El documento resume las principales reformas territoriales, administrativas, eclesiásticas y económicas llevadas a cabo en el Virreinato del Perú durante el siglo XVIII por los Borbones españoles, incluyendo la creación de nuevos virreinatos como el de Nueva Granada y Río de la Plata, la introducción del sistema de intendencias, la expulsión de los jesuitas, y cambios en los impuestos y el comercio para centralizar los beneficios en España.

1. PROFESORA: KATIUSKA ROJAS CHUCO TRIUNFADORES DESDE EL PRINCIPIO…!
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA
1. LAS REFORMAS TERRITORIALES
La creación del virreinato de Nueva Granada: La presencia de barcos de Inglaterra, Francia y Holanda y
el establecimiento de sus bases estratégicas en el Caribe, el desorden interno de la región de la Nueva
Granada, así como el sistemático avance de los portugueses por la Amazonía, decidieron muy pronto la
escisión del virreinato peruano en 1717, para formar uno nuevo con sede en Santa Fe de Bogotá. Éste
abarcaría Panamá, la Nueva Granada (hoy Colombia), la audiencia de Quito (incluyendo Guayaquil) y
los territorios amazónicos (Mainas) hasta la desembocadura del Amazonas.
Posteriormente, la Real cédula de 1802 creó el obispado de Mainas, cuyas misiones volvían a depender
del Perú, provenientes de los franciscanos de Santa Rosa de Ocopa. Así mismo, se reintegró Mainas al
Perú. Asimismo, la Real cédula de 1803 dispuso la reintegración de Guayaquil al Perú.
Al sur del virreinato del Perú, Buenos Aires había ido cobrando importancia en el siglo XVIII con el
cambio de ruta de los barcos del comercio español y la navegación de barcos extranjeros ilegales.
Estimulada por el aumento del comercio ilegal, la región fue poblada y se produjo un aumento de la
producción de alimentos, carne salada, sebos y cueros, vitales para abastecer las largas travesías
marítimas. Así, el siglo XVIII trajo la bonanza económica a una región hasta entonces postergada por los
centros políticos del Imperio Español.
La creación del virreinato de Río de la Plata, o del Río de la Plata, obedeció también, como en el caso
de la Nueva Granada, a la necesidad de defensa, protección y control, esta vez de las costas del
Atlántico Sur y el paso hacia el Pacífico.
A fin de darle recursos para su establecimiento y supervivencia, la corona dispuso que el Alto Perú -y la
mina de Potosí con él- se integraran al nuevo virreinato, al igual que las provincias de Puno, Lampa,
Carabaya y Azángaro.
Nuevamente se levantaron las voces de los virreyes del Perú y otros funcionarios y autoridades contra
esta disposición. La intensa relación geográfica y poblacional del sur del Perú (Bajo Perú), desde
tiempos prehispánicos, con el Alto Perú (hoy Bolivia) significaba un constante tráfico de gente y de
mercaderías a lo largo de una antigua ruta que llegaba hasta Tucumán.
La gran rebelión de Túpac Amaru II, en 1780, mostró claramente lo irreal de esta separación. Desde el
Cuzco el levantamiento corrió rápidamente al Sur y al Alto Perú y su represión no pudo venir de Buenos
Aires, sino de Lima, desde donde el virrey supo ver el peligro y enviar tropas. En 1796 las provincias de
Puno fueron reintegradas al Perú.
ALUMNO (A): ____________________________________________________
GRADO: 3º NIVEL: Secundaria CURSO: HISTORIA FECHA: 06/09/16

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2. LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS: Dentro de la política de ordenamiento de los Borbones, la
variedad de divisiones internas, diferentes en nombres, funciones y extensión, surgidas de
circunstancias históricas coyunturales y privilegios, se contraponía al modelo francés vigente desde
hacía varios años, el de las intendencias.
El intendente era un funcionario nombrado y con sueldo, y cuyas funciones y obligaciones duraban por
un tiempo limitado. Asimismo, tenía responsabilidades y atribuciones claramente definidas que
facilitaban más estrictamente su control. La primera intendencia en América se fundó en Cuba, tan
vulnerable a los ataques de piratas y corsarios y necesitada de una defensa efectiva. Luego pasaron a
México y al resto de América. En Buenos Aires se les dio "Reglamento" en 1782 y éste fue aplicado al
Perú, donde se establecieron en 1784, cuando cumplía sus funciones el visitador Jorge Escobedo.
