La obsolescencia programada es una estrategia que obliga a los consumidores a reemplazar productos al hacerlos obsoletos prematuramente, afectando tanto el medio ambiente como la economía. Aunque la ley de protección al consumidor no prohíbe esta práctica, existen mecanismos como la acción de grupo para proteger los derechos de los afectados. Se proponen soluciones que incluyen un consumo más responsable, la exigencia de normativas que faciliten la reparación de productos y fomentar el ecodiseño para promover una economía circular.