el veintetres de febrero último, entre
los gobiernos de dicha provincia y la de Corrientes, teniendo también presente, así como el
tratado celebrado el 3 de marzo último en la capital de Entre Rios, entre su gobierno y el de
Corrientes, y finalmente considerando que la mayor parte de los pueblos de la República
han proclamado del modo más libre y espontáneo la forma de gobierno federal, han conve-
nido en los artículos siguientes:
Art. 1º. Los gobiernos de Bs. As., Entre Rios y Santa Fe, ratifican y declaran en su vigor
y fuerza todos los tratados anteriores celebrados entre los mismos gobiernos, en la parte
que estipulan paz, libertad, independencia, representación y derecho.
Art. 2º. Las provincias de Bs. As., Entre Rios y Santa Fe, se obligan a resistir cualquier
invasión extranjera que se haga, bien en el territorio de cada una de las tres provincias
contratantes o de cualquiera de las otras que componen el Estado Argentino.
Art. 3º. Las provincias de Bs. As., Entre Rios y Santa Fe, se ligan y constituyen en
alianza ofensiva contra toda agresión o preparación de parte de cualquiera de las demás
provincias de la República (lo que Dios no permita), que amenace la integridad e indepen-
dencia de sus respectivos territorios.
Art. 4º. Se comprometen a no oir ni hacer proposición, ni celebrar tratado alguno par-
ticular, una provincia por si sola con otra de las litorales, ni con ningún otro gobierno, sin
previo avenimiento expreso de las demás provincias que forman la presente federación.

240. 242
Art. 5º. Se obligan a no rehusar su consentimiento expreso para cualquier tratado que
alguna de las tres provincias litorales quiera celebrar con otra de ellas o de las demás que
petenecen a la República, siempre que tal tratado no perjudique a otra de las mismas tres
provincias o a los intereses generales de ella o de toda la república.
Art. 6º. Se obligan también a no tolerar que persona alguna de su territorio ofenda a
cualquiera de las otras provincias, a sus respectivos gobiernos, y a guardar la mejor armonia
posible con todos los gobiernos amigos.
Art. 7º. Prometen no dar asilo a un criminal que se acoja a una de ellas, huyendo de las
otras dos por delito, cualquiera que sea, y ponerlo a disposición del gobierno respectivo que
los reclame como tal. Entendiéndose que el presente artículo solo regirá con respecto a los
que se hagan criminales después de la ratificación y publicación de este tratado.
Art. 8º. Los habitantes de las tres provincias litorales gozaran recíprocamente la fran-
queza y seguridad, de entrar y transitar con sus buques y cargas en todos los puertos, ríos
y territorios de cada una, ejerciendo en ella su industria con la misma libertad, justicia y
protección que los naturales de la Provincia en que residan, bien sea permanente o acci-
dentalmente.
Art. 9º. Los frutos y efectos de cualquier especie que importen o exporten del territorio
o puertos de una provincia a otra, por agua o por tierra, no pagarán más derechos que si
fuesen importados por los naturales de la Provincia a donde se exportan o importan.
Art. 10º. No se concederá en una provincia, derecho, gracia, privilegio o exención, a
las personas y propiedades de los naturales de ella, que no se conceda a los habitantes de
las otras dos.
Art. 11º. Teniendo presente que alguna de las Provincias contratantes ha determinado
por ley que nadie puede ejercer en ella la primera magistratura sino sus hijos, respectiva-
mente, se exceptua dicho caso y otros de igual naturaleza que fuesen establecidos por
leyes especiales. Entendiéndose que en caso de hacerse por una Provincia alguna excep-
ción, ha de extenderse a los naturales y propiedades de las otras dos aliadas.
Art. 12º. Cualquier Provincia de la República que quiera entrar en la liga que forman
las litorales, será admitida con arreglo a lo que establece la segunda base del artículo prime-
ro de la citada convención preliminar celebrada en Santa Fe, a 23 de febrero del presente
año; ejecutándose este acto con el expreso y unánime consentimiento de cada una de las
demás provincias federales.
Art. 13º. Si llegase al caso de ser atacada la libertad e independencia de alguna de las
tres provincias litorales, por alguna otra de las que no entran al presente en la Federación, o
por otro cualquier poder extraño, la auxiliarán las otras dos provincias litorales con cuantos
recursos y elementos estén en la esfera de su poder, según la clase de la invasión, procu-
rando que las tropas que envien las provincias auxiliares sean bien vestidas, armadas y
municionadas, y que marchen con sus respectivos jefes y oficiales. Se acordará por separa-
do la suma de dinero con que para este caso debe contribuir cada Provincia.
Art. 14º. Las fuerzas marítimas y terrestres que, según el artículo anterior, se envien
en auxilio de la provincia invadida, deberán obrar con sujeción al gobierno de ésta, mientras
pisen su territorio y naveguen sus ríos en clase de auxiliares.

241. 243
Art. 15º. Interin dure el presente estado de cosas y mientras no se establezca la paz
pública de todas las provincias de la República residirá en la Capital de Santa Fe una Comi-
sión compuesta de un diputado por cada una de las tres provincias litorales, cuya denomina-
ción será: «Comisión Representantiva de los gobiernos de las provincias litorales de la Re-
pública Argentina» cuyos diputados podrán ser removidos al arbitrio de sus respectivos
gobiernos, cuando lo juzguen conveniente, nombrando otros inmediatamente en su lugar.
Art. 16º. Las atribuciones de esta Comisión serán:
1º. Celebrar tratados de paz a nombre de las expresadas tres provincias, conforme a
las instrucciones que cada uno de los diputados tenga de su respectivo gobierno, y con la
calidad de someter dichos tratados a la ratificación de cada una de las tres provincias.
2º. Hacer declaración de guerra contra cualquier otro poder, a nombre de las tres pro-
vincias litorales, toda vez que estas estén acordes en hacer tal declaración.
3º. Ordenar se levante el ejército en caso de guerra ofensiva o defensiva, y nombrar el
general que deba mandarlo.
4º. Determinar el contingente de tropas con que cada una de las provincias aliadas
deba contribuir, conforme al tenor del artículo 13.
5º. Invitar a todas las demás provincias de la República, cuando esten en plena paz y
tranquilidad, a reunirse en federación con las tres litorales; y a que por medio de un congre-
so General Federativo, se arregle la administración general del país, bajo el sistema federal
su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas genera-
les, y el pago de la deuda de la república consultando del mejor modo posible la seguridad
y engrandecimiento general de la República, su crédito interior y exterior, y la soberanía,
libertad e independencia de cada una de las provincias.
Art. 17º. El presente tratado deberá ser ratificado a los tres días por el gobierno de
Santa Fe, a los seis por el de Entre Rios, y a los treinta por el gobierno de Bs. As.
Dado en la ciudad de Santa Fe, a cuatro días del mes de enero del año de nuestro Señor,
de mil ochocientos treinta y uno. José Maria Rojas y Patron - Antonio Crespo - Domingo
Cullen.
ARTICULO ADICIONAL
Siendo de la mayor urgencia la conclusión del presente tratado, y no habiendo concu-
rrido la provincia de Corrientes a su celebración, por haber renunciado el señor general don
José Ferré la comisión que se le confirió al efecto, y teniendo muy fundados y poderosos
motivos para creer que accederá a el en los mismos términos que está concebidos, se le
invitará por los tres comisionados que suscriben a que, adhiriendo a el, lo acepte y ratifique
en todas y cada una de sus partes, del mismo modo que si hubiese sido celebrado conforme
a instrucciones suyas con su respectivo comisionado.
Dado en la ciudad de Santa Fe, a cuatro días del mes de Enero del año de Nuestro Señor,
de mil ochocientos treinta y uno. José María Rojas y Patron - Antonio Crespo - Domingo
Cullen.

242. 244
ARTICULO ADICIONAL RESERVADO
Siendo notorio a todos lo gobiernos de la liga que los de Santa Fe y Entre Rios no
pueden por ahora en manera alguna hacer frente a los gastos de guerra, toda vez que ella
se haga necesaria, ambos gobiernos quedan obligados a contribuir con sus respectivos
contingentes, según lo establecido en el artículo 13 del tratado público celebrado en esta
ciudad de Santa Fe, y en este día, entre las tres provincias litorales, Santa Fe, Buenos Aires
y Entre Rios; y el Gobierno de Bs. As. se obliga a proporcionarles cuantos recursos pecunia-
rios le sean posibles, según sus atenciones y circunstancias, para fomentar el equipo y
apresto de las fuerzas con que cada uno de ellos debe contribuir conforme a la designación
del contingente que previamente haya hecho la comisión representativa de los tres gobier-
nos litorales.
Dado en la ciudad de Santa Fe a cuatro dias del mes de Enero del Año del Señor de mil
ochocientos treinta y uno. Domingo Cullen - José María Rojas y Patron - Antonio Cres-
po.
Nos, el Gobernador y Capitan general de la Provincia de Santa Fe habiendo obtenido
la competente autorización de la Representación de la Provincia, aceptamos, aprobamos y
ratificamos el presente tratado de alianza ofensiva defensiva y nos obligamos a cumplir y
hacer cumplir todos y cada uno de los artículos estipulados en él; a cuyo efecto lo firmamos
con nuestra mano, sellado con el escudo de armas de la provincia, y refrendado por nuestro
secretario, en Santa Fe, a los seis días del mes de enero del año de Nuestro Señor, de mil
ochocientos treinta y uno.
(L S)- Estanislao Lopez
Pedro de Larrechea
Paraná, enero 10 de 1831
En virtud de la honorable resolución de 9 del corriente y de las facultades que en ellas
se confieren al gobierno, ratificase en todas sus partes el presente tratado celebrado por los
comisionados de las provincias litorales.
(L S) Pedro Barrenechea
Calixto de Vera
Secretario
Nos, el Gobernador y Capitan general delegado de la Provincia de Bs. As. en virtud de
especial autorización de la honorable Sala de Representantes, por decreto del 29 de enero
del presente año, aprobamos, aceptamos y ratificamos el presente tratado, que fue celebra-
do en la ciudad de Santa Fe, a cuatro días del mismo mes y año, en 18 artículos, y nos
comprometemos solemnemente a guardar, cumplir y ejecutar cuanto se haya estipulado en
todos y cada uno de ellos, a cuyo efecto, damos el presente instrumento de ratificación,
firmado con nuestra mano, sellado con el sello del gobierno de la Provincia y refrendado por
el ministro secretario en el departamento de redacciones exteriores, en Bs. As., a primero
del mes de febrero del año del Señor, de mil ochocientos treinta y uno.
(L S) Juan Ramon Balcarce
Tomas de Anchorena