Para entonces la urgencia de cambiar el sistema de corregimientos existente se agravaba con la
experiencia de la rebelión de Túpac Amaru, cuyo aplastamiento había dejado temor, pero también el
recuerdo del reclamo indígena por los abusos de los corregidores. El virreinato se dividió entonces en
siete intendencias: Trujillo, Lima, Arequipa, Cajamarca, Tarma, Huancavelica y Cuzco. A ellas se
agregaría más tarde Puno, al ser devueltas sus provincias al Perú en 1796.
Las intendencias se dividían en subdelegaciones que sustituían a los antiguos y odiados corregidores de
indios, aquellos que habían generado tantos abusos con su mal gobierno y la explotación de su reparto
de mercaderías. El hecho de que los nuevos subdelegados también tuvieran mayor control mejoró un
tanto la situación, pero no solucionó todos los problemas de los indígenas.
Los intendentes generaron resistencias pues su implantación no sólo era un cambio de nombre: detrás
estaban las bases de una política nueva de centralismo y absolutismo. Eran españoles enviados "para
poner orden", corregir defectos antiguos, cambiar usos y abusos de personas e instituciones locales, de
modo que su actuación afectaba directamente a los grupos de poder establecidos en América que
habían entretejido una compleja realidad de poder social, económico y político.
3. LA REFORMA ECLESIASTICA: A mediados del siglo XVIII los jesuitas del Perú eran algo más de
quinientos y trabajaban en universidades, colegios, escuelas, misiones selváticas, parroquias rurales y
"reducciones", como las de Juli.
Bruscamente, de la noche a la mañana, centenares de religiosos, desde los más ancianos hasta los más
jóvenes, fueron detenidos y luego deportados por vía marítima a Europa. Las obras dirigidas por los
jesuitas fueron paralizadas y luego desmanteladas.
Antes de que el rey Carlos III ordenara la expulsión de los jesuitas de todo el imperio español, en 1767,
ya los monarcas de Portugal y Francia habían dictado semejante medida contra la orden de San Ignacio
de Loyola. Ello hace pensar que no se trataba de una medida surgida de la inquina personal de un
monarca contra los jesuitas, sino de algo más complejo.
En realidad, nunca se publicaron los argumentos del monarca español para la expulsión. En su
Pragmática sanción de 1767 dice Carlos III que las razones de tal medida se las guarda "en su real
pecho". Los pretextos que se dieron consistían en la presunta rebeldía de los religiosos jesuitas de las
colonias ante las modificaciones limítrofes que afectaban las misiones guaraníes situadas entre Brasil y
Paraguay.

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La orden de Carlos III alcanzó en Hispanoamérica no solamente a los jesuitas del Perú, sino también a
los de otras cinco provincias hispanoamericanas (Chile, Paraguay, México, Quito y Santa Fe de Bogotá)
y Filipinas: en total fueron expulsados unos 2 mil 300 miembros de la orden.
El virrey Amat mantuvo rigurosamente el secreto, tal como se le exigía desde Madrid. Despachó pliegos
lacrados a todas las unidades y misiones donde existían centros de jesuitas, conminando a las
autoridades civiles a que procedieran con el máximo de sigilo y celeridad a ejecutar las órdenes. La
Compañía contaba con residencias o colegios en Lima, Arequipa, Bellavista, Cochabamba, Cuzco,
Chuquisaca, Huamanga, Huancavelica, lca, Juli, La Paz, Pisco, Moquegua, Oruro, Potosí, Santa Cruz de
la Sierra, Trujillo y las reducciones del Beni.
En la capital del virreinato los jesuitas poseían el colegio máximo de San Pablo, el noviciado de San
Antonio Abad, la casa profesa y templo de Nuestra Señora de los Desamparados, el colegio del Cercado
y el colegio real de San Martín. Además, varias haciendas, como Villa y San Juan.
En la madrugada del 9 de setiembre de 1767 todos los domicilios fueron sorpresivamente allanados por
tropas armadas. Por su amplitud, el Colegio de San Pablo (actual San Pedro) fue designado por el virrey
para reunir a los jesuitas de Lima y sus alrededores en espera del alistamiento de los navíos que debían
partir del Callao hacia Europa.
La primera expedición de destierro se verificó el 27 de octubre: unos doscientos cincuenta jesuitas
fueron trasladados al Callao. Se les hacinó a bordo de "El Peruano", barco que zarpó hacia el sur, pues
debía recoger en Valparaíso a los jesuitas de Chile. La travesía fue pesada, agobiante, inhumana, de
desesperante lentitud. No pocos enfermaron y murieron en el viaje. El 30 de abril de 1768 arribó "El
Peruano" a Cádiz, pero, como no podían quedarse en suelo español, fueron conducidos en otras naves
a los Estados Pontificios.
