El proyecto de ley propone modificar el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor para que el recurso contra las resoluciones que impongan sanciones tenga efecto devolutivo en lugar de suspensivo. Esto permitiría que las sanciones sean ejecutables de inmediato aunque se haya apelado, asegurando así una implementación más rápida y efectiva de las medidas destinadas a proteger los derechos de los consumidores. Se argumenta que el cambio propuesto es compatible con precedentes de la Corte Suprema y no viola

1. Proyecto de Ley Senador Aníbal Fernández
(Expediente S-4277/13)
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 45 de la Ley N° 24.240 de Defensa
del Consumidor por el siguiente:
“ARTICULO 45.- Actuaciones Administrativas. La autoridad nacional de
aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas
infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y
resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de
quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés
general de los consumidores.
Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar acta en la que se
dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición
presuntamente infringida.
En el acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al
presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles,
presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho.
Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una
comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la
presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al
presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el
plazo de CINCO (5) días hábiles presente por escrito su descargo. En su
primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y
acreditar personería.

2. Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de
CINCO (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo
por no presentado.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así
como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba
suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que
resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en casos de existir hechos
controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.
Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se concederá el
recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse entre el término
de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas,
teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por
causa imputable al infractor.
En el acta prevista en el presente artículo, así como en cualquier momento
durante la tramitación del sumario, la autoridad de aplicación podrá ordenar
como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación
de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución definitiva
dentro del término de VEINTE (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación
gozará de la mayor aptitud para disponer medidas técnicas, admitir
pruebas o dictar medidas de no innovar.
Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir
por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con

3. asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de
comisión del hecho.
El recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó la
resolución, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada y será
concedido en relación y con efecto devolutivo, excepto cuando se hubiera
denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.
Las disposiciones de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos,
en el ámbito nacional y en lo que ésta no contemple las disposiciones del
Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, se aplicarán
supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente en la
presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueren incompatibles
con ella.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas
referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación,
estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con
sus ordenamientos locales".
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

4. FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La presente iniciativa de reforma a la Ley N° 24.240 de Defensa del
Consumidor se orienta a evitar que, por la vía de la interposición del
recurso previsto en su artículo 45, se impida la implementación rápida y
efectiva de las sanciones que, a juicio de la autoridad de aplicación, fueren
necesarias para lograr el resguardo del sistema.
La concesión del citado recurso con efecto suspensivo, tal como
establece
la
redacción
vigente
del
artículo
45,
desnaturaliza
el
procedimiento establecido por la propia ley, permitiendo enormes
dilaciones en el cumplimiento efectivo de las sanciones que el organismo a
cargo del contralor del sistema impone –no está de más recalcarlo- en
defensa del consumidor.
El efecto devolutivo que se propone para la apelación de las
resoluciones que imponen sanciones implica precisamente que dicho acto
administrativo es ejecutable, sin perjuicio de su cuestionamiento en sede
judicial.
Por ello, en el caso de una multa, de no abonarse su importe en el
momento de ser reclamado en sede administrativa, quedará expedita la vía
judicial para proceder al cobro, más allá de que se haya interpuesto el
recurso de apelación previsto en el artículo 45.
La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha admitido
desde antiguo la validez constitucional de la exigencia del pago previo de
las multas aplicadas con motivo de infracciones a reglamentos de policía
como requisito de la intervención judicial. No obstante, debe tenerse
presente que nuestro más Alto Tribunal ha expresado que configuran
excepciones a dicho principio aquellos casos en los que tal requisito legal,
por su desproporcionada magnitud en relación a la concreta capacidad
económica del apelante, torna ilusorio el derecho que le acuerda el
legislador, ello en razón del importante desapoderamiento de bienes que

5. podría significar el cumplimiento de aquél (Fallos 247:181; 261:101;
312:2490).
Finalmente, con respecto a la interpretación del principio de “solve et
repete” en contexto con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la Corte Suprema ha
sostenido que el alcance que cabe otorgar a lo dispuesto en el Artículo 8°
inciso 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -a la que
el inciso 22 del Artículo 75 de la Constitución Nacional otorga jerarquía
constitucional- es equivalente, en relación con dicho principio, a las
excepciones que contemplan situaciones patrimoniales concretas de los
particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la
falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la
erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio.
(C.S.J.N. in re: “Agropecuaria Ayui S.A. s/ amparo” del 30 de junio de 1999,
considerando 7°).
En su mensaje de fecha 12 de febrero del corriente año, la Señora
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la
cantidad de denuncias que se vienen recibiendo de todos los rincones del
país a partir del lanzamiento del Programa “Precios Cuidados” y que dan
cuenta de las maniobras especulativas de quienes, sin ningún tipo de
justificación, elevan los precios de sus productos, impactando fuertemente
en el bolsillo de todos los argentinos.
Tal como se explicara anteriormente, la Ley de Defensa del
Consumidor otorga a la autoridad de aplicación las herramientas para
sancionar a quienes incurren en tales conductas disvaliosas. Sin embargo,
es necesario adaptar la redacción de la norma para que el remedio sea
eficaz y rápido. Todo ello sin perjuicio de apelar a los buenos oficios del
Poder Judicial, que muchas veces presenta un desvelo importante por
defender los intereses de los empresarios cuando debería tener más
presente la defensa de los derechos de los consumidores amparados por
el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

6. Como bien expusiera la Señora Presidenta, “todos los argentinos
somos consumidores”.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la
presente iniciativa.