La Constitución española de 1978 es la norma suprema en España. Establece la separación de poderes en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo, encabezado por el Gobierno, hace cumplir las leyes. El poder legislativo, el Parlamento, crea las leyes. El poder judicial, el Tribunal Supremo, administra justicia. La Constitución también garantiza derechos fundamentales como la participación política y la libertad sindical, así como otros derechos ordinarios relativos al trabajo y la empresa.