Este documento critica la nueva ley de educación superior en Perú. Argumenta que la ley duplica funciones del gobierno, centraliza poder en los gobernantes, reduce la libertad y no solucionará los problemas fundamentales de la educación debido a la mala calidad de la educación primaria y secundaria. También expresa preocupación por la pérdida de autonomía de las universidades y el derecho de los estudiantes a elegir su educación.

1. Autor:
Licenciado José Avendaño Saavedra
Pontificia Universidad Católica del Perú
Esta cuestionable ley demuestra la contínua tendencia del Estado peruano
de resolver alguna carencia o problema nacional creando nuevas instituciones que
duplican funciones, centralizan poder y control en los gobernantes, restan libertad
a la población y no solucionan ABSOLUTAMENTE NADA. Parece de broma creer
que el aparato estatal culpable de la terrible educación primaria y secundaria del
Perú (base para cualquier estudio superior ulterior) será el salvador de la
educación universitaria, máxime cuando tomamos en cuenta que ésta tiene una
duración mucho menor y está llena de aspectos mucho más técnicos que la de la
etapa previa. Para muestra bastará presionar un botón.
Desde la década del ochenta la inversión que ha venido realizando el
Estado peruano en educación tanto a través de las asignaciones anuales vía el
presupuesto público sancionadas por el Ministerio de Economía como en la
gestión y administración de estos recursos llevada a cabo por el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN es prácticamente paupérrima arrojando índices vergonzosos como
los obtenidos luego de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1981 y

2. 1993 donde la tasa de analfabetismo (no sabe leer, no sabe escribir) para jóvenes
de 15 años promedio asciende al 47% del total de la población rural y al 26% del
total de la población concentrada en las ciudades. Luego las Encuestas
Nacionales de Demografía y Salud Familiar (ENDES) llevadas a cabo en 1996
arrojan porcentajes igualmente lamentables dando una tasa global de
analfabetismo del 25% de la población nacional en edad de 15 años o más. Es
decir que al finalizar la década la cuarta parte de la población peruana no habrá
pisado una educación educativa escolar en toda su etapa formativa y si lo hizo en
algún punto no logró aprehender nada, osea que la cuarta parte de nuestra
población en edad productiva no podrá recibir ningún tipo de adiestramiento
teórico y muy poco de carácter técnico dando lugar a una generación
prácticamente perdida.
Lo que resulta curioso es que estas cifras son de conocimiento público y
son reportadas continuamente por el Banco Central de Reserva a todos los
gobiernos que estuvieron de turno y las entidades a cargo de la política educativa
nacional. ¿Qué han hecho al respecto? Significativamente, NADA, algunos han
generado programas de nutrición infantil que duraron lo que duró su gobierno,
otros se han dedicado a construir colegios por todo el país, pero ningún gobierno
ha establecido un plan organizado y cohesionado que aseguré que el infante
peruano tenga una educación primaria y secundaria suficiente y eficiente.
Entonces ¿qué esperan resolver dando una ley que aspira a mejorar la cúspide de
la montaña cuando toda la base y territorios adyacentes a la misma están en un
estado deplorable?, otra vez se busca dar una solución pasajera al problema de
paso, acallar la preocupación ciudadana momentánea, y quedar ahí.
Cierto es que muchas universidades actualmente tienen estándares de
calidad bastante bajos en la educación que imparten al educando pero tengamos
en cuenta que ello es un fenómeno que se viene generando desde hace por lo
menos un par de décadas. Si hacemos memoria en la década de los años 80 el
estudio universitario comenzaba a ser bastante rechazado por los jóvenes que
acaban el colegio debido a que era bajísima la demanda por profesionales que
demoraban 5 años o más en prepararse y egresar, siendo preferido el estudio