243. 245
29.- CONSTITUCION UNITARIA DE 1826
Art. 7. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republi-
cana consolidada en unidad de régimen.
El Poder Legislativo nacional estaba envestido en dos cámaras: una llamada de repre-
sentantes, compuesta de diputados elegidos directamente por el pueblo y a pluralidad de
sufragios, en proporción de uno por cada 15000 habitantes o fracción de 8000; y otra cáma-
ra llamada Senado formada por dos senadores de cada provincia y de la Capital, designa-
dos por Juntas electorales de once individuos, que a su vez serían elegidos directamente
por el pueblo. En cada caso uno de los dos senadores no debería ni ser natural ni vecino de
la Provincia que le correspondiera, con el objeto que el alto cuerpo tuviera carácter nacional
y no federal, como ahora.
El mandato de los diputados duraba cuatro años y el de los senadores nueve. En otro
capítulo se reglamentaban los principios conocidos de derecho parlamentario - periodos
legislativos, privilegios e inmunidades.
Las atribuciones del Congreso eran, en gran parte, las que le pertenecen según la
constitución vigente.
El Poder Ejecutivo se confiaba a una sola persona, bajo el Título de «Presidente de la
República Argentina». Duraría en el cargo por el término de 5 años y no podría ser reelecto
a continuación. Remplazaríale interinamente, en caso de enfermedad o ausencia o mien-
tras se procediera a nueva elección en caso de muerte, renuncia o destitución, el presidente
del Senado.
La elección presidencial era indirecta, por colegios electorales (quince miembros de
cada provincia y la capital) los que serían elegidos por el pueblo. Las atribuciones del Poder
Ejecutivo eran, mas o menos, las que hoy le están asignadas. Creábanse cinco ministerios
cuyos titulares debían autorizar las resoluciones del Presidente, sin cuyo requisito no ten-
drían efecto.
Los ministros podrían ser llamados por las Cámaras a recibir las informaciones que
estimaran convenientes. Ellos, lo mismo que el presidente, quedaban sujetos a juicio políti-
co, que podía promover la cámara de representantes y decidir el Senado.Todas estas inno-
vaciones que se produjeron en la organización del poder ejecutivo, obedecían al propósito
de subsanar deficiencias graves de la Constitución del 1819, tomada como modelo por la
comisión redactora de la de 1826, y son antecedentes literarios de la actual en esa parte.
El Poder Judicial sería ejercido por una Alta Corte de Justicia, Tribunales superiores y
demás juzgados establecidos por la ley.
La primera se compondría de 9 jueces y dos fiscales, nombrados por el presidente de
la República con noticia y consentimiento del Senado. El Presidente de la Alta Corte - nom-
brado especialmente para ese cargo- desempeñaría sus funciones durante cinco años; pero
todos estos magistrados conservarían sus puestos mientras observasen buena conducta.
Quedaban sujetos a juicio político. Sus atribuciones eran: conocer originaria y exclusiva-
mente en todos los asuntos en que fuera parte una provincia, o dos, pueblos de una provin-

244. 246
cia, que discutieran límites y otros derechos contenciosos; en las causas que fuera parte el
poder ejecutivo con motivos de contratos o negociaciones del mismo o de sus agentes; en
las concernientes a embajadores ministros plenipotenciarios o cónsules; en las de almiran-
tazgo; de todos los negocios de hacienda contenciosos; y de los crimenes cometidos contra
el derecho de gentes. Dirimiría las cuestiones de competencia entre los demás tribunales
superiores de la Nación; examinaría los breves y bulas, asesorando al poder ejecutivo; cono-
cería de los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos.
La «Administración Provincial» se encomendaba a los gobernadores y «Consejos de
administración». Los primeros estarían bajo la inmediata dependencia del presidente de la
república, quien tendría la facultad de nombrarlos a propuesta en terna de los consejos de
administración. En 3 años se fijaba el período de sus funciones. Los consejos se establece-
rían en cada capital de provincia y el número de sus miembros no excedería de quince ni
sería menor de siete. Serían elegidos directamente por el pueblo, en los mismos términos y
bajo las mismas formas que los representantes nacionales. Durarían dos años renovándose
por mitad cada año. El Presidente de la República quedaba facultado para establecer el
reglamento que determinará los períodos de reunión, el orden de los debates y la policía
interior de estos consejos. Las atribuciones de tales cuerpos administrativo eran: reglar todo
lo concerniente a establecer la prosperidad y el adelanto de las provincias, su policía inte-
rior, la educación primaria, obras públicas y cualesquiera establecimientos costeados y sos-
tenidos por sus propias rentas, crear empleos, que proveería el gobernador: acordar anual-
mente el presupuesto de los gastos que demandara el servicio interior de las provincias,
establecer las rentas particulares y reglar su recaudación. Los presupuestos provinciales
así como las rentas particulares que arbitraran los consejos, debían ser aprobados, para
tener efecto por el Congreso y el Presidente de la Nación. Los consejos, en fin tendrían el
derecho de peticionar a estas autoridades naciones cuanto juzgaran conveniente a la pros-
peridad de la Provincia, o para exigir la reforma de los abusos que se introdujeran en su
régimen y administración.
La sección VIII de la Constitución contenía varias declaraciones de derechos y garan-
tías de la libertad civil y política, análogas a las que se encuentran en la que ahora nos rige.
La reforma constitucional podía hacerla el mismo congreso ordinario con la colabora-
ción del poder ejectivo, del cual dependía en definitiva, porque su oposición o veto sólo
podía contrarrestarse con las tres cuartas partes al menos de cada una de las cámaras.
«DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO», J. GONZALEZ CALDERON, Buenos Ai-
res, 1927.

245. 247
30.- PRONUNCIAMIENTO DE URQUIZA
¡VIVA LA CONFEDERACION ARGENTINA!
¡Mueran los enemigos de la Organización Nacional!
Cuartel General de San José, Mayo 1º de 1851
El Gobernador y Capitán General de Entre Ríos
CONSIDERANDO:
1º. Que la actual situación física en que se halla el Exmo. Sr. Gobernador y Capitán
General de Buenos Aires, Brigadier D. Juan Manuel de Rosas, no le permite por más tiempo
continuar al frente de los negocios públicos, dirigiendo las Relaciones Esteriores, y los asun-
tos de Paz y Guerra de la Confederación Argentina;
2º. Que en repetidas instancias ha pedido á la Honorable Legislatura de aquella Pro-
vincia se le exonere del mando Supremo de ella, comunicando á los Gobiernos Confedera-
dos su invariable resolución de llevar á cabo la formal renuncia de los altos poderes delega-
dos en su persona por todas y cada una de las Provincias que integran la República.
3º. Que reiterar al General Rosas las anteriores insinuaciones, para que permanezca
en el lugar que ocupa, es faltar á la consideración debida á su salud, y cooperar también á
la ruina total de los intereses Nacionales, que él mismo confiesa no poder atender con la
actividad que ellos demandan;
4º. Que es tener una triste idea de la ilutrada, heróica y célebre Confederación Argen-
tina, el suponerla incapaz, sin el General Rosas á su cabeza, de sostener sus principios
orgánicos, crear y fomentar instituciones tutelares, mejorando su actualidad, y aproximando
el porvenir glorioso reservado en premio á las bien acreditadas virtudes de sus hijos.
En vista de estas y otras no menos graves consideraciones y en uso de las facultades
ordinarias y estraordinarias con que ha sido investido por la Honorable Sala de Represen-
tantes de la Provincia, declara solemnemente á la faz de la República, de la América y del
Mundo.
1º. Que es la voluntad del pueblo Entre Riano reasumir el ejercicio de las facultades
inherentes á su territorial soberanía, delegadas en la persona del Exmo. Sr. Gobernador y
Capitán General de Buenos Aires, para el cultivo de las Relaciones Esteriores, y dirección
de los negocios generales de Paz y Guerra de la Confederación Argentina, en virtud del
Tratado cuadrilátero de las Provincias litorales fecha 4 de enero de 1831.
2º. Que una vez manifestada así la libre voluntad de la Provincia de Entre Rios, queda
esta en actitud de entenderse directamente con los demás Gobiernos del Mundo, hasta
tanto que congregada la Asamblea Nacional de las demás Provincias hermanas, sea defini-
tivamente constituida la República.
Comuníquese á quienes corresponde, publíquese en todos los periódicos de la Provincia é
insértese en el Registro Oficial.
JUSTO JOSE DE URQUIZA
Juan F. Seguí - Secretario

