El documento propone un modelo económico centrado en el bien común, destacando que la actividad económica debe servir a la comunidad y no solo al beneficio financiero. Se citan ejemplos constitucionales de diferentes países que apoyan este enfoque y se sugiere que las empresas deben redefinir su éxito para contribuir al bienestar social y ambiental. Además, se enfatiza la importancia de la educación y la participación democrática en la promoción de una economía que priorice el bien común.