3. tecnificado o carrera técnica como la mejor opción para colocarse de manera
pronta y suficiente en el mercado laboral.
Al ingresar a los 90´s esta tendencia continúa, llegando a un punto de
equilibrio a finales de la década en la que la demanda por profesionales comienza
a subir debido a que surge la necesidad de personal con preparación adicional
que no sólo tuvieran conocimiento de instrumentos, técnicas y procesos sino que
también tuvieran la suficiencia teórica y práctica para ver más allá de lo
establecido, para poder crear nuevas herramientas y nuevas aplicaciones, algo
que por excelencia sólo podía brindar una formación en una universidad por la
estructura de los estudios y la profundidad de los conocimientos que en ella se
imparten.
Aunque con honrosas excepciones es debido al deplorable estado de la
educación primaria y secundaria que la gran mayoría sino es todos los jóvenes
que egresaban del colegio y que aspiraban a lograr una educación universitaria
debían seguir preparación en academias especializadas para poder lograr el nivel
mínimo necesario para acceder a este tipo de estudios, lamentablemente este
fenómeno continúa invariable hasta la fecha, lo único que ha cambiado son las
soluciones que el sector privado ha ido creando para intentar resolverlo.
Son las academias de preparación las que lidiando continuamente con este
problema y las que de facto estaban a cargo de resolverlo para enviar jóvenes
aptos a la universidad deseada las que inician y formulan una nueva solución por
supuesto gigante en ese momento para sus posibilidades pero que no sólo
prometía una solución a largo plazo a las carencias educativas de los educandos
peruanos sino que de resultar prometía además contínuos y muy buenos réditos a
los inversores que desearan tomar ese riesgo, esa opción fue la de ampliar sus
operaciones a crear una alternativa que brindara una formación completa de raíz.
Y es cuando estas academias ya experimentadas y ampliamente conocedoras de
los problemas de la educación peruana empiezan a crear colegios con formación
completa tanto primaria como secundaria como fue el caso de TRENER, y luego
TRILCE cuyos frutos continúan dando resultados hasta el presente.

4. Otra solución surgió esta vez desde la posición de las universidades que
dividieron sus esfuerzos en tres objetivos. El inmediato fue mejorar sus centros
preuniversitarios para impartir conocimientos suficientes que permitieran que sus
egresados no solo accedieran a los estudios universitarios sino que pudieran
soportar la exigencia de las aulas y concluyeran con éxito su formación. El otro
objetivo que se dio a mediano plazo fue el tratar de influenciar los estudios de
educación secundaria para permitir que aquellos colegios sobretodo privados, que
dedicaban una mejor formación a sus educandos pudieran tener la opción de que
sus estudiantes pudieran ingresar a la universidad sin pasar por el filtro de un
examen de admisión o un ingreso por cuota logrado durante un ciclo de formación
en el centro preuniversitario, a través de modalidades como las de ser estudiantes
con promedio superior durante sus años en el colegio.
Otras universidades en cambio optaron por un tercer objetivo mucho más
radical y de vanguardia que fue el de evaluar al potencial aplicante en base a un
exámen de competencias dedicado a ubicar las fortalezas y debilidades de la
persona y de acuerdo a ello obtener un diagnóstico acerca de sí el futuro
educando poseía las condiciones suficientes para poder desempeñarse bien sus
estudios aunque evidentemente tuviera carencias en su formación escolar.
Todas estas soluciones mostraron sus méritos y permitieron que a través de
un camino u otro muchos educandos pudieran seguir estudios universitarios ya
sea desde la solución propuesta por las academias ahora también colegios o por
las alternativas de filtrado de mayor y mejor captación desarrolladas por las
universidades.
Sin embargo un gran número de personas que deseaban lograr estudios
universitarios no podían lograrlos con suficiente éxito ya sea por carencia de
recursos, por presencia de responsabilidades de familia o simplemente porque no
tenían la capacidad suficiente.
Es debido a estas situaciones que comienza a ser evidente la existencia de
una demanda por universidades con criterios de exigencia menores tanto en
horarios, pensiones, o dedicación exigida a los alumnos. Y son varios empresarios
del rubro los que se percatan de ello y con la experiencia lograda en sus colegios

5. o centros preuniversitarios comienzan a desarrollar proyectos para crear nuevas
universidades que satisfagan esta demanda surgiendo varios centros de este tipo
de educación que con sus méritos o no han sido y siguen siendo la alternativa
para este grupo de la población.
Legalmente el que estas entidades existan es en sí un ejercicio del derecho
de asociarse con fines lícitos y del derecho a optar por una educación digna así
como el derecho a desarrollar la libre empresa y el libre emprendimiento, todos
ellos reconocidos en nuestra carta constitucional. Económicamente, es una
muestra de la decisión racional de las personas tanto en la creación de una oferta
como en la satisfacción de una demanda; entendamos de una vez que la gente no
es tonta, aquellos que siguen estudios en universidades de este tipo saben muy
bien que no podrán acceder a puestos laborales en los que compitan con
personas egresadas de universidades de reconocido prestigio a nivel nacional ni
tendrán los conocimientos suficientes para destacar en su desarrollo profesional a
menos que sigan mayores y mejores estudios en otras instituciones, sin embargo
saben que esa es la opción a la que pueden acceder y lo asumen.
Surge además la pregunta del por qué dejar de lado la actuación de un
organismo ya existente y con años de experiencia y comprobada conformación
democrática como es la Asamblea Nacional de Rectores que viene desarrollando
la misma función que supuestamente desarrollará la SUNEDU y que cuenta con
mejores recursos, mejor personal, mayor participación de las universidades y llega
a decisiones por consenso de acuerdo a la ley; por qué ir a los extremos de dejarla
fuera cuando si el tema es la fiscalización bastaría con realizar una modificatoria a
su reglamento que permita optimizar esta función. ¿Otra vez caeremos en la
destrucción de una institución para crear otra que hace lo mismo pero con decisión
unilateral y bajo entero control estatal?.
No queda tampoco claro el porqué de la anulación del Bachillerato
automático, esto sólo obliga al estudiante a no sólo completar la currícula de
cursos sino a también a desarrollar un trabajo de investigación para poder acceder
a graduarse algo que en muchas profesiones es completamente insuficiente para
lograr un empleo digno como ocurre en el caso de los abogados, médicos,