4. LA REFORMA ECONÓMICA: Durante la segunda mitad del siglo XVIII, los Borbones pusieron en
práctica un conjunto de medidas económicas con el fin de terminar con los privilegios particulares y
centralizar en la metrópoli los beneficios de las colonias. Para ello se modificó el sistema tributario, se
transformó el sistema de comercio trasatlántico y se llevó a cabo un plan para explotar al máximo los
productos coloniales que tuvieran una buena demanda en Europa.
Además de la reforma fiscal (implantada por Areche), las relaciones comerciales con América recibieron
especial atención y se orientaron a lograr que las colonias funcionaran como tales, es decir, que
exportaran la mayor cantidad de productos primarios y recibieran los productos manufacturados de la
metrópoli. Pero, claro está España no producía todo lo que América requería. Por lo tanto, las
mercaderías extranjeras continuaron siendo introducidas en las colonias, incluso por los mismos
españoles. Por otro lado, el régimen fiscal imperante en el tráfico era una de las principales causas del
decaimiento de la actividad mercantil y agudizaba el contrabando. Por tal motivo, en estos dos aspectos
se concentraron las reformas económicas.
 Los nuevos impuestos. El comercio exterior americano estaba gravado por una serie de impuestos:
avería, alcabala (impuesto a las ventas), almojarifazgo (impuesto de entrada y salida de los puertos),
derecho de palmeo, derecho de tonelada, derecho de extranjería, entre otros tributos.

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El primer ensayo en materia fiscal fue llevado a cabo en 1765, con la publicación del "Decreto y real
institución". Éste consistía en suprimir la interminable lista de impuestos que amenazaba con asfixiar
el tráfico y sustituirla por un nuevo impuesto al valor del 6% sobre los productos españoles y 7%
sobre los productos extranjeros.
Además se ensayaron las primeras medidas de liberalización del tráfico, autorizando el comercio
entre Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Margarita, Trinidad y nueve puertos peninsulares: Cádiz,
Sevilla, Málaga, Alicante, Cartagena, Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón.
Tres fueron las finalidades perseguidas por este nuevo orden fiscal: intensificar el comercio,
simplificar los trámites administrativos y ejercer la protección de las manufacturas españolas frente a
la competencia extranjera.
 El "comercio libre". En el Tratado de Utrech (1713), fue Inglaterra quien ganó el derecho a introducir
144 mil "piezas de Indias" como se llamaba los esclavos negros, así como el "navío de permiso”, una
embarcación de quinientas toneladas cargada de mercancías que acompañaría a las flotas
españolas y que podría vender su carga libre de impuestos.
Un gran cambio se produjo en 1778 con la promulgación del "Decreto de Libre Comercio”
(“reglamento de aranceles para el comercio libre de España e Indias"). Con el objeto de obtener
mayores beneficios por la vía fiscal, se habilitaron 22 puertos americanos, los cuales se dividieron en
mayores (La Habana, Cartagena, Río de la Plata, Valparaíso, Concepción, Arica, el Callao y
Guayaquil) y puertos menores (todos los comprendidos en Centroamérica y el Caribe).
Los comerciantes limeños dejaron de tener el dominio comercial de todo el cono sur del virreinato
peruano y un nuevo grupo mercantil comenzó a surgir en zonas periféricas. Tal fue el caso de los
comerciantes del Río de la Plata, que dejaron de estar supeditados al control monopólico que se
ejercía desde Lima.
A pesar de su nombre, este reglamento no permitía el libre comercio con las potencias extrajeras,
sino que mantenía la principal restricción, que era comerciar únicamente con España.
El reglamento del libre comercio permitió una ampliación de la actividad mercantil, que aseguró a
España un mayor ingreso fiscal.
En 1792 la balanza comercial para el Perú fue favorable en cuatro millones de pesos fuertes. En las
memorias del virrey Gil de Taboada se habla de un superávit en el quinquenio 90-94 de 4 millones
311 mil 065 pesos, aunque los valores exportados en caudales fueron superiores a los exportados en
frutos.
El comercio libre promovió una expansión masiva del orden del 400% y tuvo una aplicación muy
limitada debido a la situación bélica entre España e Inglaterra. El período de mayor auge comercial
fue el de 1784 a 1794, fecha a partir de la cual, debido a una nueva guerra con Inglaterra, los barcos
neutrales tuvieron libre acceso a los puertos americanos. Esto, evidentemente, trastocó el comercio
directo con España.