La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución expresa su apoyo a la reforma de la cadena alimentaria en España para mejorar su eficiencia y competitividad. Sin embargo, señala que la ley debe centrarse en mejorar las prácticas de todo el sector, especialmente de la industria donde hay mayor concentración, en lugar de debilitar la posición de la distribución. Además, la reforma debe respetar las reglas del mercado competitivo para beneficiar a los consumidores.

1. ASOCIACIÓN NACIONAL
DE GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN
La distribución considera que la Ley de la cadena alimentaria debe
implicar cambios sobre todo para la Industria
 Tres cuartas partes de la producción agrícola se venden directamente a la industria
 En la mayoría de categorías alimentarias, el grado de concentración de las
empresas industriales es muy superior al de la distribución
 La reforma de la cadena alimentaria debe respetar las reglas de un mercado
competitivo, sin generar más intervencionismo
Madrid, 24 de octubre 2012. La distribución comparte el objetivo del Gobierno de impulsar una
reforma del sector agroalimentario, dirigida a mejorar su eficacia y competitividad dentro y fuera
de España. Es necesario avanzar en una modernización urgente y profunda de la cadena
alimentaria, para reorientar el tejido productivo y asegurar su sostenibilidad futura. En este
sentido, la distribución organizada considera que las empresas comerciales desempeñan un papel
esencial en la cadena alimentaria y que, hasta la fecha, su contribución ha sido muy importante en
la modernización de la economía agraria y en la apuesta por un tejido de producción más
estructurado y estable.
La distribución quiere ser, por tanto, partícipe de la necesaria mejora del sector productivo y de las
condiciones en que trabajan los agricultores, porque redunda en el beneficio de todos,
principalmente de los consumidores. Como prueba de ello, la distribución viene colaborando
intensamente en los últimos años con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, las Comunidades Autónomas y las asociaciones de la cadena agroalimentaria para tratar
de mejorar la cadena de valor.
En línea con este objetivo que comparte, la distribución considera que la futura Ley de la cadena
alimentaria no puede considerarse un instrumento para debilitar la posición negociadora de los
agentes y, en concreto, de las empresas que venden directamente al consumidor y que, por tanto,
son responsables últimos de ofrecer a éste las mejores condiciones de surtido y precio posible en
colaboración con sus proveedores. La mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria no
puede olvidar que para ser socialmente responsables es esencial el respeto a las reglas de un
mercado competitivo que sirva a los consumidores, especialmente en un momento de grave crisis
económica como en el que nos encontramos.
Frente a la imagen de posición dominante y concentración que algunas voces otorgan a las
empresas de distribución, éstas recuerdan que tres cuartas partes de la producción agrícola se
venden directamente a la industria. Si se analizan los mercados según las diferentes categorías
alimentarias, la concentración de las grandes empresas industriales resulta muy superior a la de la
distribución. Por tanto, la ley de la cadena alimentaria, como su propio nombre indica, debe velar
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2. ASOCIACIÓN NACIONAL
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DISTRIBUCIÓN
por las buenas prácticas de todos los eslabones que participan en ella especialmente del sector
industrial en sus relaciones con los productores agrarios, dando seguridad a los pagos y
sostenibilidad a los productores.
Focalizar la atención en la actividad de la distribución es un error, que podría traducirse en un
tratamiento por parte de la Administración discriminatorio y no proporcionado que terminaría
perjudicando a los consumidores. En este sentido, a diferencia de la industria, las relaciones entre
la distribución y sus proveedores están sometidas desde 1996 a una intensa regulación y la propia
CNC ha señalado reiteradamente cuando ha analizado los mercados alimentarios que el
comportamiento de las empresas de distribución no ha generado efectos negativos para el
funcionamiento de estos.
En definitiva, el objetivo de la Ley que acaba de presentar el Gobierno, en un mercado globalizado,
debe ser proporcionar a los consumidores los mejores productos con la máxima calidad y al mejor
precio posible. Por ello, las organizaciones más representativas de la distribución reclaman que la
reforma de la cadena alimentaria se haga desde criterios económicos responsables, sin caer en
planteamientos demagógicos que dificulten una solución sólida y equilibrada de los problemas de
los productores y, fundamentalmente, asegurando la defensa de los consumidores a los que sirven
todos los sectores implicados.
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