1) Los actos administrativos pueden extinguirse por revocación, nulidad o convalidación. La revocación permite anular actos que no generen derechos, mientras que la nulidad cancela actos viciados. 2) Los vicios que causan nulidad absoluta incluyen incompetencia, falta de motivación, desviación de poder y vicios en las formas esenciales. 3) La administración puede reconocer de oficio o a petición la nulidad de sus actos cuando contengan alguno de estos vicios.

1. INIVERSIDAD FERMIN TORO
VICERECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLICAS
ESCUELA DE DERECHO
EXTINCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
AUTOR: KARYALIS MARQUEZ CI. 20928420
JUNIO 2015-09-05

2. ACTOS ADMINISTRATIVOS
Principalmente se podría decir que todo acto administrativo se encuentra destinado a
producir efectos jurídicos requeridos por dicho autor, siendo que estos efectos
concluyen frecuentemente al ejecutarse el contenido del acto o por el transcurso del
tiempo previsto en el acto, sin embargo el artículo 7 de la ley Orgánica de
Procedimientos administrativos plantea lo siguiente: Se entiende por acto
administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter general o particular
emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los
órganos de la administración pública.
No obstante en estos actos administrativos se encuentran diversos tipos de actos los
cuales tienen el siguiente rango decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras
decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativa en las cuales cada una de
estas decisiones son tomadas por diversas autoridades de la administración pública.
En esta serie de actos encontramos los vicios de los actos administrativos la nulidad
absoluta la cual no las plantea el artículo 19 de la ley anteriormente descrita donde
encontramos en su primer ordinal lo siguiente
1. Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional o
legal.
2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y
que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley.
3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.
4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes,
o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.
Consecuentemente podremos plantear que en el artículo 81 la ley en la cual se expresa
referente a que la administración podrá convalidar en cualquier momento los actos
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

3. No obstante en el artículo 82 de esta ley plantea lo que conocemos como la revocación
mencionada articulo expresa que los actos administrativos que no originen derechos
subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para particular, podrán ser
revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los
dictó o por el respectivo superior jerárquico.
De igual manera podrán ser revocados en cualquier momento, cuando no establezcan
derechos subjetivos de los particulares por actos en una forma total o parcial por la
autoridad competente.
Siguiendo en este mismo orden de ideas una de las consecuencias del principio de
legalidad conforme al cual las acciones de la administración deben cumplirse conforme
a la ley, es el reconocimiento de la potestad de revisión o de auto tutela que tiene la
Administración, lo que implica no sólo el poder de la Administración pública de revisar
y corregir cualquier error material que pueda haber cometido en cualquiera de sus actos
administrativos conforme se dispone en el artículo 84 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, sino también en principio el poder de revocarlos
cuando los consideren ilegales o contrarios al interés general.
De esta manera se declaró en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia en la decisión antes mencionada No. 1033 del 11 de mayo de 2000:
“Dentro de las manifestaciones más importantes de la autotutela de la Administración se
encuentra, precisamente, la potestad revocatoria, que no es más que la posibilidad de
poder revisar y corregir sus actuaciones administrativas y en consecuencia, la facultad
para extinguir sus actos administrativos en vía administrativa.
Por consiguiente en el artículo 83 de mencionada ley plantea que en cualquier
momento, de oficio, o a solicitud de particulares reconocer la nulidad absoluta de los
actos dictados por ella.
Es decir que la administración podrá reconocer de oficio o a solicitud de particulares la
nulidad absoluta de los actos.
De esta manera los vicios que tornan nulo de nulidad absoluta un acto administrativo se
dividen en dos tipos:

4.  Vicios Generales De Los Actos Jurídicos:
Error esencial: Cuando se excluye la voluntad de la Administración.
Dolo: El dolo es toda aseción de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero.
El dolo difiere del error en que es intencional. Para que el dolo ocasione la invalidez del
acto administrativo debe ser grave y determinante de la acción del agente. Sea que el
dolo fuera propio del agente o del administrado o de ambos, el acto administrativo
resultará nulo de nulidad absoluta.
Violencia física o moral: La violencia que se ejerce sobre el funcionario puede ser física
o moral, aun cuando esta última va acompañada de actitudes que pueden hacer presumir
una violencia física. En uno u otro supuesto de violencia ejercida sobre el agente, el acto
resultará nulo de nulidad absoluta si, a causa de ello, la voluntad de la Administración
ha quedado excluida.
Simulación absoluta: Cuando ninguno de los elementos resultan veraces.
 Vicios Específicos De Los Actos Administrativos:
Incompetencia: Puede ser por razón de:
territorio: Se produce si el órgano actuante excede el ámbito físico dentro del cual debe
ejercer su competencia.
materia: El órgano administrativo debe realizar las funciones que específicamente le
competen, debe actuar dentro de la esfera de competencia que le corresponde. La
competencia de cada órgano de la Administración Pública está señalada por la norma. Si
un órgano administrativo dictara un acto con contenido judicial, o si invadiera la esfera
de atribuciones pertenecientes a otro órgano de la Administración, dicho acto sería nulo
de nulidad absoluta.
tiempo: Se produce si el agente decide antes (todavía no asumió) o después (ya cesó en
sus funciones) del tiempo en que su decisión hubiera sido válidamente posible.
grado: El inferior jerárquico no puede dictar un acto que sea de la competencia del
superior, ni el superior dictar, en principio, alguno que fuera de la exclusiva
competencia del inferior por razones técnicas.

5. Falta de causa: Cuando el acto se dicta prescindiendo de los hechos que le dan origen o
cuando se funda en hechos inexistentes o falsos.
Falta de motivación: Si el acto está fundado en elementos falsos es arbitrario y por ello
nulo. También es nulo de nulidad absoluta el acto ilógicamente motivado, es decir
cuando se obtiene una conclusión que no tiene nada que ver con el argumento que se
utiliza. La omisión de la motivación da origen a la nulidad absoluta, ya que no sólo se
trata de un vicio de forma sino también de un vicio de arbitrariedad.
Vicios en el objeto: Cuando el acto tuviera un objeto que no fuera cierto, o cuando se
tratara de un acto física o jurídicamente imposible.
Vicio en la finalidad o desviación de poder: Cuando el acto se ha dictado con un fin
distinto al previsto por el legislador. Para que ocurra la desviación de poder debe haber
una autoridad administrativa con competencia, que haga uso de poder para un fin
distinto del conferido por la ley. Entre los supuestos de desviación de poder pueden
estar los siguientes:
Que el agente actúe con una finalidad personal;
Que los actos sean realizados con el objeto de beneficiar a terceros;
Que el fin perseguido sea de interés general pero distinto del fin preciso que la ley
asigna al acto cuando el poder de policía se usa no para mantener el orden sino para
aumentar los recursos de la comuna.
Vicios en las formas esenciales: Cuando se incurre en vicios graves respecto de los
procedimientos que deben seguirse o cuando hay falta absoluta de forma exigida por la
ley para la exteriorización del acto.