La LORPM atribuye a las Comunidades Autónomas la ejecución de las medidas impuestas a menores, lo que ha dado lugar a diferentes modelos de gestión en cada región. A diferencia del sistema penitenciario, en el ámbito de la justicia juvenil no existe un modelo común ni referentes mínimos a nivel nacional. La LORPM permite a las regiones gestionar los centros directamente o a través de convenios con entidades públicas o privadas.