La ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de Venezuela de 2012 define el concepto de acto terrorista y establece penalidades para delitos relacionados con la delincuencia organizada. La ley tiene el objetivo de prevenir, investigar y sancionar estos delitos de acuerdo con la Constitución venezolana y tratados internacionales. No obstante, la ley también tiene debilidades como una definición demasiado amplia de delincuencia organizada y la exclusión de delitos cometidos por el Estado.