Este documento resume la primera concesión de telefonía móvil en Ecuador en 1993 y cómo se modificaron los contratos originales en 1996 de manera que perjudicó económicamente al Estado en aproximadamente $4,300 millones. Analiza cómo el modelo de administración de concesiones utilizado no protegió adecuadamente los intereses del Estado y cómo un modelo alternativo podría haber evitado este perjuicio económico significativo.