6. contadores, economistas y algunas ingenierías. Esto es volver al pasado y no
avanzar hacia el futuro.
Del mismo modo queda en el absurdo completo la obligación de cesar al
personal docente que sobrepase los 65 años de edad algo que incluso en el
derecho laboral de los contratos de trabajo es una facultad dada al empleado
quien puede decidir si se jubila o si desea continuar trabajando por sentirse capaz
de continuar sus actividades previa aprobación del empleador, muchos docentes
que conocemos son sumamente capaces y continúan siendo tremendamente
productivos en intelecto, producción literaria y transmisión de conocimientos en
aulas tanto virtuales como físicas pasada su edad de jubilación. ¿Dónde esta
entonces la autonomía universitaria si la universidad no puede elegir a los
docentes que considere más capaces para impartir conocimientos?
A la luz de todo lo expuesto aquí sólo queda el preguntarse ¿qué espera
alcanzar el Gobierno al dar esta ley? ¿qué espera obtener al designar un
organismo de fiscalización y control diseñado para ser dirigido por el Ministerio de
Educación que es el principal rector de la desastrosa política educativa escolar de
cuyos estragos hemos sido y somos constantes testigos?. La respuesta
lamentablemente es gris porque no es clara la intención que está detrás, solo se
pueden esbozar hipótesis. Lo que sí está claro es que esta ley no va a solucionar
absolutamente nada simplemente va a dejar sin estudios a un sector de la
población que de otro modo los tendría privándolos de su derecho a elegir, va a
restar autonomía a las universidades contrario a lo que indica su artículo octavo, y
va a dejar en manos de quien no ha sabido y no sabe hasta ahora cómo conducir
los estudios escolares que tienen un correlato más simple y por número de años
de más facilidad en la corrección de errores la práctica fiscalización de estudios
altamente tecnificados con menor duración temporal y mucho más difíciles de
administrar usando al SUNEDU (Artículos 14 y 15 de la ley) como cuerpo satélite y
cabeza de flecha para este fin.

7. Bibliografía
1.-“Algunos aportes desde la teoría de los principios jurídicos a la exigibilidad de
los derechos económicos, sociales y culturales. Naturaleza y función del principio
de no regresividad”, ESTRADA VÉLEZ Sergio. En: Los Derechos Sociales en el
Estado Constitucional, Editorial Tirant lo Blanch, Madrid, 2013.
2.-“Autonomía universitaria y derecho a la educación: alcances y límites en los
procesos disciplinarios de las instituciones de educación superior” En: Revista de
Estudios Sociales, N°26 Universidad de los Andes, Colombia.
3.- “Pobreza y bienestar social: evolución en los últimos años.” En: Documentos de
Trabajo, Departamento de estudios sociales, Banco Central de Reserva del Perú,
1998.
4.-“Estado, gasto público y desarrollo de las capacidades: una aproximación”;
María Augusta Alfageme R.L. y María Judith Guabloche C., En: Documentos de
Trabajo, Banco Central de Reserva del Perú, 1998.
5.-“El nacimiento y la evolución de las Relaciones Laborales". En: Revista Análisis
Laboral, Vol. XXIX, N°332., Lima, Perú.
6.-“Derecho del Trabajo”, DE BUEN Néstor, Tomo II, Editorial Porrúa SA. México.
7.-“La modificación e inaplicación de las condiciones de trabajo”, SALA FRANCO,
Tomás. Editorial Tirant lo Blanch, Madrid, 2013.