246. 248
31.- PROTOCOLO DE PALERMO DEL 6 DE ABRIL DE 1852.
Los infrascriptos, Gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires, Camarista,
doctor Vicente López; Gobernador y Capitán General de la provincia de Entre Rios, General
don Justo José de Urquiza; Gobernador y Capitán General de la provincia de Corrientes,
Mayor General de dicho ejército, General don Benjamín Virasoro y el doctor don Manuel
Leiva revestido de pleno poderes para representar al Exmo. Señor Gobernador y Capitán
General de la provincia de Santa Fé, ciudadano don Domingo Crespo, reunidos en confe-
rencia en Palermo de San Benito, residencia actual del señor Gobernador y Capitán Gene-
ral de la provincia de Entre Rios, Brigadier don Justo José de Urquiza, para considerar la
situación de la República, después de la caída del Poder dictactorial ejercido por el ex-
Gobernador don Juan Manuel de Rosas, y ocurrido a la necesidad más urgente de organi-
zar la autoridad que, en conformidad a los pactos y leyes fundamentales de la Confedera-
ción, la represente en las relaciones exteriores con las demás potencias amigas, con las
que tiene que mantener y cultivar los vínculos de amistad que la unen y además promover
otros arreglos proficuos a esas mismas relaciones, contrayendo compromisos útiles que la
cimenten, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el derecho público argentino, desde que se instaló el Congreso General en la
Provincia de Tucumán y declaró la Independencia Nacional de todo otro poder extraño,
hasta la celebración del Tratado del 4 de enero de 1831 sobre el punto a la autoridad com-
petente para la dirección de ese importante asunto, había variado, según las diversas fases
que había tenido la dirección de la República;
2º) Que esta parte del derecho público constitucional de la República pareció asumir
un carácter más definido desde que el Congreso General Constituyente promulgó la Ley
Fundamental de 23 de enero de 1825, porque se le encomendó provisoriamente, hasta la
elección del Poder Ejecutivo Nacional Permanente, al Gobierno de Buenos Aires, entre
otras facultades, la del desempeño de todo lo concerniente a los negocios extranjeros, nom-
bramientos de ministros y la de celebrar tratados, quedando su ratificación sujeta a la auto-
rización del Congreso;
3º) Que al disolver el Congreso Nacional y con él la Presidencia de la República, reem-
plazándolo con una autoridad provisional hasta la reunión de una convención nacional, la
ley del 7 de julio de 1827 declaró que las funciones de esa autoridad se limitarían a lo
concerniente a la paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional, y que posteriomente,
por la ley provincial de Buenos Aires de 27 de agosto de 1827, se dispuso que hasta la
resolución de las provincias, quedaba el gobierno de Buenos Aires, encargado de todo lo
que concernía a la guerra nacional y relaciones exteriores;
4º) Que aún cuando desde esa fecha hasta el 4 de enero de 1831, las provincias
confederadas estipularon entre sí diversos tratados, no se fijó en ellos de una manera unifor-
me la autoridad que debía seguir cultivando esas relaciones y estipulando en nombre de la
República con los Poderes Extranjeros y que el mencionado pacto, denominado común-
mente de la Liga Litoral, a que adhirieron todas las provincias de la República, se confirió a
la Comisión reunida en Santa Fe, las atribuciones que el Congreso General tenía en la
época de sus existencia, detallándolas por su artículo 16, y que esa comisión dejó al gobier-
no de Buenos Aires la dirección de los negocios exteriores, sometiendo sus actos a la apro-
bación de ellas mientras permaneció reunida;

247. 249
5º) Que posteriormente a su disolución y en la primera época de la administración del
dictador don Juan Manuel de Rosas, los pueblos y los gobiernos confederados que habían
aceptado expresamente ese tratado encargaron nuevamente al gobierno de Buenos Aires
la dirección de los negocios exteriores de la República, como consta en las comunicaciones
que obran en los archivos del Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno de
Buenos Aires, que han tenido a la vista, con cuya facultad ha seguido sin interrupción hasta
que fue modificada por la casi totalidad de los mismos gobiernos confederados a quienes él
les arrancó la concesión de esa prerrogativa fuese delegada a la persona del Dictador; y no
ya en el gobierno de Buenos Aires, que no existía de hecho ni de derecho, pues que aquél
había conculcado todas sus leyes y arrebatado todos los poderes públicos, en cuyo estado
fue sorprendido por la gloriosa victoria de Monte Caseros, el tres de febrero último;
6º) Que la desaparición de la escena política de don Juan Manuel de Rosas anuló de
hecho esa facultad, que se había abrogado su persona, y restituyó a los pueblos sus res-
pectivas partes de soberanía nacional, pudiendo en tal virtud, delegarla en el gobierno con-
federado que gustase y estuviese en mejor aptitud de representar y defender sus derechos
respecto del extranjero;
7º) Que el ejercicio de este derecho desde luego fue puesto en práctica por los gobier-
nos de Entre Ríos y Corrientes, autorizando plenamente a éste en mayo de 1851, al Excmo.
Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre Ríos, para que los representase en
todo cuanto pudiere tener relación con los intereses políticos de la misma provincia y de la
Confederación Argentina, autorización que fue puesta en ejercicio en dos convenios cele-
brados en mayo y en noviembre del mismo año con el Brasil, la República Oriental y las
mencionadas provincias.
8º) Que Santa Fe, de acuerdo con las demás signatarias del tratado del 4 de enero de
1831, pacto fundamental de la Confederación Argentina, autorizó al Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires, para que continuase en la dirección de sus negocios, hasta un acuerdo
posterior, en vista de los respectivos pronunciamientos de las demás provincias, a conse-
cuencia del gran suceso ocurrido por la victoria del Grande Ejército en los Campos de Morón,
lo que dicho gobierno ha verificado hasta el presente, con la aprobación de todas;
9º) Que habiéndose pronunciado ya la voluntad de las Provincias Confederadas adhi-
riéndose a la política pacífica y de orden inaugurada por el Excmo. Señor General don Justo
José de Urquiza, como resulta de las notas de sus respectivos Gobiernos y de las autoriza-
ciones que han recibido, confiando la dirección de los asuntos exteriores de la República y
hasta la reunión del Congreso Nacional Constituyente a la persona del Excmo. Señor Gene-
ral don Justo José de Urquiza.
RESUELVEN:
Que para dejar establecido este importante poder nacional y alejar todo motivo de
duda y ansiedad, dando garantías positivas a los poderes extranjeros que se hallan o pue-
dan hallarse en relaciones con la República y que sus compromisos y estipulaciones revis-
tan carácter obligatorio para la misma Confederación, queda autorizado el expresado Excmo.
Gobernador y Capitán General de la provincia de Entre Ríos, General en Jefe del Ejército
Aliado Libertador, Brigadier don Justo José de Urquiza, para dirigir las relaciones exteriores
de la República, hasta tanto que, reunido el Congreso Nacional, se establezca definitiva-
mente el poder a quien competa el ejercicio de ese cargo.

248. 250
Acordaron enseguida, que cada uno de los gobiernos signatarios del tratado del 4 de
enero de 1831 procediese inmediatamente al nombramiento de Plenipotenciario que debe
concurrir a formar la Comisión Representativa de los Gobiernos, para que reunida esta en la
Provincia de Santa Fé entre desde luego en el ejercicio de las atribuciones que le corres-
ponde, según el artículo 16 del mismo tratado.
Y finalmente, que la presente resolución, firmada por los Gobernadores y Plenipoten-
ciarios infrascriptos, sea circulada a los gobiernos confederados para su conocimiento y
aprobación y que hasta que esta se haya obtenido, los poderes signatarios de este protoco-
lo y los gobiernos de Salta y Córdoba reasuman toda responsabilidad y trascendencia de
este acto, obligándose como se obligan a cumplir por sí los compromisos que celebraron
con las Naciones y Gobiernos extranjeros amigos, a cuyos agentes, así como a todos los
gobiernos con quienes la Confederación estuviese en relación, se le comunicará en debida
forma.
Para cuya validez y firmeza firman este protocolo en cuatro ejemplares en Palermo de
San Benito, a seis días del mes de abril del año del Señor de mil ochocientos cincuenta y
dos.
Fdo.: Justo José de Urquiza - Benjamín Virasoro - Vicente López - Manuel Leiva.
Terminada esta Conferencia y firma del protocolo de ella, los Excmo. señores Gober-
nador y Plenipotenciarios de los Gobiernos signatarios de la Liga del Litoral de 1831, toman-
do en consideración los medios de atender a los gastos que demanda el entretenimiento de
las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, acordaron que por ahora y hasta la
resolución del Congreso Nacional, el Gobierno de Buenos Aires continuará sufragando las
cantidades necesarias al efecto, en las mismas formas que lo ha hecho hasta el presente,
según las órdenes que librare sobre el tesoro de la expresada Provincia el Excmo. Señor
Encargado de las Relaciones Exteriores.
En virtud de los cual los mismos Excmos. señores Gobernadores y Plenipotenciarios
suscribieron el presente acuerdo en Palermo de San Benito, a los seis días de abril del año
del Señor de mil ochocientos cincuenta y dos.
Fdo.: Justo José de Urquiza - Vicente López - Benjamín Virasoro - Manuel Leiva.
32.- ACUERDO DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS
Los infrascriptos, gobernadores y capitanes generales de las provincias de la Confe-
deración Argentina, reunida en San Nicolás de los Arroyos, por invitación especial del Excmo.
señor encargado de las Relaciones Exteriores de la República, Brigadier general don Justo
José de Urquiza, a saber: el mismo excelentísimo general Urquiza como Gobernador de la
provincia de Entre Rios, y representando a Catamarca, por ley especial de esa provincia el
excmo. señor don Vicente López, gobernador de la provincia de Buenos Aires; el Excmo.
señor general don Benjamín Virasoro, gobernador de la provincia de Corrientes; el excmo.
señor don Pablo Lecero, gobernador de la provincia de San Luis; el excmo. señor general
don Nazario Benavides, gobernador de la provincia de San Juan; el excmo. señor general

