El documento analiza las políticas de ordenación territorial de 6 comunidades autónomas españolas (Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Andalucía y Aragón). Se describen los objetivos, instrumentos y dimensión ambiental de la ordenación del territorio en cada región. Se concluye que el traspaso de competencias a las comunidades autónomas podría generar más desigualdades territoriales y que existen pocos mecanismos de coordinación y evaluación de los planes entre las diferentes regiones.