El documento analiza la aprobación de la Ley de Delitos Informáticos en el Perú. La ley fue inicialmente propuesta por Alberto Beingolea en 2012 y recibió muchas críticas. En 2013, el Congreso realizó cambios sustanciales al texto en pocas horas sin consulta pública y lo aprobó. Expertos criticaron que la ley tenía términos ambiguos que podrían afectar la libertad de expresión y fue promulgada a pesar de los pedidos para observarla.