249. 251
don Celedonio Gutierrez, gobernador de la provincia de Tucumán; el excmo. señor don Pe-
dro Pascual Segura, gobernador de la provincia de Mendoza; el excmo. señor don Manuel
Tablada, gobernador de la provincia de Santiago del Estero; el excmo. señor don Manuel
Vicente Bustos, gobernador de la provincia de La Rioja; el excmo. señor don Domingo Cres-
po, gobernador de Santa Fé.
Teniendo por objeto acercar el día de la reunión de un Congreso General que con
arreglo a los tratados existentes y al voto unánime de todos los pueblos de la República, ha
de sancionar la Constitución política que regularice las relaciones que deben existir entre
todos los pueblos argentinos como pertenecientes a una misma familia, que establezca y
defina los altos poderes nacionales y afiance el orden y prosperidad interior y la respetabili-
dad exterior de la Nación.
Siendo necesario allanar previamente las dificultades que pueden ofrecerse en la prác-
tica para la reunión del Congreso, proveer a los medios más eficaces de mantener la tran-
quilidad interior, la seguridad de la República y la representación de su soberanía durante el
período constituyente. Teniendo presente las necesidades y los votos de los pueblos que
nos han confiado su dirección, e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y de
toda justicia. Hemos acordado y adoptado las resoluciones siguientes:
1º. Siendo una ley fundamental de la República el tratado celebrado el 4 de enero de
1831 entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Entre Rios, por haberse adherido a él
todas las demás provincias de la Confederación, será religiosamente observado en todas
sus cláusulas, y para mayor firmeza y garantía queda facultado el excmo. señor encargado
de las Relaciones Exteriores para ponerlo en ejecución en todo el territorio de la República.
2º. Se declara que estando, en la actualidad, todas las provincias de la República en
plena libertad y tranquilidad, a llegado el caso previsto en el artículo 16 del precitado trata-
do, de arreglar por medio de un congreso general federativo la administración general del
país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distri-
bución de las rentas generales, el pago de la deuda de la República, consultando del mejor
modo posible la seguridad y engrandecimiento de la República, su crédito interior y exterior
y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias.
3º. Estando previsto en el artículo 9 del tratado referido los arbitrios que deben mejorar
la condición del comercio interior y recíproco de las diversas provincias argentinas y habién-
dose notado por una larga experiencia los funestos efectos que produce el sistema restric-
tivo seguido en algunas de ellas, queda establecido: que los artículos de producción o fabri-
cación nacional o extranjera así como los ganados de toda especie que pasen por territorio
de una provincia a otra serán libre de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también
los carruajes, buques o bestias en que se transportan y que ningún derecho podrá
imponérseles en adelante, cualquiera sea su denominación, por el hecho de transitar en el
territorio.
4º. Queda establecido que el Congreso General Constituyente se instalará en todo el
mes de agosto próximo venidero; y para que esto pueda realizarse se mandará hacer desde
luego, en las respectivas provincias, elección de diputados que deban formarlo, siguiendo
en cada una de ellas las reglas establecidas por la ley de elecciones para diputados de las
legislaturas provinciales.

250. 252
5º. Siendo todas las provincias iguales en derechos como miembros de la Nación,
queda establecido que el Congreso Constituyente se formará con dos diputados por cada
provincia.
6º. El Congreso sancionará la Constitución Nacional a mayoría de sufragios; y como
para lograr ese objeto sería un obstáculo insuperable que los diputados trajeran instruccio-
nes especiales que retringieran sus poderes , queda convenido que la elección se hará sin
condición ni restricción alguna, fiando a la conciencia, al saber y al patriotismo de los dipu-
tados, el sancionar con su voto lo que creyera más justo y conveniente, sujetándose a lo que
la mayoría resuelva, sin protestas ni reclamaciones.
7º. Es necesario que los diputados estén penetrados de pensamiento puramente na-
cionales para que las preocupaciones de localidad no embaracen la gran obra que empren-
den; que estén persuadidos que el bien de los pueblos no se ha de conseguir por exigencias
encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional, regular y justo;
que estime la calidad de ciudadanos argentinos antes que la de provincianos y para que
esto se consiga los infrascriptos usarán de todos sus medios para infundir y recomendar
estos principios y emplearán toda su influencia legítima a fin de que los ciudadanos elijan a
los hombres de más probidad y de un patriotismo más puro e inteligente.
8. Una vez elegidos los diputados e incorporados al Congreso no podrán ser juzgados
por sus opiniones ni por ningún motivo, ni por autoridad alguna hasta que no esté sanciona-
da la Constitución. Sus personas serán inviolables durante este período. Pero cualquiera de
las provincias podrá retirar sus diputados cuando lo creyera oportuno, debiendo, en este
caso, sustituirlos inmediatamente.
9. Queda a cargo del encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación, el
proveer a los gastos de viáticos y dietas de los diputados.
10. El encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación instalará y abrirá
las sesiones del Congreso por sí, o por su delegado en caso de imposibilidad; proveerá a la
seguridad y libertad de sus discusiones; librará los fondos que sean necesarios para la
organización de su despacho; y tomará todas aquellas medidas que creyese oportunadas
para asegurar el respeto de la corporación y de sus miembros.
11. La convocatoria del Congreso se hará para la ciudad de Santa Fé, hasta que,
reunido e instalado, él mismo determine el lugar de su residencia.
12. Sancionada la Constitución -y las leyes orgánicas que fueren necesarias para po-
nerla en práctica- será comunicada por el presidente del Congreso al encargado de las
Relaciones Exteriores de la Confederación y éste la promulgará inmediatamente como ley
de la Nación, haciéndola cumplir y observar. En seguida será nombrado el presidente cons-
titucional de la República y el Congreso Constituyente cerrará sus sesiones dejando a cargo
del Ejecutivo poner en ejercicio las leyes orgánicas que hubiere sancionado.
13. Siendo necesario dar al orden interior de la República, a su paz y respetabilidad
exterior todas las garantías posibles, mientras se discute y sancione la Constitución Nacio-
nal, los infrascriptos emplearán por sí cuantos medios estén en la esfera de sus atribuciones
para mantener en sus respectivas provincias la paz pública y la concordia entre los ciudada-
nos de todos los partidos, previniendo o sofocando todo elemento de desorden o de discor-

251. 253
dia y propendiendo al olvido de los errores pasados y estrechamiento de la amistad de los
pueblos argentinos.
14. Si, lo que Dios no permita, la paz interior de la República fuese perturbada por
hostilidades abiertas entre una u otra provincia, queda autorizado en encargado de las
Relaciones Exteriores para emplear todas las medidas que su prudencia y acendrado pa-
triotismo le sugieran para restablecer la paz sosteniendo las autoridades legalmente
constituídas; para lo cual los demás gobernadores prestarán su cooperación y ayuda en
conformidad con el Tratado del 4 de enero de 1831.
15. Siendo de la atribución del encargado de las Relaciones Exteriores representar la
soberanía y conservar la individualidad nacional, mantener la paz interior, asegurar las fron-
teras durante el período constituyente, defender la República de cualquier pretensión ex-
tranjera y velar por el exacto cumplimiento del presente acuerdo, es una consecuencia de
estas obligaciones el que sea investido de las facultades y medios adecuados para cumplir-
las. En su virtud queda acordado que el excmo. señor general don Justo José de Urquiza, en
el carácter de general en jefe de los ejércitos de la Confederación, tenga el mando efectivo
de todas las fuerzas militares que actualmente tenga en pie cada provincia, las cuales serán
consideradas desde ahora como partes integrantes del ejército nacional. El general en jefe
destinará estas fuerzas del modo que crea conveniente al servicio nacional, y si para llenar
sus objetos creyera necesario aumentarlas podrá hacerlo pidiendo contingentes a cualquie-
ra de las provincias: así como podrá también disminuirlas si las juzgase excesivas en su
número u organización.
16. Será de las atribuciones de encargado de las Relaciones Exteriores: reglamentar
la navegación de los ríos interiores de la República, de modo que se conserven los intereses
y regularidad del territorio y de las rentas fiscales; y lo será igualmente la administración de
correos, la creación y mejora de los caminos públicos y de posta de bueyes para transporte
de mercaderías.
17. Conviniendo para la mayor respetabilidad y acierto de los actos del encargado de
las Relaciones Exteriores, en la dirección de los negocios nacionales, durante el período
constituyente, el que haya establecido cerca de su persona un consejo de estado con el cual
pueda consultar las casos que parezcan graves, queda facultado el excmo. señor para cons-
tituirlo, nombrando a los ciudadanos argentinos que por su saber y prudencia puedan des-
empeñar dignamente su elevado cargo, sin limitación de número.
18. Atendidas las importantes atribuciones que por este convenio recibe el excmo.
señor encargado de las Relaciones Exteriores, se resuelve que su título sea de director
provisorio de la República Argentina.
19. Para sufragar los gastos que demande la administración de los negocios naciona-
les declarados en este Acuerdo, las provincias concurrirán proporcionalmente con el pro-
ducto de sus aduanas exteriores hasta la instalación de las autoridades constitucionales, a
quienes exclusivamente competirá el establecimiento permanente de los impuestos nacio-
nales.
Artículo Adicional.- Los gobiernos y provincias que no hayan concurrido al Acuerdo
celebrado en esta fecha, o que no hayan sido representadas en él, serán invitados a adherir
por el director provisorio de la Confederación Argentina, haciéndoles a este respecto las
exigencias a que da derecho el interés y los pactos nacionales.

