Este ensayo analiza la relación entre Internet y los derechos fundamentales. Explica que los estados deben proteger la libertad de expresión en Internet y participar en iniciativas para proteger los derechos humanos en línea. También señala que los intermediarios de Internet no son responsables por negarse a censurar contenidos que violen los derechos humanos y que el acceso a Internet no debe ser desconectado, especialmente durante periodos de inestabilidad política.