El documento describe los procedimientos legales para enjuiciar al Presidente de la República, incluyendo que el Tribunal Supremo de Justicia determina si hay mérito para el enjuiciamiento y que la Fiscal General puede presentar una querella. También cubre los procedimientos para delitos privados, como la presentación de una acusación privada por escrito, y los pasos para reclamar una reparación de daños después de una sentencia condenatoria.