El documento debate si los jóvenes entre 12 y 17 años que cometen delitos deben ser considerados víctimas o victimarios. A favor de tratarlos como victimarios argumenta que son responsables de sus actos y merecen un castigo. En contra, señala que aún no alcanzan madurez y son influenciados por la sociedad. Finalmente, propone reformar el código penal para ofrecer un tratamiento que verdaderamente genere un cambio en los menores infractores.