252. 254
Dado en San Nicolás de los Arroyos a los treinta y un día del mes de mayo del año mil
ochocientos cincuenta y dos.
Fdo.: Justo J. de Urquiza, por las Provincias de Entre Ríos y Catamarca.Vicente López -
Benjamín Virasoro - Pablo Lucero - Nazario Benavidez - Celedonio Gutierrez - Pedro P.
Segura - Manuel Taboada - Manuel Vicente Bustos - Domingo Crespo.
33.- CONSTITUCION DEL ESTADO DE BUENOS AIRES
Sancionada el 8 de abril de 1854 por la Sala de Representantes
Art. 1º. Establecía que «Buenos Aires es un Estado con el libre ejercicio de su Sobera-
nía interior y exterior mientras no la delegue expresamente en un Gobierno General».
Establecía la división tripartita de los poderes; el sistema bicamarista para el legislati-
vo; establecía el régimen de la Asamblea General para elegir Gobernador, fijar impuestos y
presupuesto, examinar y pronunciarse sobre las cuentas de la administración - crear y supri-
mir empleos - conceder indultos y amnistías - crear Tribunales de justicia - fijar las divisiones
territoriales - fijar el ejército permanente (arts. 49 al 61).
Creó una comisión permanente de tres senadores y cuatro representantes para que
actuara en receso la Asamblea General, como guardián de la constitución y las leyes (arts.
62 al 69).
El poder ejecutivo estaba investido en un Gobernador elegido por tres años por la
Asamblea General, no siendo reelegido sino después de un período; debía ser nativo del
Estado o hijo de nativo nacido en el extranjero mientras su padre desempeñase cargo diplo-
mático o consular (arts. 81, 82, 85, 86 y 87).
El poder judicial estaba deficientemente organizado en cuanto no fijaba número ni
composición de los tribunales, ni término de sus mandatos, ni sus facultades, ni la intangibilidad
de sus emolumentos (Arts. 119 a 123). El régimen municipal estaba indicado o preceptuado
sin definición ni previsiones (art. 170).
El art.171. curándose en salud, establecía: «El Estado de Buenos Aires no se reunirá
al Congreso General sino bajo la base de la forma federal y con la reserva de revisar y
aceptar libremente la Constitución General que se diere».
Hacía una declaración de derechos y garantías más o menos acorde con las de las
Constituciones de 1819 y 1826.
34.- TRATADOS ENTRE LA CONFEDERACION
Y EL ESTADO DE BUENOS AIRES
Tratado del 20 de diciembre de 1854
Art. 1º. Ambas partes convenían en prescindir de la cuestión política, reconocer el
estado de cosas existentes y comprometerse a no hacer uso de las armas para «dirimir la
cuestión de la reunión de Buenos Aires con las demás provincias argentinas».

253. 255
Art. 2º. Establecía el cese de los aprestos militares.
Art. 3º. Determinaba que la negociación no implicaba renunciar a que por medios
pacíficos se tratase de apresurar la incorporación de Buenos Aires al resto de la Confedera-
ción, estableciéndose «una paz firme y durable... sin la necesidad fatal de buscarla con el
poder de las armas».
Tratado del 8 de enero de 1855
Art. 1º. Ambos gobiernos se obligaban a no consentir desmembración alguna del terri-
torio nacional, comprometiéndose a unir sus esfuerzos en caso de que fuese amenazada la
integridad de la República.
Arts. 2º y 3º. Se establecía la mutua colaboración en la lucha contra los indios y se
aceptaba el principio de que la separación de Buenos Aires no alteraba las leyes de la
Nación «sobre la remisión a las jurisdicciones competentes de los reos políticos en la forma
que ella lo prescriben, ni la fuerza de los actos públicos pasados en uno y otro territorio, ni la
ejecución y cumplimiento debido a las sentencias o actos judiciales, de los tribunales de uno
y otro Estado».
Art. 4º. Quedaba reconocida la igualdad de banderas para todos los buques matricula-
dos en Buenos Aires o en la Confederación.
Art. 5º. «Los buques de cabotaje del estado de Buenos Aires y los de la Confederación
serán admitidos como hasta aquí, en los respectivos puertos, cualquiera sea su tonelaje, sin
imponerles otro derecho que los que paguen los buques de cada estado en su propio terri-
torio».
Art. 6º a 8º. Los productos naturales de cada estado: metales en pasta o acuñados,
animales vacunos, caballares, lanares y mulares, se introducirán o circularán libremente en
ambas jurisdicciones.
Art. 9º. Las mercaderías extranjeras que saliesen de los puertos del estado de Buenos
Aires para los de la Confederación, o de ésta para Buenos Aires, no pagarán otros mayores
derechos que los que fueran impuestos a los que procediesen de otros mercados.
Art. 10º. El tránsito de mercaderías podía efectuarse por agua o por tierra.
Art. 11º. Ambos gobiernos comprometíanse a designar sobre la frontera el lugar don-
de se establecería la Oficina de Registro.
Arts. 12º y 13º. Fijaban las normas para mejor facilidad de las comunicaciones entre
todos los pueblos de la República Argentina, estableciendo, tanto para los particulares como
para los correos de ambas partes contratantes, la libertad de elegir la ruta que les convinie-
se. En cuanto a los correos ordinarios seguían como hasta entonces, pero el franqueo de las
correspondencias se haría en las oficinas de origen, siendo entregadas las cartas en el
lugar de destino libre de portes.

254. 256
35.- PACTO DE SAN JOSE DE LAS FLORES
El Exmo. Sr. Presidente de la Confederación Argentina, Capitán General del Ejército
Nacional en Campaña y el Exmo. Gobierno de Bs.As., habiendo aceptado la mediación
oficial a favor de la paz interna de la Confederación Argentina, ofrecida por el Exmo. Gobier-
no de la República del Paraguay, dignamente representado por el Exmo. Señor Brigadier
General Francisco S. Lopez, Ministro Secretario de Estado en el departamento de Guerra y
Marina de dicha República, decididos a poner término a la deplorable desunión en que ha
permanecido la República Argentina, desde 1852, y a resolver definitivamente la cuestión
que ha mantenido a la provincia de Bs.As., separada del gremio de las demás que constitu-
yeron y constituyen la Rep. Argentina las cuales unidas por un vínculo federal, reconocen
por ley fundamental, la constitución sancionada por el Congreso Constituyente en 1º de
Mayo de 1853 - acordaron nombrar Comisionados por ambas partes plenamente autoriza-
dos para que discutiendo entre sí, ante el mediador, con ánimo tranquilo, y bajo la sola
inspiración de la paz y del decoro de cada una de las partes, todos y cada uno de los puntos
en que hasta aquí hubiere disidencia entre Bs.As. y las Provincias Confederadas, hasta
arribar a un convenio de perfecta y perpetua reconciliación, quédase resuelta la incorpora-
ción inmediata y definitiva de Bs.As. a la Confederación Argentina, sin mengua de ninguno
de los derechos de la Soberanía Local, reconocidos como inherentes a las pcias. confedera-
das, y declarados por la propia Constitución Nacional; y al efecto nombraron a saber: por
parte del Presidente de la Confederación Argentina a los Sres. Brigadier Gral. D. Tomas
Guido, ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina, cerca de S.S.M. el Empera-
dor de Brasil y del Estado Oriental; Brigadier Gral. Juan Esteban Pedernera, gobernador de
la pcia. de San Luis y comandante de la circunscripción del Sur; y Dr. Daniel Araoz, diputado
al Congreso Nacional por la pcia. de Jujuy; y por la del Gob. de Bs.As., a los señores Dr.
Carlos Tejedor y D. Juan Bautista Peña, quienes canjeados sus respectivos poderes, y halla-
dos en forma convenieron en los artículos siguientes:
1º) Bs. As. se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificará su
incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional.
2º) Dentro de 20 días de haberse firmado el presente convenio, se convocará una
convención Provincial que examinará la Constitución de Mayo de 1853, vigente en las de-
más pcias. argentinas.
3º) La elección de los miembros que formaran la Convención se hará libremente por el
pueblo y con sujeción a las leyes que rigen actualmente en Bs.As..
4º) Si la Convención Provincial, aceptase la Constitución sancionada en mayo de 1853,
y vigente en las demás pcias. Argentinas, sin hallar nada que observar a ella, la jurará Bs.As.
solemnemente en el día y en la forma que esa convención provincial designare.
5º) En el caso que la convención provincial manifieste que tiene que hacer reformas en
la constitución mencionada, esas reformas serán comunicadas al Gobierno Nacional para
que, presentadas al Congreso federal legislativo, decida en convocación de una Convención
ad hoc que las tome en consideración, y a la cual la Pcia. de Bs.As. se obliga a enviar sus
diputados con arreglo a su población, debiendo acatar lo que esta convención así integrada
decida definitivamente, salvándose la integridad del territorio de Bs.As., que no podrá ser
dividido, sin el consentimiento de su legislatura.

