El documento detalla el procedimiento para el enjuiciamiento del presidente y altos funcionarios en Venezuela, enfatizando que no se discuten responsabilidades, sino el mérito de enjuiciar. Se establece el rol de ciudadanos y el Ministerio Público para iniciar denuncias y querellas, con un sistema de audiencias y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Además, describe las implicaciones de un posible enjuiciamiento, que pueden incluir la suspensión de funciones y el archivo judicial de actuaciones.