La auditoría encontró que el Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio de actividades mineras de exploración sin realizar procesos de consulta previa a comunidades indígenas potencialmente afectadas, como requiere la ley. Esto genera riesgos de conflictos sociales y responsabilidad legal. La auditoría recomienda iniciar acciones administrativas, asegurar que la identificación e inclusión de pueblos indígenas se ajuste a la normativa, y realizar consultas previas donde sea necesario.