255. 257
6º) Interin llega la mencionada época Bs. As. no mantendrá relaciones diplomáticas de
ninguna clase.
7º) Todas las propiedades de las provincias que le dan sus leyes particulares, como
sus establecimientos públicos de cualquier clase y género que sean, seguirán correspon-
diendo a la Pcia. de Bs.As. y serán gobernadas y legisladas por la autoridad de la Provincia.
8º) Se exceptúa del art. anterior, la Aduana, que, como por la Constitución Federal
corresponden las Aduanas exteriores a la Nación, que da convenido en razón de ser casi en
su totalidad las que forman las rentas de Bs.As., que la Nación garante a la Pcia. de Bs.As.
su presupuesto de 1859 hasta 5 años después de su incorporación, para cubrir sus gastos
inclusive su deuda interior y exterior.
9º) Las leyes actuales de Aduanas de Bs.As. sobre el comercio exterior, seguirán ri-
giendo hasta que el congreso nacional, revisando las tarifas de Aduana de la Confederación
y Bs.As., establezcan la que ha de regir para todas las aduanas exteriores.
10º) Quedando establecido por el presente pacto, un perpetuo olvido de todas las
causas que han producido nuestra desgraciada desunión, ningún ciudadano argentino será
molestado por hechos u opiniones políticas durante la separación temporal de Bs.As., ni
confiscados sus bienes por las mismas causas conforme a las Constituciones de ambas
partes.
11º) Después de ratificado este convenio, el ejército de la Confederación, evacuará el
territorio de Bs.As., dentro de 15 días y ambas partes contratantes reducirán sus armamen-
tos al estado de paz.
12º) Habiéndose hecho ya en las provincias Confederadas la elección de Presidente,
la provincia de Bs.As. puede proceder inmediatamente al nombramiento de electores para
que verifiquen la elección de presidente hasta el 1 de Enero próximo, debiendo ser enviadas
las actas electorales antes de vencido el tiempo señalado para el escrutinio general, si la
Pcia. de Bs.As. hubiese aceptado sin reserva la Constitución Nacional.
13º) Todos los generales, jefes y oficiales del Ejército de Bs.As. dados de baja desde
1852, y que estuviesen actualmente al servicio de la Confederación, serán restablecidos en
su antiguedad, rango y goce de sus sueldos, pudiendo residir en la Pcia. o en la Confedera-
ción, según lo conviniere.
14º) La República del Paraguay, cuya garantía ha sido solicitada tanto por el Exmo. Sr.
presidente de la Confederación Argentina, cuanto por el Exmo.Gob.de la provincia de Bs.As.
garante el cumplimiento de lo estipulado en este convenio.
15º) El presente convenio será ratificado por el Exmo. Sr. Presidente de la Rep. del
Paraguay, para la ratificación del art. precedente en el término de 40 días o antes si fuera
posible.
16º) El presente Convenio será ratificado por el Exmo Señor Presidente de la Confede-
ración y por el Exmo. Gobierno de Bs.As., dentro del término de 48 horas o antes si fuese
posible.

256. 258
En fe de lo cual el Ministro Mediador y los Comisionados del Exmo. Sr. presidente de la
Confederación y del Exmo. Gobierno de Bs.As. lo han firmado y sellado con sus sellos
respectivos. Fecho en San José de Flores, a los diez días del mes de Noviembre del año de
1859.
(L.S.) Francisco S. López
Tomas Guido Carlos Tejedor
Juan E. Pedernera Juan Bautista Peña
Daniel Araoz (L.S.)
(L.S.)
36.- REFORMAS DE LA CONSTITUCION SANCIONADA EN SANTA FE
EL 1 DE MAYO DE 1853, ORDENADAS POR LA CONVENCION
REUNIDA EN LA MISMA CIUDAD EL
23 DE SETIEMBRE DE 1860
La Convención encargada de decidir sobre las reformas propuestas por la provincia de
Bs.As., en la Constitución de la Confederación Argentina, de 1 de mayo de 1853, habiéndolas
tomado en consideración, sanciona las siguientes reformas:
1º) Al artículo 3 ésta: «las autoridades que ejercen el gobierno federal, residen en la
ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa
cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse».
2º) Al artículo 4 ésta: Suprimir «de las aduanas», y agregar después de exportación,
«hasta 1866, con arreglo a lo estatuido en el inciso I del art. 64». El número de éste artículo
será el que corresponde según la nueva redacción.
3º) Al artículo 5 ésta: Suprimir «gratuita; y las Constituciones provinciales serán revi-
sadas por el Congreso antes de su promulgación».
4º) Al artículo 6 ésta: «el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias
para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición
de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depues-
tas por la sedición, o por invasión de otra provincia».
5º) Al artículo 12 ésta: Agregar al final: «sin que en ningún caso puedan concederse
preferencias a un puesto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio».
6º) Al artículo 15 ésta: Agregar al final: «y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República».
7º) Al artículo 18 ésta: Suprimir «las ejecuciones a lanza y cuchillo» y colocar la
partícula «y» después de la palabra «tormento».

257. 259
8º) Al artículo 30 ésta: Suprimir, «pasados diez años desde el día en que la juren los
pueblos».
9º) Al artículo 31 ésta: Agregar al final: «salvo para la provincia de Bs.As., los tratados
ratificados después del pacto de II de noviembre de 1859».
10º) Agregar después del artículo 31 los artículos siguientes con la numeración que
corresponde: «El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o
establezcan sobre ella la jurisdicción federal».
«Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Contitución, no serán en-
tendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del
principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno».
«Los jueces de las Cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales
de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar, de residencia en la
provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendién-
dose esto para los efectos de optar a empleos en la pcia. en que accidentalmente se en-
cuentre».
«Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a sa-
ber: Provincias Unidades del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argenti-
na, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y
territorio de las pcias., empleándose las palabras «Nación Argentina» en la formación y
sanción de las leyes».
11º) Al artículo 34 ésta: Suprimir «por la Capital, seis» y poner por la provincia de
Bs.As., doce».
12º) Al artículo 36 ésta: Agregar al final: «y ser natural de la provincia que lo elija, o
con dos años de residencia inmediata en ella».
13º) Al artículo 41 ésta: Sustituirlo así: «Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el
Senado al presidente, vicepresidente, sus ministros y a los miembros de la Corte Suprema
y demás tribunales inferiores de la Nación, en las causas de responsabilidad que se intenten
contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes
comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de
causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes».
14º) Al artículo 43 ésta: Agregar al final: «y ser natural de la pcia. que lo elija, o con
dos años de residencia inmediata en ella».
15º) Al artículo 41 ésta: Suprimir totalmente.
16º) Al artículo 64 ésta: Reemplazar el inciso I en éstos términos: «legislar sobre las
aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales así como las eva-
luaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la Nación; bien entendido que esta,
así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que
fuese corriente en las pcias. respectivas, por su justo equivalente. Establecer igualmente los
derechos de exportación hasta mil ochocientos sesenta y seis, en cuya fecha cesarán como
impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial».

258. 260
Al inciso 9 agregarle al final: «sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales,
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas
o personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones»; y después de la palabra ciudada-
nía agregar: «con sujeción al principio de la ciudadanía natural; así como, etc., etc.».
Al inciso 28 suprimirle «examinar las constituciones provinciales y reprobarlas si no
estuviesen conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución» y la partícula
«y».
17º) Al artículo 83 ésta: Suprimir el inciso 20; y poner en reemplazo del inciso 23 lo
siguiente: «el presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requie-
ran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos
en comisión que expedirán al fin de la próxima legislatura».
18º) Al artículo 86 ésta: Suprimirle «sin previo mandato o consentimiento del presi-
dente de la confederación».
19º) Al artículo 91 ésta: Sustituirlo por el siguiente: «El poder Judicial de la Nación
será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el
Congreso estableciese en el territorio de la Nación».
20º) Al artículo 97 ésta: Suprimirle «de los conflictos entre los diferentes poderes
público de una misma provincia, de los recursos de fuerza», y reemplazar la parte final del
artículo, desde donde dice: «entre una provincia y sus propios vecinos y entre una pcia. un
Estado o ciudadano extranjero», por esto: «y entre una provincia o sus vecinos, contra un
Estado o ciudadano extranjero», y agregar además, «con la reserva hecha en el inciso II del
art. 64», después de la frase «que versen sobre puntos regidos por la Constitución».
21º) Al artículo 101 ésta: Agregarle al final: «y el tiempo que expresamente se hayan
reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación».
22º) Al artículo 101 ésta: Suprimir: y antes de ponerla en ejercicio la remite al Con-
greso para su examen».
Sala de Sesiones de la Convención Nacional ad hoc en Santa Fe, a veintitres de se-
tiembre de mil ochocientos sesenta.
Mariano Fragueiro
Presidente
Lucio V. Mansilla Carlos M. Saravia
Secretario Secretario

259. 261
37.- ACORDADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEL 10 DE SETIEMBRE DE 1930
En Buenos Aires, a los diez días de septiembre de 1930, reunidos en acuerdo extraor-
dinario los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores don José Figueroa
Alcorta, don Roberto Repetto, don Ricardo Guido Lavalle y don Antonio Sagarna y el procu-
rador general de la Nación, doctor don Horacio Rodriguez Larreta, con el fin de tomar en
consideración la comunicación dirigida por el señor presidente del Poder Ejecutivo Provisio-
nal, teniente general don José F. Uriburu, haciendo saber a esta Corte la constitución de un
gobierno provisional para la Nación, dijeron:
1º) Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Supre-
ma la constitución de un gobierno provisional emanado de la revolución triunfante en seis de
septiembre del corriente año.
2º) Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales
necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y, por consiguiente, para proteger la
libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos,
que mantendrá la supremacía de la constitución y de las leyes fundamentales del país, en el
ejercicio del poder.
Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho, que la doctrina
constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos cualquiera
que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección en cuanto a su
constitución y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o
que se designen en lo sucesivo, con todas las consecuencias de la doctrina de los gobier-
nos de facto, respecto de la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el
cumplimiento de los fines perseguidos por él.
Que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho que la doctrina
constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquie-
ra que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose
en razones de policía o de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los
individuos cuyos intereses puedan ser afectados, ya que no sería posible a éstos últimos
realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se
hallan en aparente posesión de sus poderes y funciones. (Constantineau, «Public Officer
and the Facto Doctrine», fallos, t. 148, p. 303).
Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es pues, un gobierno
de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en
cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como
resorte de orden y de seguridad social.
Que ello no obstante, si normalizada la situación, en el desenvolvimiento de la acción
del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías indivi-
duales o las de propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la administración
de justicia encargada de hacer cumplir éstas las restablecería en las mismas condiciones y
con el mismo provecho que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho.

