La Constitución española establece la separación de poderes en tres ramas: el poder ejecutivo dirigido por el consejo de ministros, el poder judicial compuesto por juzgados y tribunales, y el poder legislativo formado por las Cortes Generales. También garantiza una amplia gama de derechos fundamentales como la vida, la libertad de expresión, y el derecho a la huelga, así como derechos ordinarios como el derecho al trabajo, la propiedad privada y el matrimonio.