El documento describe la estructura reformada del sistema de salud chileno tras la Ley 19.937. Se divide en cuatro partes principales: rectoría ejercida por el Ministerio de Salud, fiscalización por organismos como el ISP y la Superintendencia de Salud, ejecución a través de prestadores públicos como FONASA y privados como las ISAPRES, y las garantías explícitas en salud que aseguran la calidad, oportunidad y protección financiera.