El documento propone un nuevo modelo de gestión para casos de delitos complejos que requiere reformas legislativas. Propone que el 80% de los recursos se dediquen al 20% de los casos complejos, permitiendo que el 20% restante se ocupe del 80% de casos simples. También sugiere nuevos roles para fiscales y jueces en un modelo acusatorio, con definiciones tempranas y mayor capacitación.