La ley establece que las empresas financiarán la capacitación y podrán deducir hasta el 1% de las remuneraciones en impuestos. Los contribuyentes pueden deducir gastos de capacitación y el Estado financia programas de capacitación a través de un fondo nacional. Se crea un servicio nacional para supervisar el sistema de capacitación y se establecen sanciones por incumplimiento de la ley.