La constitución española divide el poder en tres ramas: el poder ejecutivo compuesto por el presidente y ministros, el poder legislativo compuesto por el Congreso y el Senado que aprueban leyes y presupuestos, y el poder judicial formado por jueces independientes. También garantiza derechos fundamentales como la igualdad ante la ley sin discriminación y derechos como la libertad sindical y el derecho a huelga con garantías para los servicios esenciales.