260. 262
Y esta última conclusión, impuesta por la propia organización del Poder Judicial se
halla confirmada, en el caso, por las declaraciones del gobierno provisional que, al asumir el
cargo, se han apresurado a prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y
las leyes fundamentales de la Nación, decisión que importa la consecuencia de hallarse
dispuesto a prestar el auxilio de la fuerza de que dispone para obtener el cumplimiento de
las sentencias judiciales.
En mérito de éstas consideraciones, el tribunal resolvió acusar recibo al gobierno pro-
visional, en el día, de la comunicación de referencia mediante el envío de la nota acordada,
ordenando se publicase y registrase en el libro correspondiente, firmado por ante mí que
doy fe. Figueroa Alcorta - Repetto - Guido Lavalle - Sagarna - Rodriguez Larreta.
38.- MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION SANCIONADAS POR LA
CONVENCION NACIONAL CONSTITUYENTE, REUNIDA EN BUENOS
AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DE 1949
En 1949, la Convención Nacional Constituyente reunida en la Capital federal, en cum-
plimiento de la ley 13233, sancionó diversas reformas a la ley fundamental de la República
Argentina, las que pueden agruparse de la siguiente manera:
a) Supresiones - Se derogaron los arts. 38 (diputados de la primera legislatura), 39 (id
de la segunda), 41 (elección de los primeros diputados), 44 (competencia exclusiva de la
cámara de diputados), inc. 24 del art. 67 (milicias pciales.), 82, 83, 84, 85 (elección presiden-
cial) 90 (memoria ministerial al congreso), 93 (sueldo del ministro) y 102 (juicio por jurados).
b) Modificaciones - Se introdujeron enmiendas-algunas de fondo y otras meramente
formales - al preámbulo y a los arts. 4 (tesoro nacional), 5 )garantía federal de las institucio-
nes pciales.) 11 (derechos de tránsito), 12 (tránsito interprovincial), 14 (derechos del habi-
tante), 15 (abolición de la esclavitud), 16 (igualdad ante la ley y las cargas públicas), 17
(propiedad privada), 18 (libertad individual), 19 (principio de reserva), 20 (derechos de los
extranjeros), 21 (defensa de la patria y de la Constitución), 23 (estado de sitio), 24 (reforma
de la legislación, 26 (navegación de los ríos interiores), 28 (incolumidad de derechos y
garantías), 30 (reforma de la Constitución), 34 (incompatibilidad de funciones judiciales), 37
(composición de la cámara de diputados), 42 (duración del mandato de diputado), 45 (fun-
ción de la cámara de diputados en el juicio político), 46 (composición del senado), 47 (elegi-
bilidad de los senadores), 48 (duración del mandato de senador), 55 (reunión de las cáma-
ras, 58 (facultades disciplinarias de las cámaras), 62 (desafuero), 63 (poder de información
de las cámaras) 67 inc.1 (importación y exportaición), inc. 2 (sistema impositivo), inc. 3
(empréstitos), inc. 5 (Bancos), inc. 7 (presupuesto), inc. 9 (navegación fluvial, puertos y
aduanas), inc. 10 (valor de la moneda nacional y extranjera, pesas y medidas), inc. 11 (legis-
lación común y especial), inc. 12 (comercio), inc. 13 (correos), inc. 14 (límites, territorio), inc.
15 (fronteras y trato con los indios), inc. 16 (legislación tendiente al bienestar y a la prospe-
ridad), inc. 18 (renuncia del poder ejecutivo, escrutinio), inc. 22 (patentes de corso, represa-
lias; reglamento de presas), inc. 23 (poderes militares), inc. 25 (entrada y salida de tropas),
inc. 27 (legislación en la Capital Federal y lugares adquiridos a provincias), 68 (iniciativa de
la ley), 70 (aprobación tácita de la ley), 71 y 72 (adición, corrección o rechazo de proyectos
legislativos), 73 (fórmula de sanción de la ley) 75 (acefalía del poder ejecutivo), 76 (elegibi-

261. 263
lidad de presidente y vicepresidente), 77 (duración del mandato y reelección), 79 (retribu-
ción del presidente y vice), 80 (juramento del presidente y vice), 81 (elección presidencial)
86 inc. 2 (facultad reglamentaria del presidente), inc. 3 (gob. de la Capital Federal), inc. 4
(facultades colegislativas), inc. 5 (nombramiento de jueces), inc. 10 (otros nombramientos),
inc. 11 (apertura de sesiones del congreso), inc. 12 (prórroga de sesiones ordinarias y con-
vocatorias a extraordinarias), inc. 13 (recaudación e inversión), inc. 14 (política exterior), inc.
15, 16, 17, 18 (poderes militares), inc. 19 (estado de sitio), inc. 21 (ausencia del presidente),
inc. 22 (nombramiento en comisión), 87 (ministros del Poder Ejecutivo), 89 (funciones de los
ministros), 92 (asistencia de los ministros al Congreso), 96 (inamobilidad y retribución de los
jueces), 97 (condiciones para ser miembro de la Corte Suprema, nombramientos), 100 (com-
petencia federal), 101 (competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema), 108 (pode-
res delegados por las provincias).
c) Agregados - Se adicionaron normas sin correlativo en el articulado anterior y que
constituyen en el nuevo texto los art. 15 (prohibición de atentar contra la libertad y de orga-
nizaciones antidemocráticas), 37 (derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y
de la educación y de la cultura), 39 (función social del capital) 40 (intervención del Estado en
la economía, propiedad de fuentes de energía y servicios públicos), 68 inc. 28 (régimen
impositivo y presupuesto de la Capital Federal), inc. 29 (legislación electoral) y 83 inc. 23
(ordenamiento y régimen de servicios públicos).
d) Disposiciones transitorias - Además se adoptaron disposiciones transitorias so-
bre ministerios, vigencia y juramento de la Constitución - renovación de acuerdos - reforma
de las Constituciones Provinciales y unificación de mandatos legislativos.
39.- EVOLUCION DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL DESDE 1810
1810 - 24 de mayo: Presidente: Baltasar Hidalgo de Cisneros, Vocales: Juan
Nepomuceno Solá, José Santos de Incháusrregui, Juan José Castelli y Cornelio Saavedra.
25 de mayo: Junta Provisional de Gobierno: Presidente: Cornelio Saavedra. Secreta-
rios: Mariano Moreno y Juan José Paso. Vocales: Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga,
Juan José Castelli, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea.
18 de diciembre: Junta Provisional de Gobierno: La misma Junta anterior, ampliada
por Diputados del Interior: (Deán Gregorio Funes (Córdoba), Juan Ignacio Gorriti (Jujuy),
José García de Cosio (Corrientes), Juan Francisco Tarragorra (Santa Fé), Francisco de
Gurruchaga (Salta), José Antonio Olmos (Catamarca), José Julián Pérez (Tarija), Manuel
Ignacio de Molina (Mendoza), Manuel Felipe de Molina ( Tucumán). Por renuncia de Mariano
Moreno y por fallecimiento de Manuel Alberti ingresan Nicolás Rodríguez Peña e Hipólito
Vieytes. Posteriormente ingresan: Marcelino Poblet (San Luis), José Ignacio Maradona (San
Juan), Juan José Lami (Santiago del Estero) y Francisco Ortíz de Ocampo (La Rioja).
1811 - 23 de septiembre: Primer Triunvirato: Feliciano Chiclana, Maniel de Sarratea y
Juan José Paso. Secretarios: de Gobierno: José J. Pérez; Guerra: Bernardino Rivadavia:
Hacienda: Vicente López y Planes (Juan Martín de Pueyrredón y Bernardino Rivadavia re-
emplazaron a Sarratea y Paso el 23 de marzo de 1812).

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1812 - 8 de octubre: Segundo Triunvirato: Juan José Paso, Antonio Alvarez Jonte y
Nicolás Rodríguez Peña (Gervasio Antonio de Posadas (19-8-13), Julián Pérez y Juan Larrea
fueron también triunviros por renuncia de los primeros en distintas fechas).
1814 - 31 de enero: Director Supremo: Gervasio Antonio de Posadas. Secretaría de
Gobierno: Nicolás Herrera; de Guerra: F. J. Diana; de Hacienda: Juan Larrea.
1815 - 15 de enero: Director Supremo: Carlos María de Alvear.
21 de abril: Director Supremo: José Rondeau (Ignacio Alvarez Thomas desempeñó
interinamente el cargo mientras Rondeau estuvo en campaña.
1816 - 16 de abril: Director Supremo (Interino) Antonio González Balcarce.
3 de mayo: Director Supremo: Juan Martín de Pueyrredón. Secretaría de Gobierno y
Relaciones exteriores:Vicente López y Planes; de Hacienda: D. Grillo; de Guerra y Marina: J.
C. de Terrada.
1819 - 9 de Julio: Director Supremo: José Rondeau.
1820 - 11 de febrero: El Cabildo de Buenos Aires por disolución de los poderes asume
momentáneamente la representación nacional.
12 de febrero: Miguel de Irigoyen (Se hace cargo de los intereses generales y de las
relaciones exteriores por inexistencia de un gobierno nacional).
18 de febrero: Manuel de Sarratea.
6 de marzo: Juan Ramón Balcarce.
12 de marzo: Manuel de Sarratea.
2 de mayo: Idelfonso Ramos Mejía.
20 de Junio: Idelfonso Ramos Mejía, el Cabildo de Buenos Aires y Miguel Estanislao
Soler proclamado por las tropas en el campamento militar de Luján.
4 de julio: Manuel Dorrego.
28 de septiembre: Martín Rodríguez; Secretaría de Gobierno: Bernardino Rivadavia;
de Hacienda: Manuel J. García; de Guerra: F.F. de la Cruz.
1824 - 2 de abril: Juan Gregorio de las Heras.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
1826 - 8 de febrero: Presidente: Bernardino Rivadavia.
1827 - 7 de julio: Presidente Interino: Vicente López y Planes.

263. 265
GOBERNADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
1827 - 12 de agosto: Manuel Dorrego (A cargo de los intereses generales del País y
de las relaciones exteriores por disolución del gobierno nacional.
1828 - 7 de diciembre: Juan Galo Lavalle.
1829 - 26 de agosto: Juan José Viamonte.
8 de diciembre: Juan Manuel de Rosas.
1832 - 17 de diciembre: Juan Ramón Balcarce.
1833 - 5 de noviembre: Juan José Viamonte (Interino).
1834 - 1 de octubre: Manuel Vicente Maza (Interino).
1835 - 13 de abril: Juan Manuel de Rosas (Encargado de las relaciones exteriores por
delegación expresa de las provincias).
1852 - 4 de febrero: Vicente López y Planes (Interino)
ENCARGADO DE LAS RELACIONES EXTERIORES
6 DE ABRIL: Justo José de Urquiza, Gobernador de Entre Ríos, por convenio conoci-
do como Protocolos de Palermo.
DIRECTOR PROVISORIO DE LA CONFEDERACION
31 de mayo: Justo José de Urquiza, por acuerdo de Gobernadores en San Nicolás de
los Arroyos.
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION ARGENTINA
1854 - 5 de marzo: Presidente: Justo José de Urquiza.Vicepresidente: Salvador María
del Carril.
1860 - 5 de marzo: Presidente: Santiago Derqui. Vicepresidente: Juan Esteban
Pedernera. (Derqui renuncia el 5 de noviembre de 1861 y asume la Presidencia Pedernera
quien, mediante decreto del 12 de diciembre de 1861, declara en receso al Poder Ejecutivo
Nacional).

264. 266
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
1862 - 12 de abril: Bartolomé Mitre.
PRESIDENTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
12 de octubre: Presidente: Bartolomé Mitre. Vicepresidente: Marcos Paz (Paz fallece
el 1º de enero de 1868).
1868 - 12 de octubre: Presidente Domingo Faustino Sarmiento.Vicepresidente: Adol-
fo Alsina.
1874 - 12 de octubre: Presidente: Marcos Avellaneda.Vicepresidente:Mariano Acosta.
1880 - 12 de octubre: Presidente: Julio Argentino Roca. Vicepresidente: Francisco B.
Madero.
1886 - 12 de octubre: Presidente: Miguel Juárez Celman. Vicepresidente: Carlos
Pellegrini.
1890 - 8 de agosto: Presidente: Carlos Pellegrini, por renuncia de Juárez Celman.
1892 - 12 de octubre: Presidente: Luis Sáenz Peña. Vicepresidente: José Evaristo
Uriburu.
1895 - 22 de enero: Presidente: José Evaristo Uriburu, por renuncia del presidente
Sáenz Peña.
1898 - 12 de octubre: Julio Argentino Roca. Vicepresidente: Norberto Quirno Costa.
1904 - 12 de octubre: Presidente: Manuel J. Quintana. Vicepresidente: José Figueroa
Alcorta.
1906 - 12 de marzo: Presidente: José Figueroa Alcorta, por fallecimiento de Quintana.
1910 - 12 de octubre: Presidente: Roque Sáenz Peña. Vicepresidente: Victorino de la
Plaza.
1914 - 9 de agosto: Presidente:Victorino de la Plaza, por fallecimiento de Sáenz Peña.
1916 - 12 de octubre: Presidente: Hipólito Yrigoyen. Vicepresidente: Pelagio B. Luna
(Luna falleció el 25 de junio de 1919).
1922 - 12 de octubre: Presidente: Marcelo Torcuato de Alvear.Vicepresidente: Elpidio
González.
1928 - 12 de octubre: Presidente: HipólitoYrigoyen.Vicepresidente: Enrique Martínez.

265. 267
1930 - 6 de septiembre: Presidente de Facto: José Félix Uriburu.Vicepresidente: Enri-
que Santamarina (Santamarina renunció el 23 de octubre de 1930).
1932 - 20 de febrero: Presidente: Agustín P.l Justo. Vicepresidente: Julio Argentino
Roca (hijo).
1938 - 20 de febrero: Presidente: Roberto M. Ortíz. Vicepresidente: Ramón J. Castillo.
1942 - 27 de junio: Presidente: Ramón J. Castillo, por renuncia de Ortíz.
1943 - 4 de junio: Presidente de Facto:Arturo Rawson.Vicepresidente:Sabá H.Sueyro.
7 de junio: Presidente de Facto: Pedro Pablo Ramirez.Vicepresidente: Sabá H. Sueyro
(Sueyro falleció el 17 de julio y fue reemplazado por Edelmiro J. Farrel).
1944 - 10 de marzo: Presidente de Facto: Edelmiro J. Farrel. Vicepresidente: Juan
Domingo Perón.
1946 - 4 de junio: Presidente:Juan Domingo Perón.Vicepresidente:Hortensio J.Quijano.
1952 - 4 de junio: Presidente:Juan Domingo Perón.Vicepresidente: Hortensio J.Quijano
(Quijano falleció el 3 de abril de 1952, lo sucedió en el cargo el 7 de mayo de 1954 Alberto
Teissaire.
1955 - 20 de septiembre: Presidente de Facto: Eduardo Lonardi.Vicepresidente:Isaac
Francisco Rojas.
13 de noviembre: Presidente de Facto: Pedro Eugenio Aramburu.Vicepresidente: Isaac
Francisco Rojas.
1958 - 1º de mayo: Presidente: Arturo Frondizi. Vicepresidente: Alejandro Gómez.
(Gómez renunció el 19 de noviembre de 1958).
1962 - 29 de marzo: Presidente Provisional: José María Guido, presidente provisional
del Senado.
1963 - 12 de octubre: Presidente:Arturo Umberto Illia.Vicepresidente:Carlos H.Perette.
1966 - 28 de junio: Presidente de Facto: Juan Carlos Onganía.
1970 - 8 de junio: Presidente de Facto: Junta de Comandantes en Jefe: Pedro A. J.
Gnavi, Presidente, Alejandro Agustín Lanusse y Carlos A. Rey.
18 de junio: Presidente de Facto: Alejandro Agustín Lanusse.
1973 - 25 de mayo: Presidente: Héctor J. Cámpora. Vicepresidente: Vicente Solano
Lima.
Julio: Presidente Provisional: Raúl Lastiri, Presidente de la Cámara de Diputados por
renuncia de Cámpora y Lima.

266. 268
12 de octubre: Presidente:Juan Domingo Perón.Vicepresidente:María Estela Martínez
de Perón.
1974 - 29 de junio: Presidente: María Estela Martínez de Perón, por enfermedad de
Perón.
1º de Julio: Presidente: María Estela Martínez de Perón, por fallecimiento de Perón.
1976 - 24 de marzo: Presidente de Facto: Junta de Comandantes en Jefe.
29 de marzo: Presidente de Facto: Jorge Rafael Videla.
1981 - 29 de marzo: Presidente de Facto: Roberto E. Viola.
22 de diciembre: Presidente de Facto: Leopoldo Fortunato Galtieri.
1982 - 1º de julio: Presidente de Facto: Reinaldo B.A. Bignone.
1983 - 10 de diciembre: Presidente:Raúl R.Alfonsín.Vicepresidente:Víctor H.Martínez.
1989 - 8 de julio: Presidente: Carlos Saúl Menem. Vicepresidente: Eduardo Duhalde,
por renuncia de Alfonsín y Martínez.

267. 269
FICHA DE EVFICHA DE EVFICHA DE EVFICHA DE EVFICHA DE EVALALALALALUUUUUAAAAACIONCIONCIONCIONCION
MÓDULO ÚNICOMÓDULO ÚNICOMÓDULO ÚNICOMÓDULO ÚNICOMÓDULO ÚNICO
Sr. alumno/a:
El Instituto de Educación Abierta y a Distancia, en su constante preocupación por mejorar la
calidad de su nivel académico y sistema administrativo, solicita su importante colaboración para
responder a esta ficha de evaluación. Una vez realizada entréguela a su Tutoría en el menor
tiempo posible.
1) Marque con una cruz
MODULO En gran medida Medianamente Escasamente
1. Los contenidos de los módulos fueron
verdadera guía de aprendizaje (punto 5
del módulo).
2. Los contenidos proporcionados me ayu-
daron a resolver las actividades.
3. Los textos (anexos) seleccionados me
permitieron conocer más sobre cada
tema.
4. La metodología de Estudio (punto 4 del
módulo) me orientó en el aprendizaje.
5. Las indicaciones para realizar activida-
des me resultaron claras.
6. Las actividades propuestas fueron acce-
sibles.
7. Las actividades me permitieron una re-
flexión atenta sobre el contenido
8. El lenguaje empleado en cada módulo fue
accesible.
CONSULTAS A TUTORIAS SI NO
1. Fueron importantes y ayudaron resolver mis dudas y actividades.
2) Para que la próxima salga mejor... (Agregue sugerencias sobre la línea de puntos)
1.- Para mejorar este módulo se podría ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
3) Evaluación sintética del Módulo.
.......................................................................................................................................................................................................
Evaluación: MB - B - R - I -
4) Otras sugerencias.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................